Maurice Edwin Munro Villanueva

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Maurice Edwin Munro Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    II. MESA Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de once de enero de dos mil veintiuno, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo 649/2019-VIII, promovido por Rafael Domingo Briceño Pinzón, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por estimarlo violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Rafael Domingo Briceño Pinzón promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de quince de mayo de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto que proviene donde el suscrito resolutor ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: - De la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la sentencia de segunda instancia de veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 281/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso Rafael Domingo Briceño Pinzón, en la que confirmó el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017 de su índice, en la que declaro que no ha lugar al pago por compensación y la adjudicación que solicita del predio número doscientos noventa y ocho, de la calle veinticinco letra B, del Fraccionamiento La Florida, de esta ciudad. Tercero. Actos existentes. La Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su informe justificado aceptó la certeza del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la nombrada responsable como justificación de sus actos, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que el mismo deba considerarse existente. Cuarto. Conceptos de violación. No existiendo causal de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose alguna de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda, mismos que por economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Jurisprudencia, Materia(s): Común, consultable en la página 830, Registro IUS número 164618. Quinto. Análisis de fondo. Son infundados e inoperantes los motivos argüidos por la parte quejosa, como se demostrará a continuación. En primer lugar, y para una mayor comprensión del presente fallo, resulta necesario realizar una breve síntesis de los antecedentes destacados del acto reclamado. 1. El quince de septiembre de dos mil diecisiete, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017, en contra de José Luis Rejón Enriquez (como deudor principal) y Elía Esther Herrera Ayala (como aval), condenándolos al pago de prestaciones reclamadas, la cual causó ejecutoria el veinte de octubre de dos mil diecisiete. 2. El catorce de noviembre de dos mil diecisiete se aprobó la planilla de liquidación formulada por la parte actora, aquí quejoso. 3. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se celebró el remate en pública subasta y primera almoneda respecto del predio número doscientos noventa y ocho, de la calle veinticinco letra B, del Fraccionamiento La Florida, de esta ciudad, en el cual resultó adjudicatario, la parte actora, hoy quejoso. 4. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se aprobó el remate en pública subasta y primera almoneda del predio en cuestión, a favor de la parte actora, aquí quejoso, por la suma de $633,000 (seiscientos treinta y mil pesos, sin centavos, moneda nacional). 5. Por escrito de veinte de agosto de dos mil veinte, la parte actora, hoy quejoso, solicitó al Juez natural se sirviera decretar el pago por compensación y se le otorgara escritura de propiedad del predio en cuestión. 6. El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017 de su índice, declaro que no ha lugar al pago por compensación y la adjudicación que solicita del predio número doscientos noventa y ocho, de la calle veinticinco letra B, del Fraccionamiento La Florida, de esta ciudad. 7. Inconforme con lo anterior el actor, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017 de su índice, el cual el dieciséis de enero de dos mil diecinueve fue admitido por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 8. La Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en sentencia de segunda instancia de veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 281/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso Rafael Domingo Briceño Pinzón, en la que confirmó el referido auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, se procede al análisis de los conceptos de violación que aduce esencialmente la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales son los siguientes: Que se viola en su perjuicio las garantías de legalidad seguridad y libertad que se encuentran protegidos y tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución, en virtud de que la resolución reclamada carece de un debido estudio de las constancias, antecedentes y agravios ofrecidos por el ahora quejoso con una ausencia de fundamentación, afectándose su esfera jurídica y la patrimonial. Que resulta inexacta la aplicación del artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que es indebido no concederle la escritura de adjudicación