Mauricio Chaman Nava

Expediente 160/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
160/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Mauricio Chaman Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que, en la especie, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del agente del Ministerio Público Auxiliar de la Mesa III de Investigaciones y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el veintiuno y veintisiete siguientes (fojas 202 y 207). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 97 a 113), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veintinueve de noviembre del año inmediato anterior (fojas 148 a 177), pronunciada en el toca en revisión 242/2017, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Mauricio Chaman Nava, para los efectos que se reproducen: "[.] que la agente del Ministerio Público responsable: Deje insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio de siete siguiente, emitidos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P. A. I. 275/2015-DGAI; En otro acuerdo que emita, precise la conducta que se le imputa al quejoso, es decir, el o los exámenes en los que resultó no aprobado, así como las pruebas y su valoración con las cuales se demuestra tal circunstancia, luego de lo cual, determine si es procedente o no iniciar el procedimiento administrativo y por tanto citar al quejoso a la audiencia de pruebas y alegatos". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la orden de citación emitida contra el quejoso por el fiscal responsable a la audiencia de pruebas y alegatos ordenado por acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento administrativo P.A.I.275/2015-DGAI, y su ejecución, adoleció de una falta de fundamentación y motivación, que le impidió ejercer debidamente su garantía de defensa. De ahí que para hacer efectivos los derechos de defensa y audiencia del infractor, así como cumplir las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, el acuerdo impugnado debió contener la conducta exacta que se le atribuyó, el examen o exámenes en los cuales resultó no aprobado; así como la apreciación de los medios de convicción que demostraran dicha circunstancia, para lo cual debió tomar en cuenta si estaban previstos en la ley y si eran eficaces para demostrar ese hecho. Pues de lo contrario, el quejoso estaría impedido para ejercer su derecho de defensa, al no permitirle ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación ante el desconocimiento de la conducta particular que actualizó el supuesto jurídico atribuido, así como el acervo probatorio considerado por la autoridad para determinar el inicio del procedimiento administrativo de separación; motivo por el cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se requirió su cumplimiento (fojas 178-179). Mediante proveído de doce siguiente (foja 198), se requirió nuevamente al fiscal responsable la obediencia a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el agente del Ministerio Público Auxiliar de la Mesa III de Investigaciones y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante oficios DGAI-A/5373/2017 y DGAI-A/5336/2017 (fojas 188 y 200), allegó copia certificada de lo siguiente: Auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en el procedimiento administrativo 275/2015-DGAI, en el que dejó insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio DGAI/516/2017, de siete consecutivo (foja 201). Acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que estableció, que ante la negativa de la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza de proporcionarle los exámenes no aprobados por el quejoso, no resultó factible precisarle a éste, el o los exámenes no aprobados, con el propósito de que estuviera en condiciones de oponerse de los mismos y respetar su garantía de audiencia y seguridad jurídica, motivo por lo cual, al encontrarse impedido legal y materialmente, de conformidad con el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo 11/2016, suscrito por el licenciado José Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, decretó el sobreseimiento del procedimiento administrativo (fojas 190 a 193). Ahora bien, del examen de las documentales mencionadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que el agente del Ministerio Público Auxiliar de la Mesa III de Investigaciones y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, ello tomando en cuenta que llevó a cabo la obligación consistente en dejar insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio de siete siguiente, emitidos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P. A. I. 275/2015-DGAI. Luego en otro que dictó -ocho de diciembre de dos mil diecisiete-, al no poder precisar la evaluación o evaluaciones que no aprobó el quejoso -toda vez que no contó con los exámenes no aprobados, que demostraran tal circunstancia-, determinó decretar el sobreseimiento del procedimiento administrativo, lo que hace evidente, que no resultó factible citar al quejoso a la audiencia de pruebas y alegatos. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el dieciocho de diciembre del año inmediato anterior, dejó insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio de siete siguiente, emitidos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P. A. I. 275/2015-DGAI. En consonancia con lo anterior, el ocho de diciembre de la anualidad inmediata anterior, en su lugar, dictó una nueva determinación en la que al no poder precisar la conducta imputada al quejoso, esto es, no contó con los exámenes no aprobados, que demostraran tal circunstancia, determinó decretar el sobreseimiento del procedimiento administrativo; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una misiva y una resolución, en su lugar, emitir otra, en la que precisara una conducta, es decir, el o los exámenes no aprobados, con los cuales, se demostrara tal circunstancia, luego determinar si era o no procedente iniciar procedimiento administrativo y, por tanto, citar al quejoso a una audiencia. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MAURICIO CHAMAN NAVA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del agente del Ministerio Público Auxiliar de la Mesa III de Investigaciones y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el veintiuno y veintisiete siguientes (fojas 202 y 207). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 97 a 113), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veintinueve de noviembre del año inmediato anterior (fojas 148 a 177), pronunciada en el toca en revisión 242/2017, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Mauricio Chaman Nava, para los efectos que se reproducen: que la agente del Ministerio Público responsable: Deje insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio de siete siguiente, emitidos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P. A. I. 275/2015-DGAI; En otro acuerdo que emita, precise la conducta que se le imputa al quejoso, es decir, el o los exámenes en los que resultó no aprobado, así como las pruebas y su valoración con las cuales se demuestra tal circunstancia, luego de lo cual, determine si es procedente o no iniciar el procedimiento administrativo y por tanto citar al quejoso a la audiencia de pruebas y alegatos". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que la orden de citación emitida contra el quejoso por el fiscal responsable a la audiencia de pruebas y alegatos ordenado por acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento administrativo P.A.I.275/2015-DGAI, y su ejecución, adoleció de una falta de fundamentación y motivación, que le impidió ejercer debidamente su garantía de defensa. De ahí que para hacer efectivos los derechos de defensa y audiencia del infractor, así como cumplir las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, el acuerdo impugnado debió contener la conducta exacta que se le atribuyó, el examen o exámenes en los cuales resultó no aprobado; así como la apreciación de los medios de convicción que demostraran dicha circunstancia, para lo cual debió tomar en cuenta si estaban previstos en la ley y si eran eficaces para demostrar ese hecho. Pues de lo contrario, el quejoso estaría impedido para ejercer su derecho de defensa, al no permitirle ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación ante el desconocimiento de la conducta particular que actualizó el supuesto jurídico atribuido, así como el acervo probatorio considerado por la autoridad para determinar el inicio del procedimiento administrativo de separación; motivo por el cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se requirió su cumplimiento (fojas 178-179). Mediante proveído de doce siguiente (foja 198), se requirió nuevamente al fiscal responsable la obediencia a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el agente del Ministerio Público Auxiliar de la Mesa III de Investigaciones y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante oficios DGAI-A/5373/2017 y DGAI-A/5336/2017 (fojas 188 y 200), allegó copia certificada de lo siguiente: Auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en el procedimiento administrativo 275/2015-DGAI, en el que dejó insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio DGAI/516/2017, de siete consecutivo (foja 201). Acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que estableció, que ante la negativa de la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza de proporcionarle los exámenes no aprobados por el quejoso, no resultó factible precisarle a éste, el o los exámenes no aprobados, con el propósito de que estuviera en condiciones de oponerse de los mismos y respetar su garantía de audiencia y seguridad jurídica, motivo por lo cual, al encontrarse impedido legal y materialmente, de conformidad con el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo 11/2016, suscrito por el licenciado José Martín Godoy Castro, Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, decretó el sobreseimiento del procedimiento administrativo (fojas 190 a 193). Ahora bien, del examen de las documentales mencionadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que el agente del Ministerio Público Auxiliar de la Mesa III de Investigaciones y Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, ello tomando en cuenta que llevó a cabo la obligación consistente en dejar insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio de siete siguiente, emitidos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P. A. I. 275/2015-DGAI. Luego en otro que dictó -ocho de diciembre de dos mil diecisiete-, al no poder precisar la evaluación o evaluaciones que no aprobó el quejoso -toda vez que no contó con los exámenes no aprobados, que demostraran tal circunstancia-, determinó decretar el sobreseimiento del procedimiento administrativo, lo que hace evidente, que no resultó factible citar al quejoso a la audiencia de pruebas y alegatos. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el dieciocho de diciembre del año inmediato anterior, dejó insubsistente el acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, así como el oficio de siete siguiente, emitidos dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad P. A. I. 275/2015-DGAI. En consonancia con lo anterior, el ocho de diciembre de la anualidad inmediata anterior, en su lugar, dictó una nueva determinación en la que al no poder precisar la conducta imputada al quejoso, esto es, no contó con los exámenes no aprobados, que demostraran tal circunstancia, determinó decretar el sobreseimiento del procedimiento administrativo; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsables no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues, su actuar fue dejar insubsistente una misiva y una resolución, en su lugar, emitir otra, en la que precisara una conducta, es decir, el o los exámenes no aprobados, con los cuales, se demostrara tal circunstancia, luego determinar si era o no procedente iniciar procedimiento administrativo y, por tanto, citar al quejoso a una audiencia. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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