Mauricio Héctor Rojo Munguía

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Mauricio Héctor Rojo Munguía

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el ocurso presentado por Mauricio Héctor Rojo Munguía, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de doce de julio de dos mil diecinueve; al respecto, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, así como la fracción XII, del artículo 172, todos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Con base en dichas porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo, es dable concluir, contrario a como se hacía en la Ley de Amparo abrogada, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que: Ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, se radicó la causa penal marcada con el número 851/2017, por el delito de secuestro exprés cometido en perjuicio de Mauricio Héctor Rojo Munguía, hechos ocurridos el cuatro de enero de dos mil diecinueve. El cuatro de febrero del presente año, fue solicitada autorización para llevar a cabo cuatro diligencias de reconocimiento de personas, asimismo señalando a cada una de las personas que privaron de su libertad a Mauricio Héctor Rojo Munguía. El nueve de julio de dos mil diecinueve se celebró audiencia incidental ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, en la cual se abrió debate respecto de la solicitud de la defensa de declarar nulos los actos de investigación y ordenando el Juez, la reapertura de la investigación y que se llevaran a cabo de nueva cuenta las diligencias de reconocimiento de persona. El quejoso señala como acto reclamado la resolución correspondiente a la declaración de nulidad respecto de cuatro diligencias de reconocimiento de persona de cuatro de febrero del año en curso, emitida en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve. Consecuentemente, se estima que conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En virtud de que la resolución pronunciada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, en la que deja nulos los actos de investigación y ordena la reapertura de la investigación, señalando nueva fecha y hora para las diligencias de reconocimiento de personas, no constituye un acto de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En relación con el tópico en estudio, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la vigente ley señalada, e indicó que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales, lo que como se indicó en el caso concreto no acontece, pues las determinaciones reclamadas no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por Mauricio Héctor Rojo Munguía, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas.

  3. Principal

    Visto; el escrito de demanda presentado por Mauricio Héctor Rojo Munguía, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, por violación a diversos preceptos constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 852/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que presenta irregularidades, en virtud que el quejoso señala de manera incompleta los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto que señala como reclamado. Por tanto, con apoyo en el citado numeral 114, en relación con el 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con la obligación que le impone la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, y amplíe la narración de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias del acto que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa; es decir, deberá narrar entre otras cosas: El contenido de la resolución incidental de nueve de julio de dos mil diecinueve; o, en su defecto, señalar si con motivo de la nulidad de que se duele el quejoso, se ordenó nuevamente el desahogo de las diligencias de reconocimiento de persona. Se apercibe al promovente de que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Fernando Hazael Huerta Robles y José Joaquín Elizondo García; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle Antonio de Triana, sin número, Colonia Lomas del Patrocinio, Zacatecas Capital.

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