del predio rematado, así como exigir el precio del remate, el cual ya fue exhibido en la forma que se aceptó en el acto de remate expresado en su postura calificada de legal, toda vez que como establece dicho precepto, en la naturaleza del remate, el financiamiento y la adjudicación se confirman en la audiencia del mismo y habiendo quedado firme dicho acto por medio de la declaración de la ejecutoria, resulta en contra derecho que se le niegue el otorgamiento de su escritura, ya que se encuentra en la etapa procesal oportuna. Que se le viola el debido proceso, ya que el acreedor hipotecario siendo éste el Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera Santander México, compareció en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017, manifestando que dicho crédito fue cedido a Macuilli Calpulli Resolución de Carteras, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, siendo que dicha cesionaria no cumplió con lo establecido en el artículo 390 del Código de Comercio, por lo que dicho acreedor no tiene interés alguno de reclamar derecho o cantidad alguna. Además que se le viola el debido proceso ya que la referida institución bancaria fue debidamente notificada del remate en pública subasta y primera almoneda de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017, por lo que ha transcurrido en demasía el término establecido en el artículo 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la misma no ha comparecido por la vía correspondiente. Que el oficio de gravámenes emitido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, no funge como prueba o medio idóneo para confirmar el adeudo, exigibilidad y vigencia de los gravámenes u anotaciones, toda vez que existe el momento procesal oportuno para exhibir el precio del remate, siendo por medio de la tercería excluyente de preferencia y no como lo quiere hacer valer la autoridad responsable en la resolución de segunda instancia, en la cual afirma que el producto del remate será empleado para el pago del acreedor hipotecario preferente por el simple hecho de existir una anotación plasmada en el oficio de gravámenes emitido por dicha institución. En cuanto al primer, segundo y tercer concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, son infundados, acorde a lo que dispone el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: Respecto al primer argumento, debe puntualizarse en qué consiste el derecho fundamental a la seguridad jurídica, contemplado en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consiste en que la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la constitución y en las leyes, entre los que se encuentran el que el acto de molestia debe constar por escrito, provenir de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. Sin embargo, en el caso no se advierte que esa garantía haya sido vulnerada en perjuicio del quejoso, por el acto reclamado a la autoridad responsable. Esto es así, en virtud de que la resolución de segunda instancia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca 281/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Rafael Domingo Briceño Pinzón, en la que se confirmó el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se declaró improcedente la solitud de pago por compensación previniéndosele que exhibiera el precio del remate celebrado en dichos autos, cumple con las formalidades de las que todo acto autoritario debe ser revestido; en razón de que consta por escrito, fue emitido por autoridad competente y sí se encuentra debidamente fundado y motivado. En cuanto a la fundamentación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. A su vez, por motivación se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado, y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Sobre esos aspectos, de las constancias remitidas por la sala responsable con su informe justificado, valoradas positivamente en el apartado de existencia del acto reclamado, se advierte que emitió la resolución reclamada, por lo que no adolece de falta de fundamentación y motivación ya que fueron citados los preceptos legales que la sustentan, se realizó una exposición clara y concreta de las circunstancias, razones o causas inmediatas que la generó, y existe adecuación entre los motivos aducidos y los preceptos legales aplicables al caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 204, de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Po lo que respecta al segundo y tercer argumento, es de señalarse que no le asiste la razón al aquí quejoso, ya que aun cuando se haya calificado de legal su postura, no le exime de exhibir el precio del remate, pues así lo dispone el numeral 494 del Código Federal de Procedimientos Civiles, máxime que de conformidad con el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando los bienes estuvieren sujetos a diversos embargos, cualquier embargante puede llevarlos a remate, pero sólo se le pagará el importe de su crédito después de haber sido pagados los acreedores preferentes, lo cual se robustece con el artículo 478 de la referida legislación, en