Mauricio Arrollo Rodríguez
Expediente 224/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2017
Partes del expediente
- Mauricio Arrollo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta mediante el cual la parte quejosa desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de febrero del año en curso, y al efecto informa a este órgano jurisdiccional que le fue entregado el contra recibo de cuenta por liquidar, el cual fue canjeado por el cheque correspondiente por la cantidad de $742,601.97 (setecientos cuarenta y dos mil seiscientos un pesos 97/100 moneda nacional). Atento a lo anterior, resulta pertinente mencionar que el fallo protector se concedió, entre otros, para el efecto de que las autoridades responsables pagaran al quejoso la cantidad de $742,601.97 (setecientos cuarenta y dos mil seiscientos un pesos 97/100 moneda nacional), por concepto de indemnización y demás prestaciones a las que tiene derecho, por el periodo comprendido del uno de enero del dos mil cuatro al quince de abril del dos mil quince. Así, cabe mencionar que mediante escrito con registro de correspondencia 5726 (foja 470 a 472), la parte quejosa manifestó su conformidad con las planillas presentadas por las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, respecto de las cantidades ahí propuestas por el periodo comprendido antes referido. Asimismo, en autos obra copia constatada del Contra recibo de Cuenta por Liquidar Certificada número 100106 a nombre del impetrante (foja 766), del que se advierte que fue recibido por el quejoso el veinte de febrero del año en curso. En el escrito de cuenta el peticionario de amparo manifiesta que recibió el cheque por la cantidad referida, lo que en términos de los artículos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye una declaración expresa admisible en el juicio de amparo, lo que hace que lo manifestado sea prueba plena. Por tanto, tomando en cuenta la temporalidad que media entre el último día del periodo determinado en las planillas de liquidación que obran en autos (quince de abril de dos mil quince) y al en que fue efectuado el pago por la referida cantidad a la parte quejosa (veinte de febrero de dos mil diecisiete), se deduce que hay un periodo para actualizar la citada cantidad el cual comprende del dieciséis de abril de dos mil quince al veinte de febrero de dos mil diecisiete. Lo anterior, ya que para que se entienda cumplida la sentencia de amparo debe pagarse al quejoso la totalidad de las prestaciones comprendidas desde el momento en que se le dejó de pagar y hasta la fecha en que se realizó el pago, a saber, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 617, Septiembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." Atento a lo anterior, dado que el cumplimiento constituye una cuestión de orden público, respecto de la cual la autoridad responsable está constreñida indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos en los términos perentorios de los que dispone, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, debido a que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo vigente y a fin de dar celeridad al proceso de ejecución de la resolución concesoria, REQUIÉRASE a los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia, al Director General de Administración de Personal (responsables), ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que en el plazo de diez días, legalmente computado, presenten ante este órgano jurisdiccional la planilla de cuantificación a favor del quejoso correspondiente a la actualización de la cantidad pagada de $742,601.97 (setecientos cuarenta y dos mil seiscientos un pesos 97/100 moneda nacional), por el periodo del dieciséis de abril de dos mil quince al veinte de febrero de dos mil diecisiete, con las deducciones de ley que correspondan. Apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los ordinales 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con independencia de lo anterior, requiérase al Jefe de Gobierno y al Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de México, para que en su carácter de superiores jerárquicos de la autoridad obligada y vinculada, les ordenen a su subalternos acatar el fallo constitucional, apercibidos que de no demostrar que dieron tal mandato, se harán acreedoras a las mismas medidas de apremio e incurrirán en igual responsabilidad que la autoridad directamente obligada. Por otra parte, en relación con la solicitud del impetrante en el sentido de requerir a la autoridad responsable para que exhiba el desglose y la cuantificación de todas y cada una de las prestaciones que le fueron pagadas, así como los descuentos de ley y las aportaciones a la caja de previsión de la Policía Preventiva, dígasele que dichos datos se encuentran en la planilla de cuantificación, con la cual se le dio vista y manifestó su conformidad. Respecto a girar oficio a la Dirección General de Especialidades Parciales y Documentales de la Procuraduría General de la República, para el efecto de que designe un perito en materia de contabilidad para que determine la cantidad a pagar a la parte quejosa por el periodo dieciséis de abril de dos mil quince al veinte de febrero de dos mil diecisiete, dígasele que no es necesario la intervención de un experto en materia de contabilidad ya que las cantidades a calcular se rigen en tabuladores ya establecidos y por un periodo determinado, con los respectivos descuentos y aportaciones que se utilizaron para emitir la planilla de cuantificación en la cual se determinó la cantidad pagada. Finalmente, atendiendo a la manifestación del impetrante del amparo respecto a la actualización de tres meses y los veinte días por cada año de servicio conforme al nuevo criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicita se requiera a las autoridades responsables dicho pago en esos términos con base en la siguiente tesis inserta: "(.) (.)" Atento a lo anterior, no se desatiende el contenido de tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]."; así como la jurisprudencia XVI.1o.A. J/31 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)"; sin embargo ésta fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el día trece de enero de dos mil diecisiete, es decir, con posterioridad a la fecha en que se inició el trámite del cumplimiento de sentencia de amparo -diecinueve de febrero de dos mil quince-, por tanto, el citado criterio no puede ser aplicado de manera retroactiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Agustín Tello Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con la Secretaria María Elena Moreno García, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta y se tiene a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, interponiendo recurso de revisión; para efectos de su trámite, agréguese una copia de los oficios de expresión de agravios a este expediente así como al cuaderno de antecedentes que al respecto se forme, distribúyanse las otras entre las partes y, una vez que obren en autos la totalidad de las constancias correspondientes, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos al tribunal de alzada y, por separado, los originales de los oficios de expresión de agravios, así como la respectiva copia para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo. ... Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Comuníquese a la superioridad que de las constancias que integran este juicio de amparo se advierte que con antelación a esta fecha no se ha interpuesto otro recurso. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta y se tiene al perito de la parte quejosa rindiendo su dictamen pericial en materia de contabilidad; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al experto por conducto de la solicitante de amparo, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente en el local de este juzgado, con una identificación oficial a ratificar el contenido de la experticia emitida. Se le apercibe que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad legal que le asista, se le impondrá una multa al diestro en contabilidad por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente al perito ***
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