Mauricio Leonardo Galindez Garza

Expediente 691/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
691/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Mauricio Leonardo Galindez Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual acusa recibo los autos del juicio de amparo 691/2018, remitidos con motivo de que este Juzgado no aceptó la competencia declinada por el Órgano Jurisdiccional antes aludido, asimismo, informa que no se insiste en declinar la competencia. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio, signado por la Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 820/2018-I, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por considerar que no debe conocer del asunto y ordena remitir el expediente a este Juzgado. En consecuencia, se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 691/2018. De la lectura integra del auto de *****, se advierte que el Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, señaló que del análisis de dicho ocurso se desprende que los actos reclamados tendrán sus ejecución material en el domicilio en el que actualmente reside el quejoso, esto es en: *****. Ahora bien, este resolutor constitucional considera que no le corresponde conocer del juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, en el presente asunto el impetrante de garantías combate por esta vía lo siguiente: La resolución dictada el ****, por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el recurso de revocación hecho valer en contra del diverso auto de ****, en la que declaró improcedente la revocación de las medidas provisionales impuestas al quejoso en el procedimiento especial de Divorcio Incausado ****. El auto de ****, por medio del cual se realiza la cuantificación de pensiones alimenticias provisionales, en la que se le condena a pagar la cantidad de ****. El auto de ****, por medio del cual el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ordena girar exhorto a la Ciudad de Querétaro, donde actualmente reside la parte quejosa y se ordena el embargo de bienes de su propiedad a efecto de garantizar el pago de alimentos decretados de manera provisional. Una vez establecido lo anterior, es menester precisar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte esencialmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamado no requiera ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que en el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla que refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En el caso, del estudio de la demanda de amparo se advierte que el peticionario del amparo señaló como autoridad ordenadora al Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, reclamándole diversos autos dentro de los cuales existen algunos que en efecto requieren ejecución material, pero también se adolece de actos que no tienen ejecución material, de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer el juicio constitucional; sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia surte a favor del Juez que previno de conformidad con la interpretación del artículo 37 de la Ley de Amparo, además de facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. Aunado a lo anterior, si en el caso el quejoso se adoleciera únicamente de actos cuya ejecución fuese material, en la demanda de amparo, se advierte que únicamente señala como autoridad responsable a la autoridad ordenadora Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, no así autoridades ejecutoras; sin que sea suficiente que de la demanda se advierta el domicilio del quejoso. Lo anterior, toda vez que en el caso que nos ocupa debió prevenirse al promovente para que aclarara su demanda e hiciera el señalamiento condigno, pues de lo contrario la interpretación realizada por el homólogo resulta insuficiente para justificar la competencia. Por tanto, si ****, presentó el escrito inicial de garantías ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a quien por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito de en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es a éste a quien por conocer en primer término de la demanda de amparo, le corresponde el conocimiento del presente asunto, y por ende este Juzgado no acepta la competencia que se le ha declinado para conocer del diverso ****, de su índice, por tanto se determina devolverlo al mencionado Juzgado de Distrito, previa copia certificada que se deje en autos del cuaderno en que se actúa, de la demanda que nos ocupa, a efecto de que, en términos del tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, manifieste si insiste o no en declinar la competencia del citado juicio de amparo a favor de este órgano de control constitucional. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, tomando en consideración que el domicilio procesal señalado por la parte quejosa para oír y recibir documentos lo son las listas del Juzgado; asimismo que el quejoso al tramitar a presente vía constitucional le fue expedida una papeleta en la que se indicaba turnada al Juzgado Sexto de Distrito de en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; por tanto, en atención al "principio de certeza jurídica", se solicita al homologo federal oficiante para que notifique el presente proveído, y una vez hecho lo anterior, haga llegar las constancias respectivas. Por otro lado, ténganse como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que le acredita para ejercer la profesión de licenciada en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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