Mauricio Juárez Sandoval
Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 41 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Mauricio Juárez Sandoval
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Representado Por la Secretaría de Salud.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en atención de que ya transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por ésta, sin que hubiera hecho manifestación al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77, de la Ley de Amparo, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En este caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Antecedentes. En ese sentido, por sentencia de veinte de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, resolvió: "Único.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Mauricio Juárez Sandoval, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando cuarto y quinto de la presente resolución." (SIC) Inconforme con esa determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual, por razón de turno conoció el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Mexicali y lo resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México." (sic). Así, mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, requirió el cumplimiento a las autoridades responsables; en el entendido de que dicha concesión se otorgó para los siguientes efectos: "Sexto. Efectos del amparo. En esas condiciones, conforme a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Mauricio Juárez Sandoval, para el único efecto que las autoridades responsables desincorporen de su esfera jurídica los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, porque son inconstitucionales, en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación expresa o tácita, presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. [.]" (SIC) En acatamiento a ello, previos requerimientos, en veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al que adjuntó el oficio número COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-22534-2023. Constancias con las que se dio vista a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, y las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202, de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Calificación de cumplimiento. Consecuentemente, se advierte que la autoridad responsable cumplió con lo siguiente: Desincorporó de su esfera jurídica los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, porque son inconstitucionales, en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación expresa o tácita, presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; en consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196, de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. En relación a las manifestaciones que expone el autorizado de la parte quejosa, deberá estarse a lo analizado en los párrafos que anteceden. Lo anterior, con fundamento en las consideraciones que se advierte en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar el amparo en revisión 547/2018. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 4/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 491, de contenido siguiente: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad 'indefinida' que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la 'esfera personal' que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica 'libertad de acción' que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una 'esfera de privacidad' del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.". Así como, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 3/2019 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 489, que se inserta a continuación: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido 'afecten' los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de 'afectar' su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera.". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 9/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 496, de contenido siguiente: "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el 'sistema de prohibiciones administrativas' consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este 'sistema de prohibiciones administrativas' puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el 'sistema de prohibiciones administrativas' ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida.". Y la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 8/2019 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, página 486, que establece: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.". Por lo anterior, es innecesario pronunciarse sobre la aplicabilidad de las tesis aisladas o jurisprudencias citadas en la demanda de amparo, en cumplimiento a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 847, de rubro: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN", dado que a nada práctico conduciría hacerlo. Orden de archivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración de constancias. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que atendiendo a las particularidades de este asunto, es conservable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como en la relación que se integre para su transferencia. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible, por haberse negado la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es conservable, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En otro sentido, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción II, inciso a); ello, toda vez que se cuenta con el original de la medida cautelar. Transferencia. En relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 18 del citado Acuerdo General, que establece que el archivo judicial reciente será conservado en el órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, remítase el presente expediente al archivo de este Juzgado Federal para el resguardo, hasta en tanto transcurran los plazos mencionados. Digitalización. De conformidad con el artículo 25 del multicitado Acuerdo, se instruye al Secretario encargado del asunto para que verifique que la versión electrónica coincida en la totalidad con la impresa, previo a la transferencia de la documentación.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos, el oficio de cuenta que remite la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, mediante el cual informa sobre los actos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria, y solicita una prórroga para concluir con los mismos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que se le otorga la prórroga de diez días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no dar cumplimiento con lo que aquí se ordena, se le hará efectivo el apercibimiento contenido en el auto de nueve de agosto del año en curso. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que menciona y por señalado el domicilio procesal que indica, lo anterior hace de conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que las autoridades responsables, no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS y Secretaría de Salud, vinculadas al cumplimiento, para que en el plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio, apercibidas que en caso de no dar cumplimiento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. En el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a la parte quejosa, lo fue para que:
Quedan 37 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,825 expedientes
- Mauricio Castillo Morales Torres503/2016
- Mauricio Cruz Torres658/2017
- Mauricio de Jesús Ezquivel Barreras1099/2017
- Mauricio Fernández Margain283/2017
- Mauricio Fernandez Margain1225/2019
- Mauricio Jesus Rendon Marroquin635/2019
- Mauricio Martell Carvajal184/2017
- Mauricio Mendoza Vargas28/2021
- Mauricio Mendoza Vargas745/2020
- Mauricio Ramos Ibarra402/2022
- Mauricio Ríos Rivera92/2018
- Mauro Díaz Vazquez1401/2018