el que establece la obligación de los acreedores a quien se adjudique la cosa de reconocer a los acreedores hipotecarios anteriores, sus créditos, hasta donde baste a cubrir el precio de adjudicación, para pagárselos al vencimiento de sus escrituras. Por ende contrario a lo sostenido por el aquí quejoso no resulta dable ordenar la escrituración del predio rematado solo por el hecho de haber sido calificado de legal su postura, sino para que se lleve a cabo tiene que pagar el precio del remate. Es menester tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 469, 470, 471, 472, 473 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, mismos que regulan las ventas judiciales, y disponen lo siguiente: "ARTICULO 469. Todo remate de bienes inmuebles, semovientes y créditos será público, y deberá efectuarse en el local del tribunal competente para la ejecución, dentro de los veinte días siguientes a haberlo mandado anunciar; pero en ningún caso mediarán menos de cinco días entre la publicación del último edicto y la almoneda. Cuando los bienes estuvieren ubicados fuera de la jurisdicción del tribunal, se ampliarán dichos términos por razón de la distancia, atendiendo a la mayor, cuando fueren varias. ARTICULO 470. Si los bienes no estuvieren valuados anteriormente, o si los interesados no hubieren convenido precio para el caso de remate, se procederá al avalúo por peritos, observándose las disposiciones relativas a la prueba pericial. ARTICULO 471. Cuando el ejecutado no hubiere hecho el nombramiento de perito valuador en el término legal, puede el actor solicitar que el tribunal lo nombre en rebeldía, o que se pida certificado a la Oficina de Contribuciones o al Catastro, respecto al valor de la finca, y éste servirá de base para el remate; pero, si en dichas oficinas no hubiere la constancia respectiva, el tribunal, sin nueva promoción, hará el nombramiento de perito. ARTÍCULO 472. No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido, al Registro Público correspondiente, un certificado total de los gravámenes que pesen sobre ellos, hasta la fecha en que se ordenó la venta, ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan de dicho certificado. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al Registro, el relativo al período o periodos que aquél no abarque. ARTÍCULO 473. Los acreedores citados conforme al artículo anterior y los que se presenten con certificados del registro posteriores, tendrán derecho de intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer, al tribunal, las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos, y apelar del auto en que se finque el remate; pero sin que su intervención pueda dar lugar a que se mande suspender la almoneda." Los preceptos que anteceden regulan las ventas judiciales que son procedimientos de "ejecución forzada", que tienen lugar cuando el obligado no satisface voluntariamente su obligación después de haber sido condenado a su cumplimiento en una sentencia que ha causado ejecutoria. Tienen como finalidad asegurar la eficacia de las sentencias de condena, a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. El procedimiento de remate consiste, esencialmente, en lo siguiente:  Los bienes embargados deben ser valuados -en caso de que no exista un acuerdo previo respecto del precio base para el caso de remate-.  El Juez debe solicitar que se exhiba un certificado de gravámenes sobre los inmuebles sujetos al procedimiento y, citar a los acreedores que aparezcan en dicho certificado, quienes podrán intervenir en el procedimiento y hacer las observaciones que estimen oportunas.  Se debe anunciar la venta de los bienes en el Diario Oficial de la Federación y en la tabla de avisos del tribunal.  Se deben celebrar una o varias almonedas para recibir las posturas legales, con los requisitos que se hayan establecido en la convocatoria.  El día del remate se revisan las propuestas desechando las que no contengan postura legal o no estén debidamente garantizadas, se da lectura a las posturas para que los interesados puedan mejorarlas, se declara procedente la de mayor cantidad, y si dos o más son de la misma cantidad, la que esté mejor garantizada.  Declarada preferente una postura, se declara fincado el remate.  Una vez pagado el precio, se otorga la escritura correspondiente, de ser necesario, incluso en rebeldía del titular de los bienes. Asimismo, conviene destacar que durante el procedimiento de remate, el Juez debe ordenar que se solicite y se exhiba un certificado de libertad de gravámenes del inmueble sujeto a remate, emitido por el Registro Público de la Propiedad, y si no lo obtiene, no es posible iniciar el procedimiento de remate. Ahora bien, es importante señalar que en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 331/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó los artículos 472 y 473 citados, y consideró que la finalidad de obtener el certificado de gravámenes, consiste en que el Juez y las partes tengan conocimiento de la existencia de otros acreedores con derechos sobre la finca embargada, y para no