MAURICIO ISRAEL DURAN PÉREZ o MAURICIO MÉNDEZ OLVERA y Otros.
Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MAURICIO ISRAEL DURAN PÉREZ o MAURICIO MÉNDEZ OLVERA
- MAURICIO ISRAEL DURAN PÉREZ o MAURICIO MÉNDEZ OLVERA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA III A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por el que, por una parte, acusa recibo del diverso 34831/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, y comunica que lo registro con el número 787/2019, y por otra parte, de la transcripción del proveído de veintiséis de diciembre del año en curso, se advierte que dicho tribunal de alzada se declara incompetente para conocer del recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, por lo que declinó competencia al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito.
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MESA III A Único. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, conforme lo expuesto en el considerando último de este fallo.
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NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA V i s t o s, y R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta localidad y turnado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto reclamado al Juez Segundo de Distrito del Estado de Oaxaca. Segundo. Tramitación del juicio. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por radicado el presente asunto, se admitió la demanda de que se trata, se registró con el número de expediente 909/2019, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio la intervención correspondiente al Representante Social de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C o n s i d e r a d o Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 de la Ley de Amparo, 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece, en razón de que por esta vía indirecta se combate un acto con ejecución dentro de la circunscripción territorial en al que se ejerce jurisdicción. Segundo. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda y constancias de autos, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca: ? El acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal 42/2011, en el que, con fundamento en el artículo 41, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales , no se admitió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, en su carácter de Defensor Público Federal y como tal del procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, en contra del proveído de tres de octubre del año en curso, por el cual, se le requirió para que directamente dedujera las copias autorizadas en diverso de uno de agosto de esta anualidad, y realizara las gestiones para su envió a su defenso, en el entendido que, de no cumplir se le impondría multa y se daría vista a la Representación Social; por lo cual, se rechazó de plano. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto, el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ya que, al rendir su informe con justificación, convino en su existencia, lo cual se encuentra corroborado con las constancias conducentes de la causa penal 42/2011, que anexó para apoyarlo, documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Cuarto. Procedencia de la demanda. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de la Materia, procede analizar el acto tildado de inconstitucional. Quinto. Estudio de fondo. Para una mejor comprensión del asunto, este considerando se subdivide en los siguientes apartados: 5.1. Antecedentes relevantes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en lo de interés, el procesado Mauricio Israel Durán Pérez, solicitó a dicho juez federal, le fuera expedida de manera gratuita, copia de todo lo actuado en la causa penal 42/2011 instruida en su contra (fojas 15 a 18). 2. En respuesta a ello, dicha autoridad federal indico: "Por otra parte, con fundamento en los artículos 25 y 36 del Código Federal de Procedimientos Penales, expídase al procesado copia de lo solicitado; por lo que se designa para tal efecto, a su defensor que lo es el Público Federal ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, a fin de que realice las gestiones correspondientes para que sean fotocopiadas y entregadas las copias en comento, dado que es claro, que el procesado está privado de su libertad, por lo que por conducto de la defensa al ser el mandatario judicial, puede acceder a las constancias que requiera y enviárselas al procesado, por lo que deberá notificársele personalmente esa determinación al citado defensor. - - - Lo anterior, previa identificación y razón de recibido que se deje en autos, en el entendido que en el proceso de extracción al no haber designado persona autorizada para ello, deberá acompañarle el defensor público federal, dentro del horario establecido, siempre y cuando las labores del juzgado así se lo permitan, quedando a su más entera responsabilidad el uso que llegue a darle. (.)" 3. Determinación que le fue notificada al procesado en diligencia actuarial de dos de agosto de esta anualidad (foja 25). 4. Posteriormente, mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al procesado, solicitando copias certificadas de los primeros veintitrés tomos de su proceso; para lo cual pidió le fueran entregadas en el lugar donde se encuentra privado de su libertad siendo necesarios para su defensa material y que fueran a cargo del erario público al no contar con recursos económicos para poder sufragarlos por su condición de vulnerabilidad (foja 22). 