Mauricio Genaro Astipuña Agurto

Expediente 1635/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1635/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Genaro Astipuña Agurto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito presentado por la licenciada *******, en su carácter de promovente de la instancia constitucional que deriva del 1629/2022, del índice de este juzgado, por el cual manifiesta en lo que interesa, que solicita se le informe sobre el estado procesal que guardan los presentes autos. Lo anterior, toda vez que en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Villahermosa, con residencia en Tabasco, aceptando la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, archivándose el asunto como totalmente concluido. Remisión de constancias. En consecuencia, remítanse al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Villahermosa, con residencia en Tabasco, el escrito en comento, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación del Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de octubre en curso, informa que se encuentra en vías de cumplimiento, por lo que necesita de la coordinación y apoyo de diversas áreas adscritas de la Secretaría de Hacienda del Estado, por lo que necesita un plazo de diez días con el objeto de atender cabalmente lo requerido, por lo que solicita un plazo prudente adicional. Téngase a la citada autoridad informando diversas gestiones inherentes al cumplimiento de la sentencia dictada en los presentes autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo,, se REQUIERE al DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOSDE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES -por única ocasión- den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, realicen los trámites y gestiones correspondientes para que, de ser procedente, se realice el pago respectivo a la quejosa Cruz Elba Melchor Bernal, en su calidad de beneficiaria del seguro de vida y del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores, ambos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California; plazo que deberá computarse a partir la notificación de este proveído. Quedan APERCIBIDA que de ser omisas a este mandato judicial en el término que para tal efecto se les concede, se les impondrá una multa equivalente a CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, con fundamento en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Y en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para seguir con el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y como se advierte de la certificación practicada por el Secretario del juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 559/2022, promovido por ANDRÈS SARDINA LARA, por la cual SE SOBRESEYÓ en el juicio, sin que la parte quejosa haya hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Dense los avisos correspondientes de ley; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, se hace constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en la hipótesis del artículo 21, inciso a), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente al de su publicación, acorde al transitorio primero del citado acuerdo. Así también, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de destrucción en un plazo de TRES AÑOS, conforme a lo dispuesto en el numeral 21, fracción c), del multicitado Acuerdo. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de acuerdo al precepto 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo. El cual deberá mantenerse por separado en el archivo del presente juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de SEIS MESES previsto en tal considerando vigésimo, luego del cual se procederá a su destrucción. De igual manera, es de indicarse que este expediente no es de relevancia documental, de conformidad con el numeral 15, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así también, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; ello conforme al segundo párrafo del artículo 21 del indicado Acuerdo. De igual forma, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ampliación Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por Ricardo Valencia Ostos y Juan Carlos Valencia Ostos, en representación del quejoso Mauricio Genaro Astupiña Agurto; por medio del cual amplía la demanda de amparo respecto a la autoridad responsable Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villahermosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 17 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto a la autoridad responsable antes mencionada; lo anterior, por encontrarse dentro del término legal para hacerlo y por considerarse la participación de diversa autoridad en la emisión de los actos que reclama, los cuales guardan una vinculación con aquéllos que planteó en la demanda de amparo. En tales condiciones, córrase traslado a las partes con copia del escrito de ampliación de demanda, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Suspensión de plano De la demanda de amparo se advierte que se señalan como actos reclamados: 1) privación de la libertad; 2) deportación, expulsión o repatriación; 3) incomunicación; 4) detención; y, 5) traslado; Por cuestión de orden, dada la variedad y diversidad de los actos reclamados, se proveerá de manera separada sobre la suspensión de plano. Marco normativo que sustenta el estudio De manera previa, conviene traer el marco normativo que sustenta el estudio correspondiente. En torno a la concesión de la suspensión de plano y oficio, conviene establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la medida cautelar en cita, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o alguno, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales); o bien, cuando se trate de un acto que si se llegara