Mauricio Gabriel Jiménez Torres
Expediente 540/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mauricio Gabriel Jiménez Torres
- Itzel García de la Rosa
- Ana Belén Ramírez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, acusa recibo del juicio de amparo ********************, un tomo de pruebas y escrito mediante el cual el quejoso ********************interpuso recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso. De igual forma, comunica que en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite dicho medio de impugnación, el cual se radicó con el número ******************** del índice del aludido Tribunal Colegiado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se aprecia de la imagen inserta en el presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes han sido notificadas del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el quejoso ********************contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, como está ordenado en dicho proveído, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, cuaderno de pruebas en un tomo, escrito de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de que se trata; finalmente, respetuosamente solicítese el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número ********************, promovido por********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día veinticuatro siguiente en este órgano jurisdiccional,********************demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Comandante de la Policía de Investigación del Grupo de Homicidios Dolosos, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión librada en la causa judicial ********************. Acto que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 10). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se ordenó radicar la demanda con el número de juicio de amparo ******************** y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 13 a 16 y 67 a 69). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento a las terceras interesadas ********************, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos (fojas 156 a 161). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala en la causa judicial ********************, girada contra********************por el delito de homicidio calificado cometido en victimización de ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la 1Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala y 2Oficial Encargado de Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, que se hace consistir en la orden de aprehensión girada contra********************y su ejecución. Ello es así, en virtud de que, al rendir sus informes justificados, los cuales obran a fojas 21 y 31, las autoridades responsables aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias autentificadas de las constancias escritas de la causa judicial ******************** que remitió la autoridad judicial responsable y con las que se formó un cuaderno de pruebas por separado, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y tampoco las partes las hicieron valer, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. QUINTO. Estudio de fondo. En el presente asunto el quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala dentro de la causa judicial ********************, respecto de la cual formuló los conceptos de violación que se sintetizan en los siguientes puntos: Afirma que el referido mandamiento judicial contraviene lo establecido por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Sostiene que la orden de aprehensión reclamada no se encuentra fundada ni motivada. Considera el quejoso que en el caso no se cumplió con lo establecido por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el Agente del Ministerio Público no acreditó la necesidad de cautela como requisito para el libramiento de la orden de aprehensión. Estima que no existen datos que acrediten que cometió el hecho señalado en la ley como delito o que participó en el mismo. Son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Por principio, debe decirse que, contrario a lo argumentado por el quejoso, la autoridad responsable al emitir la orden de aprehensión impugnada en esta vía constitucional, cumplió con los requisitos que exigen para la emisión de dicho tipo de resolución los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el primer precepto constitucional, en su parte conducente establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Artículo que en su segundo párrafo, prevé el derecho fundamental de debido proceso, que constituye el conjunto de etapas secuenciales realizadas dentro de un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la ley con el objetivo que los derechos subjetivos del denunciado no corran el riesgo de ser desconocidos y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. En ese sentido, los derechos que se encuentran inmersos dentro del debido proceso son: 1.- Ser juzgado por tribunal previamente establecido. 2.- Juez Imparcial. 3.- Legalidad: a. En el procedimiento -respeto a las formalidades esenciales- y; b. En la resolución (fundada y motivada). 4.- Exacta aplicación de la ley en materia penal; 5.- Asistencia letrada (adecuada defensa); y, 6.- Usar propia lengua y ser auxiliado por un intérprete. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. De igual manera, señaló que en cuanto al núcleo duro, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia; asimismo, determinó que las formalidades esenciales del procedimiento son: 1.- La notificación del inicio del procedimiento. 2.- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3.- La oportunidad de alegar; y, 4.- Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2005716 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J 11/2014 (10a.) Página: 396 "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otra parte, atinente al derecho fundamental de legalidad, mismo que se encuentra inmerso en el debido proceso, se indica que éste se encuentra previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". La garantía de la legalidad, consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos; es decir, la garantía de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones. Por su parte, la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En general, las garantías de seguridad jurídica son limitaciones de procedimiento a la autoridad para afectar a un gobernado. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 Constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo primero, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Por tal virtud, en el caso es conveniente traer a colación los elementos de la garantía de legalidad, a saber: 1.- Mandamiento escrito u oral en los procedimientos que predomine la oralidad. 2.- Autoridad competente. 3.- Fundamentación; y, 4.- Motivación. En ese orden, se entiende por fundamentación como la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, motivación, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido; además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados. En apoyo se invoca la jurisprudencia 266 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto: "Registro digital: 1011558 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Tesis: 266 Fuente: Apéndice de 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239 Tipo: Jurisprudencia "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Finalmente, es conveniente señalar la diferencia que existe entre un acto de molestia (artículo 16 Constitucional) y un acto de privación (artículo 14 Constitucional). En ese sentido, la garantía de audiencia se rige para actos de privación, entendidos como la sustracción definitiva y por sí misma de un bien o derecho de la esfera jurídica del gobernado, en tanto la garantía de legalidad se refiere a la mera perturbación o afectación - actos de molestia -; de ahí que todo acto de privación sea además uno de molestia, pero no todo acto de molestia necesariamente es uno de privación. Por tanto, deben adicionarse a los requisitos, presupuestos y formalidades del artículo 14, todos y cada uno de los previstos en el diverso 16 Constitucional. Establecidos los requisitos que debe contener todo acto de autoridad, a continuación, conviene traer a colación los preceptos relativos a la orden de aprehensión. En primer lugar, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un procedimiento específico en cuanto a la forma de solicitarse dicho mandamiento. Lo anterior, es así, pues en el sistema de justicia penal acusatorio, la orden de aprehensión constituye una forma de conducción del imputado a proceso y, por ende, contiene formalidades esenciales del procedimiento para su solicitud y también la forma en que debe emitirse. En ese sentido, se indica que los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión "Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: "I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; "II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y "III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. "También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. "La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. "El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. "El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión "En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. "Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia "El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. "En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. "En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. "En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. "Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De lo precedente, como ya se mencionó, se advierte que en el sistema de justicia penal acusatorio, la orden de aprehensión constituye una forma de conducción del imputado al proceso, y que para su dictado, además de los requisitos de fondo, este órgano federal estima que de una interpretación armónica de los citados numerales, se requiere lo siguiente: 1.- Que exista una solicitud por parte de la representación social, que puede ser: a.- Por cualquier medio que garantice su autenticidad; o, b.- En audiencia privada con el Juez de control. 2.- Al tratarse de una forma de conducción del imputado a proceso y al ser la más lesiva, la representación social debe agotar previamente los medios menos gravosos para tal efecto, en respeto al derecho fundamental que tiene todo ser humano a la libertad, como lo es: a.- Primero solicitar el citatorio para la audiencia inicial. b.- Si el citatorio no resulta efectivo, pedir la orden de comparecencia; y, c.- Por último, solicitar la orden de aprehensión cuando el justiciable evada la comparecencia o independientemente de cualquiera los anteriores supuestos, cuando haya necesidad de cautela. 3.- Finalmente el Juez de Control deberá emitir la orden de aprehensión en los siguientes términos: a.- Cuando la solicitud de la orden de aprehensión sea en audiencia, deberá resolverse en la misma dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con presencia del Ministerio Público (de forma oral, sin perjuicio de acatar lo dispuesto por el artículo 67, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales). b.- Cuando se solicite por cualquier medio que garantice su autenticidad, deberá emitirse a través del sistema informático dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud (de forma escrita). Siendo que lo anterior, como ya se mencionó, constituyen formalidades para la solicitud de una orden de aprehensión y que la suscrita juzgadora estima que tienen directa relación con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional que sustancialmente establece la facultad que tiene la representación social en la investigación y persecución de los delitos, por lo que sólo ésta se encuentra legitimada para solicitar un mandamiento de captura como en el que nos ocupa. Una vez precisadas las formalidades para solicitar una orden de aprehensión y la manera en que debe dictarse acorde con la solicitud, a continuación se procede a indicar los requisitos de fondo que debe contener la misma de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación procesal en materia penal antes invocada: 1.- Que la fiscalía solicite la orden de aprehensión y realice la clasificación jurídica correspondiente. 2.- Que sea emitida por autoridad judicial competente. 3.- La existencia de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad. 4.- Que obren datos de prueba suficientes que establezcan la comisión de un hecho considerado por la ley como delito. 5.- Que existan datos de prueba que hagan probable que a la persona contra quien se solicita cometió o participó en la comisión del hecho referido. 6.- Que exista necesidad de cautela para conducir a la persona contra quien se solicita, a la audiencia inicial. Por tanto, a continuación se procede verificar si se colman los requisitos a que se hace referencia, conforme a los elementos aportados en la solicitud ministerial formulada por escrito: 1.- Que la fiscalía solicite la orden de aprehensión y realice la clasificación jurídica correspondiente.- se encuentra colmado el requisito de mérito, toda vez que del análisis a las constancias escritas que integran la causa judicial ******************** remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte que mediante oficio 392/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la fiscalía solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en términos del artículo 16 Constitucional; 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, girara orden de aprehensión contra el aquí quejoso********************y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley prevé como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 14, 16, fracción I, 17, fracción I, 18, párrafo primero, 224, 225, 228, 239, fracciones II, IV, VII y IX, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en victimización de ********************. Asimismo, el fiscal actuante precisó que la forma de consumación fue instantánea, que el grado de intervención fue de coautor y la naturaleza de la conducta es dolosa (foja 12 de la causa penal); además, indicó la existencia de la denuncia respectiva y narró los hechos relevantes para su otorgamiento (fojas 2 a 12 de la causa judicial). 2.- Que sea emitida por autoridad judicial competente.- La Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala resultó competente por grado, materia, fuero y territorio, toda vez que se trata de una autoridad judicial investida de jurisdicción para conocer procesos penales locales y los hechos acontecieron en el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, en donde tiene jurisdicción la autoridad responsable; además, por turno administrativo le correspondió conocer de dicho asunto. Lo anterior conforme a los artículos 20, fracción I, y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 1º, 8º, fracción II, y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 3.- La existencia de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad.- Sobre el particular, en la solicitud de orden de aprehensión, la fiscalía expuso que ********************, concubina y hermana de ********************, respectivamente, se presentaron el diecinueve de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de hacer del conocimiento de dicha autoridad ministerial hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en victimización del antes nombrado, en los que intervino********************y otros (foja 2 de la causa judicial). Además, el delito de homicidio calificado que se investiga, se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, en términos del artículo 228 del Código Penal del Estado de Tlaxcala; de ahí que en el caso se cumpla con el requisito analizado. 4.- Que obren datos de prueba suficientes que establezcan la comisión de un hecho considerado por la ley como delito.- A efecto de analizar este punto, se considera necesario precisar los hechos materia de la orden de aprehensión reclamada. En su solicitud, la fiscalía estableció que los sucesos materia de su petición son los siguientes: Que el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, ******************** alias "********************", a bordo de una camioneta ******************** "********************", tipo ********************, estuvo acechando a la víctima ********************, ello desde aproximadamente las diecisiete horas con treinta minutos, cuando la víctima estaba sobre la ********************, concretamente frente a un local de autoestéreos denominado "********************". Sigue diciendo el Ministerio Público que la víctima se disponía a retirarse de ese lugar en una camioneta ******************** marca "********************", placas de circulación ******************** del Estado de Tlaxcala, en la cual iba remolcado un vehículo negro con franjas rojas marca "********************" e iba acompañado de la testigo con iniciales ******************** y el menor hijo de esta persona, quienes iban en el asiento del copiloto. Que en ese momento la víctima avanzó sobre la indicada calle con dirección al sur para dirigirse al boulevard ******************** y que al circular frente a la ferretería "********************", se encontró con la camioneta conducida por ******************** alias "********************", así como una diversa camioneta guinda "********************", tipo ********************, conducida por********************(aquí quejoso) y una camioneta ******************** tipo pick up con la leyenda "********************". Continúa señalando el representante social que el vehículo conducido por ******************** alias "********************" le cerró el paso a la víctima y que********************cerró la circulación con la camioneta que conducía frente al automóvil