5. Por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, se atendió la petición del procesado, en donde se indicó: "Dígasele que respecto a las copias que solicita, en proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve, fueron autorizadas su expedición donde se le designó para tal efecto, a su defensor Público Federal ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, a fin de que realizara las gestiones correspondientes para el fotocopiado y entrega de las mismas, dado que es claro, que el procesado está privado de su libertad, por lo que por conducto de la defensa, al ser el mandatario judicial, puede acceder a las constancias que requiera y enviárselas al procesado tal como ahí fue ordenado. - - - Por tanto, con fundamento en los artículos 41, 46 último párrafo, 71 y 72 del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública, por conducto de la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Oaxaca, residente en este municipio, requiérase al licenciado ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, Defensor Público Federal designado para atender la defensa del procesado Mauricio Israel Durán Pérez O Mauricio Méndez Olvera, para que dentro de un plazo razonable, cumpla con los deberes que se impusieron, como son la obtención y entrega del fotocopiado de las constancias solicitadas por su patrocinado, por lo voluminoso del expediente, cuya expedición se ordenó en proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve. - - - Apercibido que en caso de incumplimiento sin causa justificada, se le impondrá como medio de apremio una multa equivalente a sesenta veces el valor de la unidad de Medida y Actualización, equivalente al salario mínimo vigente a partir del uno de febrero del año en curso, en términos de lo previsto en el artículo 44 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; de igual forma, con fundamento en el último párrafo del referido artículo, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal por la posible comisión de un delito, ya que la presente determinación constituye un mandato judicial..." 6. Inconforme con esa decisión, el quejoso interpuso recurso de revocación, en el que el Juez Federal responsable, no admitió y desechó en los siguientes términos: "Con fundamento en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, no se admite el medio de impugnación que pretende hacer valer la defensa, en razón a que el citado proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, el cual impugna se remite al diverso de uno de agosto del año en curso, donde fueron autorizadas la expedición de copias solicitadas por procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, y se le designó para tal efecto, a su defensor público Federal ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, a fin de que realizadas las gestiones correspondientes para el fotocopiado y entrega de las mismas, por lo que por conducto de la defensa, al ser el mandatario judicial, puede acceder a las constancias que requiera enviárselas al procesado, tal como fue ordenado (foja 11 del tomo XXIV). - - - Las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública establece que los Defensores Públicos deben mantener permanentemente informados a sus representados acerca de su caso por todos los medios a su alcance, para permitir al imputado una efectiva participación en el proceso. - - - Por tanto, el auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, quedó debidamente notificado el dos de agosto del año en curso, respectivamente (fojas 12 y 33 bis, tomo XXIV) el cual no fue impugnado por las partes, lo cual denota, que se tuvo por consentido. - - - Ahora bien, para la reproducción de dichas constancias no se requiere de cantidades significativas de recursos materiales y humano [sic], los cuales son dotados al Instituto Federal de Defensoría Pública, por el Consejo de la Judicatura Federal, al que pertenece. - - - Con base en lo expuesto, con apoyo en el artículo 41, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se rechaza de plano, el recurso de revocación que interpone el Defensor Público Federal del procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, contra el auto de seis de octubre de dos mil diecinueve. - - - En mérito de lo anterior, con apoyo en los artículos 41, 71 y 72 del Código Federal de Procedimientos Penales, se requiere al Defensor Público Federal del procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera para que se avoque al cumplimiento ordenado en dicho proveído"; 5.2. Síntesis de los conceptos de violación. Toralmente contra la determinación reclamada, el peticionario del amparo aduce lo siguiente: I. La determinación reclamada carece de debida fundamentación y motivación, contraviniendo el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal, en perjuicio del procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, toda vez que, el recurso interpuesto (revocación), en términos del artículo 361 y 362 del Código Federal de Procedimientos Penales, es el medio de impugnación idóneo para combatir la determinación de tres de octubre del año que transcurre, tornándose con ello, ilegal y arbitraria. II. El artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que los tribunales rechazarán de plano, sin necesidad de sustanciar artículo, pero notificando a las partes, incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos o improcedentes, no obstante, dicha facultad