Mauricio Estrada Gutiérrez

Expediente 567/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 43 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2021
Año
2021
Actuaciones
43
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Mauricio Estrada Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 130, suscrito por la secretaria de acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite el juicio de amparo 567/2021-II y seis discos compactos, así como testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 207/2022, en la que mediante sesión ordinaria virtual de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés resolvió lo siguiente: "(...) PRIMERO. Se tiene a la recurrente ***, en representación de su hijo ***, por desistida del recurso de revisión. SEGUNDO. Queda firme la resolución recurrida dictada por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el catorce de julio de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 567/2021. (.)" Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese el oficio 963/2022, procedente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de revisión formuló agravios la parte quejosa; y, seis discos compactos, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número ********************, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado por . en representación del aquí quejoso ., mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia terminada de engrosar el catorce de julio de dos mil veintidós, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, así como seis discos compactos, de los cuales uno de ellos contiene la resolución aludida, para la substanciación del citado recurso. Finalmente, visto el estado que guardan los autos se advierte que no obra constancia de notificación del tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, licenciado José Pascal Navarrete Ordaz, de la sentencia de catorce de julio de dos mil veintidós; por tanto, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, se ordena hacer de su conocimiento la mencionada resolución, así como el presente proveído, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito vía portal y mediante lista a los terceros interesados.

  4. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 567/2021; y, R E S U L T A N D O : ÚNICO. El trece de julio de dos mil veintiuno, se admitió demanda de amparo promovida oportunamente por ... tramitado el juicio y previo emplazamiento de terceros interesados, uno de ellos por medio de edictos, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Los actos reclamados constituyen: a. La calificación de la detención realizada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno; y, b. El auto de vinculación a proceso de veintitrés de junio siguiente. Actos emitidos en audiencias celebradas en la carpeta judicial ... y, que se atribuyeron en cuanto a su emisión al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la unidad de gestión número dos, ... respecto a su ejecución, al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, quienes al rendir su respectivo informe justificado los aceptaron, lo que se acredita con las constancias y discos compactos que se exhibieron, que por tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tienen probados. TERCERO. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. La parte quejosa señaló que los actos reclamados vulneran en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expuso como conceptos de violación esencialmente que: a. Su detención fue ilegal, pues ocurrió de forma distinta a la que estableció la fiscalía. a.1. El quejoso se puso a disposición del órgano jurisdiccional posterior a las cuarenta y ocho horas que se tenían como máximo. a.2. Se calificó su detención de manera indebida, ya que no se actualiza la hipótesis de flagrancia por señalamiento que establece la fiscalía. a.3. No se valoró de manera lógica los medios de prueba ofertados por la defensa, tales como la testimonial y los datos de prueba del video de tres segundos que muestra una detención en la casa de dicha testigo y no en el lugar que refieren los aprehensores. b. Los datos aportados por el ministerio público no son idóneos, suficientes, pertinentes y razonables para la acreditación del hecho y probabilidad de que el quejoso lo cometió. c. Se dijo que eran razonables, pero insuficientes los medios probatorios ofertados por la defensa, para dar credibilidad a los hechos verdaderamente suscitados. Conceptos de violación que resultan infundados. Por una cuestión de orden práctico, los actos reclamados se analizarán en el siguiente orden: 1. Determinación que califica de legal la detención del amparista. La libertad personal es un derecho humano, cuya protección no es absoluta, sino que tiene límites; constitucionalmente se ha establecido que sólo puede ser restringida en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, de lo contrario, atenta contra lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las excepciones a la afectación de la libertad personal, constitucionalmente válidas surge mediante las figuras de flagrancia o caso urgente, debiéndose satisfacer ciertas condiciones para afirmar su legalidad. Ahora, los conceptos de violación hecho valer por la parte quejosa en ese sentido devienen infundados, toda vez que si bien es cierto el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho a la libertad, también lo es que, no prohíbe la detención de alguna persona, pues dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por las Constituciones de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y, que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Así, válidamente puede sostenerse que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no prohíben la detención de una persona, sino que la contemplan de manera excepcional, permitiendo a los Estados Parte determinar, en sus Constituciones o en las leyes dictadas conforme a ella, las causas y las condiciones por las cuales una persona puede ser privada de su libertad. Ahora, de los artículos 16 constitucional,1 y 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de 1 Artículo 16... Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Procedimientos Penales2, en lo que interesa, se desprende que podrá detenerse a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, al momento de estar cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, actualizándose lo segundo. Al respecto, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 384/2017,3 adujo que el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 146, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente desarrolla uno de los casos en los cuales se entenderá que una persona ha sido detenida "inmediatamente después" de haber cometido el delito. Esto es, cuando la persona sea señalada por la víctima o algún testigo de los hechos. En ese sentido, adujo que el precepto en cuestión no contiene un supuesto de flagrancia distinto o adicional a los previstos en el artículo 16 constitucional, sino que únicamente establece una de las hipótesis en las cuales resulta admisible detener a una persona "inmediatamente después" de haber cometido un delito. Lo que hace evidente que la intención del legislador no fue la de crear un supuesto de flagrancia distinto o adicional al previsto en dicha fracción, sino únicamente explicitar los casos en los cuales se entenderá que una persona ha sido detenida "inmediatamente después" de haber cometido el delito. 2 Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: . II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o..." 3 Resuelto el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Así, puede decirse que la figura de "flagrancia por señalamiento" prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 146 del Código Nacional constituye en realidad una de las hipótesis en las cuales es posible detener a una persona "inmediatamente después" de que cometió un delito. Así, la Primera Sala ha señalado que en ciertos casos "es factible que la indicada captura se logre transcurrido cierto tiempo", en el entendido de que "la validez de la detención estará supeditada a que la persecución del sujeto activo se hubiera iniciado enseguida y no se interrumpa". De este modo, ha referido que la persecución del sujeto activo puede apoyarse en el resultado de nuevas tecnologías, "siempre que éstas permitan un seguimiento confiable de los sujetos activos en tiempo real, como podrían ser cámaras de video vigilancia o incluso el rastreo satelital a través de dispositivos de posicionamiento global", como sucedió en la especie. Lo anterior, toda vez que el aquí quejoso Mauricio Estrada Gutiérrez y otro, fueron asegurados el quince de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, cuando los policías aprehensores Luis Emilio Vergara Domínguez y Francisco Javier Calderón Martínez, les cerraron el paso en calle Estación Nativitas y calle portales, colonia Estación, Tláhuac, derivado a que fueron informados de esa ubicación por Jonathan Olvera Morales, en su calidad de Monitorista de C-2, a través del 911, quien recibió una solicitud de apoyo, pues le indicaron de persona lesionada por arma de fuego, el domicilio en que ocurrieron los hechos, las características de los sujetos responsables, así como sus vestimentas, los que conducían una motoneta azul con blanco, cascos negros y micas abiertas, por lo que al darles seguimiento con las cámaras de seguridad, fue como logró la citada ubicación y lanzó tal información a los referidos elementos aprehensores; lugar al que incluso arribaron los ofendidos, quienes los reconocieron y que al revisarlos, encontraron al coimputado del quejoso, una pistola tipo revolver, con cacha café, calibre .22, con la cual, refirieron los ofendidos, los amagó; y, en la bolsa delantera de dicho sujeto, también fueron localizados los teléfonos celulares que reconocieron como de su propiedad. Cierto, conforme al citado texto legal, la hipótesis normativa de "flagrancia por señalamiento", se actualiza cuando se reúnen los siguientes supuestos: ? El detenido es señalado por la víctima, ofendido, un testigo presencial de los hechos o por quien hubiera intervenido en la comisión del delito; y, ? Se le encuentra en poder del objeto, instrumento o producto del delito; o, ? Se cuenta con información o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención. Ello siempre y cuando su detención ocurra inmediatamente después de cometer el delito, sin que se haya interrumpido su búsqueda o localización. Respecto del primer elemento, del análisis de la audiencia inicial, en específico de las circunstancias narradas por la autoridad ministerial en lo tocante a la detención, queda de manifiesto que existe un señalamiento directo en contra del quejoso de que cometió probablemente un hecho ilícito, lo que obedece a los datos de prueba relacionados, de los que se desprende referencia e indicio que permite sostener que las víctimas presenciaron la realización del hecho que el juzgador responsable consideró como delictivo. En efecto, de acuerdo con la relatoría del ministerio público durante la audiencia, es factible establecer que si bien los policías aprehensores Luis Emilio Vergara Domínguez y Francisco Javier Calderón Martínez, arribaron al lugar en que fueron detenidos el quejoso y otro, lo cierto es que directamente no presenciaron las acciones que se desarrollaron para amagar a los ofendidos, despojarlos de sus celulares y disparar contra uno, ocasionando lesiones que pudieron quitarle la vida, es decir, no les consta lo ocurrido, y, mucho menos, quien o quienes las llevaron a cabo. Sin embargo, se expone claramente que los policías aprehensores acuden como consecuencia de la llamada de emergencia que recibió