Mauricio German Mendoza Silva

Expediente 1656/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1656/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Mauricio German Mendoza Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 186/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Intégrese la promoción de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA; ACUERDO QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Mauricio German Mendoza Silva, regístrese bajo el número 1656/2017-V-B. DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama el ilegal procedimiento de la carpeta auxiliar número ***, en la cual se ordenó reabrir y continuar la investigación en las carpetas con números *** y ***. En ese tenor, este Juzgador advierte de oficio la causa de improcedencia derivada de la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción VII establece la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el referido artículo 61, fracción XII previene que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la ley de Amparo. Mientras que, el ordinal 5°, fracción I de la mencionada legislación de la materia establece que tiene el carácter de quejoso el que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley en mención y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, este juzgado estima que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico del quejoso, dado su carácter de inculpado en la carpeta de investigación de origen. En efecto cabe señalar que, en términos generales, la persecución de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: 1. Mediante una averiguación o investigación previa, que está integrada por las diligencias que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 2. Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada, con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. En esas condiciones, al Ministerio Público se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente, "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados". Paralelamente, durante esta etapa de investigación ministerial, el indiciado tiene la facultad de ofrecer pruebas, en los términos, con los requisitos y límites que las leyes establezcan, tal como lo ordena el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción V, en relación con el último párrafo de dicho apartado, lo que constituye para el indiciado una garantía de defensa, a fin de evitar una posible consignación ante los tribunales. De ahí que dentro de esta etapa del procedimiento penal, se puede presentar una relación dialéctica entre la autoridad ministerial y el indiciado, con el objetivo de conocer la verdad histórica, y en el que ambas partes pueden aportar y refutar el contenido de las pruebas ofrecidas; en especial, el inculpado tiene la prerrogativa y la posibilidad de desvirtuar la imputación que pese en su contra, en relación con la posible comisión de un delito. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional. En efecto, si la averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado de la indagatoria, entonces su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Lo anterior se advierte del criterio aislado cuyo rubro se transcribe a continuación: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." Además, el propio Tribunal Constitucional, sostuvo que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Consideraciones que dieron origen al criterio jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Mientras que, la Primera Sala del máximo tribunal del País consideró que ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando ellos sean considerados como los presuntos responsables de ciertos ilícitos. Resultando justificable la inexistencia de ese derecho, pues considerar lo contrario, sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De este modo, se advierte que cuando se ordena la continuación de esa etapa procedimental y se giran instrucciones para que se lleven a cabo actos tendentes a la investigación, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado no se le causa un perjuicio de índole jurídico. Por tanto, si en el caso a estudio, se advierte que el acto cuya impugnación se cuestiona, implica que se reanude el ejercicio connatural de las funciones ministeriales, las cuales es relevante preservar, por mandato constitucional, es inconcuso que no se actualiza un interés de índole jurídico en beneficio del indiciado, sino sólo y en el mejor de los casos, de carácter simple. Lo anterior porque, se reitera, conforme a los precedentes de la Primera Sala, no puede sostenerse que a los indiciados les cause perjuicio actual la determinación que aquí se combate, si sus efectos no son de imposible reparación, ya que podrán ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial o, inclusive, dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo; o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente su esfera jurídica. Sobre el particular es aplicable, por identidad de razones, el criterio aislado emitido por esta Primera Sala, que es de rubro y texto que a continuación se transcriben: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, cuyo rubro y texto a la letra son los siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Mauricio German Mendoza Silva, regístrese bajo el número 1656/2017-V-B. DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama el ilegal procedimiento de la carpeta auxiliar número ***, en la cual se ordenó reabrir y continuar la investigación en las carpetas con números *** y ***. En ese tenor, este Juzgador advierte de oficio la causa de improcedencia derivada de la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción VII establece la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el referido artículo 61, fracción XII previene que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la ley de Amparo. Mientras que, el ordinal 5°, fracción I de la mencionada legislación de la materia establece que tiene el carácter de quejoso el que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la propia ley en mención y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, este juzgado estima que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico del quejoso, dado su carácter de inculpado en la carpeta de investigación de origen. En efecto cabe señalar que, en términos generales, la persecución de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: 1. Mediante una averiguación o investigación previa, que está integrada por las diligencias que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 2. Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada, con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. En esas condiciones, al Ministerio Público se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente, "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados". Paralelamente, durante esta etapa de investigación ministerial, el indiciado tiene la facultad de ofrecer pruebas, en los términos, con los requisitos y límites que las leyes establezcan, tal como lo ordena el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción V, en relación con el último párrafo de dicho apartado, lo que constituye para el indiciado una garantía de defensa, a fin de evitar una posible consignación ante los tribunales. De ahí que dentro de esta etapa del procedimiento penal, se puede presentar una relación dialéctica entre la autoridad ministerial y el indiciado, con el objetivo de conocer la verdad histórica, y en el que ambas partes pueden aportar y refutar el contenido de las pruebas ofrecidas; en especial, el inculpado tiene la prerrogativa y la posibilidad de desvirtuar la imputación que pese en su contra, en relación con la posible comisión de un delito. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional. En efecto, si la averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado de la indagatoria, entonces su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Lo anterior se advierte del criterio aislado cuyo rubro se transcribe a continuación: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." Además, el propio Tribunal Constitucional, sostuvo que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Consideraciones que dieron origen al criterio jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Mientras que, la Primera Sala del máximo tribunal del País consideró que ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando ellos sean considerados como los presuntos responsables de ciertos ilícitos. Resultando justificable la inexistencia de ese derecho, pues considerar lo contrario, sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De este modo, se advierte que cuando se ordena la continuación de esa etapa procedimental y se giran instrucciones para que se lleven a cabo actos tendentes a la investigación, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado no se le causa un perjuicio de índole jurídico. Por tanto, si en el caso a estudio, se advierte que el acto cuya impugnación se cuestiona, implica que se reanude el ejercicio connatural de las funciones ministeriales, las cuales es relevante preservar, por mandato constitucional, es inconcuso que no se actualiza un interés de índole jurídico en beneficio del indiciado, sino sólo y en el mejor de los casos, de carácter simple. Lo anterior porque, se reitera, conforme a los precedentes de la Primera Sala, no puede sostenerse que a los indiciados les cause perjuicio actual la determinación que aquí se combate, si sus efectos no son de imposible reparación, ya que podrán ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial o, inclusive, dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo; o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente su esfera jurídica. Sobre el particular es aplicable, por identidad de razones, el criterio aislado emitido por esta Primera Sala, que es de rubro y texto que a continuación se transcriben: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, cuyo rubro y texto a la letra son los siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano