Mauricio González Salazar
Expediente 408/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mauricio González Salazar
Actuaciones
- Principal
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1198/2017-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció Josué Franco Lavín, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Titular de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, de quienes reclama la orden de baja de su cargo como policía municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jonacatepec, Morelos; fuera de procedimiento alguno, sin que se le haya brindado garantía de audiencia. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1198/2017-V, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables: Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos; Síndico Municipal de Jonacatepec, Morelos; Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jonacatepec, Morelos y Titular de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. No rindieron su informe previo solicitado por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho, no obstante de encontrarse notificados desde el doce de marzo de dos mil dieciocho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de siete de marzo del año en curso y, conforme al artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que les atribuye. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, no obstante la presunción cierta del acto combatido con motivo de la omisión de los responsables de rendir el informe solicitado, se niega la suspensión definitiva atendiendo a que el quejoso no acreditó el interés suspensional; hecho que puede ser analizado por este Juzgado aun de oficio, por tratarse de un elemento que se encuentra vinculado con el requisito de procedencia previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Para robustecer esta afirmación, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 101/2008, señaló que si el objeto de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es la de evitar perjuicios al agraviado con su ejecución, en tanto se resuelve la sentencia definitiva, la ley condiciona la concesión del beneficio a la voluntad del interesado. Esto es -se adujo- la petición de parte es un requisito de procedencia de la medida y su examen implica, generalmente, el de la apariencia del derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad del quejoso para promover la medida. También se adujo en dicha ejecutoria que, tales hipótesis constituyen una clara aplicación del principio de la apariencia del buen derecho, aplicación que también se presenta en tratándose de terceros extraños a juicio que deban justificar, aunque sea de manera presuntiva, su interés en que se conceda la suspensión, lo que necesariamente lleva a un examen de la presunta existencia del derecho, sin que se anticipe apreciación alguna respecto del fondo del negocio. Finalmente, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. Los anteriores argumentos le dan origen a la jurisprudencia 1ª./J.4/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Época: Novena Época Registro: 167346, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 4/2009, Página: 515, cuyo texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien.". Las anteriores consideraciones jurídicas son aplicables al caso en la parte conducente, porque la pasada Ley de Amparo, preveía como requisito de procedencia de la suspensión del acto reclamado, que lo solicitara el quejoso (fracción I del artículo 124); mientras que, en la Ley de la Materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de igual forma se prevé como elemento sustancial para la procedencia de la medida cautelar, que sea a petición de parte, pues así se estatuye en la fracción I de su artículo 128, por tanto, al existir identidad de los supuestos normativos, por ende, la jurisprudencia en cita es perfectamente aplicable. Por tanto, como las consideraciones jurídicas inmersas en la ejecutoria constitucional antes descrita se dirigen a demostrar y evidenciar que el interés suspensional del solicitante se vincula con el elementos sustancial de procedencia, relativo a que la solicite el justiciable; se concluye que en el incidente de suspensión debe analizarse la procedencia de la suspensión, conforme el artículo 138 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, que se analice el interés suspensional de la parte quejosa. En el acto reclamado, la parte quejosa aduce la orden de baja de su cargo como policía municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jonacatepec, Morelos; fuera de procedimiento alguno, sin que se le haya brindado garantía de audiencia; sin embargo, Josué Franco Lavín no acreditó tener el cargo que ostenta, pues no exhibió documento alguno que lo acredite como policía municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jonacatepec, Morelos. Atento a lo anterior, se concluye que la parte quejosa no cuenta con el interés suspensional para pedir la medida cautelar, toda vez que al cuaderno incidental no allegó medio de convicción que permita a este juzgado advertir, ni siquiera de forma indiciaria que ostenta u ostentó el cargo de policía municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jonacatepec, Morelos. Máxime que no puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia con registro No. 187777, localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Página: 15, Tesis: 1a./J. 1/2002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional asevera que la parte quejosa no acreditó su interés suspensional, porque omitió adjuntar algún medio de convicción eficaz y suficiente para tener la certeza de que la aplicación del acto reclamado causa algún perjuicio a su persona. Una vez precisado lo anterior, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de las consecuencias jurídicas del acto reclamado; en virtud de que, como ya se apuntó, la parte quejosa no acreditó en forma presuntiva, el interés suspensional que le asiste o haga presumir que realmente, la ejecución del acto reclamado le cause perjuicio, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Amparo, no es procedente conceder la medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICOO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Josué Franco Lavín, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Mauricio Dromundo Fernández1825/2014
- Mauricio Dromundo Fernandez1589/2015
- Mauricio Dromundo Fernandez1544/2015
- Mauricio Dromundo Fernandez1439/2015
- Mauricio Gomez Lagunas1621/2021
- Mauricio González Flores1115/2015
- Mauricio Herrera Denova956/2018
- Mauricio Humberto Paladino Hernández605/2020
- Mauricio Lugo Sánchez220/2023
- Mauricio Marin Lorenzo1692/2021
- Mauricio Meneses Martinez246/2022
- Mauricio Mojica Madrigal911/2022