del pasivo, momento en que de la otra camioneta pick up bajaron aproximadamente diez sujetos, momento en que ******************** le mencionó a la testigo de iniciales ******************** que se trataba de "********************" y que iba con la gente del cártel que trabaja para "********************", "********************" y "********************", agregando que lo iban a matar. Que en ese momento ******************** alias "********************" apuntó hacia la camioneta del pasivo con un arma larga y otro sujeto no identificado intentó bajar a ******************** por la puerta del conductor, en tanto que diverso individuo pretendió bajar a la testigo, quien se percató que ******************** alias "********************" disparó contra la víctima, al igual que otros sujetos, con lo cual privaron de la vida a ******************** (fojas 1 y 2 de la causa penal). Ahora bien, para demostrar lo anterior, debe señalarse que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito expuso los siguientes datos de prueba: a.- Entrevista a la ofendida ********************, en la que reconoció el cuerpo de ********************, con quien tenía una relación de concubinato; asimismo, la testigo refirió la forma en que se enteró que habían atentado contra el antes nombrado, por lo cual acudió con su tía ******************** al lugar de los hechos, donde vio que todo estaba acordonado y un policía le dijo que ******************** había fallecido, de quien la entrevistada presentó su acta de nacimiento y formuló denuncia por el delito de homicidio calificado (foja 2 de la causa penal). b.- Entrevista a la ofendida ********************, en la que reconoció el cuerpo de ********************, quien era su hermano; además, refirió que un amigo le llamó vía telefónica para informarle lo sucedido, por lo que acudió al lugar de los hechos y vio que ya estaba acordonado, pero se percató de que se trataba de su hermano y formuló denuncia por el delito de homicidio calificado (foja 3 de la causa penal). c.- Informe P.I. 233/2023 de dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por los Oficiales de Policía de Investigación ********************, elementos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el cual asentaron que a las dieciocho horas del dieciocho de marzo de dos mil veintitrés se recibió una llamada del servicio de emergencias 911 en el que se informó sobre la existencia de un cadáver en la ********************, el cual presentaba heridas por arma de fuego, por lo cual se trasladaron a ese lugar en compañía de ********************, perito en criminalística; ********************, Médico Legista, y ********************, personal de apoyo, todos adscritos al Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, arribando al lugar de los hechos a las dieciocho horas con cincuenta minutos, en el cual se encontraban elementos de la Policía Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, así como el vehículo blanco marca "********************", tipo "********************", placas de circulación ********************, al cual el perito en criminalística practicó la inspección, además de localizarse el vehículo negro con franjas rojas marca "********************", tipo "********************", placas de circulación ******************** del Estado de México, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público (fojas 3 y 4 de la causa penal). d.- Informe P.I. 269/2023 de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por los Oficiales de Policía de Investigación ********************, elementos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el cual asentaron, en síntesis, que el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, al acudir al lugar de los hechos, fueron informados por ********************, elemento de la Policía Municipal de Calpulalpan, que ese día circulaba con su compañera ******************** en una moto patrulla y escucharon aproximadamente siete detonaciones, por lo que acudieron a la calle ******************** y se percataron de ocho sujetos armados, por lo que optaron por pedir apoyo y se dirigieron hacia la ********************, porque eran superados en número por dichos individuos, por lo que al regresar se percataron de que la camioneta "********************" color ******************** presentaba impactos de bala, en la cual estaba herida una persona del sexo femenino y un sujeto en el asiento del conductor, quien había fallecido. De igual forma, los investigadores asentaron que el perito en criminalística, ********************, realizó la fijación fotográfica de la camioneta ******************** marca "********************", en el cual se encontraba el cuerpo de la persona que en vida respondía al nombre de ********************, además de que realizó el levantamiento de indicios, en tanto que la médico legista, ********************, corroboró la ausencia de vida en la víctima, quien fue trasladad al servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Asimismo, que se trasladaron al Hospital Regional "********************", donde era atendida la testigo ********************, quien presentaba una lesión en el brazo por proyectil de arma de fuego y les manifestó que cuando se encontrara en condiciones de salud y estabilidad emocional acudiría a rendir su testimonio. Finalmente, los Policías de Investigación informaron que solicitaron las videograbaciones de las cámaras de vigilancia de los negocios y domicilios cercanos al lugar de los hechos (fojas 4 a 6 de la causa penal). e.- Informe P.I. 270/2023 de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por los Oficiales de Policía de Investigación ********************, elementos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el cual asentaron que intervinieron en el procesamiento de la camioneta ********************, marca "********************", tipo "********************", placas de circulación ********************, ello en compañía de ********************, perito en criminalística; ********************, perito en genética forense; ********************, perito en dactiloscopia; ********************, perito en balística forense y ********************, perito en identificativa vehicular, diligencia que se realizó el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés (foja 6 de la causa penal). f.