a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho humano reclamado. De igual forma, se debe precisar que conforme al diverso numeral 1 Constitucional, que establece, en lo que aquí interesa, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Respecto de los mencionados actos, también son aplicables los siguientes preceptos y principios: ( De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1, 18 y 22.2 ( Del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, 3 los principios 6, 18 y 19.4 ( De los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, 5 el principio 7.6. De las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 7 las reglas 31, 32 y 37.8 También es aplicable el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: ( Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. ( Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. ( Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. ( Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. ( Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010 (9ª), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 26, con registro digital 163167, que expresa: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD." Conviene señalar que el artículo 126 de la Ley de Amparo, relativo a la suspensión de plano, dispone una serie de actos o supuestos en los que la medida deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza, claramente pudieran contrariar a la Constitución Federal, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, por lo que se impone el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación. Lo que es acorde al contenido del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que de ser procedente la suspensión y, al atender a la naturaleza del acto, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Se dice lo anterior, porque el juzgador de amparo, en cada caso concreto puede conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la parte quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin proteccionista de los derechos fundamentales que es acorde con la reforma al artículo 1o. Constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. Por tanto, en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza -conservativa-, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, dado que por su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado, al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Por otra parte, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado. Además, el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario." Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, en consecuencia, mientras no se demuestre que la cometió, deberán ser tratados como unas personas no infractoras y, por ello, podrán disfrutar de su libertad. Lo anterior converge con el artículo 2°, párrafo tercero, de la Ley de Migración, donde se establece que el hecho de que una persona extranjera se encuentre en territorio nacional de manera irregular (indocumentada) no implica que se cometa un delito, ni que se realicen actos contrarios a derecho. Robustece lo anterior lo señalado en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional -el que si bien no es vinculante para los juzgadores, sí constituye una herramienta orientadora respecto de los deberes que tienen cuando estén ante la presencia de casos como el que nos ocupa-, donde se precisa que el propósito del legislador nacional ha sido despenalizar la irregularidad en el ingreso migratorio, el cual en todo caso deberá ser considerado como una falta administrativa y, en consecuencia, la privación de libertad a que se encuentren sujetos migrantes objeto de un procedimiento administrativo, deberá ser una medida excepcional que se encuentre debidamente justificada y proporcional al objeto que se busque proteger. Lo anterior se justifica, pues conforme al marco legal nacional e internacional, que regula el fenómeno social migratorio en nuestro país, para estar en posibilidad de emitir una determinación ajustada a derecho, en materia de suspensión, debe atenderse no sólo a las disposiciones normativas que resultan vinculatorias para este órgano de control constitucional, sino que, esencialmente, deben observarse los lineamientos internacionales que se dirijan a salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, dada su especial situación de vulnerabilidad (en el presente caso suscitada por su calidad de migrantes aparentemente indocumentados), pues enfrentan una situación de mayor riesgo, debido a diversos factores, a saber, su situación de marginación, el desconocimiento de la cultura, idioma y leyes nacionales, el miedo de ser descubiertas por las autoridades migratorias, el verse orilladas a huir de sus países de origen porque su vida, integridad, seguridad o libertad corren peligro, y las condiciones en las que viajan; circunstancias a las que, en algunos casos, se aúnan aspectos como la edad, el género o la identidad étnica. En ese contexto, en nuestro país el acceso a la justicia de las personas extranjeras se perfila como un derecho fundamental. En efecto, el veinticinco de mayo de dos mil once, se publicó la Ley de Migración actualmente en vigor, la cual no sólo reconoce derechos no garantizados anteriormente para los extranjeros -educación, salud, actos del registro civil y personalidad jurídica-, sino que, además retoma aquéllos de los que ya gozaban, tales como el acceso a la procuración e impartición de justicia, el debido proceso y la posibilidad de plantear quejas ante organismos de derechos humanos, lo que incluye que en su favor se decreten medidas cautelares eficaces para suspender los efectos de los actos que afecten su derecho de libertad sin aparente procedimiento. Acorde con lo anterior, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, de lo que se obtiene