no es discrecional, está condicionada a estar debidamente fundada y motivada, a la luz del principio de legalidad, como derecho humano a la seguridad jurídica que debe revestir todo acto de autoridad. III. El Juez responsable si bien autorizó las copias solicitas por el referido procesado, en el caso, veintitrés tomos de su proceso penal, y señaló que la gestión de esas copias serían a cargo de la defensa pública y que ésta se las entregaría; no lo hizo en los términos que le solicitó el referido encausado, esto es, que le fueran entregadas de manera consecutiva en el lugar donde se encuentra restringido de su libertad, a cargo del erario público, es decir, fuera dicho órgano jurisdiccional las que reprodujera las copias, porque no cuenta con recursos económicos al estar en un evidente estado de vulnerabilidad. IV. El trasladar la carga a la defensa pública respecto a que realice las gestiones de fotocopiado y envió de las copias a su defendido, sería imponerle una carga que, conforme a los recursos humanos y materiales, con que cuenta la defensoría pública adscrita al Juzgado Segundo de Distrito; el horario laboral; los diversos requerimientos al ser interprete en defensa en lengua indígena habilitado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyas audiencias se prolongan durante varias horas, así como las comisiones al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en colaboración a otras delegaciones, se prolongaría el tiempo de poder realizar el aludido fotocopiado. V. Con el objeto de privilegiar el derecho material de defensa del procesado, conviene que el Juzgado, a través de los recursos humanos y materiales con los que cuenta, realice el fotocopiado y certificación correspondiente, a fin de hacerlo llegar al encausado, conforme a las visitas que tienen programadas su personal al Centro Federal de Readaptación Social en mención. 5.3. Pronunciamiento de este órgano de control constitucional. Los motivos de disenso que expone el quejoso son fundados, en suplencia de la queja, de conformidad con el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y suficientes para conceder la protección constitucional como se abordará más adelante en el cuerpo de esta sentencia. En efecto, procede la suplencia de la queja, toda vez que, si bien el quejoso ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, insta la acción constitucional, por propio derecho, el acto que ahora se tilda de inconstitucional, deriva de una petición hecha por su representado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, en la causa penal 42/2011, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, toda vez que, no fue atendida en los términos formulados por el referido encausado, de lo cual, se evidencia que este promovió el Amparo y Justicia de la Unión en favor de los intereses de su defendido. Lo anterior, con el objeto de observar en su integridad el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva consagradas en el artículo 17 de la Constitución Federal y, en particular, el principio de completitud que encierra ésta; consideraciones que se sustentan en la jurisprudencia por contradicción emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES"; consultable en la página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta; criterio que se emplea por analogía y que sustenta los argumentos que el legislador plasmó en el último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo. En primer lugar, resulta indispensable establecer que, el precitado artículo 41, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que, los tribunales tienen la facultad de rechazar de plano, sin necesidad de sustanciar artículo, pero notificando a las partes, incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolos o improcedentes, lo cual, no vulnera la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal. Ello es así, porque el mencionado artículo 41 no otorga facultades a la autoridad en forma discrecional, pues la calificación de frivolidad e improcedencia no queda al arbitrio de los Jueces, sino que aparece manifiesta de las circunstancias de cada caso en particular, esto es, el aludido rechazo de plano debe entenderse en el sentido de que se actualiza, precisamente, por la improcedencia misma de la promoción formulada, que para su tramitación requiere estar expresamente establecida en el ordenamiento aplicable. Además, la finalidad del precepto de referencia es acelerar el curso del procedimiento penal federal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, evitando la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen, de tal suerte que al desecharse una promoción notoriamente frívola o improcedente en forma alguna se vulnera la garantía constitucional de referencia. Hechas las precisiones anteriores, se tiene que el Juez Federal, sustancialmente, no admitió el recurso y lo desechó porque, el acuerdo impugnado de tres de octubre pasado, donde se reiteró la expedición de copias solicitadas por el inculpado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, por conducto del promovente de amparo, es decir, que éste directamente deduzcas las copias y realice las gestiones para su envió a dicho encausado, además, se le apercibió con multa y dar vista a la Representación Social; se remite al diverso de uno de agosto del año en curso, del cual, en actuación de dos de agosto siguiente, el impetrante quedó notificado, mismo que, no fue impugnado por las partes, lo cual, denota, que se tuvo por