- Informe P.I. 314/2023 de diez de abril de dos mil veintitrés, suscrito por el Oficial de Policía de Investigación ********************, elemento adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el cual refirió que el veintidós de marzo de dos mil veintitrés se presentó la testigo con iniciales ********************, de quien se recabó su entrevista; asimismo, que realizaron la búsqueda de información de los sujetos investigados, localizando que********************aparece como personal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala con estatus de inactivo. De igual forma, que realizaron la inspección de los videos remitidos por los propietarios de las negociaciones cercanas al lugar de los hechos", respecto de los cuales se efectuó la inspección de su contenido y se obtuvo la mecánica de los hechos, donde se advierte la forma en que circularon los vehículos relacionados en los sucesos y la forma en que la víctima fue interceptada (fojas 6 a 10 de la causa penal). g.- Entrevista rendida por la testigo con iniciales ******************** de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, quien refirió que el día dieciocho anterior, aproximadamente a las quince horas, salió de su domicilio con su hija de un año, cuatro meses de edad, a efecto de llevar su vehículo marca "********************", tipo "********************", color ********************, placas de circulación ******************** del Estado de México, al negocio "********************" ubicado en ********************; que al encontrarse en dicho lugar, pasó por ahí su hijo ********************, esto a bordo de la camioneta ********************, marca "********************", tipo "********************", placas de circulación ********************, quien detuvo su marcha y se pusieron a platicar. Sigue diciendo la testigo que el comportamiento de su hijo no era habitual, pues se veía preocupado, por lo que le preguntó qué le pasaba y él le dijo que momentos antes, al circular por la colonia Las Conchitas, vio en una camioneta "********************" color guinda a ******************** alias "********************", de quien le refirió que dicha persona dice que trabaja en la F.G.R. y le apodan "********************" o "********************"; asimismo, le dijo que ese sujeto le exige ciento cincuenta mil pesos mensuales por dejarle vender la droga cristal, aunado a que le hablaba a su teléfono para amenazarlo que si no le daba dinero lo iba a matar, así como a sus hermanos y a la propia entrevistada, añadiendo el hoy occiso que en días anteriores lo vio por su casa y pasó muy despacio cuando el sujeto investigado conducía un vehículo marca "********************", color ******************** con placas de Oaxaca, el cual a veces conducía "el sujeto apodado "********************". Que con motivo de ello, la declarante le preguntó quién era "********************", a lo que le respondió que es gente que trabaja con ******************** y para ******************** alias "el comandante ********************" o "********************", quien dice que es Policía Ministerial del Estado y con ********************, sujeto que su hijo le mencionó usaba uniforme de la Policía Estatal y le exigía la cantidad de diez mil pesos para dejar a su descendiente que vendiera droga, asimismo, que su hijo le mostró a la emitente un video de la red social "Tik Tok" de la cuenta de ******************** alias "********************". Continúa diciendo la declarante que cuando terminaron de ver el video, su hijo le comentó que en ese momento acababa de pasar ******************** a lado de ellos, manejando una camioneta ******************** marca "******************** Xtrail", por lo que al escuchar eso, ella se preocupó mucho y le dijo a su hijo que denunciaran los hechos, a lo cual él le respondió que en los primeros días del mes de diciembre de dos mil veintidós, le pidió a una amiga que hiciera una denuncia anónima al 089 y que posteriormente apareció en "Facebook" que habían detenido al "comandante ********************". Que una vez que terminaron de instalar el auto estéreo de su vehículo, aproximadamente a las diecisiete horas, intentó encender su automóvil y no pudo, por lo cual su hijo ******************** le indicó que él la llevaría, para lo cual remolcó su auto con un lazo y ella con su menor hija se subieron al asiento del copiloto de la camioneta; que avanzaron aproximadamente veinte metros sobre la ********************hacia el boulevard ********************, y que al avanzar aproximadamente veinte metros, observó que pasaron dos camionetas, una color guinda, de la cual alcanzó a ver que era conducida por ********************, en tanto que la otra era una doble cabina, la cual les cerró el paso y descendieron aproximadamente diez personas vestidas con uniforme táctico y portaban armas largas, quienes intentaron abrir las puertas pero ella activó los seguros. Que en ese momento, su hijo le mencionó a la entrevistada que se trataba de "********************" y que iba con "********************", "********************" y "********************", que ya iban por él y que lo iban a matar; que posteriormente el "********************" se colocó por el cofre de la camioneta, a la altura de la llanta, y su hijo desactivó los seguros del vehículo; que a ella la jalonearon para tratar de que descendiera de la camioneta y uno de los sujetos le dijo a ella "cállate el hocico o te va a cargar la chingada" escuchó cuando el "********************" le dijo "********************, ya no mames, bájate de la camioneta, te mandó a traer ********************, si no te bajas aquí te vamos a matar, es la indicación d********************", por lo cual la entrevistada empezó a pedir ayuda y vio cómo "********************" comenzó a disparar contra su hijo, además de que los demás sujetos también dispararon (fojas 10 y 11 de la causa penal). h.