que se sostuvo que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender en todo momento al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible. De ahí la trascendencia de las medidas cautelares instrumentadas por el legislador ordinario en los diferentes cuerpos legales que componen el sistema jurídico mexicano, en específico, la figura suspensional en materia de amparo, en tanto que tal mecanismo se erige por antonomasia como el contrapeso ideal contra la actuación arbitraria de la autoridad estadual. De igual forma, para el caso que nos ocupa, se destaca la circunstancia de que en el protocolo de referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmarcó los diferentes criterios asumidos por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación como un referente de lo flexible y amplísimo que debe ser la tutela constitucional en pro de abolir la práctica reiterada de la detención indiscriminada por parte de las autoridades migratorias, al hacer incluso posible, que la medida cautelar se obsequie para el efecto de que la persona en cuestión sea puesto en libertad provisional, con las medidas de aseguramiento que se estimen pertinentes (en aras de garantizar que no se sustraiga del procedimiento administrativo respectivo). CONCESIÓN Y EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR ACTOS RECLAMADOS ( De la deportación o retorno asistido, discriminación con motivo de su nacionalidad e incomunicación. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, así como en los numerales antes transcritos, se CONCEDE a la parte quejosa la SUSPENSIÓN DE PLANO para que de inmediato cese todo acto de incomunicación, deportación, expulsión fuera de procedimiento o repatriación asistida, así como de discriminación por razón de nacionalidad o por cualquier aspecto a los que se refiere el artículo 1 Constitucional; golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad de dicha parte y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los instrumentos internacionales mencionados. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique lo anterior. Asimismo, considerando que el promovente señala en la demanda que la parte quejosa se encuentra incomunicada, razón por la cual no pudo firmar la demanda de amparo, lo que -indica- afecta su garantía de debido proceso y acceso a la justicia dejándolo en estado de indefensión; se CONCEDE la SUSPENSIÓN DE PLANO a la misma, a fin de que le sean comunicados todos los derechos que tienen las personas en calidad de migrantes, inclusive de solicitar refugio y se garantice reciban asesoría jurídica, en razón que ello constituye un derecho fundamental de las personas que reúnen esa condición, conforme a los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención. En la inteligencia que las autoridades responsables deberán informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento que den a la medida cautelar antes otorgada. ( De la privación de la libertad Al no existir elementos objetivos que permitan establecer la razón de la privación de la libertad de la parte peticionaria de amparo, se CONCEDE la SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables en los casos siguientes realicen lo que a continuación se precisa: ( En caso que se encuentre detenido por la posible comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberá ponerlo sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. ( En el supuesto de que la parte quejosa no se encuentre detenida por la posible comisión de un delito ni sea sujeto de un procedimiento migratorio, deberá ordenar su inmediata libertad. ( En el escenario de que la parte quejosa se encuentre en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, en caso de que la detención exceda las treinta y seis horas sin que se hubiere definido su situación jurídica en términos del numeral 111 de la Ley de Migración, deberá ordenar que sea puesta en libertad, previo dictado de las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su denominación), que aseguren que la misma no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido. Sin que en ningún caso pueda imponerse como requisito o medida la garantía económica o fianza, atendiendo a la presunción de vulnerabilidad de amplio espectro de que gozan los migrantes y a que dicha medida no está regulada. Lo que se estima conforme con el principio de excepcionalidad, por lo que la autoridad administrativa queda constreñida, con la información que tiene de las personas migrantes de primera mano, a verificar si procede su libertad en forma condicionada y responsable, o bien, a través del establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde la parte quejosa pueda ser localizada mientras se determina lo relacionado a su estancia en este país, o bien, si es que lo que hubiere, con un familiar que se haga responsable del quejoso mientras se resuelve lo pertinente con su estatus migratorio, con la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerida por la autoridad administrativa. Ello, partiendo de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando ésta sea legal y no arbitraria. En el entendido de que en caso de que consideren que la detención está justificada, están obligadas a exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; lo que deberá realizarse en estricto apego al artículo 16 Constitucional, a fin de que sea posible analizar en sede judicial si las circunstancias que en un caso concreto justifican la detención han sido señaladas de manera expresa por la autoridad y si están sustentadas por datos objetivos que muestren el riesgo de incomparecencia de la persona migrante al procedimiento o que éste pueda ser obstaculizado de alguna otra manera. Lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Esto es, si la detención no tiene como causa alguna facultad