Mauricio Castro Flores
Expediente 1661/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1661/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mauricio Castro Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de treinta y uno de marzo de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por Mauricio Castro Flores, en su carácter de quejoso, mediante el cual solicita la devolución de documentos respecto de la documental pública presentada y exhibida el diecinueve de agosto de dos mil catorce; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, devuélvanse a la parte quejosa la documental que señala, previo cotejo que con copia certificada se haga de aquellas documentales y recibo de su entrega; en el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realiza el fotocopiado, es de nueve a diez treinta horas, los días lunes, miércoles y viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes. Ahora bien, respecto de la devolución de las documentales que remitieron las autoridades responsables, dígase que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, toda vez que dichas documentales no fueron exhibidas por el quejoso. Por lo que queda a su disposición el presente juicio para el caso de que solicite copias certificadas de las mismas. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificados, el quejoso desahogó dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por consiguiente, debe decirse lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a MAURICIO CASTRO FLORES, contra los actos que reclamó al Coordinador de la Unidad de Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos y Directora de Ejecuciones de Sentencias dependiente de la Dirección General de Reinserción Social del Gobierno del Estado de Morelos, para el siguiente efecto: "Por ello se afirma que la solicitud hecha respecto del otorgamiento del beneficio de la remisión parcial de la pena, se debió remitir por las autoridades responsables al Juez Penal competente, para que determinara si era factible o no conceder al quejoso tal beneficio; sin embargo, al no hacerlo, las autoridades responsables vulneraron en perjuicio del quejoso MAURICIO CASTRO FLORES, las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Federal, por tanto, debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realicen lo siguiente: A) Se deje insubsistente la resolución contenida en el oficio SG/CERS/DGRS/DES/0269-L3/06/2014, de fecha dos de junio de dos mil catorce, dentro del expediente administrativo DGP/1024-96 y, emita otra, en el que determine que quien debe conocer de la petición del quejoso es el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que conoce de la causa penal 150/96, para que éste a su vez, inicie y desahogue el procedimiento legal y se pronuncie sobre si es factible que conceder al quejoso entrar el beneficio de remisión parcial de la pena que MAURICIO CASTRO FLORES, solicitó. Cabe precisar que el resultado de los efectos de la presente concesión, deriva de que el quejoso MAURICIO CASTRO FLORES, conforme a la copia certificada del expediente administrativo DGP/1024-96, se encuentra privado de su libertad compurgando una pena de prisión de diecinueve años. Además, atendiendo a que de la exposición de motivos de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Carta Magna, se aprecia, que las modificaciones constitucionales derivaron, según la expresión de motivos de dicha reforma, como consecuencia de que en las prisiones en México no habían sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tanto dentro de la agenda legislativa como de las políticas de asignación de recursos; que las prisiones eran vistas como un gasto que siempre sería deseable poder economizar y que esa posición provocó que las prisiones se convirtieran en lugares donde sistemáticamente se violaban los derechos humanos de los reclusos, ello, a pesar de que por mandato constitucional se precisaba que los reclusos tienen derecho a la educación, al trabajo y a la capacitación para el mismo, pero que a esa fecha en las prisiones no existían las condiciones necesarias para que los reclusos ejercieran ninguno de esos derechos. Razón por la cual, el constituyente consideró pertinente transformar el sistema penitenciario, para anular que las prisiones permanecieran bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, y por ello, se limitó la facultad del Ejecutivo únicamente a la organización de las prisiones, y otorgó la facultad de ejecutar las sentencias al Poder Judicial; que con esa división se le daría a cada ámbito de poder lo que le corresponde: al Poder Ejecutivo la administración de las prisiones y al Poder Judicial la de ejecutar las sentencias, que implica salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, desviaciones y cumplimiento de los preceptos que en el régimen penitenciario pudieran producirse. Es decir, se reconoce la garantía constitucional de la judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, para que los sentenciados tuvieran oportunidad de defensa y representación en la ejecución de las sanciones penales, con la finalidad de que se protegieran sus derechos adjetivos y se evitara la violación de sus derechos humanos. Motivo por el cual, atendiendo al principio pro homine o pro personae, es que debe aplicarse la interpretación más favorable al quejoso que le permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, y por ello es que se vincula a la autoridad Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que conoce de la causa penal 150/96, para que en cumplimiento de la presente ejecutoria, una vez que tenga conocimiento de la petición del quejoso, de que se le otorgue el beneficio de la remisión parcial de la pena, inicie el procedimiento correspondiente y emita la resolución que corresponda, otorgándole libertad de jurisdicción. " Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil catorce, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En relación a lo anterior, las autoridades responsables comunicaron el cumplimiento dado al fallo protector y para acreditar lo anterior la Directora de Ejecuciones de Sentencias dependiente de la Dirección General de Reinserción Social del Gobierno del Estado de Morelos, remitió copia certificada del auto de cuatro de febrero de dos mil quince, acordado por este juzgado el nueve de febrero del año que transcurre, del cual se desprende que dejó insubsistente la resolución contenida en el oficio SG/CERS/DGRS/DES/0269-L3/06/2014, de dos de junio de dos mil catorce, dentro del expediente administrativo DGP/1024-96, y en su lugar determinó que quien debe conocer de la petición del quejoso es el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; razón por la cual envió el escrito de veintiséis de mayo de dos mil catorce, mediante el cual el quejoso realizó la solicitud correspondiente al citado Juez Penal de Primera Instancia. Asimismo, por auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, se tuvo por recibido la resolución del incidente no especificado sobre la remisión parcial de la pena, dictada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos el diecisiete de marzo de dos mil quince, mediante el cual con libertad de jurisdicción y en atención a la petición del quejoso resolvió sobre la remisión parcial de la pena. Documentales que fueron expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a la cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, de las referidas constancias se aprecia que las autoridades responsables siguiendo los lineamientos la Directora de Ejecuciones de Sentencias dependiente de la Dirección General de Reinserción Social del Gobierno del Estado de Morelos dejó insubsistente la resolución contenida en el oficio SG/CERS/DGRS/DES/0269-L3/06/2014, de dos de junio de dos mil catorce y en su lugar determinó que quien debe conocer de la petición del quejoso es el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, asimismo, esta última autoridad vinculada al cumplimiento con libertad de jurisdicción y en atención a la petición del quejoso resolvió sobre la remisión parcial de la pena; por consiguiente, se concluye que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la misma en tales condiciones, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO; de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de la resolución dictada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, refiriendo que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, en virtud de que de un análisis integral y exhaustivo se aprecia que en la resolución dictada por el referido juez, no se tomaron en consideración diversos puntos que señala en el escrito de cuenta. En atención a su contenido dígase dígasele, que se esté sujeto a lo acordado en párrafos que anteceden, toda vez que el efecto del amparo fue concedido para la autoridad con libertad de jurisdicción dictara la resolución correspondiente sobre la remisión parcial de la pena, por lo que sus manifestaciones escapan de los lineamientos de la sentencia dictada, razón por la cual resulta válido afirmar que la autoridad responsable acató el fallo protector, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del despacho por licencia oficial del Titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 2081/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibido y ordena agregar a los autos el oficio signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual remite de copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil quince, dictada sobre la remisión parcial de la pena. Con el oficio de cuenta y constancias anexas a los mismo, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a las partes en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente, se tiene por recibido el acuse de recibo que antecede, el cual se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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