Mauricio Centurión Herrera
Expediente 1432/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mauricio Centurión Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
téngase por recibido y agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual, el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informa que mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, ordenó devolver el exhorto 623/2022-I (número de orden 623/2022-I), del índice de este órgano jurisdiccional, que se giró a fin de notificar al quejoso ******, el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior es así, ya que el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida dicha comunicación oficial y se acordó lo conducente.
- Principal
téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual, el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con motivo de la solicitud formulada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, devuelve el exhorto 623/2022-I (número de orden 623/2022-I), del índice de este órgano jurisdiccional, que se giró a fin de notificar al quejoso *******, el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, dese de baja en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que no fue solicitado. Notifíquese a las partes por medio de lista Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual, el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con motivo de la solicitud formulada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, devuelve el exhorto 623/2022-I (número de orden 623/2022-I), del índice de este órgano jurisdiccional, que se giró a fin de notificar al quejoso ******, el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, dese de baja en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente, toda vez que no fue solicitado.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II, y 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. En ese sentido, se solicita al Juzgado anteriormente mencionado, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva devolver el exhorto en cita, lo anterior a efecto de integrar debidamente el presente expediente.
- Principal
agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Mauricio Centurión Herrera; por medio del cual, desahoga la prevención formulada en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. En ese contexto, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en autos y se provee: Al respecto este juzgado estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo que en su orden, disponen: En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Asimismo, podrá hacer controvertir el acto reclamado como violación procesal, por lo que puede ser combatido mediante diverso juicio de amparo que se interponga en contra de la resolución que en su caso se emita en el recurso ordinario que proceda, si es que es contraria a sus intereses, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues en esas hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Con ello, queda de manifiesto que no se le está privando, a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en diverso amparo indirecto, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. En efecto, la determinación que por esta vía se reclama, en este momento no afecta de manera directa algún derecho sustantivo reconoció por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como: la vida, la libertad, la propiedad, entre otros; en todo caso, dicha violación pudiera considerarse procesal, en torno al papel que las partes van adoptando durante el trámite del incidente respectivo; violación que, incluso, pudiera subsanarse al momento en que sea resuelto, pues pudiera obtener una resolución acorde a sus intereses y, en el supuesto de serle adversa, hacerla valer en la vía y forma conducentes. Al respecto este juzgado estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente 836/2007, por el Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por la que revoca el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, y acuerda de conformidad las peticiones de Alejandro Silva Ortega, en su carácter de apoderado legal de Liliana Silva Ortega, en cuanto a tener por acusada la rebeldía, tener por desierta una prueba y señala fecha para audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia.
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