prevista en la Ley de Migración, la autoridad deberá ajustarse al contenido del artículo 164 de la Ley de Amparo. Similar criterio aplicó en relación a decretar la libertad sin fijar garantía el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los autos de la queja administrativa 221/2021, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en relación al juicio de amparo indirecto 1035/2021, del índice de este juzgado. ( Del traslado de una entidad a otra Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la ley de la materia, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO contra el acto reclamado, consistente en la orden de traslado que se pretenda ejecutar en contra de la parte quejosa, de la estación migratoria donde se encuentra actualmente alojado, a diversa en este país; suspensión que se concede a fin de que no se ejecute dicha orden, es decir, que la parte quejosa no sea trasladada a otra estación migratoria. Ello, al considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. Informe sobre suspensión de plano Por tal motivo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento que den a cada punto de la suspensión de plano que se concede. En la inteligencia de que el informe solicitado puede ser remitido a través del correo institucional 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con firma y sello de la autoridad que lo emite, debidamente digitalizados. Sanción por violación de la suspensión Hágase del conocimiento de las partes que de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notificación por exhorto A fin de lograr la comparecencia del impetrante en comento al presente juicio y continuar la secuela procesal, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 28, fracción III, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a su ordinal 2°, con transcripción de este proveído, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco en Turno, con residencia en Villahermosa, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, de no tener inconveniente legal, se sirva designar personal actuante que notifique el presente proveído a la autoridad responsable Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villahermosa, mediante oficio girado por esta autoridad, al que se anexe copia de la demanda de amparo, así como de su ampliación, con el carácter de urgente; asimismo, a efecto de que de inmediato se constituya en las Instalaciones de la Estación Migratoria con sede en aquella ciudad y lleve a cabo la búsqueda y localización del quejoso y en caso positivo le notifique el presente proveído y los requiera para que en el acto de la notificación o dentro de los TRES DÍAS siguientes, manifiesten su voluntad de ratificar o no la ampliación de demanda de amparo promovida a su favor; Por otro lado, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Sub Representante Federal en Baja California, del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de cinco de octubre del año en curso, informa que dicha autoridad migratoria, desconoce saber quién es el impetrante en virtud de que no cuentan con información o dato alguno del aquí quejoso en su base de datos. Incompetencia Ahora, previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Para estar en aptitud de justificar la incompetencia que se plantea, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer párrafo trascrito, toda vez que quien aquí resuelve considera que los actos reclamados tienen ejecución material en Villahermosa, Tabasco, ello, derivado que el quejoso Mauricio Genaro Astupiña Agurto, ratificó el escrito de demanda en la Estación Migratoria de dicha ciudad, y de cuyas autoridades tuvieron la detención prologada, así como los demás actos que se materializan en la referida capital. Es por lo anterior, que las consecuencias jurídicas que derivan de los actos reclamados que impugnan, tienen consecuencias materiales en su ámbito privado y será éste el lugar en el que resienta su ejecución, que es donde el quejoso se encuentra asegurado o alojado, es decir, en Villahermosa, Tabasco; pues es ahí donde se ha venido ejecutando la privación de la libertad y detención, (puesto que, si bien refiere el autorizado de la parte quejosa, en el escrito de demanda, que el aquí impetrante, fue detenido y trasladado a la Estación Migratoria de esta ciudad, también lo es que el Actuario judicial adscrito a este juzgado, al momento de constituirse a la Estación Migratoria de esta localidad, asentó que el quejoso no se encontraban en el mismo, de igual forma con el oficio de cuenta se tuvo a la responsable informando que no cuenta con registro alguno de Mauricio Genaro Astupiña Agurto), ello, conforme a la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se esté ejecutando el acto reclamado. Por tanto, resulta competente el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, con Sede en Tijuana, Baja California. Se cita por el espíritu que la rige la Jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, que aparece publicada en la página 254, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, registro: 2021191, que, a la letra, dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se está ejecutando el acto reclamado, lo cual, en su caso, es en la Estación Migratoria de Villahermosa, jurisdicción del Juez de Distrito en el Estado de Tabasco en Turno, con Sede en Villahermosa. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena los autos originales del presente juicio al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco en Turno, con Sede en Villahermosa; a quien se considera competente por cuestión de territorio para conocer del asunto; previo cuadernillo de antecedentes que de ello se forme. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. NOTIFÍQUESE.

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