Mauricio García Micete
Expediente 929/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Mauricio García Micete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede y advirtiéndose de la misma la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso Mauricio García Micete, lo ordenado mediante proveído de veinticuatro del mes y año que transcurre por las razones especificadas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista, las subsecuentes y aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio preciso en esta ciudad para tales efectos. Ahora bien, en cumplimiento a lo anterior, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, el cual en lo que nos interesa dice: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, evidenciar el exceso o defecto en su cumplimiento, sin que lo hubieren hecho. En esas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre si en este asunto se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito, si existe exceso o defecto en su cumplimiento o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª/J. 129/2007, visible en la página 619, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS Y MEDIOS PROCESALES PARA LOGRAR SU PLENO ACATAMIENTO." Ahora bien, en la ejecutoria dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por este Segundo Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "Así las cosas, se impone otorgar la protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, siguiendo los lineamientos precisados en el amparo directo laboral 931/2022, relacionado con el que aquí se resuelve, reitere la procedencia de la acción de incapacidad permanente total del 100% cien por ciento; luego, con plenitud de jurisdicción, valore los recibos de nómina ofrecidos por el actor, pronunciándose fundada y motivadamente, respecto del salario con el que cotizaba el actor al momento de ocurrir el siniestro, así como de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda como en su ampliación, principalmente las señaladas en los numerales VII, VII y IX." En cumplimiento a dicho fallo, el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, por oficio JE51/3103/2023, remitió copia certificada del nuevo laudo emitido el trece de octubre de dos mil veintitrés, y en la cual en la parte conducente precisó lo siguiente: "[.] VIII) Reclama que la pensión deberá calcularse tomando como base un salario real que percibía al momento del accidente, que era el de $1045.49 pesos semanales equivalente a $149.35 pesos diarios en lugar del de $112.20 pesos diarios con el que su patrón lo tenía indebidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como se demuestra en el anverso del formato ST-7 Aviso Para Calificar Probable Riesgo De Trabajo. Por lo que el estudio de los autos se desprende que el actor ofreció dentro del capítulo de sus pruebas las documentales consistente en 14 recibos de nómina expedidos a favor del actor por la empresa Zoster SA de CV (sic) de los cuales se acredita que el actor venía elaborando para dicha empresa y el salario que venía percibiendo en forma semanal $1,045.05, o sea $149.28 diarios, dicho salario es el que tenía en el momento del riesgo que sufrió el trabajador (f. 82) el cual debe tomarse como base para efectos de la cuantificación de la pensión, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley del Seguro Social el cual a la letra dice: Art. (sic) Si el patrón no hubiera manifestado un salario inferior al real, el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que el comprobarse un salario real, el instituto le cubrirá, con base en este la pensión o el subsidio. En estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el 5% por gastos de administración sobre el importe de dicho capital, como parte integrante del mismo. Por lo consiguiente esta autoridad considera que deberá tomarse como base el salario que tenía el actor al momento en que ocurrió el riesgo tal, siendo este el de $149.28 diario, como lo acreditó el actor con los recibos de pago dentro del presente juicio, y que es el que se debe de tomar como base para el pago de la pensión la cual salió favorecido el trabajador y en consecuencia hace que esta junta considere que es procedente el pago de diferencias de pensión reclamadas por el actor en su escrito de demanda reclamadas en su numeral III). Por otra parte, el actor también reclama en su prestación IX), el pago de las diferencias entre el monto determinado en los certificados de incapacidad que amparan los lapsos del 29 de enero al 26 de febrero de 2015, mismos que son agregados con número de serie y folio ZL4318930; ZL418988; ZL419073, con el salario real que sí percibía que era el de $149.35 más los aumentos correspondientes al salario 2015 año en el que fueron expedidas las incapacidades referidas. Cabe señalar al respecto que como quedó establecido en la prestación anteriormente estudiada, quedó establecido que el salario que tenía el trabajador al momento del siniestro ir al desierto $149.35 y tomando como base de que dichas incapacidades para el pago de las mismas se tomó como base un salario inferiores $112.20m, por lo que resulta procedente el pago de dichas diferencia de los certificados de incapacidad que amparan el lapso comprendido del 29 de enero al 26 de febrero del 2015. En atención a lo anterior esta junta considera que en base a que el propio instituto reconoce el accidente de trabajo que sufrió el actor, y principalmente el dictamen pericial médico emitido por el perito tercero en discordia, que a juicio de esta junta resulta ser el más completo y adecuado para resolver la Litis planteada, esta autoridad considera que es procedente condenar y se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar al actor MAURICIO GARCÍA MICETE, una pensión del 100% de I.P.P., por las patologías que presenta Amputación quirúrgica postraumática de antebrazo derecho a nivel de articulación del codo, valuada en un 80% de I.P.P., rigidez hombro derecho valuada