Mauricio Garcia Merino

Expediente 154/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
154/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Mauricio Garcia Merino

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de amparo, hubiese recurrido el auto de doce de febrero del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE HACER A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a doce de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mauricio García Merino, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad, de quienes reclama la orden para realizar de la consulta popular el próximo veintitrés y veinticuatro de febrero del presente año, para determinar si empieza a operar la planta termoeléctrica ubicada en Huexca, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 154/2019-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. En el presente caso, la parte promovente señala como acto reclamado la orden para realizar la consulta popular el próximo veintitrés y veinticuatro de febrero del presente año, para determinar si empieza a operar la planta termoeléctrica ubicada en Huexca, Morelos. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que en relación al acto precisado en el párrafo que antecede se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acreditó su interés para acudir a juicio de amparo. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;(.)". Al respecto, debe decirse que el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Por su parte, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. En ese tenor, el interés legítimo puede definirse, como aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, pero no es una afectación a derechos subjetivos como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, puesto que ello atañe al interés jurídico. Trasladando al caso en concreto, la parte quejosa se duele que con el acto reclamado se violan en su perjuicio los derechos de legalidad y previa audiencia consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el quejoso no tiene interés jurídico para reclamar, en la vía de amparo, la consulta popular ordenada, y que se traduzca en un acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte. De igual forma, la parte quejosa no tiene un interés legítimo, pues no se afecta su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, esto es, no se advierte un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación, en su caso, del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Cabe agregar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos, circunstancias que en el presente asunto no aconteció. En esta lógica, el quejoso no cuenta con interés legítimo, al no encontrarse en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce en su demanda de amparo, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal respecto de la orden para realizar la consulta popular el próximo veintitrés y veinticuatro de febrero del presente año. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CLXVII/2015 (10a.), de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 442, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Mauricio García Merino, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y autorizados Notifíquese personalmente.

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