consentido. En estos términos, la suscrita advierte que, en el caso particular, no procede desechar de plano el recurso aludido, toda vez que, si bien, en el acuerdo de uno de agosto pasado, se autorizaron la expedición de copias, y se designó para tal efecto al promovente de amparo, a fin de que realice las gestiones correspondientes para que sean fotocopiadas y entregadas por sí a su defenso; la expresión "gestiones correspondientes" deviene ambigua y confusa, ya que, se puede interpretar de diferentes maneras, en el caso, que el defensor ocurra ante el órgano a efecto de solicitar y acompañar al personal adscrito proceda a deducir las copias, o bien, que se presente ante dicho órgano a fin de que lo acompañen para que éste por sus medios deduzca las copias que nos ocupan. Lo cual, no ocurre en el proveído de tres de octubre del año que transcurre, materia de la impugnación, en el que, expresamente, se requirió al quejoso, por conducto de su superior jerarquico, para que cumpla con los deberes que se le impusieron, como son la obtención y entrega del fotocopiado a su defendido, por lo voluminoso del expediente; máxime que, en esta actuación se le apercibió con multa, y con dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, al referirse que se estaba ante un mandato judicial. De tal suerte que, al no estar frente a los supuestos que prevé el artículo 41, segundo párrafo, del Código adjetivo de la materia, procede, en términos del precepto 361, primero párrafo y 362, del Código Federal de Procedimientos Penales, admitir el recurso de revocación, contra el referido proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, ya que, es un auto contra el cual la Codificación adjetiva procesal no prevé el recurso de apelación. Fijado lo anterior, de los motivos de disenso del impetrante, se desprende que, lo que busca alcanzar con la revocación de la determinación de tres de octubre del año en curso, es el respecto al derecho humano de una defensa adecuada de su defendido Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, quien se encuentra restringido de su libertad, en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, y quien solicitó copias del proceso penal que se instruye en su contra, ante el Juez responsable a fin de que éstas se obtuvieran a cargo del erario federal, además, le sean entregadas en dicho centro de reclusión, de manera progresiva, tomando en consideración el volumen de las constancias que integran su causa. En esos términos, el referido defensor, aquí quejoso, expone que, conforme a los recursos humanos y materiales, con que cuenta la Defensoría Pública Federal; el horario laboral; los diversos requerimientos al ser interprete en defensa en lengua indígena habilitado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyas audiencias se prolongan durante varias horas, así como las comisiones al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en colaboración a otras delegaciones, se prolongaría el tiempo de poder realizar el aludido fotocopiado que le fue impuesto. En esa tesitura, como se adelantó, con el objeto de garantizar al impetrante el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, en términos del artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene la garantía de tutela judicial efectiva, aunado que, la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, esta Juzgadora se encuentra obligada, a pronunciarse, sobre el particular. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR; consultable en la página 38, agosto de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII. Sobre esa base, es menester invocar el artículo artículo 8, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual, señala lo siguiente: [.] Artículo 8. Garantías judiciales: [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [.] c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. [.] El precepto convencional en cita, protege el acceso a la justicia, como un derecho humano, al reconocer garantías judiciales mínimas que deben satisfacerse en cualquier tipo de procedimiento penal, en el caso, el derecho a acceder a los medios de defensa que se estimen pertinentes. Por su parte, el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, lo siguiente: [.] Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.] El referido artículo 17, de la Constitución Federal, alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial. En otras palabras, en este numeral, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos de la ley de la materia, permita obtener una decisión en la que resuelva la pretensión deducida. En ese sentido, la estructura del acceso a la tutela jurisdiccional bifurca su irradiación protectora de la siguiente manera: a) el derecho de libre acceso a los Jueces o Tribunales que correspondan, a fin de hacer valer o defender derechos o intereses legítimos; b) el derecho de acceso al proceso o juicio que se hallen establecidos en las leyes, los cuales deben ser justos y razonables; para que, por su conducto, el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada; c) el derecho de que mediante configuración legal se establezcan los tribunales competentes para dirimir las controversias, así como que quienes los integren sean independientes; esto es, ajenos a toda influencia de otros poderes, e imparciales; es decir, que resuelvan los asuntos con pleno deslinde de los intereses de las partes en contienda; y, d) el derecho a que en la ley se prevean mecanismos que