MAURICIO FLORES CASTRO y Otros.

Expediente 551/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
551/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Mauricio Flores Castro
  • MAURICIO FLORES CASTRO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe y agrega: Oficio FEDH/UIEDTOTCID/T-III/704/2020 signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Mediante el cual informa a este Juzgado las gestiones realizadas en atención a la vista otorgada mediante proveído de siete de agosto del presente año, de lo que se toma nota para los efectos legales a los que haya lugar.

  2. Principal

    Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha trascurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de septiembre del año en curso, en que se tuvo por desechada la demanda promovida por ***, defensor del quejoso ***; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez trascurrido el plazo de tres años a partir del dictado del presente acuerdo- al desecharse la demanda de amparo y carecer de relevancia documental.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Aviso de notificación Visto el aviso de cuenta, se aprecia que se invitó a la parte quejosa a comparecer dentro de los dos días siguientes a que fue dejado el aviso para notificarle el proveído de cinco de agosto del año en curso; sin embargo, dicho auto es inexistente siendo lo correcto el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte. Por lo anterior, a fin de evitar posibles nulidades, se ordena turnar los autos al actuario judicial adscrito para que a la brevedad se sirva notificar a la parte quejosa el citado auto para que tenga debido conocimiento de su contenido. AUTO 07/08/2020.- Escrito inicial de demanda firmada electrónicamente por *** defensor del quejoso. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 551/2020. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Entonces, cabe decir que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquél que está establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. De manera tal que para que opere el principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar a la autoridad penitenciaria hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Que ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Que el mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Que las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros; que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas, y en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Que igualmente, dicho mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Precisó que las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el Director del Centro en donde se encuentren recluida la persona; que los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población; que el desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Señaló que en el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; que cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Así, de las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye actualizada en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Por su lado, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. De lo que se colige que conforme a la Ley de Amparo, se actualiza la hipótesis relativa a actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que dicho mecanismo debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se estableció, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contiene un mecanismo de control -peticiones administrativas- que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual las personas privadas de su libertad se encuentran facultadas para reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los hechos, actos, u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y que estima vulneran sus derechos. Mecanismo que incluso dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, establece que si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Asimismo, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la citada Ley, en caso de que considere que la resolución emitida por el juez vulnera sus derechos. Finalmente, el mecanismo otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, en términos de lo dispuesto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De lo que se colige que previo a acudir al juicio de amparo, a reclamar hechos, actos u omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, en el caso específico de este asunto, el traslado del Centro Penitenciario donde actualmente está el quejoso a uno diverso. El quejoso privado de su libertad, debió agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Desde luego, no se soslaya que el impetrante pudiere estar procesado o sentenciado bajo los lineamientos del sistema mixto, y que por ello pudiera aducirse que no le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución; sin embargo, de la interpretación conjunta y armónica de los artículos primero y tercero transitorios, 1° y 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite concluir que a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados en relación a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la legislación en cita, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Mientras que del contenido del artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que las disposiciones de la Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. De igual forma, que conforme al artículo tercero transitorio del decreto que publicó dicha ley se estableció que a partir de su entrada en vigor quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Como también, que los procedimientos que estén en trámite a la entrada en vigor de la Ley, debían seguir sustanciándose de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, pero que a éstos debían aplicárseles los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. Expuesto lo anterior, es dable concluir que si el quejoso privado de su libertad reclama cuestiones inherentes a su condición de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, según corresponda, Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 4/2020, de su índice. Se señala igualmente, que similar criterio se adoptó, respecto al desechamiento que ahora se pronuncia, en los diversos juicios de amparo 290/2020, 294/2020, y 493/2020, en proveídos de diecinueve y veinte de marzo pasado, y cuatro de agosto del actual. No pasa desapercibido para este juzgador, que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, se estableció que: "... En ese sentido, no he tenido comunicación con mi defenso y por ende se desconocen los detalles respecto quién la ordenó, las razones que la sustentan o cuándo sería ejecutada la orden de traslado, y probablemente haya sido torturado por las autoridades que se encargaron de trasladaron al penal de Tepexi. ..."; de lo que se sigue que pudiera entenderse que el amparista se duele igualmente de la incomunicación y tortura a las que está siendo sujeto su defendido, y ello obligara a este juzgador a efectuar pronunciamiento incluso sobre la suspensión de plano; sin embargo, ello no es así, puesto que de la propia narrativa del promovente se advierte que no ha tenido comunicación con su defendido y es por ello que desconoce los pormenores del potencial traslado del que se duele; empero, se insiste, no afirma que su defendido sufra incomunicación. Ahora, tampoco se desatiende la diversa circunstancia relativa a que el promovente del amparo señale que su defendido "... probablemente haya sido torturado por las autoridades que se encargaron de trasladarlo al penal de Tepexi"; sin embargo, se estima, en primer término, que el amparista no señala como acto destacado la tortura de la que pudo haber sido sujeto su defendido; y en segundo lugar, debe destacarse que el propio promovente afirmó que tal probable acto, el de la tortura, pudo haber ocurrido por parte de las autoridades que trasladaron a su defendido al penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, circunstancia esta última, la del traslado, que el propio promovente señaló en su demanda, específicamente en el punto 5 del capítulo V, relativo a los ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, que ocurrió (el traslado) el quince de junio del año en curso, y la demanda de amparo no está enderezada contra dicho acto ilícito, sino, se reitera, contra el potencial traslado del que puede o ha sido sujeto el directo quejoso. Sin que tampoco pase desapercibida para quien resuelve, la diversa circunstancia relativa a que a fojas 11 de la demanda que se atiende, específicamente en el capítulo VIII. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, el promovente pidió se concediera al directo quejoso la suspensión de plano, "... para el efecto de que el quejoso no sea trasladado a diverso Centro de Reinserción Social a aquel en que se encuentra.", y termina justificando dicha petición en el siguiente sentido: "Lo anterior en virtud de tratarse de actos que atacan a la libertad personal fuera de procedimiento del quejoso, e incluso tortura el cual se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin embargo, se estima que la cita del artículo 22 Constitucional, que llevó a cabo el solicitante del amparo, no debe traducirse en que per se es suficiente para que este juzgador se pronuncie respecto de la suspensión de plano; puesto que, se insiste, se estima que dicha invocación no es mas que parte del argumento o justificación con el que pretende combatir lo que a su dicho, resulta un ilegal traslado del directo quejoso, pero de modo alguno razón suficiente para hacer pronunciamiento respecto de la suspensión de plano, más aún que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que ese sea un acto destacado, o aún más, que de dicha lectura este juzgador advierta la actualización de esa potencial tortura, siendo que de ser así desde luego el pronunciamiento sería en diverso sentido. No obstante lo anterior, en virtud de que el promovente señala que el directo quejoso probablemente ha sido torturado, con fundamento en el artículo 21 Constitucional, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar y Sancionar la Tortura, dése vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ante la posible comisión de algún hecho considerado como delito. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, requiérase al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla, que conoce de la causa penal ********************, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación de este proveído, informe si ******************** tiene reconocido el carácter de defensor del quejoso ********************; apercibiendo al promovente que en caso de no tener al carácter con que se ostenta, con fundamento en al artículo 14, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto mencionado con antelación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Se tienen por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, téngase por autorizadas en términos restringidos del numeral en cita a las demás personas que refiere en su ocurso, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional que las acredite como licenciados en Derecho en el aludido sistema. Por otra parte, se comisiona a la Analista Jurídico SISE para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario ***, para la consulta del expediente electrónico. Ahora bien, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia. En este orden de ideas, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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