- Dictamen en criminalística de campo de catorce de abril de dos mil veintitrés, rendida por ********************, perito oficial, quien concluyó que con base a lo observado y analizado en el lugar donde se localizó el cadáver de la persona quien en vida respondía al nombre de ********************, los hechos ocurrieron en la ********************, esto es, en zona urbana y poblada; asimismo, que la posición y el lugar donde se encontró el cadáver, se puede establecer que sí corresponde a la posición final después de ser privado de la vida y el ataque fue directo contra la persona fallecida; que en relación a los catorce casquillos percutidos encontrados al exterior del vehículo sobre el piso del adoquín, se establece que en ese lugar se accionaron cuando menos dos armas largas desde el exterior del vehículo y que la causa de la muerte será determinada por el médico legista (foja 11). i.- Dictamen en criminalística de campo de once de abril de dos mil veintitrés, rendida por la Doctora ********************, perito oficial, quien concluyó que la causa de muerte de la persona que llevó por nombre ******************** fue choque hipovolémico secundario a trauma penetrante de tórax por proyectiles disparados por arma de fuego; que el cronotanatodiagnóstico al momento de la necropsia del cadáver es de seis a siete horas previas a su intervención, considerando el clima, lugar del hallazgo, condiciones de vestimenta, causa de muerte y signos tanatológicos, es decir, entre las dieciséis horas con treinta minutos y diecisiete horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintitrés; que el cadáver no presenta datos de tortura y tipo de muerte violenta (fojas 11 y 12). Hasta aquí los datos de prueba enunciados por la fiscalía. Con base en el contenido de los datos narrados, la juez responsable consideró que había quedado colmado el requisito en estudio, pues al valorarlos estimó que resultaban suficientes, idóneos y pertinentes para tener por demostrada la existencia de un hecho constitutivo del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 224, 228 y 239, fracciones II y IV, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, en relación con el numeral 243 de la Ley General de Salud, en victimización de ********************. Consideración que este órgano de control constitucional estima apegada a derecho, pues de los datos de prueba expuestos por la fiscalía se advierte indiciariamente que los sujetos activos, actuando de forma conjunta, privaron de la vida a ******************** con las calificativas de ventaja y alevosía, dado que los primeros no corrían riesgo alguno de resultar muertos o lesionados y tenían plena conciencia de su superioridad, aunado a que sorprendieron intencionalmente a la víctima de improviso y emplearon acechanza que no le permitieron defenderse o evitar el mal dirigido en su contra. En efecto, la suscrita resolutora estima que las consideraciones en las que se basó la autoridad responsable para acreditar el extremo que se analiza son correctas, en la medida que de la resolución reclamada se advierte que con base a la descripción típica legal, analizó primeramente lo relativo a la preexistencia de una vida humana, en el caso, de ********************, lo cual acreditó con lo dicho por las denunciantes ********************, lo que concatenó al acta de nacimiento del antes nombrado. Posteriormente, la juez de origen analizó si en el caso se acreditó la extinción de una vida humana conforme a lo establecido por la Ley General de Salud, lo cual tuvo por demostrado con la entrevista rendida por la testigo ******************** y con los dictámenes en criminalística y medicina legal invocados por el Agente del Ministerio Público. Además, de forma acertada consideró que con la entrevista de la referida testigo y las indicadas periciales, se demuestran las calificativas previstas en las fracciones II y IV del artículo 239 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, pues en la resolución reclamada se expuso que de esos datos de prueba se acredita que los activos no corrían riesgo de alguno de resultar muertos o lesionados, encontrándose en plena conciencia de su superioridad, además de que el día de los hechos estuvieron acechando al sujeto pasivo y en un momento determinado lo emboscaron cerrándole el paso cuando circulaba en su camioneta (fojas 19 a 25 de la causa penal). Razonamientos que se consideran apegados a derecho, en el entendido de que la Juez de Control, de manera libre y lógica, correctamente asignó a los datos de prueba relatados el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su ponderación, en términos de los artículos 260, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, al menos en la etapa procesal en la que se emitió la orden de aprehensión reclamada, los datos de prueba expuestos por la fiscalía se advierte la comisión de un hecho considerado por la ley como delito de homicidio calificado, pues de ellos se advierte que el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, los activos del delito acecharon a la víctima y posteriormente la emboscaron cuando conducía la camioneta ******************** marca "********************", tipo ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Tlaxcala y circulaba por la ********************, lugar en el que con dos camionetas los activos le cerraron el paso para evitar que pudiera defenderse o evitar el mal que le querían causar, esto es, privarlo de la vida, lo que finalmente aconteció pues le dispararon con armas de fuego, sin que dichos sujetos corrieran el riesgo de ser muertos o lesionados y con plena conciencia de su superioridad. 5.