Mauricio Bravo Berentsen

Expediente 193/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
193/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Mauricio Bravo Berentsen

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. Asimismo, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Eduardo M. Galdós Muñoz, en su carácter de apoderado legal de Mauricio Bravo Berentsen, regístrese bajo el número 193/2018-II-B. Personalidad que acredita y se le reconoce en términos del primer testimonio del instrumento diecisiete mil trescientos setenta (17,370) de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: la sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el toca 504/2017, deducido del juicio sucesorio testamentario a bienes del señor Luis Bravo Tornel y su ejecución. HECHO NOTORIO Ahora bien, tomando en consideración los asuntos que se tramitan ante este Juzgado de Distrito, se advierte como un hecho notorio que el quejoso, por escrito presentado el día veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se turnó el mismo día a este órgano de control constitucional, promovió diverso juicio de garantías el cual quedó registrado bajo el número 1056/2017-II-B. Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Novena Época, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." De la diversa demanda de garantías que obra en el expediente 1056/2017-II-B, que se tramita ante este Juzgado de Distrito, se desprende que el quejoso Mauricio Bravo Berentsen, reclamo de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y del Juez Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, la sentencia dictada en el toca 504/2017, de seis de julio de dos mil diecisiete y la ejecución de la sentencia de seis de julio de dos mil diecisiete. Luego, de las constancias que obran en el diverso sumario de referencia (1056/2017-II-B), se advierte que el doce de septiembre de dos mil diecisiete, este juzgado dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión en su contra, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el número de recurso de revisión 304/2015, quien confirmó la sentencia dictada y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. La autoridad judicial responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada, dejó insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca 504/2017, (acto reclamado), y el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete procedió a dictar nueva resolución a las especificaciones de la superioridad. Así, mediante auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, este órgano federal tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo 1056/2017-II-B. Asimismo, agréguese a los presentes autos copia certificada de la demanda de garantías, sentencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete, testimonio de la ejecutoria de amparo dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y el auto de ocho de los corrientes que tuvo por cumplida la misma; lo anterior, para debida constancia legal. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, visible a página 285, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." DESECHAMIENTO De lo anteriormente expuesto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Así, la finalidad principal que persigue el precepto normativo antes invocado, es evitar que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, atendiendo al principio de cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.C. J/14, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, Núm. 74, Febrero de 1994, Materia Común, registro 213323, página 39, de la voz y contenido: "JUICIO DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO QUE EN EL SE RECLAMA, FUE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDIO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. Acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental, es improcedente el juicio constitucional que se promueve contra una resolución dictada en estricto apego y cumplimiento de la ejecutoria que resuelve el juicio de garantías, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la sentencia que otorga la protección y amparo de la justicia de la unión, porque las cuestiones planteadas en el nuevo juicio ya fueron objeto de controversia y decisión de uno anterior y atendiendo al principio de cosa juzgada debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo." En efecto, este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue, como ya se mencionó, que la misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Sustenta lo anterior, por analogía en su razonamiento, la jurisprudencia XXI.1o. J/15, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro 192185, página 867, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso reclama la sentencia dictada en el toca 504/2017, de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y la ejecución de la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la cual fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete; empero, esta demanda de amparo es notoriamente improcedente en virtud que el acto reclamado deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, ya que no fue dictada con libertad de jurisdicción, pues como se advierte de la referida ejecutoria de este Órgano de Control Constitucional, constriñó a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, le dio lineamientos a la responsable para cumplir con el fallo protector en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca 504/2017, únicamente en la parte relativa a la condena en costas y, 2. Dicte otra en la cual, sin variar el sentido de la resolución pronunciada en cuanto al fondo del recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa, prescinda de condenarlo al pago de las costas en dicha instancia." En consecuencia, en caso de que este órgano federal admitiera a trámite la demanda, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica con ello. Resulta aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 307 del Semanario Judicial de la Federación, Tesis CCLXXVI/2015 (10a.), Decima época, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." En tales condiciones, de conformidad con los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueven Eduardo M. Galdós Muñoz, en su carácter de apoderado legal de Mauricio Bravo Berentsen, DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese.

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