Mauricio Geovanni Huezo Arreguin (Delegado)

Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
734/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Geovanni Huezo Arreguin (Delegado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2° se declara que causa ejecutoria. En atención al sentido del auto que concluyó el presente asunto, resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les causa perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese definitivamente el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo quince del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el cuaderno principal. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedieron las medidas cautelares, debiéndose conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos. Finalmente, al encontrarse debidamente concluido, devuélvase el tomo de prueba a la responsable que adjuntó a su informe de ley.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, informa que la multa impuesta a la hoy quejosa Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, como autoridad demandada, en el juicio contencioso, no será ejecutada, ya que se le tuvo a la autoridad dando cumplimiento a la sentencia y ordenó el archivo. De igual forma señala que la multa no será ejecutada, en tanto que el director de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, manifestó su imposibilidad para ejecutar la multa impuesta a las autoridades demandadas, por carecer de los datos necesarios para exigir el cobro coactivo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución y ordenó notificar al citado director de ejecución, que con motivo del archivo ordenado en el expediente de origen, resulta innecesario remitir los datos solicitados, y se le pidió se abstenga de ejecutarla. Atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. La parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables. A. Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. De quien reclama la resolución emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veinte dictada en el proceso administrativo 1528/4ª. Sala/18. B. Titular de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del estado de Guanajuato. De quien reclama la ejecución de la resolución atribuida a la autoridad ordenadora. Al respecto, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad responsable este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos consistentes en la resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el cual se impuso una multa a la parte quejosa y su ejecución. El dispositivo legal mencionado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". De la citada porción normativa se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando a pesar de subsistir el acto reclamado, no puede surtir ningún efecto legal o material, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista; b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado; y, c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí; además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de amparo advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así también robustece lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, página 241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En el caso concreto, la quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: - La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, dentro los autos del juicio 1528/4ª. Sala/18, en el cual se le impuso una multa y su ejecución. Sin embargo, se colige que aun cuando existe el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues la autoridad responsable en el oficio de cuenta aseveró que no será ejecutada la multa impuesta, dado que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen, y que incluso el director de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, manifestó su imposibilidad para ejecutar la multa impuesta y que con motivo del archivo ordenado en el expediente de origen, le solicitó se abstuviera de ejecutarla. De ahí que se sobrevenga la causal de improcedencia apuntada, pues de concederse la protección constitucional sería para dejar insubsistente la multa reclamada, sin embargo, conforme a lo expuesto por la autoridad responsable, la misma no será ejecutada, por lo que, es evidente que ha dejado de existir el objeto o materia del acto tildado de inconstitucional, ante la mencionada modificación del entorno en el cual aquel se emitió. Por tanto, no tendría razón alguna examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediera la protección federal, la multa no será cobrada por el fisco estatal. Si bien es cierto que la multa impuesta a la quejosa subsiste puesto que la autoridad responsable no lo ha dejado sin efecto, ya no puede lesionar la esfera jurídica de la parte peticionaria de derechos, dado que la misma no será ejecutada. Lo anterior, se corrobora con lo expuesto por la autoridad responsable director de lo Contencioso, adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG), quien manifestó que no se ha ordenado acto alguno tendiente a afectar la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que, si en el caso, la responsable afirma que la multa no ha sido ejecutada, es evidente que el objeto o materia de la misma ha dejado de existir. En ese orden de ideas, se reitera que el acto reclamado en el juicio de amparo debe concretarse y trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que, si en el caso, aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, al aseverar la responsable, que ordenó al director de lo Contencioso, adscrito a la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, se abstuviera de ejecutar la multa impuesta a la quejosa, este juicio es improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Por lo expuesto en el presente proveído, y dado el sentido de la resolución, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que la sala responsable remitió como apoyo a su informe las constancias relativas al proceso administrativo número ********************; de las que se desprende que ya se dio cumplimiento a la sentencia materia de la multa impuesta a la autoridad quejosa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba la comunicación que derive del presente proveído, informe si la autoridad aquí quejosa ya realizó el pago relativo a la multa que se le impuso; si ya se declaró cumplida la sentencia dictada en el proceso administrativo número ********************; si con motivo de lo anterior se dejó sin efectos la multa impuesta , y de ser el caso, remita las constancias respectivas. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las trece horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de estudio y cuenta de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, mediante el cual remita las constancias de emplazamiento del tercero interesado *******, requeridas en auto de nueve de abril de la presente anualidad; de las que se desprende que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, fue notificado de la instauración del presente juicio a través del medio electrónico que proporcionó en el procedimiento de origen. En consecuencia, se tiene al tercero interesado de referencia, emplazado al presente sumario constitucional.

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