Mauricio Alejandro Chi Palomo
Expediente 1162/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mauricio Alejandro Chi Palomo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el tres de febrero del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, devuélvase a la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, el audio y video de la audiencias realizada el veinticuatro y veintinueve de octubre de dos mil veinte y la veintiséis de enero del presente año, en la causa penal 86/2020 de su índice, que remitió con su informe justificado que en su momento rindió en el presente asunto.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, y anexo que adjunta, consistente en la copia certificada del audio y video de la audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 86/2020, el cual remite en alcance a su informe justificado. Ahora, visto nuevamente el informe justificado rendido por la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, y anexos que acompañó, los cuales fueron agregados a estos autos en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, y el oficio de cuenta, al que adjuntó copia certificada del audio y video de la audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 86/2020, del que de su reproducción (minuto 11:09) se advierte que el veintiséis de enero del año en curso, la autoridad responsable celebró la audiencia pública en la que se aprobó la suspensión condicional del proceso, solicitada por la denunciante Lourdes Margarita Hoil Alvarado, tercera interesada, y Mauricio Alejandro Chi Palomo, aquí quejoso, en autos de la causa penal 86/2020, lo anterior con base en los numerales 192, 193, 194 y 195 del Código Nacional del Procedimientos Penales, suspensión condicional del proceso que fue aprobada por el plazo de un año, debiendo fenecer el día veintiséis de enero de dos mil veintidós, comprometiéndose el imputado, aquí quejoso, a cumplir con las condiciones previstas en las fracciones I, II, VII y XII, del artículo 195 de la aludida legislación, consistentes en: I. Residir en lugar determinado, siendo este en el Centro de Reinserción Social de Mérida. II. Dejar de frecuentar determinados lugares y personas, siendo este el lugar de los hechos, predio número Cuatrocientos nueve, de la calle Veintitrés letra "A" por la calle cuatro y cuatro letra "A" del fraccionamiento San Pedro Noh Pat, Kanasín, Yucatán, así como no acercarse a la víctima y testigo en un radio de quinientos metros. VII. Contar con un trabajo o empleo en el Centro de Reinserción Social de Mérida. XII. Abstenerse de viajar al extranjero. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, es decir, el auto de vinculación a proceso, dictada en su contra por el delito de lesiones. En consecuencia, procede el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, cuyo rubro indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, emitido en su contra por el delito de lesiones, en autos de la causa penal 86/2020, se estima que ha operado la causal de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La causa de improcedencia prevista en el numeral transcrito, no amerita mayor interpretación, pues de su literalidad se evidencia que, para que se actualice, es necesario que el quejoso exprese su consentimiento con el acto reclamado. En el caso, como se destacó en el considerando segundo, el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso que se emitió en su contra el veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el delito de lesiones, en autos de la causa penal 86/2020. Luego, de las constancias que la Jueza de origen remitió en alcance a su informe justificado, consistente en el oficio número 128/2021, de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se advierte que en audiencia de esa propia fecha, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así, de la reproducción del audio y video de cuenta, remitido por la Jueza responsable, se advierte que en audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, celebró la audiencia pública relativa a la aprobación de la suspensión condicional del proceso, solicitada por las partes, la denunciante Lourdes Margarita Hoil Alvarado, tercera interesada, y Mauricio Alejandro Chi Palomo, aquí quejoso, en autos de la causa penal 86/2020, lo anterior, por el plazo de un año, contados a partir de esa fecha, debiendo fenecer el veintiséis de enero de dos mil veintidós y comprometiéndose el imputado, aquí quejoso, a cumplir con las condiciones previstas en las fracciones I, II, VII y XII, del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como su consecuencia directa, se suspendieron los plazos para la prescripción de la acción penal del delito, de conformidad con el artículo 199, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva, que en su momento le fue impuesta al quejoso, de conformidad con el artículo 179, del Código en comento. Así las cosas, de la audiencia celebrada el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se evidencia que en la causa penal 86/2020, las partes accedieron a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo de la suspensión condicional del proceso por el plazo de un año, y en consecuencia suspendió la medida cautelar impuesta en su momento al aquí quejoso (prisión preventiva), y en su lugar se impusieron determinadas condiciones. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia examinada, entrañando el consentimiento del acto reclamado, toda vez que el quejoso expresó su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas. Situación que pone de manifiesto la aceptación de los hechos materia de la imputación y de las bases jurídicas del auto de vinculación a proceso o que, al menos, no las cuestionó, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito, a cambio de evitar la imposición de una pena privativa de la libertad personal. Luego, si conforme a los artículos 184, fracción II, 191, 199, segundo párrafo y 485, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso constituye una salida alterna de solución al conflicto penal que como mecanismo de justicia restaurativa está basado en reparar el daño causado por el imputado mediante el pago y cumplimiento de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuyo eventual cumplimiento genera la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa. Es incuestionable que el quejoso, al haber promovido juicio de amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso, y con posterioridad a su emisión, en su calidad de imputado accedió a una salida alterna mediante la suscripción de la suspensión condicional del proceso dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, lo que da como resultado que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, página 461, registro digital 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia que se analizó, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado al , y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado a la tercero interesada XXXXXXXXXXXX, en proveído de once de diciembre de dos mil veinte, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse a la referida tercero interesada, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y de los mismos se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio 22400/2020, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín; en consecuencia, a fin de permitir que tenga oportunidad de conocer de la demanda de amparo, así como la debida anticipación el contenido del informe justificado que obra en autos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la citada tercero interesada, el informe justificado de mérito, para que en el término que señala el mencionado artículo manifieste lo que a derecho corresponda; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, toda vez que hasta la presente fecha no obra el acuse de recibo correspondiente al oficio 22400/2020, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, en el que se le hizo de su conocimiento de la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, requiérase vía estafeta a la citada parte tercero interesada, para que de inmediato y por la misma vía informe a este órgano jurisdiccional la fecha y hora en que recibió la comunicación oficial de referencia. Apercibida que de no hacerlo con la inmediatez requerida, se le impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, con anexos consistentes en la copia autorizada en cuarenta fojas útiles, de las constancias que integran la causa penal 86/2020 del índice de ese órgano jurisdiccional, entre las que se encuentra el índice cronológico del desarrollo de la audiencia oral que constituye el acto reclamado y copia autorizada del audio y video de la audiencia inicial realizada el veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, en la referida causa penal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida la prueba documental y el disco óptico, para ser relacionados en la audiencia constitucional relativa y sin que sea necesario una audiencia especial de conformidad con la jurisprudencia titulada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Ahora, toda vez que de las constancias que la Jueza responsable acompañó a su informe de cuenta se advierte que le recae el carácter de tercero interesada a Lourdes Margarita Hoil Alvarado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, y atendiendo a que de las constancias referidas, aparece que la nombrada tercero interesada, tiene como domicilio el ubicado en la calle veintitrés "A", número cuatrocientos nueve, entre cuatro y cuatro "A", del fraccionamiento Palmas de San Pedro Noh Pat de Kanasín, Yucatán; en consecuencia, dado que el referido domicilio de la tercero interesada se encuentra fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 28, fracción II, último párrafo, por tratarse de una zona conurbada, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el citado domicilio, y haga saber a dicha tercero interesada, el contenido de este acuerdo y la admisión de la demanda que nos ocupa, adjuntándole copia simple de ella, haciéndole saber que puede comparecer a este juicio con tal carácter, si a sus intereses conviniere, previniéndole para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les hará por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Lo anterior, en el entendido que el fedatario de la adscripción, deberá tomar todas las medidas de cuidado necesarias en el desahogo de la diligencia, para salvaguardar su salud y la de la persona con quien practique el llamamiento a juicio; lo anterior, con motivo de la pandemia ocasionada por virus SARS-COVID19. Comuníquele además la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional, la cual está señalada para tener verificativo el SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS. Por otra parte, toda vez que en proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se reservó acordar lo relativo al emplazamiento del Asesor Jurídico Público de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad, a quien la parte quejosa señala como tercero interesado en su demanda de amparo, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, lo cual ya aconteció; sin embargo, esta Juzgadora considera que no le recae el carácter de tercero interesado, al no actualizarse ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 5° de la Ley de Amparo para ello, toda vez que no es contraparte del quejoso; por tanto, no se tiene en el presente juicio de amparo como tercero interesado al señalado. De igual forma, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que en audiencia de veintinueve de octubre del año en curso, se comprueba la personalidad de Edwin Daniel Martínez Carrillo como defensor particular del quejoso; por tal motivo, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce al nombrado Martínez Carrillo, la personalidad de defensor del aquí quejoso. Finalmente, téngase como dirección de correo electrónico de contacto de la autoridad responsable, el señalado en su informe de cuenta, mientras dure la contingencia; ello, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía.
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