Mauricio Daniel Correa Flores
Expediente 224/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 14/11/2019
Partes del expediente
- Mauricio Daniel Correa Flores
- Antonio Rivas Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
VII.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, mediante el cual acusa de recibo de las constancias que adjuntó como complemento a su informe rendido en autos, y que le fueron devueltas mediante oficio 34357/2019, del índice de este Juzgado de Distrito; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad oficiante en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo. En su oportunidad, remítase materialmente el presente asunto al archivo.
- Principal
VII.- Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso (fojas 238 y 239), se ordenó el archivo del presente asunto; por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, a saber copias certificadas de la carpeta administrativa ******************** y tres discos compactos, de su índice estadístico. Se requiere a la responsable para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acuse recibo de las constancias que se le devuelven; Con el apercibimiento, que en caso de ser omiso a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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VII. se declara procedente remitirlo al archivo.
- Principal
Toluca, México; veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en catorce de junio del presente año (fojas 224 y 225), para que manifestaran lo que a su derecho convinieran con la forma en que la autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Mauricio Daniel Correa Flores y Antonio Rivas Lugo, solicitaron por propio derecho el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES (SIC): Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS: El auto de vinculación a proceso dictado en nuestra contra el día veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, a las doce con treinta y cinco minutos, por el delito de extorsión que se nos atribuye, mismo que nos fue notificado ese mismo día, sin que exista motivación y fundamento legal alguno, como más adelante se expresará, privándonos de nuestra libertad personal a la cual tenemos derecho, en la carpeta de investigación número 06/2018." Mediante sentencia firmada el veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 114 a 139), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mauricio Daniel Correa Flores y Antonio Rivas Lugo contra el auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, en la carpeta administrativa 06/2018, para los efectos mencionados en el considerando último de esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que: "El Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México: 1. Deje insubsistentes: a) La audiencia inicial celebrada el diecinueve de enero de dos mil ocho, en la carpeta administrativa 06/2018, a partir de la etapa en la que se hace saber a los imputados el plazo para resolver su situación jurídica; y, b) La resolución de vinculación a proceso emitida el veinticuatro de ese propio mes y año. 2. Señale nuevamente hora y fecha para que tenga verificativo la continuación de la audiencia inicial, lo que deberá notificar oportunamente a las partes, haga valer a los ahora quejosos su derecho de defensa técnica y adecuada, conforme al artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiendo requerir a los imputados para que sean asistidos por un abogado con conocimientos técnicos en el nuevo sistema penal, lo cual deberá ser valorado en la forma que considere idóneo el juez responsable; y de no poder designar uno particular, deberá designarles un defensor de oficio que cuente con dichos conocimientos para que coadyuve con su defensa. 3. Realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal y resuelva lo que en derecho corresponda. Debe precisarse que, con la reposición ordenada, no implica que se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación; ello, en observancia al principio de igualdad entre las partes." En ese tenor, mediante auto de veinticinco de mayo del presente año (fojas 162 a 166), se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizo lo siguiente: El Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, mediante el oficio de cuatro de junio del presente año (foja 177), informó que por auto de veintiocho de mayo del año en curso, se dejó insubsistente todo lo actuado en la carpeta administrativa 6/2018, a partir de la audiencia inicial de diecinueve de enero del año en curso, a partir de la etapa en que se les hace saber a los imputados el plazo para resolver su situación jurídica, así como la resolución de vinculación a proceso de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Posteriormente, continuó con la secuela procesal y a las once horas con veinticinco minutos del cuatro de junio de los corrientes, se decretó la detención judicial de Antonio Rivas Lugo y Mauricio Daniel Correa Flores, por el hecho delictuoso de extorsión. Que a las ocho horas con veintitrés minutos de la misma fecha el Juez requirió a los quejosos si querían señalar como defensor al licenciado Roberto Javier Rodríguez García, respecto del cual el Juez responsable tuvo por acreditada su calidad de licenciado en derecho con la cedula oficial que exhibió; asimismo, le requirió para que bajo protesta de decir verdad manifestara si contaba con los conocimientos y práctica en el sistema acusatorio, el que refirió que sí contaba con esa práctica. En ese sentido, a solicitud de la defensa se autorizó la duplicidad del plazo para resolver la situación jurídica de los imputados, el cual inicio del cuatro al diez de junio de la presente anualidad y se fijó el ocho de junio de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia inicial. Por consiguiente, a las doce horas del ocho de junio de dos mil dieciocho, se concedió prorroga a la defensa para que su perito pudiera emitir su dictamen; por tanto, la audiencia tuvo verificativo el diez de junio de los cursantes. Igualmente, por oficio 1255 (foja 186), remitió un disco en formato DVD que contiene la audiencia celebrada diez de junio del año en curso, relativa a la carpeta administrativa 6/2018, así como las actas mínimas respectivas y copia autorizada del auto de término constitucional de diez de junio de dos mil dieciocho, por lo que se advierte que se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión respecto de los quejosos. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, dio cumplimiento a la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo anterior es así, ya que el juez responsable dejó insubsistente todo lo actuado en la carpeta administrativa 6/2018. Señalo nuevamente las doce horas del ocho de junio de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia inicial. Hizo valer la defensa técnica y adecuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que requirió a los quejosos, para que manifestaran si señalaban como defensor al licenciado Roberto Javier Rodríguez García, quien exhibió su cedula profesional de licenciado en derecho y manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con práctica en el sistema acusatorio. Finalmente, se autorizó el plazo ampliado para resolver la situación jurídica de los quejosos y señaló el diez de junio de los cursantes, para la celebración de la continuación de la audiencia inicial, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos Antonio Rivas Lugo y Mauricio Daniel Correa Flores. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, no obstante que el presente auto de debe notificarse de manera personal a la parte tercera interesada, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la ley de la materia, lo cierto es que mediante acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho (foja 101), se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación correspondiente a este acuerdo por medio de lista. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, por lista al tercero interesado y por oficio al Agente del Ministerio Público que tiene el carácter de tercero interesado. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe
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