Jonathan Olvera Morales, en su calidad de Monitorista de C-2, en la que le informaron que se encontraba una persona lesionada por arma de fuego y, sobre la probable comisión de ese delito, por parte del aquí quejoso y otro, pues le señalaron el domicilio en que ocurrieron los hechos, las características de los sujetos responsables, así como sus vestimentas, los que conducían una motoneta azul con blanco, cascos negros y micas abiertas, por lo que les dio seguimiento con las cámaras de seguridad, lanzando la información de su localización a los policías aprehensores, quienes finalmente los detuvieron. Entonces es claro que se actualiza la hipótesis en la que se sustenta la determinación -flagrancia por señalamiento-. Cierto, como quedó establecido, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia en el juicio de amparo 384/2017, realizó un análisis del artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, resaltando, en lo que es también relevante para este caso los siguientes puntos: Para que se realice la detención de manera legal no es indispensable que el elemento aprehensor haya observado el hecho; sin embargo, inmediatamente después de realizado debe haber obtenido datos o información proporcionados por la víctima o por un testigo que los presenciara directamente.4 La detención no puede realizarse sobre una persona no identificada y debe ser inmediatamente después de realizado el hecho, es decir, es indispensable que el señalamiento de la víctima o el testigo permita inferir razonablemente que la persona señalada efectivamente cometió el hecho.5 4"Como se explicó anteriormente, un agente puede tener razones para creer que se acaba de cometer un delito a partir de evidencia de muy distinto tipo, incluso distinta a su propia percepción u observación de los hechos, como puede ser la información proporcionada por terceros que percibieron directamente el hecho u otro tipo de datos objetivos que le permitan inferir razonablemente que se acaba de cometer un delito y que el imputado participó en el mismo. (.) En esta línea, esta Primera Sala ha sostenido que resulta válido detener a una persona bajo el segundo supuesto de flagrancia previsto en el artículo 16 constitucional, "cuando a pesar de que la persona que logra la detención material no presenció la ejecución del delito, en el mismo contexto gramatical de la expresión de inmediatez, tiene conocimiento del hecho acontecido y de los datos que permiten identificar al probable responsable, ya sea porque se los aporte la víctima o algún testigo una vez que se perpetró el ilícito" (énfasis añadido). En ese contexto, esta Suprema Corte advierte que el precepto impugnado no hace más que recoger esta interpretación constitucional, es decir, que para que una detención en flagrancia pueda considerarse válida no es indispensable que el agente haya percibido directamente el hecho delictivo, sino que basta con que tenga conocimiento de este y de la identidad del presunto responsable, a partir de datos o información objetiva. Lo que puede suceder cuando la información sobre el hecho y los datos de identificación del imputado son proporcionados por la víctima o un testigo presencial de los hechos inmediatamente después de haberse cometido el delito." 5 "Por lo demás, es importante reiterar que el hecho de que pueda detenerse a una persona por "señalamiento" de ninguna manera significa que la detención pueda realizarse sobre una persona no identificada o que ésta no se realice inmediatamente después de la comisión del hecho. Como se mencionó anteriormente, para que una detención en flagrancia sea válida en términos constitucionales, es indispensable que el señalamiento de la presunta víctima o del testigo permita inferir razonablemente Luego, como se ha dicho, existen datos de prueba que permiten afirmar el segmento fáctico en que se desarrollaron las acciones que desplegó el quejoso, pues fue señalado por las propias víctimas que resintieron los hechos y, derivado de una llamada de emergencia, fueron ubicados por medio de cámaras con las que se les dio seguimiento, incluso dichos ofendidos arribaron al lugar en que fue detenido a reconocerlo y, a su coimputado, le fue asegurado un arma y los celulares de los que previamente fueron desposeídos. Por tanto, es evidente que se actualiza dicha figura, y por lo cual el representante social del fuero común el quince de junio de dos mil veintiuno, decretó su retención por flagrancia y, dentro del término constitucional, fueron puestos a disposición del juez de control respectivo. Los imputados negaron los hechos y refirieron haber sido detenidos en circunstancias distintas a las informadas por el representante social. A partir de lo debatido por las partes, en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el juez de control responsable calificó de legal la detención del aquí quejoso al considerar que obedeció a la noticia que dieron a los policías aprehensores de dos personas que habían lesionado a una persona con arma de fuego y que conducían una motoneta que lograron ubicar posterior a dicho evento, por medio de las cámaras de seguridad y a las cuales lograron cerrarles el paso, fueron reconocidos por los ofendidos y asegurado el arma con la cual los amagaron y celulares que previamente los habían desapoderado. Advirtiéndose de que la persona señalada efectivamente está cometiendo o acaba de cometer un delito." la propia audiencia que, según lo informado por los elementos captores, Mauricio Estrada Gutiérrez fue detenido a las diecisiete horas con treinta minutos, del mismo quince de junio de dos mil veintiuno. Así, es posible advertir que respecto del quejoso, la detención en flagrancia no contraviene sus derechos fundamentales, debido a que los agentes aprehensores fueron informados de la comisión del delito, avocándose a la ubicación de los imputados, siendo detenidos en las inmediaciones