Mauricio Columbano Bonilla Mendoza

Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
825/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Columbano Bonilla Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA INCOMPETENCIA LEGAL. Se estima que este juzgado carece de legal competencia para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente... En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por tanto, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún recurso o no contra la sentencia reclamada pues ese es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo, y no con el tema de competencia aquí abordado...

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno que en resumen dice: "LEÓN, GUANAJUATO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: JUZGADO SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE. Agréguese el oficio con anexos signado por el Juez Noveno Menor Civil de esta ciudad, que remite en cumplimiento al auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio mercantil **** en que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por ******, y ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, en turno, con sede en esta ciudad; oficio al que acompaña: 1. Demanda de amparo indirecto. 2. Cinco copias de traslado de la demanda de amparo. Acúsese recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 825/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral del escrito inicial ; se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en:  La resolución de seis de septiembre del dos mil veintiuno, dictada en el expediente *****, del índice del Juzgado Noveno Menor Civil de esta ciudad. En ella se declaró improcedente la tercería excluyente de dominio y se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas en dicho contradictorio. SE DECLARA INCOMPETENCIA LEGAL. Se estima que este juzgado carece de legal competencia para conocer del presente asunto conforme con lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]". Se está ante una resolución que pone fin al juicio: a) las que sin decidir el juicio en lo principal, ponen fin al procedimiento; b) los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan; o, c) se agote el recurso ordinario correspondiente por medio del cual se modifique, revoque o confirme la instancia. Será entonces la dictada en alzada la que se considere como resolución que pone fin al juicio. En ese orden de ideas, se toma en cuenta que la parte quejosa narra en su demanda de amparo que el acto reclamado consiste en la resolución de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio dictada en el expediente ****, del índice del Juzgado Noveno Menor Civil de esta ciudad, en la se declaró improcedente la tercería excluyente de dominio y se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas en dicho contradictorio. Ahora, es conveniente precisar que si en un juicio de materia mercantil ocurre como parte interesada un tercero, por afectársele un determinado derecho y, por ello, promueve tercería excluyente de dominio, aun cuando su procedimiento se tramite por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de interlocutoria, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería, tal fallo debe considerarse como una sentencia definitiva por haberse resuelto el fondo de esa cuestión. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial. De ahí que la emisión y ejecución de la resolución que pone fin al juicio deben ser impugnados mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c, de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito; por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En tal condición, se impone declarar la legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por tanto, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, decida si confirma o revoca la presente determinación de incompetencia; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún recurso o no contra la sentencia reclamada pues ese es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo, y no con el tema de competencia aquí abordado. Al respecto, son aplicables los siguientes criterios: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor" "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RECURRIBILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES UN ASPECTO RELACIONADO CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR TANTO, AL DETERMINAR AQUÉLLA, NO DEBE ANALIZARSE SI CONTRA DICHA RESOLUCIÓN SE INTERPUSO O NO ALGÚN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. Al reclamarse en amparo la sentencia definitiva que en primera instancia decidió el juicio en lo principal, dicho acto es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues para definir el concepto de sentencia definitiva y, por ende, determinar la vía y la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del amparo donde se reclaman este tipo de actos, ya no debe analizarse la posible procedencia o no de algún recurso, al no ser exigible este aspecto en la actual legislación, a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46, primer párrafo; por tanto, al no ser parte integrante de la competencia de los mencionados tribunales la procedencia de algún medio ordinario de defensa, y toda vez que la actual legislación, para definir los actos reclamables en amparo directo, únicamente establece que se entenderá por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal, sin incluirse el requisito de la admisión del recurso, se concluye que la posible recurribilidad del acto dejó de ser un aspecto relacionado con la competencia, para pasar a ser un elemento vinculado con la procedencia del juicio de amparo, en términos del citado artículo 170, fracción I, párrafo tercero; consecuentemente, conforme a la nueva dinámica regida por los principios de competencia, oportunidad y procedencia del juicio de amparo directo, al determinar la competencia para conocer del juicio de amparo contra la sentencia definitiva, no debe analizarse si en su contra se interpuso o no algún medio ordinario de defensa, pues ello es un aspecto relacionado con la procedencia del juicio y no de la vía de trámite SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles.

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