Mauricio Alfonso Moreno Garrido
Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/07/2022
Partes del expediente
- Mauricio Alfonso Moreno Garrido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 160/2022. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: [...] Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el recurso señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. Asimismo, al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo de los diversos anexos que le fueron remitidos, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto en este asunto por la parte quejosa, registrándolo con el toca Q. A. 160/2022; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta, signado por J*******************, apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual, interpone recurso de queja contra el auto de veintinueve de marzo del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 al 102 de la Ley de Amparo, se rinde el siguiente informe justificado: es cierto el acto reclamado, debido que en el juicio de amparo 173/2022, se dictó el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cual se sostiene por sus propias consideraciones, fundamentos y motivos; para el efecto, se remite el escrito original de agravios vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que la Superioridad esté en posibilidad de emitir la resolución correspondiente. Asimismo, se informa al Tribunal Colegiado, que se ponen a su disposición las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de estar en posibilidad de consultarlas y emitir la resolución correspondiente. En virtud de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la mesa de trámite, para que una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado que conocerá del recurso en cuestión, haga disponible el expediente electrónico del presente incidente, lo que hará las veces del envió de los autos. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Se informa al Tribunal que la resolución impugnada es localizable en el portal de intranet. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ***********************, apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual allega información en cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Se levantan reservas Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veinticinco de febrero, cuatro y diez de marzo, ambos del año en curso, se reservó a proveer respecto al contenido del desahogo de prevención realizado por la parte quejosa, así como de los informes solicitados al Banco "BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México", y a la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, hasta en tanto se contara con dichos informes solicitados; circunstancias que ha acontecido, por lo tanto, se procede a proveer en los términos siguientes. Sentido de la determinación. Una vez analizada la demanda de amparo y sus escritos de desahogo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a esta se acompañen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. De igual forma, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. A lo anterior, es aplicable la tesis XXIV.2o.11 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de dos mil diecinueve, Tomo III, página dos mil ciento noventa, de rubro y texto que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así´, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio.". En este punto, cabe precisar que los actos reclamados en esta instancia, son los siguientes: 1. Autoridad o autoridades responsables. De un estudio efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ".Se atribuye al C. Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "3" del Servicio de Administración Tributaria, el embargó de la cuenta número ************** abierta ante la institución de banca múltiple BBVA Bancomer, S.A., tal y como se desprende de las impresiones del portal de Internet. " Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Antecedentes de los actos reclamados. 1. Del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso refiere que mediante resolución contenida en el oficio número *******************, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida por Coordinación de Fiscalización Estratégica dependiente de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, se determinó un crédito fiscal a cargo del quejoso en la cantidad de $***************** por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, multas y recargos, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil dieciocho. 2. El diez de febrero de dos mil veintidós, el quejoso pretendió realizar operaciones financieras (banca electrónica) respecto de su cuenta número **************** abierta ante la Institución de Banca Múltiple BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, sin embargo, ésta se informó electrónicamente que la cuenta se encontraba bloqueada. 3. El diez de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe del BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el cual se especificó que la cuenta bancaria ************** abierta ante la Institución de Banca Múltiple BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, efectivamente presentaba un bloqueo, derivado de un embargo. 4. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, se recibió el informe procedente de la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el cual indicó que dicha administración ejerció facultades de comprobación, como resultado del ejercicio de dichas facultades, se emitió y notificó el oficio *****************, de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que contiene el crédito fiscal determinado a cargo del contribuyente aquí quejoso, por la cantidad de $***************, por motivo de omisión en el pago de la contribución federal: impuesto sobre la renta como sujeto directo por el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal advierte que en relación con las órdenes de inmovilización, congelamiento, embargo, bloqueo, aseguramiento, intervención, de las cuentas bancarias relacionadas con el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, ya que debió impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo a que alude el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que no agotó el principio de definitividad. . Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Al respecto, es oportuno traer al contexto el artículo y fracción invocados, que disponen: . El texto del precepto transcrito, es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasar por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento; d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y, f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, en sesión del veintiocho de enero de dos mil quince, determinó que, cuando se impugnen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley, a fin de generar la modificación, revocación o nulidad. Sobre el tema, la Corte precisó que el artículo 116, del Código Fiscal de la Federación establece que, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación; mientras que el artículo 117, de la misma norma establece la regla general de procedencia del recurso de revocación. En dicho artículo se establecen diversos supuestos que pueden dividirse en dos grupos: a) En el primero, se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa. b) En el segundo, corresponde a otros actos que, sin ser definitivos, sean trascendentales, como aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o, que su monto real es inferior al exigido y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Concluyó el tribunal constitucional que, del contenido de los artículos 121, 127 y 175, del Código Fiscal de la Federación, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación. Por consiguiente, afirmó que ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene al alcance el recurso de revocación o bien, acudir directamente al juicio contencioso administrativo; esto, en virtud de que el recurso mencionado es de naturaleza optativa, en términos del artículo 120, del Código Fiscal de la Federación. Adujo que en ambos casos, esto es, en el recurso de revocación y en el juicio contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo vigente. Finalmente, concluyó que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, interponiendo el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto o bien a través del juicio contencioso administrativo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), publicada en la página 1377, del libro 16, marzo de dos mil quince, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. . Por lo anterior, se considera improcedente el presente asunto, pues en el caso, el quejoso reclama la orden de inmovilización, congelamiento, embargo, bloqueo, aseguramiento, intervención, de la cuenta bancaria siguiente: Número ..... aperturada en Banco BBVA Bancomer Sociedad Anónima. Acto que deriva de los créditos fiscales determinados, por lo que conforme a la jurisprudencia apuntada, puede ser combatido a través de los medios de defensa ordinarios; esto es, a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde puede solicitarse la suspensión de los actos impugnados sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. De igual manera, cabe destacar que en la especie no se actualiza alguno de los otros casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme enseguida se precisa: 1. Cuando el acto carezca de fundamentación. Al respecto, de la copia del oficio reclamado que obra en autos se aprecia que éste contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgado concluya que no carece de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. 2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. De un análisis de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, se advierte que se duele de violaciones que obligarían a este órgano de control de la constitucionalidad a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza esta excepción, dado que, como se vio, los medios ordinarios de defensa procedentes en contra de los actos reclamados se encuentran previstos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 4. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación; en el caso, la parte quejosa no reclamó ley alguna. Así es, en el caso, este juzgado no advierte motivo por el que la quejosa estuviera exenta de agotar el medio ordinario de defensa que, como ya se dijo, es el juicio contencioso administrativo federal. Asimismo, conviene precisar el contenido del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: . Según la disposición de mérito, los particulares pueden acudir al citado medio de defensa a pesar de no estar enterados del contenido del acto que les agravia, lo que en el caso se traduce en que, aun sin conocer el contenido y alcance del acto materia de la esta demanda, el quejoso podía promover la instancia natural. Conclusión. Por lo tanto, se desecha la demanda de amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no agotó principio de definitividad, previo a instar el presente juicio. Notifíquese electrónicamente al quejoso. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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