del lugar de los hechos, obteniéndose así parámetros razonables para inferir válidamente que se actualizan los supuestos contemplados en el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. De aquí que, su detención en flagrancia es legal dado que fue detenido inmediatamente después de cometer el delito, además de que en dicha diligencia el Ministerio Público justifica las razones de la detención y los requisitos de procedibilidad. Además, el régimen general de protección contra detenciones arbitrarias, deriva la exigencia de que la persona detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que sea puesta a disposición de la autoridad ministerial respectiva, sin dilaciones injustificadas, la cual se actualiza cuando no existen motivos razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante la autoridad ministerial.6 En ese contexto, en cuanto al tiempo que tardaron en poner al quejoso a disposición del Ministerio Público investigador, lo cual aconteció aproximadamente hasta las diecinueve horas con tres minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, cuando su detención aconteció a las diecisiete horas con treinta minutos de ese mismo día -esto es, aproximadamente una hora y media después-, por sí es un tiempo razonable, necesario e indispensable para su revisión y traslado a las oficinas ministeriales, además, no existe información que genere convicción en el sentido de que hubiere sido amedrentado o amenazado durante ese trayecto, ni de que se le hubiera violentado algún derecho fundamental; aunado a que fue puesto a disposición del juez de control dentro de las cuarenta y ocho horas que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir cuestiones debatidas, ni añadió otras, pues incluso, dio contestación a las manifestaciones realizadas por la defensa del quejoso y que reitera vía concepto de 6 Apoya lo anterior, la tesis 1a. LIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página: 643, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA VULNERACIÓN A TAL DERECHO." violación, para concluir que resultaban infundadas, toda vez que hasta ese momento, la hipótesis de flagrancia probada por la fiscalía no se encontraba contradicha con diverso medio de prueba, ya que respecto a los aportados por la defensa, no resultaban suficientes, para demeritar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo verificativo, porque respecto de dichos medios (video y fotografías), no eran certeros en cuanto la hora en que refieren se llevaron a cabo, además de que no se podía identificar a las personas que ahí se mostraban; de ahí que resultaba procedente calificar de legal su detención. 2. Determinación que decreta la vinculación a proceso. Los artículos 14, 16 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar fundada y motivada7, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que implica 7 Entendiéndose como tal que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable y señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, se advierte que se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que el agente del Ministerio Público en presencia del juez de control responsable, formuló imputación contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delito consistente en robo agravado y homicidio en grado de tentativa, que prevén y sancionan los artículos 220, 224, inciso a), fracciones VIII, IX y XI, 225, fracción I y 123, en relación con el numeral 20, todos del Código Penal para la Ciudad de México. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, el juez de control responsable dio el uso de la voz al quejoso, quien se reservó su derecho. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. .. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito de robo agravado y homicidio en grado de tentativa calificado, cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista y sancionada en los artículos 220, 224, inciso a), fracciones VIII, IX y XI, 225, fracción I y 123, en relación con el numeral 20, todos del Código Penal para la Ciudad de México; lo anterior, en su faculta de reclasificación, al considerar que en cuanto al robo, no se acreditada la agravante establecida por la representación social y, respecto al homicidio, no se acreditó la existencia de delito emergente. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El juez de control responsable al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por el agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al peticionario del amparo.8 En consecuencia, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad judicial responsable fundó y motivó el auto de vinculación tildado de inconstitucional; aunado a que éste fue dictado de manera congruente en relación con los hechos motivo de la imputación formulada en contra del impetrante, sin vulnerar derechos fundamentales, resolviendo sólo conforme a lo expuesto por las partes. 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control responsable, a partir de la 8 Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible a página 2377, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." relatoría de los hechos por parte del Agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, habida cuenta que el quince de junio de dos mil veintiuno, el aquí quejoso en conjunto con otro sujeto, se apoderaron de cosas ajenas muebles, sin consentimiento y sin derecho, así como pretendieron privar de la vida a una de las víctimas, sin lograrlo, por causas ajenas a su voluntad; y, que existe la probabilidad de que el ahí imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor en específico respecto de cada uno de los datos de prueba expresados por las partes, tan es así que como se ha dicho, el juez no tiene acceso a la carpeta, de aquí que simplemente consideró su idoneidad, razonabilidad y pertinencia, a partir de su exposición por las partes durante la audiencia, por lo que contrario a lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso.9 De aquí que resulte incorrecto hablar de insuficiencia probatoria o deficiente valoración, pues de hacerlo, se rebasarían las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que en esta estancia, se itera, sólo se cuenta con datos y no 9 Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2014800, de texto y rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). propiamente con pruebas, debiendo sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el órgano técnico de investigación y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultad para determinar si existen datos suficientes para continuar con el proceso, es el juez de control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa valoración. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación que expresa al respecto la parte quejosa, pues el análisis de los datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Incluso, como lo refiere la responsable, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El juez de control responsable no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. No pasa inadvertido que durante la tramitación del proceso que se instruye al aquí quejoso, en audiencias de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y cinco de enero del año en curso, fue declarado como inimputable. Los artículos 414 y 415, del Código Nacional de Procedimientos Penales,10 establecen que si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y en caso de 10 PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS INIMPUTABLES Artículo 414. Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial Si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al Juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria y, en su caso, si ésta fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas generales pero se proveerán los ajustes razonables que determine el Juez de control para garantizar el acceso a la justicia de la persona. En los casos en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a su integridad personal. Para tales efectos, estará en posibilidad de solicitar la práctica de aquellos peritajes que permitan determinar el tipo de inimputabilidad que tuviere, así como si ésta es permanente o transitoria y, si es posible definir si fue provocada por el propio retenido. Artículo 415. Identificación de los supuestos de inimputabilidad Si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al Juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como si la inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o no por la persona... Además que, si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como si la inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o no por la persona. En el caso, nos encontramos en el segundo supuesto, ya que de la reproducción de las audiencias en que se emitieron los actos reclamados, se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación en cuanto a que el quejoso fuera inimputable, tampoco resulta notorio -ya que sin ser perito, se aprecia a una persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa-, para que el juez de control responsable actuara en términos de lo que establece el primero de los numerales en comento. No obstante, una vez que fue informado, se desahogaron periciales que lo llevaron a la convicción de declararlo en ese estado. De ahí que no se estime pertinente conceder el amparo con la finalidad de que el juez de control advierta tal circunstancia y se desahoguen los dictámenes periciales respectivos, si de autos se aprecia que ya tuvieron verificativo, por lo que será ahora, de ser el caso, hasta el momento en que se dicte sentencia, donde deberá tomarse en consideración tal supuesto, de Conformidad con lo se establece en ese procedimiento especial, con base en lo dispuesto en los restantes preceptos 416 a 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales.11 Consecuentemente, no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie 11 Artículo 416. Ajustes al procedimiento Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el Juez de control, escuchando al Ministerio Público y al Defensor, con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. En caso de que el estado de inimputabilidad cese, se continuará con el procedimiento ordinario sin los ajustes respectivos. Artículo 417. Medidas cautelares aplicables a inimputables Se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el Juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. Artículo 418. Prohibición de procedimiento abreviado El procedimiento abreviado no será aplicable a personas inimputables. Artículo 419. Resolución del caso Comprobada la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista en los códigos sustantivos, el Tribunal de enjuiciamiento resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte aplicable; asimismo, le corresponderá al Órgano jurisdiccional determinar la individualización de la medida, en atención a las necesidades de prevención especial positiva, respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima intervención. Si no se acreditan estos requisitos, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al inimputable. La medida de seguridad en ningún caso podrá tener mayor duración a la pena que le pudiera corresponder en caso de que sea imputable. acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que los actos reclamados cumplen con la regularidad constitucional que exigen los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al director del reclusorio señalado como responsable, toda vez que no se combate por vicios propios. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...contra los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente

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