- Que existan datos de prueba que hagan probable que a la persona contra quien se solicita cometió o participó en la comisión del hecho referido. El juez responsable estuvo en lo correcto al considerar que en el caso se colma el requisito de mérito, ya que con los datos de prueba recabados y que obran incorporados en la carpeta de investigación de origen, se desprende que********************y otros individuos, probablemente fueron quienes el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés privaron de la vida a ******************** en las circunstancias de tiempo, lugar y modo ya especificadas. Efectivamente, del estudio del acto reclamado, se aprecia que la autoridad judicial responsable de forma correcta estableció, a partir de la foja 15 vuelta, que existen datos de prueba para presumir fundadamente que ********************, actuando de manera conjunta con otras personas, privó de la vida a ********************. Esto porque estimó que el ahora quejoso el día de los hechos conducía una camioneta color guinda marca "********************", tipo ********************, con la cual impidió que el vehículo en el que viajaba la víctima continuara circulando, siendo observado por la testigo presencial de iniciales ********************, lo que permitió que de diversa camioneta tipo pick up descendieran otros sujetos que privaron de la vida a ********************. Consideración que comparte la suscrita juez, en la medida que la fiscalía aportó el dicho de la ateste de iniciales ********************, quien de manera categórica afirmó que vio a********************conduciendo la camioneta con la que se impidió que el ahora occiso continuara circulando, con lo que propició los medios para que diversas personas dispararan contra él, habida cuenta que dicho testimonio fue acertadamente valorado en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La anterior aseveración es correcta, en la medida que la intervención del ahora quejoso en el suceso atribuido se tuvo por acreditada a título de coautor material y coejecutor directo, quien cometió de forma conjunta el hecho que la ley señala como delito de violación homicidio calificado, en términos del artículo 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, como bien lo ponderó la juez responsable. De esta forma, se estima que la conclusión de la autoridad responsable es acertada, pues conforme a los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, advirtió indicios idóneos y pertinentes para establecer que********************es la persona que intervino en el hecho señalado en la ley como delito, lo cual se obtiene principalmente del señalamiento de la testigo con iniciales ********************, quien refirió la participación del aquí quejoso en los sucesos; de ahí que se desestime el concepto de violación en el cual el quejoso aduce que no existen datos que acrediten su intervención en los hechos. Por tanto, se comparte la conclusión de la autoridad responsable, al ser claro que de los datos de prueba, relacionados en la orden de aprehensión reclamada, se desprende razonablemente que existe la probabilidad de que********************cometió el hecho que la ley señala como delito; en consecuencia, es también infundado lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violación cuando refiere que el juez del conocimiento realizó una incorrecta valoración del material probatorio. Lo anterior es así, pues de forma correcta el Juez responsable otorgó valor preponderante a la testigo que presenció el hecho y le otorgó credibilidad por la naturaleza del suceso ocurrido, por lo cual se estima acertado que haya resuelto en los anotados términos. Por ello, se considera que el acto reclamado no resulta violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, máxime que para el dictado de una orden de aprehensión, la ley no exige pruebas plenas de responsabilidad del imputado, sino que sólo se necesita que los datos establezcan que se ha cometido un delito y que existe la probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión. 6.- Que exista necesidad de cautela para conducir a la persona contra quien se solicita, a la audiencia inicial. Al respecto, la fiscalía expuso que existía necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues consideró que las circunstancias personales de los autores y la dinámica de los hechos afectarían la secrecía de la investigación, aunado a que de darse a conocer la indagatoria a los indiciados, se correría el riesgo de que no comparecieran al procedimiento. En es ese sentido, el Agente del Ministerio Público, al solicitar la orden de aprehensión, consideró que se actualizan los supuestos relativos a que existe necesidad de cautela, al actualizarse: a.- riesgo de sustracción a la acción de la justicia; b.- riesgo para la integridad de la víctima, ofendido, testigos y comunidad y c.- riesgo para el desarrollo de la investigación. Respecto al inciso a), la fiscalía señaló que los investigados tienen facilidad para ocultarse, dado que cuentan con el apoyo de diversos elementos de corporaciones policíacas, quienes tienen acceso a diversas plataformas de información que pudieran alertar a los indicados sobre la investigación (fojas 12 a 14). En torno al inciso b), consideró que existe riesgo para la testigo presencial de los hechos de iniciales ********************, pues al perpetrarse el ataque contra la víctima ella fue también agredida, dado que los activos trataron de bajarla del vehículo donde viajaba, aunado a que dicho peligro aumentó porque la referida ateste depone contra los indiciados, quienes cuentan con armamento y equipo para hacerle daño. Además, la fiscalía expuso que se pone en riesgo a la comunidad, esto al advertirse de los datos de prueba que los investigados se dedican a diversas actividades ilícitas. Finalmente, respecto al punto c), el representante social consideró que se pone en riesgo la investigación, dado que los sujetos activos podrían ejercer intimidación o amenazas para peritos o testigos que declaren en su contra Sobre el particular, la