ejecuten lo resuelto por el Juez o tribunal; esto es, la efectividad externa de la tutela judicial. Asimismo, el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, de los cuales se destacan por su relevancia el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el numeral 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . Por lo que, el artículo 17 de la Constitución General de la República, como los diversos preceptos de los instrumentos internacionales citados, son categóricos al establecer que el derecho a la tutela jurisdiccional se traduce en la obligación del Estado Mexicano para garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales en condiciones de equidad y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general. Lo anterior, porque la fuerza vinculante del derecho de acceso a la tutela jurisdiccional es directa e irradia en un campo amplio que, de un lado, dota de seguridad y protección a los individuos y, de otro, garantiza que el Estado continúe ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza pública, a efecto de mantener el orden y la paz social. Asociado a ello, el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma constitucional de 2008), establece: [.] Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: [.] VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. [.] De la norma descrita, se desprende que en un procedimiento jurisdiccional, en materia penal, constituye un derecho del inculpado que se le proporcione toda la información que requiera para preparar su defensa técnica y adecuada, pues la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar, necesariamente se vincula con la circunstancia de tener conocimiento oportuno y completo de los hechos sobre los que debe versar dicha defensa, a fin de estar en aptitud de controvertir lo alegado por la autoridad ministerial. Vinculado a lo anterior, se debe invocar el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual, estable: [..] ARTICULO 36.- Todos los gastos que se originen en las diligencias de averiguación previa, en las acordadas por los tribunales a solicitud del Ministerio Público, y en las decretadas de oficio por los tribunales, serán cubiertos por el erario federal. Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las promuevan. En el caso de que estén imposibilitados para ello y de que el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá éste hacer suya la petición de esas diligencias y entonces quedarán también a cargo del Erario Federal. [.] La norma legal en mención, impone el deber del Juez de vigilar que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, potenciando el derecho de acceso a la justicia con cargo al erario federal con el que cuentan la Representación Social, y una vez judicializado el asunto los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior se afirma así, toda vez que, el Proceso Penal federal, exclusivamente lo conducen el Agente del Ministerio Público Federal y los Tribunales Federales, los cuales, se rigen por las reglas del procedimiento que marca el propio Código Federal de Procedimientos Penales, no advirtiéndose de dicha normatividad, que el Poder Constituyente haya delegado el acceso a la justicia con cargo al erario federal, a diversa autoridad de la federación, que no sean, los ya mencionados. En ese tenor, es menester, precisar que la Primera Sala del Alto Tribunal del País, en el recurso de revisión 99/2014, estableció que la norma en el segundo párrafo, establece dos condiciones: una relacionada con la imposibilidad -indeterminada- de la defensa o del inculpado, y otra con la determinación del Ministerio Público; concretamente, que éste estime que las diligencias son indispensables para el esclarecimiento de los hechos. Agregó, que la imposibilidad es indeterminada, porque el legislador no precisa si se trata de imposibilidad económica, técnica o de otra índole, por lo que la pretensión de la parte quejosa, en el sentido de que su imposibilidad es económica, en principio, es asequible. Para la Primera Sala, el párrafo segundo claramente rompe con el equilibrio procesal, porque el legislador, con esta norma, provoca que los juicios penales inicien de forma desequilibrada, pues las partes no arrancan, puede decirse, desde el mismo punto de partida, sino que la autoridad juega con una importante ventaja a su favor, en detrimento de los intereses del acusado. Además, que tal situación naturalmente provoca una ruptura del principio de imparcialidad entendida como el deber de los jueces de ser independiente frente a las partes y el objeto del proceso; una suerte de control que el juez debe realizar sobre los móviles extraños al Derecho provenientes del propio proceso. Por lo que, la Corte expresó, que el legislador se entromete, a través de la norma en cita, en el terreno decisorio del juzgador, imponiéndole una actuación predeterminada por la voluntad del Ministerio Público, con lo cual, es imposible que el juez cumpla su deber de ser imparcial. Todo lo anterior, adujó la Primera Sala, violenta el contenido del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el desequilibrio anotado redunda en una lesión al derecho humano al debido proceso y al acceso a la justicia. Precisó, que en la primera vertiente se destaca la perspectiva del deber del juez de vigilar que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, potenciando el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, señaló el párrafo segundo lesiona, precisamente, este