Mauricio Geovanny Madrid Martinez
Expediente 286/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mauricio Geovanny Madrid Martinez
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de cinco de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio que nos ocupa, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal" En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Sí se allegaron documentos al presente juicio, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado en sentido contrario, 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos al juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se le informa que el horario del Juzgado es de las 13:00 horas a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a efecto de que lo tome en consideración, al momento de agendar su cita. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
- Principal
...Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio enviado vía correo electrónico por el Director de Protección Civil y Salud Municipal de Romita, Guanajuato, mediante el cual pretende rendir un informe; lo anterior, en razón de que el cinco del presente mes y año se emitió la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa...
- Principal
...TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso, de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."2 En esa tesitura se tiene que no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que al momento de rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE."3 Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no aconteció. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página setenta y siete, del rubro "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en relación con la existencia del acto que de ella se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existen. Se afirma lo anterior, debido a que el quejoso solamente exhibió como prueba la documental consistente en Cédula de Identificación Fiscal, la cual, en su caso, solamente resulta apta para acreditar que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria y constituye un documento para efectos fiscales; sin embargo, no acredita en lo absoluto la orden verbal de cierre del comercio de productos naturistas y complementos alimenticios, situado en calle *** que atribuye a la autoridad responsable. De ahí que no exista el acto que se le reclama a tal autoridad. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917 septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES."5 En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (...)" CUARTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo...
- Incidental
...CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable, fue omisa en rendir su informe previo, pese a encontrarse oportunamente notificada del oficio 6297/2020, por el que se le requirió para tal efecto, por tanto, con apoyo en el artículo 142, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. De lo anterior, procede proveer respecto de la suspensión definitiva solicitada. QUINTO. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia que el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que para que no le suspendan la venta de productos naturistas y complementos alimenticios que tiene en el local situado en *** Sobre esa base, se considera que el acto en estudio resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, la materialización de suspender el giro de venta de alimentos que aduce tener el quejoso, lo que puede ocasionar una eventual trasgresión, molestia o privación de sus bienes o derechos. SEXTO. PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Sobre esa base, por lo que hace a la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que se conceda la medida cautelar para el efecto de que se suspenda el acto reclamado, que se traduce en que se le permita siga vendiendo productos naturistas y complementos alimenticios, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, toda vez que si bien es cierto el gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad del virus SARS- Cov2 (COVID 19), como lo es el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias, publicado el treinta y uno de marzo pasado, por el que ordenó la suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de abril próximo, de las actividades no esenciales, sin embargo, en términos del artículo Primero, fracción II, inciso c)1, del propio acuerdo, la venta de alimentos con las debidas medidas de protección e higiene, como sucede en la especie, constituye una actividad esencial, la cual podrá operar, observando de manera obligatoria prácticas que eviten la propagación del virus, precisamente, las previstas en la fracción III2, del mismo artículo, por lo cual no se afectaría el interés público, sino por el contrario, constituye un sector fundamental de la economía en el país. SÉPTIMO. INTERÉS SUSPENSIONAL -ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHODe conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego" Ahora, del análisis efectuado a la demanda de amparo y anexo, se precisa que no se encuentra satisfecho el presente requisito puesto que el incidentista no acreditó el interés suspensional para acceder a su concesión, toda vez que no demostró que tenga permiso para operar dicho local para la venta de alimentos. Esto, porque el inconforme fue omiso en exhibir algún medio de convicción para ello, pues del análisis de las documentales exhibidas con la demanda, no se advierte alguna que le permita operar dicho negocio, pues allegó lo siguiente: 1.- Cédula de Identificación Fiscal, de la que se observa que está inscrito en el Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, sólo constituye un documento para efectos fiscales - pago de impuestos-, no así que le dé un derecho para explotar el comercio que aduce tener. Entonces, no acredita, ni indiciariamente, tener algún derecho vigente para operar el giro comercial que aduce tener para la venta de alimentos. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio del tenor siguiente: Época: Décima Época Registro: 2003168 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 15/2013 (10a.) Página: 1578 "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL INMINENTE DESALOJO, DESTRUCCIÓN O CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES FIJOS O SEMIFIJOS, SI EL INTERESADO NO ACREDITA CONTAR CON LA CÉDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE. De los artículos 3o., fracciones II a IV, y 26 a 31 del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, deriva que el derecho a ejercer el comercio está condicionado a que el interesado cuente con la cédula de empadronamiento vigente, pues de no contar con dicha cédula se ubica en una situación irregular contraria al referido artículo 31, al ser un requisito indispensable para que tenga derecho a ejercerlo; por tanto, cuando el quejoso no acredite contar con la cédula de empadronamiento vigente, resulta improcedente conceder la suspensión contra el inminente desalojo, destrucción o clausura del local comercial fijo o semifijo, al carecer del derecho cuya preservación pretende obtener, ya que su otorgamiento permitiría el desarrollo de un giro comercial aun a sabiendas de que el titular del establecimiento en el cual se presta ese servicio no cumple con el aludido requisito". Contradicción de tesis 375/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez. Tesis de jurisprudencia 15/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil trece" En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 144 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando séptimo de esta resolución.
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