Mauricio Daniel Alzua Callejas

Expediente 968/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
968/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Daniel Alzua Callejas

Actuaciones

  1. Principal

    Atendiendo la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, se declara que dicha determinación en la que se tuvo por desechada la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Ahora bien, como existen documentos originales, de conformidad con el artículo 21, párrafo segundo, del referido Acuerdo General Plenario, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales exhibidos, previa razón de desglose y firma de recibo que se deje en autos, quien se deberá presentar con identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma); apercibida que, en caso de no hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Mauricio Daniel Alzua Callejas, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, o Juez de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Chalco, y otra, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 18 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 968/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo y escrito de desahogo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la citada quejosa reclama lo siguiente: «La omisión y el silencio que guardó en dictar acuerdos a mis promociones presentadas en fechas siete de octubre del año dos mil veinte y diecinueve de octubre del año dos mil veinte, dentro del expediente de ejecución número 349/2016. La negligencia de no entrar al estudio de mis peticiones y posteriormente acordar de manera incongruente y notificar tardíamente los acuerdos dictados a mis peticiones, ya que se me notifica hasta fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinte. De este acto reclamado de omisión y silencio, así como el no entrar al estudio de mis peticiones y dictar un acuerdo incongruente con lo peticionado por el suscrito, actos que la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio de Chalco realiza, se puede establecer que me deja en estado de indefensión al no acordar mis promociones en tiempo y forma establecido en la ley, así como la incongruencia y carente de acuerdo , que deja visible en que dicha autoridad no entra al estudio de mis peticiones q u e e n l o t o r a l s o l i c i t o: "se conceda a mi favor la prelibertad que se encuentra establecido en el Código Penal del Estado de México o en su caso la libertad anticipada, beneficio el cual se encuentra contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal». (sic). Asimismo, del capítulo relativo a los hechos, la impetrante relata lo siguiente: «4.- Transcurrido el tiempo en que presente mi solicitud de fecha treinta y uno de julio del año dos mil veinte y tener la notificación en los términos citados en el párrafo anterior, es que nuevamente presento un nuevo escrito, el cual es recepcionado en oficialía de partes en fecha siete de octubre del año dos mil veinte, escrito en cual en lo toral nuevamente peticionaba la modificación del sustitutivo penal el cual gozo, por la libertad anticipada contemplada en la Ley Nacional de Ejecución Penal(.) (.) 5.- En la misma tesitura y al encontrarme sin respuesta de la autoridad responsable, es que nuevamente en fecha diecinueve de octubre del año dos mil veinte, presente nueva petición mediante escrito presentado en la oficialía del juzgado en comento(.) (.) (.)pasados los catorce días de este último escrito presentado en fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, es hasta el día cuatro de noviembre del año dos mil veinte que mi defensa privada recibe mediante correo electrónico, notificación de los autos de fechas 8 y 20 de octubre de dos mil veinte, situación que de entrada vulnera derechos fundamentales, como el debido proceso, así como el derecho de petición, en dicha notificación mediante correo electrónico se adjunta en archivo PDF el acuerdo dictado en respuesta a mis últimas promociones, en dicho acuerdo de manera general y visualizando que no se entra al estudio verdadero de mi solicitud, se me indica que no es procedente mi solicitud, se me indica que se deben cumplir con requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y así como en los últimos tres acuerdos dictados se acuerda que debo cumplir con requisitos que no estoy cubriendo ni proporcionando(.)». (sic). De lo anteriormente transcrito se desprende que lo que afecta al directo quejoso, son los acuerdos recaídos a sus peticiones de siete y diecinueve de octubre, en el que se le negó la sustitución de pena solicitada. Bajo ese contexto, la que hoy resuelve, estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: Por su parte, el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, refiere lo siguiente: «Artículo 61.- El amparo es improcedente. XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;»; Lo anterior es así, toda vez que el aquí quejoso Mauricio Daniel Alzua Callejas, no agotó el principio de definitividad previo a la interposición del juicio de amparo, pues la impetrante no agotó el procedimiento de controversia previsto en los artículos 116, 118, 122 a 124, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: «Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad». «Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena. La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia». «Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto». «Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación». «Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia». «Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla». Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.» Así las cosas, la parte quejosa debió acudir ante el Tribunal de Alzada, a efecto de combatir la resolución dictada por el Juez de Ejecución de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, que determinó que no era procedente su solicitud de sustitución de pena. Bajo ese lineamiento, se ítera, el juez de Ejecución es el que resolverá dicha controversia dentro del plazo previsto en esta ley, y, quien es la indicada para que le haga de su conocimiento el derecho que tiene a la interposición de algún recurso y en su caso, la resolución que dicte puede ser recurrida, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, 131 y 132, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de una controversia, debe ejercer su acción en la segunda instancia jurisdiccional, por lo que previo a acudir al juicio de amparo, el hoy quejoso debió agotar el recurso correspondiente, (apelación). Lo anterior es así, pues la impetrante tiene a su alcance los recursos previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, sea durante el trámite (revocación) o contra la resolución final (apelación) de la controversia emitida por el juez de ejecución. De tal manera, es claro que el quejoso debió observar el principio de definitividad, pues opinar lo contrario, daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, pues se dejaría al arbitrio de los peticionarios de amparo, interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución. En este orden de ideas, resulta inconcuso que Mauricio Daniel Alzua Callejas, debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el Tribunal de Alzada (lo cual, incluso, es de una tramitación breve atendiendo a la celeridad del propio procedimiento, comparado con el trámite del juicio de amparo). De igual forma, resulta aplicable al caso, la tesis aislada V.1o.P.A.5 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, del siguiente rubro: «PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LACONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO». Así como la diversa I.6o.P.133 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: «SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN». Es orientadora, además, la jurisprudencia 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por lo tanto, al actualizarse la casual de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por Mauricio Daniel Alzua Callejas. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de título: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se toma nota del número telefónico móvil y correo electrónico que proporciona el promovente, los que únicamente se utilizarán en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de

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