Mauricio Genaro Banuet Neri

Expediente 317/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
317/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
14/08/2015

Partes del expediente

  • Mauricio Genaro Banuet Neri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    MESA "2" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE COMO SE ADVIERTE QUE EL DÍA DE HOY, EN EL JUICIO DE AMPARO 317/2015-2, DE DONDE EMANA EL PRESENTE INCIDENTE Y SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; EN TAL VIRTUD, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEDUCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS REFERIDO, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA SE NEGÓ, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  2. Principal

    MESA "2" VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SIN QUE LAS PARTES HUBIERAN RECURRIDO EL AUTO DICTADO EL DÍA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2° DE ESTA LEGISLACIÓN, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. EN TALES CONDICIONES Y EN VISTA DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL O DE TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  3. Principal

    MESA "2" VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO AL QUEJOSO MAURICIO GENARO BANUET NERI O A CUALQUIERA DE SUS AUTORIZADOS, A FIN DE QUE SE PRESENTARAN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADOS DEL ACUERDO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE AL PROMOVENTE DE AMPARO DE REFERENCIA, EL PROVEÍDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido la Juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, al que acompaña copia certificada de las constancias que integran la partida 60/2015. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que MAURICIO GENARO BANUET NERI, en su escrito inicial de demanda, señaló como actos reclamados los consistentes en: a) El acuerdo ministerial en el cual se decretaron medidas cautelares en su contra, dentro de la averiguación previa FIZP/IZP-6/T2/600/15-02, - del cual no precisa fecha-, pues refiere no le ha sido permitido comparecer ante dicha autoridad. b) Así como el acuerdo de dos de marzo de dos mil quince, dictado por la juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal en el que deja subsistentes tales medidas, al señalar que esta última autoridad carecía de competencia para ello. Actos que atribuyó al: 1) Fiscal de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa D.F. Unidad Dos Sin Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y. 2) Juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en auto de veinte de julio pasado, ante la ausencia del señalamiento correcto de la nomenclatura de la autoridad responsable señalada por el quejoso como Fiscal de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa D.F. Unidad Dos Sin Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se tuvo por inexistente. En ese orden. por ser las causales de improcedencia del juicio de amparo del orden público, procede analizarlas de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, de un estudio pormenorizado de la demanda de garantías, así como de las constancias que conforman el sumario, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 63.- Es sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V.- Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el Capitulo anterior. Es así, pues en el presente juicio de garantías no existe el acto reclamado por el impetrante MAURICIO GENARO BANUET NERI, pues de autos, se advierte la inexistencia de la autoridad: "Fiscal de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa D.F. Unidad Dos Sin Detenido de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal", siendo ésta, la señalada como responsable; en esa virtud, al no existir autoridad alguna a la cual atribuir el acto de reclamado consistente el señalado en el inciso a) , resulta evidente que no existe el acto reclamado, pues éste no puede ser emitido por autoridad inexistente, de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, resulte procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías ante la inexistencia del acto reclamado y autoridad responsable, al reiterarse que no existen elementos para substanciar el asunto que nos ocupa. Por otra parte, la Juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado señalado en el inciso b), pues adujo que, el dos de marzo de dos mil quince, se recibió procedente de la Subdirección de Turno de Consignaciones Penales d Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las medidas de Protección inherentes a la Averiguación Previa FIZP/IZP-6/T2/600/15-02, en contra del hoy quejoso MAURICIO GENARO BANUET NERI, en agravio de ANGÉLICA HERNÁNDEZ CÁRDENAS, por lo que procedió a dejar subsistentes las medidas de protección ordenadas por el agente del Ministerio Público investigador, determinando que tendrían una duración de sesenta días, tiempo suficiente para la debida integración de la citada indagatoria. (fojas 71-72). Ahora bien, de las constancias que remitió la responsable a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de la causa penal 60/2015, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 217, 197 y 202 del código supletorio a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales este juzgador advierte una causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se procede a realizar el estudio de la causal de improcedencia antes descrita; en ese tenor, se advierte que el veintidós de junio de dos mil quince, la juez responsable ordenó la cancelación de las medidas de protección que fueron concedidas en auto de dos me marzo de dos mil quince reclamadas en el presente juicio de amparo. (foja 128). En esas condiciones, este Juzgado de Distrito advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable consistentes en copia certificada de la partida 60/2015, en específico del acuerdo de veintidós de junio de dos mil quince, en el que la juez responsable, determinó que era procedente la cancelación de las medidas de protección que fueron concedidas en auto de dos me marzo de dos mil quince; por lo que a consideración de este juzgador se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes, por lo que, ello deriva en que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, consistente en: b) El acuerdo de dos de marzo de dos mil quince, dictado por la juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal en el que deja subsistentes tales medidas, al señalar que esta última autoridad carecía de competencia para ello Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese tenor, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que los dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cancelar las medidas de protección reclamadas, lo que implica la desaparición total de los efectos de los actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, todo ello, en atención al principio de potencialidad restitutiva, consagrado en el artículo 77 de la Ley de Amparo en vigor. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias del expediente 60/2015, se advierte que el veintidós de junio de dos mil quince, la Juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, canceló las medidas de protección dictadas en contra del impetrante de garantías MAURICIO GENARO BANUET NERI (foja 128); por lo que es evidente que los efectos del acto reclamado ha desaparecido en forma total, de tal manera que las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional pues el acto reclamado ya no está surtiendo sus efectos. Por tanto, se puede deducir que en la especie, las medidas precautorias dictadas el dos de marzo de dos mil quince, en los autos de la causa penal 60/2015, del índice de la Juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, ha cesado sus efectos, al haberse cancelado mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil quince en la citada partida; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por MAURICIO GENARO BANUET NERI, en contra el acto de la Juez Décimo Cuarto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal, consistente en el acuerdo de dos de marzo de dos mil quince, en el que dejó subsistentes las medidas de protección ordenadas por el agente del Ministerio Público investigador, determinando que tendrían una duración de sesenta días, tiempo suficiente para la debida integración de la citada indagatoria. Por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese tenor, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

  4. Principal

    MESA "2" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, AGRÉGUESE A LOS AUTOS LA RAZÓN ACTUARIAL, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE ENTREGAR EL OFICIO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD SEÑALADA POR EL QUEJOSO COMO "FISCAL DE LA FISCALÍA DESCONCENTRADA EN IZTAPALAPA D.F., UNIDAD DOS SIN DETENIDOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL" EN VIRTUD DE QUE DICHA AUTORIDAD NO EXISTE; POR TANTO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTO DE TRECE DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, Y SE TIENE POR INEXISTENTE A LA AUTORIDAD MENCIONADA CON ANTELACIÓN.

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