en un 20% de I.P.P., secuelas de accidente de trabajo sufrido el 25 de julio de 2014, en sustitución de la que le viene otorgando por amputación quirúrgica postraumática de antebrazo derecho a nivel de articulación del codo en un 80% de I.P.P., patologías consideradas como profesionales por tener relación de causa efecto con el accidente de trabajo que sufrió el actor el día 25 de julio de 2014. Pensión que deberá de cubrirse a partir de la fecha de la presente resolución, así como los incrementos de la pensión otorgada en favor del actor deberán calcularse de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 10º primero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, se llegasen a otorgar a la pensión por incapacidad permanente parcial. Así mismo se deberá otorgar al actor las prestaciones en especie que establecen en su favor los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social, para lo cual en términos de lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena abrir el correspondiente incidente de liquidación para el efecto de que se cuantifique dicha prestación en base al salario que tenía el actor al momento del siniestro el cual es de $149.28, así mismo se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago al actor de las diferencias de pensión que reclama el actor en su numeral III) de su escrito de demanda, a partir de la fecha que se le dio de alta 28 de enero del 2015, como se acredita en el formato ST 2 hasta la fecha en que se determine la incapacidad permanente total, tomando como base el salario de $149.28 pesos en lugar del de $112.20 pesos diarios con el cual fue indebidamente registrado el actor. Así como el pago de dichas diferencias de los certificados de incapacidad que amparan el lapso comprendido del 29 de enero al 26 de febrero del 2015 y reclama el actor en su prestación IX). En cuanto al pago de los gastos médicos reclamados por el actor en su prestación X), resultan improcedentes en virtud de que no acreditó con pruebas fehaciente alguna que haya erogado la cantidad de $21, 600.00 como lo refiere en su demanda. [.]" Así, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, una vez analizadas las constancias que integran este juicio de garantías, se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; ya que dejó insubsistente el laudo reclamado, y dictó otro en el que, siguiendo los lineamientos precisados en el amparo directo laboral 931/2022, relacionado con el que aquí se resuelve, reiteró la procedencia de la acción de incapacidad permanente total del 100%; luego, con plenitud de jurisdicción, valoró los recibos de nómina ofrecidos por el actor, pronunciándose fundada y motivadamente, respecto del salario con el que cotizaba el actor al momento de ocurrir el siniestro, así como de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda como en su ampliación, principalmente las señaladas en los numerales VII, VII y IX. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, evidenciar el exceso o defecto en su cumplimiento, sin que lo hubieren hecho. En esas condiciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede pronunciarse sobre si en este asunto se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito, si existe exceso o defecto en su cumplimiento o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª/J. 129/2007, visible en la página 619, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS Y MEDIOS PROCESALES PARA LOGRAR SU PLENO ACATAMIENTO." Ahora bien, en la ejecutoria dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por este Segundo Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "Así las cosas, se impone otorgar la protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, siguiendo los lineamientos precisados en el amparo directo laboral 931/2022, relacionado con el que aquí se resuelve, reitere la procedencia de la acción de incapacidad permanente total del 100% cien por ciento; luego, con plenitud de jurisdicción, valore los recibos de nómina ofrecidos por el actor, pronunciándose fundada y motivadamente, respecto del salario con el que cotizaba el actor al momento de ocurrir el siniestro, así como de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda como en su ampliación, principalmente las señaladas en los numerales VII, VII y IX." En cumplimiento a dicho fallo, el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, por oficio JE51/3103/2023, remitió copia certificada del nuevo laudo emitido el trece de octubre de dos mil veintitrés, y en la cual en la parte conducente precisó lo siguiente: "[.] VIII) Reclama que la pensión deberá calcularse tomando como base un salario real que percibía al momento del accidente, que era el de $1045.49 pesos semanales equivalente a $149.35 pesos diarios en lugar del de $112.20 pesos diarios con el que su patrón lo tenía indebidamente registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como se demuestra en el anverso del formato ST-7 Aviso Para Calificar Probable Riesgo De Trabajo. Por lo que el estudio de los autos se desprende que el actor ofreció dentro del capítulo de sus pruebas las documentales consistente en 14 recibos de nómina expedidos a favor del actor por la empresa Zoster SA de CV (sic) de los cuales se acredita que el actor venía elaborando para dicha empresa y el salario que venía percibiendo en forma semanal $1,045.05, o sea $149.28 diarios, dicho salario es el que tenía en el momento del riesgo que sufrió el trabajador (f. 82) el cual debe tomarse como base para efectos de la cuantificación de la pensión, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley del Seguro Social el cual a la letra dice: Art. (sic) Si el patrón no hubiera manifestado un salario inferior al real, el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que el comprobarse un salario real, el instituto le cubrirá, con base en este la pensión o el subsidio. En estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el 5% por gastos de administración