Mauricio Augusto Muñoz Quiroz
Expediente 1141/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mauricio Augusto Muñoz Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase a la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, acusando recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante el oficio **********, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en auto del diecisiete de marzo del año en curso. Acorde con lo anterior, visto el estado de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido, y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó el amparo y protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial por licencia académica del Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/874/2023 del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, del que se desprende que mediante auto del diez de enero del año en curso, se declaró firme la sentencia que negó este juicio de amparo, motivo por el cual es innecesaria la retención de las constancias integradas en el tomo I de pruebas, por tanto, devuélvanse al Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el ordinal 237, fracción I, de la legislación de amparo. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se negó el Amparo y protección de la Justica Federal solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones conducentes. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1141/2022-II, promovido por ***********, por conducto de su apoderada Lorena Bautista Mejía, contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad; ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado que obra en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, de igual manera se tiene como probanzas las constancias remitidas por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe con justificación. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1141/2022-II; y, R E S U L T A N D O: I. Mauricio Augusto Muñoz Quiroz, por conducto de su apoderada Lorena Bautista Mejía, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad. II. En proveído del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, una vez cumplimentadas la prevenciones formuladas, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 1141/2022-II, solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito desechó parcialmente el escrito de demanda, con relación a los actos atribuidos al Ayuntamiento y Presidente Constitucional ambos de Naucalpan de Juárez, Estado de México, proveído que tomó firmeza en el diverso de catorce de noviembre de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 52 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado pertenece a la materia laboral y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual, la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, tuvo por cumplido el laudo emitido en el expediente laboral SAT 1423/2009, y ordenó su archivo. TERCERO. La Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos, por tanto se tienen por ciertos. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, resulta aplicable la jurisprudencia 226, 1a./J. 43/2013 (10a.) con rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Bajo este contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia en el expediente en que se actúa, ni tampoco se hizo valer alguna por las partes en el presente juicio, en consecuencia, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, Registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, se precisa que el disconforme Mauricio Augusto Muñoz Quiroz, sustancialmente aduce que se violan en su perjuicio las garantías de debido proceso y seguridad jurídica, con la emisión del acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, al tener por cumplido el laudo dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, puesto que en esa misma fecha manifestó su inconformidad con el descuento practicado por concepto del impuesto sobre la renta, dado que la autoridad no exhibió constancia alguna de la que se desprendiera con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado el demandado en el juicio de origen. Previo al estudio de la pretensión de la parte quejosa, es pertinente poner en contexto los antecedentes que se desprenden del expediente que allegó la autoridad responsable, valorado con antelación, a saber: Con fecha veinte de octubre de dos mil nueve, Mauricio Augusto Muñoz Quiroz, por su propio derecho, demandó al Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México y/o Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, diversas prestaciones, ante la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, radicándose bajo el número de expediente laboral SAT 1423/2009. Una vez llevado por cada una de sus etapas, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Sala en mención emitió laudo en el cual condeno al cabildo en cita al pago de diversas prestaciones. Con motivo del incumplimiento en el pago de lo condenado, la parte quejosa promovió juicio de amparo, mismo que conoció este órgano constitucional bajo el número 291/2022, el cual le fue concedido y con motivo de esto, la responsable con fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento demando y señaló fecha para la diligencia correspondiente. Con fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, durante el desarrollo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, la demandada exhibió un cheque de caja expedido a favor de Mauricio Augusto Muñoz Quiroz, por la cantidad de $249,571.06 (doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 06/100 moneda nacional), título de crédito con el número 0005744 de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, así como una póliza, CFDI (recibo de nómina) por la misma cantidad, constancia con la cual acreditó la retención del impuesto sobre la renta correspondiente. Dentro la misma diligencia, en uso de la voz, la apoderada de la parte actora se manifestó inconforme con lo antes señalado y solicito se trabara embargo