Mauricio Bonilla Candia

Expediente 81/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
81/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2016

Partes del expediente

  • Mauricio Bonilla Candia

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Mauricio Bonilla Candia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, SE DECLARA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a primero de marzo de dos mil dieciséis. Vistos, tomando en consideración que el quejoso Mauricio Bonilla Candia, en su escrito inicial de demanda señaló también como diverso domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el número 355 de la Privada Lomas de Cataviña del fraccionamiento Lomas de la Presa de esta ciudad, por tanto, túrnense los autos a la Actuaria adscrita para que proceda a notificarle el proveído de veintiséis de febrero de la presente anualidad en el domicilio referido con antelación. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California a veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, presentado por MAURICIO BONILLA CANDIA, por su propio derecho, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), sus representantes legales, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente de amparo respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número 81/2016. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el impetrante reclama que de la autoridad mencionada, el que se le pretende desalojar de una propiedad ubicada en Calle Sotero, marcada con el número dos mil doscientos nueve (2209), en Villas Residencial del Rey, Segunda Etapa de esta ciudad, que utiliza como casa-habitación; lo anterior, toda vez que el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), le está haciendo cobros excesivos sobre el crédito que le otorgó en fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, pues considera que ya ha sido pagada la casa habitación de mérito; por tanto, solicita se ponga fin a la controversia y exige la inscripción de su propiedad ante el organismo correspondiente. Lo que considera lesivo a sus garantías consagradas en los artículos 14 párrafos I y II y 16 párrafo I, Constitucionales. Ahora bien, no obstante que se reclaman violaciones a las garantías señaladas con antelación, debe decirse que el juicio de amparo procede únicamente cuando el acto reclamado provenga de una autoridad, y no cuando el conflicto se suscite actuando el ente público como particular, en este caso el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). El acto reclamado es uno de los puntos fundamentales del juicio de amparo y este debe de ser de autoridad; no procede el amparo contra actos de particulares por más que se consideren atentatorios a los derechos fundamentales. Así, los actos reclamados se clasifican en actos de autoridad y actos de particulares; esta distinción encuentra su fundamento en el artículo 103 constitucional, que determina que el amparo sólo procede contra actos establecidos en la fracción I del Código Supremo en cita. El acto de autoridad representa aquella conducta que desarrolla un ente que tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo; es decir realiza una función pública o ejerza una atribución del Estado a través de relaciones propias del derecho público a las que se les denomina relaciones de supra ordenación o subordinación. Es indiscutible que la autoridad que se señala como responsable, podría ser por denominación sujeto pasivo para los efectos del amparo; sin embargo, no lo es respecto de todos los actos que realiza sino sólo de aquellos en los que desempeñe con el propósito o en relación de supra a subordinación; es decir, los que se entablan entre sujetos colocados en planos diferentes, o sea, entre los particulares por un lado, y el Estado por otro en ejercicio de sus funciones de imperio, desplegadas a través de sus diversas dependencias gubernativas. En tal virtud, el acto de autoridad para que sea tal, debe reunir en su ser jurídico los siguientes atributos esenciales: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitiva. Así del estudio integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama el que se le pretende desalojar de una propiedad ubicada en Calle Sotero, marcada con el número dos mil doscientos nueve (2209), en Villas Residencial del Rey, Segunda Etapa de esta ciudad, que utiliza como casa-habitación, lo anterior, en virtud de que el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), le está haciendo cobros excesivos sobre el crédito que le otorgó en fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, respecto de lo cual allegó copia simple del convenio modificatorio de contrato de apertura de crédito simple C-RESE-001, relativo al crédito 0203180637, otorgado a nombre del quejoso por parte de dicho instituto. Ahora bien, partiendo de la premisa que el acto que reclama deriva de la existencia de un contrato de crédito hipotecario, implica que el citado Instituto y el quejoso tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existe entre ellos no corresponde a la de una autoridad para efectos del juicio de amparo y un gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés de ambas partes. Por ende, es evidente que la relación contractual que vincula al quejoso con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no puede desnaturalizarse en función de la reclamación de que se trata, toda vez que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Es decir, actúan en un mismo plano, por lo que, en su caso deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que al rubro establece: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARALOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO" Por tanto, los contratos que celebra la administración pública, es decir, el Estado con personas físicas o morales para asegurar el funcionamiento de un servicio público, guarda analogía con los contratos civiles, de tal manera que entre las partes existen derechos y obligaciones recíprocos e igual situación guardan los contratos o relaciones laborales burocráticas. Por consiguiente, los actos que los órganos estatales emitan frente al particular dentro del ámbito laboral, no son actos de autoridad, ya que se traducirían en un mero incumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas. Sentado lo anterior, en el caso se estima que los actos reclamados precisados en líneas arriba no pueden ser materia de amparo, toda vez que los mismos, constituyen propiamente actos suscitados entre un ente público y, un particular, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor de éste último para adquirir una vivienda, constituyen derechos y obligaciones recíproco, en un plano de igualdad, por tanto, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, ya que el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque al ejecutarlo el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes, por lo que, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no extraña una violación de garantías, de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancias competentes conforme con lo dispuesto en la propia ley que rige al citado Instituto. "En este sentido debe considerarse el contenido del artículo 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del tenor siguiente: "Artículo 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. "El reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo." Por tanto, lo controvertido en esta instancia constitucional no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como se evidenció anteriormente, no se cumple con la primer nota distintiva anotada en párrafos procedentes, que aun tratándose de particular con calidad de autoridad debe cumplir, toda vez que el legislador no hizo distinción al respecto. Es aplicable la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el tomo III, página 347, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Y la jurisprudencia número 16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página doce, que se anota: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de una relación entre particulares, existente entre la institución del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la parte quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado, es inconcuso que no puede ser analizado a través de la vía constitucional, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el diverso 5° fracción II de la Ley en cita; por lo que, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del ídem, por lo que, SE DESECHA DE PLANO la demanda. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, del Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los Órganos, Criterios y Procedimientos Institucionales para la transparencia y acceso a la información Pública para éste Órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Distrito y los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil tres, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, voluntad ésta que deberá manifestarse antes de que se dicte el fallo correspondiente en el presente asunto, en la inteligencia de que se omitirán sus datos personales cuando manifiesten de manera expresa su oposición, asimismo la falta de ésta conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de dato alguno. Finalmente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 segundo párrafo líneas infine a Marco Antonio Gutiérrez, asimismo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Sotero número 2209, fraccionamiento Villas Residencial del Rey, Segunda Etapa de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 17 Constitucional y el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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