sobre el importe de dicho capital, como parte integrante del mismo. Por lo consiguiente esta autoridad considera que deberá tomarse como base el salario que tenía el actor al momento en que ocurrió el riesgo tal, siendo este el de $149.28 diario, como lo acreditó el actor con los recibos de pago dentro del presente juicio, y que es el que se debe de tomar como base para el pago de la pensión la cual salió favorecido el trabajador y en consecuencia hace que esta junta considere que es procedente el pago de diferencias de pensión reclamadas por el actor en su escrito de demanda reclamadas en su numeral III). Por otra parte, el actor también reclama en su prestación IX), el pago de las diferencias entre el monto determinado en los certificados de incapacidad que amparan los lapsos del 29 de enero al 26 de febrero de 2015, mismos que son agregados con número de serie y folio ZL4318930; ZL418988; ZL419073, con el salario real que sí percibía que era el de $149.35 más los aumentos correspondientes al salario 2015 año en el que fueron expedidas las incapacidades referidas. Cabe señalar al respecto que como quedó establecido en la prestación anteriormente estudiada, quedó establecido que el salario que tenía el trabajador al momento del siniestro ir al desierto $149.35 y tomando como base de que dichas incapacidades para el pago de las mismas se tomó como base un salario inferiores $112.20m, por lo que resulta procedente el pago de dichas diferencia de los certificados de incapacidad que amparan el lapso comprendido del 29 de enero al 26 de febrero del 2015. En atención a lo anterior esta junta considera que en base a que el propio instituto reconoce el accidente de trabajo que sufrió el actor, y principalmente el dictamen pericial médico emitido por el perito tercero en discordia, que a juicio de esta junta resulta ser el más completo y adecuado para resolver la Litis planteada, esta autoridad considera que es procedente condenar y se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar al actor MAURICIO GARCÍA MICETE, una pensión del 100% de I.P.P., por las patologías que presenta Amputación quirúrgica postraumática de antebrazo derecho a nivel de articulación del codo, valuada en un 80% de I.P.P., rigidez hombro derecho valuada en un 20% de I.P.P., secuelas de accidente de trabajo sufrido el 25 de julio de 2014, en sustitución de la que le viene otorgando por amputación quirúrgica postraumática de antebrazo derecho a nivel de articulación del codo en un 80% de I.P.P., patologías consideradas como profesionales por tener relación de causa efecto con el accidente de trabajo que sufrió el actor el día 25 de julio de 2014. Pensión que deberá de cubrirse a partir de la fecha de la presente resolución, así como los incrementos de la pensión otorgada en favor del actor deberán calcularse de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de conformidad a lo establecido en los artículos 68 y 10º primero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, se llegasen a otorgar a la pensión por incapacidad permanente parcial. Así mismo se deberá otorgar al actor las prestaciones en especie que establecen en su favor los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social, para lo cual en términos de lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena abrir el correspondiente incidente de liquidación para el efecto de que se cuantifique dicha prestación en base al salario que tenía el actor al momento del siniestro el cual es de $149.28, así mismo se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, al pago al actor de las diferencias de pensión que reclama el actor en su numeral III) de su escrito de demanda, a partir de la fecha que se le dio de alta 28 de enero del 2015, como se acredita en el formato ST 2 hasta la fecha en que se determine la incapacidad permanente total, tomando como base el salario de $149.28 pesos en lugar del de $112.20 pesos diarios con el cual fue indebidamente registrado el actor. Así como el pago de dichas diferencias de los certificados de incapacidad que amparan el lapso comprendido del 29 de enero al 26 de febrero del 2015 y reclama el actor en su prestación IX). En cuanto al pago de los gastos médicos reclamados por el actor en su prestación X), resultan improcedentes en virtud de que no acreditó con pruebas fehaciente alguna que haya erogado la cantidad de $21, 600.00 como lo refiere en su demanda. [.]" Así, en términos de lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, una vez analizadas las constancias que integran este juicio de garantías, se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; ya que dejó insubsistente el laudo reclamado, y dictó otro en el que, siguiendo los lineamientos precisados en el amparo directo laboral 931/2022, relacionado con el que aquí se resuelve, reiteró la procedencia de la acción de incapacidad permanente total del 100%; luego, con plenitud de jurisdicción, valoró los recibos de nómina ofrecidos por el actor, pronunciándose fundada y motivadamente, respecto del salario con el que cotizaba el actor al momento de ocurrir el siniestro, así como de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda como en su ampliación, principalmente las señaladas en los numerales VII, VII y IX. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que se practique la notificación encomendada en el presente asunto. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, al que acompaña tres anexos certificados; en atención a su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento que dice dar a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y que hace consistir en el nuevo laudo de trece de octubre de dos mil veintitrés. Se deja a disposición de las partes, copia del mismo en la secretaría de acuerdos de este tribunal. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de diez días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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