sobre y todas y cada una de las cuentas a nombre de la demanda, por la cantidad dictado en proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, menos la cantidad de $249,571.06 (doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 06/100 moneda nacional), exhibida con el título de crédito número 0005744, dando como resultado la cantidad de $116,201.56 (ciento dieciséis mil doscientos un pesos 56/100 moneda nacional). Con fecha cinco de septiembre del año en curso, Mauricio Augusto Muñoz Quiroz, recibió de conformidad el cheque número 0005744, valioso por la cantidad de $249,571.06 (doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 06/100 moneda nacional). Por acuerdo de cinco de septiembre del año que corre, la responsable emitió un acuerdo en el cual declara cumplido el laudo de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce y ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. Actuación que resulta ser el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Analizado lo anterior, se determina que resulta parcialmente fundado, pero inoperante el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, en el que en esencia aduce que las deducciones realizadas por concepto del impuesto sobre la renta son contrarias a derecho, dado que los conceptos a que fue condenado el demandado no corresponden a indemnizaciones. Lo anterior es así, ya que la demandada en el juicio de origen si exhibió el recibo de liquidación por separado con número de folio NO21-322909 mismo que anexo al escrito con el que hice llegar el cheque con el que dio cumplimiento al laudo, del cual se aprecia que sí se realizó el desglose correspondiente, además dicha actuación no le causa ningún perjuicio al inconforme, ya que la sala responsable carece de facultad para determinar la procedencia o improcedencia de aspectos fiscales, así como para decretar la retención o no de determinado impuesto, siendo que la parte patronal está en aptitud de llevar a cabo la retención respectiva, si a ello lo obliga la legislación fiscal, sin necesidad de que la autoridad laboral lo autorice. En efecto la retención del impuesto sobre la renta, se trata de una obligación de los patrones de actuar como retenedores de impuestos, la cual deviene de la aplicación de las leyes administrativas y no de las leyes laborales; de ahí que no se le causa un perjuicio a la quejosa en sus derechos fundamentales, aun cuando dicha retención no provenga del pago de indemnizaciones laborales, puesto que ello obedece al cumplimiento de obligaciones fiscales que están reglamentadas, cuya aplicación corresponde a la autoridad hacendaria y no a la laboral, ya que el impuesto sobre la renta grava los ingresos de los residentes en México, con independencia de la fuente de riqueza de donde procedan. Resulta ilustrativa a las consideraciones asentadas con anterioridad, la jurisprudencia 4a./J.17/92 sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACIÓN DEL PATRÓN DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACIÓN LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA." Por otra parte, de las constancias del sumario laboral, se desprende que en el laudo dictado en el expediente de origen, se condenó a la demandada a pagar a la actora (aquí quejosa) la cantidad de $365,772.62 (trescientos sesenta y cinco mil setecientos setenta y dos pesos 62/100 moneda nacional), y efectivamente como lo aduce el trabajador sólo recibió el monto total de $249,571.06 (doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y un pesos 06/100 moneda nacional); sin embargo, no debe perderse de vista que la propia demandada refirió que daba esa cantidad, ya que se había retenido el impuesto sobre la renta. Asimismo, del CFDI (recibo de nómina) folio NO21-322909, se desprende el desglose de la deducción por el pago del impuesto sobre la renta relativo al monto de lo condenado. De lo referido se puede apreciar que lo que retuvo la parte patronal fue el impuesto sobre la renta, de ahí que la sala demandada del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje haya precisado en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, toda vez que la parte demandada se encontraba manifestando el desglose del impuesto sobre la renta retenido a la actora, especificando los montos retenidos para tal efecto, y, haciendo constar que no le competía examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, lo procedente era tener por cumplido en su totalidad el laudo emitido con el cheque exhibido por la demandada, lo cual, contrario a lo aducido por la parte quejosa en los conceptos de violación, se estima acertado. Ello, pues en cuanto al tema del Impuesto Sobre la Renta, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo. Ahora bien, una vez determinado el importe líquido de la condena y que el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento de tal condena, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como los montos retenidos por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión; de ahí lo inoperante del motivo de disenso. En este sentido, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN." Por tanto, si la sala auxiliar responsable en auto de cinco de septiembre estimó que estaba pagada la condena líquida del laudo teniendo en cuenta las deducciones de ley, realizando las operaciones aritméticas conducentes para corroborarlo; resulta correcto que se declarara cumplida la resolución de mérito y se ordenara el archivo como asunto concluido al haberse satisfecho la condena del laudo. En relatadas condiciones, al resultar parcialmente fundado, pero inoperante el concepto de violación hecho valer por la quejosa, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79 de la ley de la materia, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por *************. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, en contra del acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe. Doy fe.
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