Mauricio Avila Saldaña
Expediente 34/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mauricio Avila Saldaña
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA. Como está ordenado en proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el acuerdo de la propia fecha, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***; contra actos de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 19 y 20 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 34/2016-IV; y, fórmese expediente. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Ahora bien, conviene precisar que el acto reclamado por el quejoso lo es la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, que confirmó el auto de formal prisión de seis de septiembre de dos mil quince, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal, con residencia en la Piedad, Michoacán (expediente ahora radicado en el Juzgado Penal de Partido de Pénjamo, Guanajuato); resolución que constituye un acto que implica ataques a la libertad personal del quejoso, dentro de un procedimiento judicial. Hasta el dos de abril de dos mil trece, la característica del acto impugnado permitía al quejoso la promoción del juicio de amparo biinstancial en su contra en cualquier tiempo, pues de acuerdo con la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo vigente hasta esa fecha, este tipo de actos eran excluidos de la regla genérica establecida por el artículo 21 de la misma legislación, que fijaba el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sin embargo, en dicha fecha, dos de abril de dos mil trece, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, por lo que, al haberse presentado la demanda de amparo el día ocho de enero de dos mil dieciséis, le es aplicable ésta, de conformidad con su artículo primero transitorio que prevé: "La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación". Bajo esa tesitura, la nueva legislación de la materia, en relación con el término para la promoción de la demanda establece como una excepción a la regla genérica, aquellos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. En efecto, el numeral 17, dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De la interpretación del numeral transcrito, se advierte con claridad que el término para la interposición del juicio de amparo indirecto, es de quince días, con la salvedad, de entre otras, que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera del procedimiento. Excepción en la cual no encuadra el acto reclamado (resolución dictada el uno de diciembre de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, que confirmó el auto de formal prisión de seis de septiembre de dos mil quince, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal, con residencia en la Piedad, Michoacán (expediente ahora radicado en el Juzgado Penal de Partido en Pénjamo, Guanajuato), pues el diverso artículo 170 de la Ley de Amparo, señala que para efectos del juicio de amparo, el procedimiento penal inicia con el dictado del auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional, figura procesal jurídica equiparable al auto de formal prisión; por ende, debe entenderse que, la resolución que confirma el auto de formal prisión, forma parte de un procedimiento penal. En ese orden de ideas, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de un procedimiento penal, como se advierte de lo narrado por el quejoso en su demanda de amparo, ello conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo 17 antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. En efecto, del citado numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 18 del propio ordenamiento legal, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido. De tal manera que, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla genérica que la presentación de la demanda debe ocurrir en el plazo de quince días, plazo que, debe computarse, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso que nos ocupa, el promovente manifestó en su escrito de demanda de amparo, que le fue debidamente notificada la resolución reclamada, el dos de diciembre de dos mil quince, manifestación que, tiene pleno valor probatorio de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Por lo anterior, se advierte que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que si el propio quejoso señala que la resolución que reclama le fue notificada el dos de diciembre de dos mil quince, entonces, estuvo en posibilidad de impugnarlo dentro del plazo que el precepto legal le otorga; sin embargo, al no haberlo hecho, es evidente que consintió el acto reclamado, toda vez que al día en que presentó su demanda de garantías, esto es, el ocho de enero de dos mil dieciséis, ya había excedido el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. Ello es así toda vez que si dice que le fue notificada la resolución reclamada, el dos de diciembre de dos mil quince, el término de quince días para acudir a la presente instancia constitucional, empezó a correr a partir del día siguiente hábil, es decir, el cuatro de diciembre de dos mil quince y feneció el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre de dos mil quince, por ser inhábiles. De lo que se sigue que si fue hasta el día ocho de enero de dos mil dieciséis, cuando se presentó la demanda que motivó el presente juicio de garantías, como se aprecia de la boleta expedida por la Oficialía de Partes Común Civil, del Partido Judicial de Guanajuato, del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, es de concluirse que la misma es extemporánea, puesto que entre el cuatro de diciembre de dos mil quince y el ocho de enero de dos mil dieciséis, transcurrieron veinticuatro días hábiles, por lo que se corrobora que la demanda fue registrada fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, ya que la misma no fue interpuesta dentro del término legal que marca la ley de la materia. Por otra parte, se advierte que la parte promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no así a ***, ya que no cuenta con el requisito anterior. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello
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