derecho en la vertiente indicada, porque, impide un acceso efectivo e igualitario del acusado a acudir al proceso. Concluyendo la Primera Sala, que, la consecuencia de referido desequilibrio, como se dijo, redunda en una lesión en perjuicio del quejoso, del derecho al acceso a la justicia, que se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa, LO CUAL SE TRADUCE EN QUE EL PODER PÚBLICO -EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES: EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL- NO PUEDE SUPEDITAR EL ACCESO A LOS TRIBUNALES A CONDICIÓN ALGUNA PUES, ÉSTA CONSTITUIRÍA UN OBSTÁCULO ENTRE LOS GOBERNADOS Y LOS TRIBUNALES. ASÍ, ES INDUDABLE QUE EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA PUEDE CONCULCARSE POR NORMAS QUE IMPONEN REQUISITOS IMPEDITIVOS U OBSTACULIZADORES DEL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, SI DICHAS TRABAS RESULTAN INNECESARIAS, EXCESIVAS Y CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD RESPECTO DE LOS FINES QUE LÍCITAMENTE PUEDE PERSEGUIR EL LEGISLADOR. Además, refirió que, la garantía de defesa adecuada debe entenderse como los límites que tiene una autoridad jurisdiccional de cara al acusado, mediante el cumplimiento irrestricto de determinados deberes, entre los que destacan: no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado; y no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Criterio, que dio origen a la tesis 1a. X/2015 (10a.), visible a foja 764, materia constitucional, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rúbro "GASTOS DE LAS DILIGENCIAS. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO." Y a la tesis 1a. XI/2015 (10a.), visible a foja 763, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, materia constitucional, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rúbro "GASTOS DE LAS DILIGENCIAS. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VULNERA EL DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA.". Bajo ese contexto, de autos se desprende que, el procesado en la causa penal de origen, se encuentra restringido de su libertad, en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, por lo tanto, solicitó copias del proceso penal que se instruye en su contra, a cargo del erario federal, al referir que no cuenta con recursos económicos, a efecto de que le sean entregadas en dicho centro de reclusión, de manera progresiva, esto es, uno a la vez, tomando en consideración el volumen de las constancias que integran su causa. En esa medida, al estar restringido de su libertad personal, indefectiblemente, dicha circunstancia, lo pone en un evidente estado de vulnerabilidad, ya que, implica un impedimento para imponerse directamente de los autos del proceso penal que se instruye en su contra, derecho que se encuentra protegido por el referido artículo 20, apartado A, fracción VII de la Constitución Federal. En ese línea, la autoridad judicial autorizó las copias, y determinó que estas sean reproducidas por parte del promovente de amparo, puesto que para tal reproducción no se requiere de cantidades significativas de recursos materiales y humano, los cuales son dotados al Instituto Federal de Defensoría Pública, por el Consejo de la Judicatura Federal, al que pertenece, hecho lo anterior, también las remita al encausado de que se trata. En esa guisa, la suscrita Juzgadora, conforme al caso particular y el bloque de constitucionalidad citado, se encuentra obligada a hacer respetar el derecho del procesado, a que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, y potencializar además su derecho de defensa, sobre la base del reconocimiento de los Derechos Humanos y principios interpretativos que la propia Norma Fundamental en su artículo 1° establece expresamente; los cuales, no deben ser obstaculizados innecesaria o irrazonablemente por requisitos de naturaleza técnica o, bien, de tipo humano, ya que, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende como el límite que tiene el Juzgador, mediante el cumplimiento irrestricto de determinados deberes, entre los que destacan no entorpecer el ejercicio de éstos derechos, ni impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Hacer lo contrario o intentar imponer un deber sin atender las particularidades del caso, provoca un desequilibrio entre las partes, lo cual, acontece en la presente Litis, pues se impone de manera unilateral y sin que existe precepto legal alguno la obligación a ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO, de realizar el fotocopiado de las constancias que conforman la causa penal de origen, y entregárselos directamente a su defendido. Más aún, el ordinal 12 de la Ley de la Defensoría Pública Federal, que invoca el Juez responsable, no ciñe al impetrante de fotocopiar las constancias del proceso, y si bien, dicho servidor público goza en su institución de elementos de fotocopiado, lo cierto es, que sus posibilidades resultan ser menores que las del órgano federal, ya que, al ser Defensor Público Federal, no únicamente se encuentra a cargo de la defensa del aludido procesado, si no que, cuenta con otras funciones, como el mismo promovente señala, en el caso, atender diligencias al ser interprete en defensa en lengua indígena habilitado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyas audiencias se prolongan durante varias horas, así como las comisiones al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en colaboración a otras delegaciones y únicamente cuenta