Mauricio Fernández Granados

Expediente 1008/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1008/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
20/12/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Fernández Granados
  • Juez Vigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Vistos, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, expediente 1008/2023-III, para resolver el incidente de violación a la suspensión promovido por el quejoso; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veintitrés, ******* por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez y actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que consideró violatorios en su agravio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Tramite del Incidente de suspensión. Una vez desahogada la prevención decretada, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, se ordenó abrir el incidente de suspensión donde se concedió la medida cautelar de manera provisional para que de haberse realizado no se ejecutara la orden de lanzamiento ordenada sobre el bien inmueble ubicado en *********. Seguido en sus trámites el incidente el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia incidental y se concedió la medida cautelar solicitada, para que no se ejecutara la orden de desocupación y entrega del inmueble citado, para lo cual se fijó garantía por los posibles daños y perjuicios de *********. Tercero. Trámite del Incidente de violación a la suspensión. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente de violación a la suspensión promovido por el quejoso y, se ordenó correr traslado a las partes y requerir informe a las autoridades responsables quienes lo rindieron el quince siguiente; también se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, Considerando. Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente incidencia, en términos de los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. Segundo. Planteamiento de la actora incidentista. La parte quejosa planteó que a pesar de que se notificó a las autoridades responsables sobre la suspensión decretada, el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés se había realizado una diligencia de desalojo en el inmueble ubicado en *******, sin que se dejara instructivo o documento alguno y que le fue informado por la administración del edificio. Ofreció como prueba las actuaciones del incidente de suspensión y los informes que debían rendir las autoridades responsables. Tercero. Informes de las autoridades responsables. El juez y actuario responsables al rendir informe negaron la violación a la suspensión aducida, para lo cual precisaron que la última actuación en el expediente de origen era el auto de doce de octubre anterior, donde tomó conocimiento de que el quejoso había presentado la garantía fijada, por lo que surtía efectos la suspensión aquí decretada, proveído del cual remitió copia certificada y manifestó que no existían mayores actuaciones a las remitidas previamente con el informe justificado. Documental que goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Estudio de la litis incidental. Es oportuno destacar que para tener por acreditada la violación a la suspensión debe constar un acto u omisión de la autoridad responsable, posterior a la notificación del auto de suspensión, que tanto formal como materialmente implique una resistencia a ese mandato. Esto es, desde el punto de vista formal, ese actuar de la responsable de carácter positivo o negativo debe contener un elemento objetivo, es decir, que implique la intención de la autoridad responsable a resistirse a mantener las cosas en que se encuentran al momento de decidirse sobre la suspensión, pues ello se traduce en un desacato a un mandato. De igual manera, desde el punto de vista material, puede hablarse de violación a la suspensión, cuando ese actuar de la autoridad responsable conduzca a la imposibilidad de restituir físicamente al quejoso en el goce del derecho reclamado (artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo), pues sólo de esa forma resultaría, además de evidente, incontrovertible que materialmente el actuar de la responsable incurrió en desobediencia al mandato (suspensión de los actos). En ese tenor, para determinar con certeza que existe violación a la suspensión, deben reunirse los siguientes presupuestos: a) Que la medida cautelar se haya concedido por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió la suspensión haya surtido efectos, se haya notificado a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se hubiesen enterado de su existencia; y, c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecuten los actos reclamados materia de la suspensión concedida. En tal virtud, la figura jurídica del incidente de violación a la suspensión tiene como objeto primordial fijar la operatividad y eficacia del proveído cautelar que ordenó la suspensión, para que en caso de ser transgredida por las autoridades, éstas sean conminadas por el órgano jurisdiccional que la concedió, a acatar y respetar la decisión en lo subsecuente, así como a restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión y así preservar la materia del juicio, hasta en tanto se resuelve la controversia en lo principal, por lo que procede analizar, ante la denuncia hecha por la quejosa sí se ejecutaron actos que violaron la medida cautelar decretada. El supuesto previsto en el inciso a), se encuentra acreditado, pues el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, en los términos ya precisados. De igual forma, se satisface el requisito señalado en el inciso b), toda vez que en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva referida surtió efectos desde que se pronunció el acuerdo relativo, es decir, en el mismo momento que se concedió. Lo que desde luego fue notificado a las autoridades responsables el veintiocho de septiembre siguiente. Finalmente, en cuanto al supuesto previsto en el inciso c), relativo a que debe acreditarse que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, se ejecuten actos que contraríen el sentido de la misma, se cuenta con los siguientes elementos: El quejoso e incidentista alega que hay violación a la suspensión, porque el veintinueve de noviembre pasado se realizó el desalojo del inmueble que aduce defender, lo que le fue informado por la administración del edificio. Mientras que el juez responsable al rendir su informe en relación con el presente incidente, negó que hubiera violado la suspensión y acompañó copia certificada del auto de doce de octubre del año en curso, en el que tomó conocimiento de que el quejoso había presentado la garantía requerida para que continuara surtiendo efectos la suspensión decretada. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente asunto no concurre el tercero de los elementos necesarios para que exista violación a la suspensión, pues el juez informó que no había realizado actuación alguna tendente a ejecutar la orden de lanzamiento y para ello remitió copia certificada del auto doce de octubre del presente año, que constituye la última actuación contenida en el expediente. Sin que la parte quejosa aportara mayor elemento para sustentar su afirmación sobre la presunta diligencia de lanzamiento; por lo que al no haber constancia sobre algún acto por parte de las autoridades responsables, que implique desacato a la medida cautelar decretada, es válido afirmar que no existe violación a la suspensión. En consecuencia, lo procedente es declarar infundado el incidente en que se actúa, pues no se demuestra que haya existido violación a la suspensión. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 2299, Libro XIII, Octubre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 159918, de rubro: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Es infundado el incidente de violación a la suspensión. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. MESA* III

  2. Incidental

    Se recibe el oficio signado por la Jueza Interina y el Secretario Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; mediante el cual rinden su informe en el incidente de violación a la suspensión; en esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 208, fracción II de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y relaciónese en la audiencia incidental. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese. MESA* III

  3. Principal

    Se recibe el oficio signado por la Jueza Interina y el Secretario Actuarios adscritos al Juzgado Vigésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual rinden su informe justificado respecto de la ampliación de demanda; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, relaciónese en la audiencia constitucional y dése vista a las partes para que dentro del plazo de ocho días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de del informe justificado rendido por las autoridades oficiantes respecto de la ampliación de demanda. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Fecha que se fija tomando en cuenta el periodo vacacional que se encontrará gozando este órgano jurisdiccional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como el calendario que fue aprobado el veinticinco de septiembre del presenta año, por la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo. Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese. MESA* III

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta, en atención a su contenido, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica y que obren en autos y entréguense por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa identificación y toma de razón que se deje como constancia por su recepción. Notifíquese. MESA* III

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