juez responsable convino con la fiscalía en las mismas consideraciones en cuanto a que de los datos de prueba expuestos se advertía un riesgo real para la víctima y testigo presencial de los hechos, aunado a que consideró que la única forma adecuada para conducir a los investigados al proceso es mediante el dictado de una orden de aprehensión, pues de acuerdo a sus circunstancias personales y que rodearon los hechos, no podría existir voluntad de aquéllos de acudir ante el juez del proceso a someterse a la causa judicial, aunado a la magnitud de la pena de prisión que amerita el delito que se les atribuye (fojas 28 y 29). Por esos motivos, concluyó que ante tales datos de prueba se encontraba justificada la necesidad de cautela. La anterior determinación se considera por la suscrita juzgadora como apegada a derecho porque como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), si bien la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un juez de control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, ello será siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. Dicha jurisprudencia es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 2021956 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 20/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2553 Tipo: Jurisprudencia "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." Ahora, en el caso sí se justifica constitucional y legalmente la orden de aprehensión reclamada en la medida en que, como bien lo solicitó la fiscalía y lo señaló la juez responsable, de acuerdo a la mecánica de los hechos, en los que intervinieron diversos sujetos armados, quienes por dicho de la testigo ******************** se encuentran relacionados con diversas corporaciones policiales, se pone en riesgo el desarrollo de la investigación, por lo cual se hace patente la necesidad de cautela, pues de otro modo los indiciados no se presentarían voluntariamente al proceso. Además, dicha testigo corre un riesgo latente pues también fue amenazada en el mismo evento delictivo y los activos intentaron que descendiera del vehículo que viajaba, de ahí se coincida con la responsable en que la forma adecuada de conducir al ahora quejoso al proceso es mediante el dictado de una orden de aprehensión, de modo que se actualiza el último requisito para la emisión de dicho mandato judicial. Así pues, al colmarse los supuestos necesarios para tener por acreditada la necesidad de cautela, en términos de la jurisprudencia referida, es que este Juzgado de Distrito estima acertada la determinación alcanzada por la autoridad responsable, resultando así infundado el concepto de violación aducido por el quejoso en el que dice que no se justifica la necesidad del mandamiento de captura. Por otra parte, es inexacto lo argumentado por el impetrante cuando refiere que la orden de aprehensión es violatoria del artículo 16 Constitucional. Esto es así, pues dicha resolución está fundada y motivada porque en ella, la Juez de Control citó los preceptos legales que prevén y sancionan la conducta típica atribuida al ahora impetrante y las disposiciones legales que sirvieron para ponderar que los datos de prueba aportados por el fiscal son aptos para el libramiento de la orden de aprehensión. Además, se expresaron las causas y razones que se tomaron en cuenta para concluir por qué, en concepto de la juez responsable, la conducta del aquí quejoso se adecuó a las hipótesis normativas contenidas en los numerales 224, 228 y 239, fracciones II y IV, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en los que se prevé el delito por el que se dictó el mandamiento judicial reclamado, además de exponer las consideraciones por las cuales tuvo por acreditada su participación en los sucesos. De ello se concluye que, en su aspecto formal, la juzgadora de origen fundó y motivó su resolución en la que decidió librar orden de aprehensión a proceso a ********************; por lo tanto, no asiste la razón al impetrante cuando en su demanda aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia (Común). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J 139/2005 Página: 162 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Todo lo cual, además, evidencia que al satisfacerse las exigencias que establece el artículo 16 constitucional para librar una orden de aprehensión como la reclamada, implica también que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para ese efecto, pues se reitera que el juez analizó cada una de las exigencias que establece la Constitución Federal para librar el mandato de captura. Finalmente, respecto a lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violación, en cuanto a que no se cumplen los requisitos para su emisión, contrario a lo aseverado, y conforme a las consideraciones expuestas en la presente sentencia, sí se colmaron todos y cada uno de las exigencias constitucionales y legales para el dictado de la orden de aprehensión reclamada; de ahí que los motivos de disenso deben ser desestimados. Por lo tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse violación de derechos fundamentales, es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Oficial Encargado de Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, por no reclamarse por vicios propios, sino que se hizo depender de la orden de aprehensión reclamada. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, conforme a lo razonado en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista a las terceras interesadas y por oficio a las autoridades responsables y a la tercera interesada. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que transcurre el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las terceras interesadas ******************** se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, toda vez que fueron emplazadas a juicio el diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
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