con un oficial administrativo; máxime que, es un hecho notorio para la suscrita, que actualmente, se están designado a los Defensores Federales para representar a los quejosos internos del Centro Federal de Readaptación Social, en los juicios de amparo promovidos con motivo de su internamiento; todo lo cual, lejos de abonar a los derechos humanos de tutela judicial efectiva y defensa, los trastocaría, puesto que el fotocopiado quedaría sub iudice a que el promovente cuente con el tiempo suficiente para reproducirlas. De ahí que, lo procedente, sea que, el órgano jurisdiccional admita el recurso de revocación y realice las gestiones correspondientes, a efecto de obtener el fotocopiado de las constancias de origen. Ahora bien, el derecho del procesado a obtener copias de su causa penal, no se puede atender de manera abierta e irracional, si las copias de los tomos que dieron origen al acto reclamado fueron solicitadas para el ejercicio efectivo del derecho de defensa adecuado del procesado, el cual, se representa a través del ahora quejoso en su carácter de Defensor Público Federal, dado que, en esos tomos que integran la causa penal de origen, existen múltiples constancias que no se relacionan con la acreditación del delito, la responsabilidad penal del procesado o en su caso resoluciones recaídas a medios de impugnación que se hayan interpuesto en la secuela procesal, a fin de no implicarle al órgano jurisdiccional una carga injustificada como lo es fotocopiar íntegramente todos los tomos, en términos de la solicitud del procesado; a fin de que, el Juzgado de instancia pueda realizar el fotocopiado respectivo, el ahora quejoso Defensor Público Federal, deberá establecer qué constancias requiere de cada tomo, a fin de tutelar la defensa adecuada de su defendido, en términos del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , los cuales, establecen que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, y como lo sostiene el Juzgador Federal en términos del 12, fracción V, en relación con la fracción XII que especifica la formulación de conclusiones, y XXIII, que en términos generales le impone la obligación de realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada a derecho, todos de la Ley Federal de la Defensoría Pública. En ese sentido, al ser un profesional en derecho, ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO está obligado a realizar una defensa técnica, de su representado, con lo que, se garantiza y protege el derecho humano de defensa, ya que éste último, desconoce de los rigorismos de la técnica del derecho, máxime que, se trata de una persona en estado de vulnerabilidad, pues encuentra privado de su libertad. En razón de lo anterior, de las constancias de autos, se desprende que el procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, solicitó copias de todo lo actuado en la causa penal de origen 42/2011, la cual, se encuentra formada mínimamente por veinticuatro tomos, lo cual, pone de manifiesto objetivamente, que dicho encausado sin asesoría de su defensor oficial, instó al Juez responsable para efectos de imponerse de las constancias relativas a la acusación que se le atribuye y pruebas que obran en autos; por tanto, en congruencia, con lo vertido en esta sentencia, relativo al acceso a la tutela judicial efectiva, así como el de una defensa material de la que debe gozar éste; es dable establecer que al resolver dicho recurso de revocación, se debe requerir a ESTEBAN ESPINOZA TOLEDO a efecto de que, de manera clara, especifique qué actuaciones debe fotocopiar el órgano jurisdiccional, para que su defendido se impónga de ellas, conforme se las envié el órgano responsable, ya que se reitera, al ser profesional en la metería del derecho, goza de conocimientos técnicos para solicitar documentación sustancial, y así evitar la generación de copias que no sean de utilidad para la defensa adecuada del procesado, en virtud de que dentro del expediente existen constancias que son de mero trámite. Por todo lo anterior expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. 5.4. Efectos del fallo protector. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que con motivo de la concesión de amparo, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: 1) Dictar proveído en el que, deje sin efecto el acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el causa penal 42/2011, únicamente, en la parte relativa que no admitió el recurso de revocación interpuesto, por la parte quejosa. 2) Admita dicho recurso, obviado el trámite de la legislación adjetiva, a fin de no retardar más el acceso a la tutela judicial efectiva, resuelva de plano, determinando, que las copias solicitas por el procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera, sean fotocopiadas al efecto por personal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que determine el titular asignar; 3) Lo cual, deberá efectuarse de manera progresiva, para lo cual, deberá requerir al ahora quejoso especifique qué actuaciones debe fotocopiar de cada tomo respectivo, a fin de salvaguardar la defensa adecuada del procesado. 4) Asimismo, en tutela judicial efectiva, conforme se obtengan las copias de la causa, el órgano jurisdiccional se las haga llegar al procesado Mauricio Israel Durán Pérez o Mauricio Méndez Olvera. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, conforme lo expuesto en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.
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