dejarlos en estado de indefensión, deben ser llamados al procedimiento para que hagan valer lo que consideren pertinente para garantizar su derecho, entre otras cuestiones, pueden asegurarse que el inmueble sea valuado adecuadamente, con la finalidad de preservar su valor económico. Asimismo, el Máximo Tribunal del País estableció que la razón primordial por la que resulta imprescindible obtener el certificado de gravámenes del inmueble, es porque permite conocer si existen acreedores con derechos preferentes sobre el inmueble, esto es, que tengan derecho a cobrarse con el valor del inmueble antes que el acreedor que está solicitando el remate, dentro de los cuales están los acreedores hipotecarios, si es que la hipoteca fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad con anterioridad al embargo o gravamen que dio lugar al procedimiento de remate. Consideró que esas reglas se encuentran dirigidas a proteger a los acreedores preferentes en los procedimientos de remate. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que si el Juez es el rector del proceso, debe exigir que se solicite y exhiba el certificado de gravámenes para iniciar el procedimiento de remate, y una vez identificados los acreedores hipotecarios anteriores, en su caso, debe llamarlos al procedimiento para que defiendan sus derechos y, una vez fincado el remate, debe asegurarse que se ponga a disposición de los acreedores hipotecarios preferentes, el monto que el comprador o adjudicatario haya pagado por la compraventa judicial del inmueble, hasta donde alcance; y ello tendrá como consecuencia que la hipoteca se extinga. En esa misma ejecutoria el Máximo Tribunal del País precisó que uno de los principios del remate judicial, es el de "mayor beneficio para todas las partes involucradas", lo que se traduce entre otras acciones, en que el juzgador que lleva a cabo la venta judicial debe intentar que el precio en el que se finque el remate sea lo más elevado posible, en el menor tiempo posible; ya que, de lo contrario, si el remate se prolonga más de lo necesario, el valor del bien inmueble es susceptible de reducirse en cada almoneda. La ejecutoria de que se viene hablando dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 62/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Materia(s): Civil, Página: 1624, se señala lo siguiente: "VENTA JUDICIAL DE UN INMUEBLE HIPOTECADO. LA EXPRESIÓN "A MENOS DE ESTIPULACIÓN EXPRESA EN CONTRARIO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2325 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SE REFIERE AL CASO EXCEPCIONAL EN QUE EL ADJUDICATARIO DEL INMUEBLE Y EL VENDEDOR PACTAN QUE LA HIPOTECA NO SERÁ CANCELADA. De los artículos 2325 y 2941, fracción V, del Código Civil Federal deriva que, como regla general, en las ventas judiciales el inmueble pasa al comprador libre de gravamen, salvo estipulación expresa en contrario, lo cual es conveniente para salvaguardar el valor económico del bien en beneficio de todas las partes involucradas, ya que el hecho de que la hipoteca siga gravando al inmueble que va a rematarse, traería como consecuencia una notable disminución tanto en las ofertas de compra, como en el precio ofrecido por el inmueble. Sin embargo, lo anterior no implica que por el mero hecho de que el bien inmueble hipotecado sea rematado, la hipoteca deba extinguirse, independientemente del pago de la obligación garantizada, pues en las reglas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles para el remate judicial, se prevén ciertos mecanismos que tienden a proteger los intereses de los acreedores preferentes, entre los cuales está la obligación del Juez de ordenar que se solicite al Registro Público de la Propiedad un certificado de libertad de gravámenes del inmueble sujeto a remate, como presupuesto para el inicio del procedimiento. De manera que si de dicho certificado se desprende que existe un acreedor hipotecario preferente, porque la hipoteca fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad con anterioridad al embargo o gravamen que dio lugar al procedimiento de remate, el Juez, como rector de éste, debe asegurarse de que el precio que se obtenga en ese procedimiento por la venta del inmueble se destine, en primer lugar, al pago de los créditos hipotecarios preferentes, atendiendo a la fecha de su registro; en el entendido de que el comprador o adjudicatario sólo está obligado a pagar el monto en que se fincó el remate, aun cuando dicha cantidad no sea suficiente para cubrir el saldo insoluto del crédito garantizado con la hipoteca. De ahí que la expresión "a menos de estipulación expresa en contrario", contenida en el artículo 2325 del Código Civil Federal, se refiere al caso excepcional en que el adjudicatario del inmueble y el vendedor pactan que la hipoteca no será cancelada, lo que demuestra que es irrelevante que dicho pacto no esté en el contrato de hipoteca ni en el certificado de gravámenes, pues no puede tratarse de un pacto entre el acreedor y el deudor hipotecario, que excluya el consentimiento del adjudicatario, quien sería el afectado principal; además de que el requerir que dicho pacto conste en el contrato de hipoteca constituye una formalidad innecesaria, que desconoce que el derecho de persecución que tiene el acreedor hipotecario respecto de la cosa deriva de la propia naturaleza del derecho real, el cual sólo cede, en caso de una venta judicial, si el pago recibido por el remate se afecta al pago de la obligación garantizada por la hipoteca". Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a. CV/2016 (10a.), sustenta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016 Tomo II, Materia(s): Civil, Página: 1137, Décima Época, registro 2011435, se señala lo siguiente: "REMATE. EL JUEZ DEBE CERCIORARSE DE QUE SE LLAME AL PROCEDIMIENTO A LOS ACREEDORES PREFERENTES DE UN BIEN HIPOTECADO Y DE QUE EL MONTO OBTENIDO SE AFECTE AL PAGO DE LOS CRÉDITOS PREFERENTES. El juez, como rector del proceso, debe exigir que se solicite y exhiba el certificado de gravámenes para iniciar el procedimiento de remate. Una vez identificados los acreedores hipotecarios anteriores, en su caso, debe llamarlos al procedimiento para que defiendan sus derechos y, fincado el remate, debe asegurarse de que se ponga a disposición de los acreedores hipotecarios preferentes el monto que el comprador o adjudicatario haya pagado por la compraventa judicial del inmueble, hasta donde alcance; lo cual tiene como consecuencia que la hipoteca se extinga. En efecto, si el derecho real de hipoteca tiene por objeto garantizar el pago de la obligación principal con el valor del inmueble hipotecado, una vez que éste ha sido rematado y el valor obtenido por su venta aplicado o puesto a disposición del acreedor hipotecario, la hipoteca debe extinguirse, pues ha cumplido con su propósito. En cuyo caso, el juzgador debe ordenar al acreedor hipotecario la cancelación de la hipoteca y de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Lo cual es conveniente para salvaguardar el valor económico del bien que está siendo ejecutado, pues si el inmueble se transmite sin hipoteca, mayor será su valor, mayores posibilidades se tienen de cubrir los créditos preferentes, y de alcanzar también a cubrir el crédito de quien solicita la ejecución, e incluso de que quede algún remanente para el deudor. La obligación de entregar al acreedor hipotecario la cantidad obtenida por el remate del inmueble hipotecado deriva de los artículos 478 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 2910 del Código Civil Federal; consecuentemente, la extinción del derecho real de hipoteca en los procedimientos de remate obedece a que el precio obtenido por la compraventa y adjudicación del bien inmueble hipotecado se afecta al pago de la obligación principal garantizada con la hipoteca y, por tanto, no es una consecuencia automática del remate". De lo hasta aquí expuesto, es dable señalar que las consideraciones del Máximo Tribunal del País, permiten obtener dos conclusiones: la primera, consiste en que las disposiciones sobre el procedimiento de remate contemplan un apartado específico que tiene como finalidad proteger a los acreedores preferentes, y la segunda, es que en los casos donde existan acreedores preferentes, el Juez, como rector el proceso debe asegurarse de que el precio que se obtenga en ese procedimiento por la venta del inmueble, se destine, en primer lugar, al pago de los créditos hipotecarios preferentes. En relación, con lo anterior, es necesario traer a colación lo establecido en el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, que se refiere a la forma en la que debe destinar el juez, el pago realizado durante las ventas judiciales. "ARTICULO 500.- Cuando los bienes estuvieren sujetos a diversos embargos, cualquier embargante puede llevarlos a remate; pero sólo se le pagará el importe de su crédito después de haber sido pagados los acreedores preferentes, cuando ya hubiere sentencia firme que defina sus créditos, o reservada la cantidad necesaria para cubrir principal, intereses y costas de dichos créditos preferentes, en caso de que aún no haya sentencia. El sobrante líquido se entregará al ejecutado, o se pondrá a disposición del tribunal que corresponda, si hubiere embargos posteriores." El precepto que antecede establece que cuando un bien se encuentra embargado, en diversos procedimientos, cualquier embargante puede sacarlo a remate. Asimismo, con el importe que se obtenga del producto de la venta judicial, podrá pagarse al ejecutante, siempre y cuando, previamente se haya pagado a los acreedores preferentes. Cabe señalar que el citado precepto dispone que para que se actualice éste último supuesto, los acreedores preferentes deberán contar con una sentencia firme a su favor que defina su crédito o bien si no cuentan con una sentencia firme, entonces, el juez deberá reservar la cantidad necesaria para cubrir principal, intereses y costas de dichos créditos preferentes. Por otra parte, es necesario precisar que éste último supuesto se refiere a la hipótesis en el que el acreedor preferente no tiene una sentencia firme que defina su crédito, sin embargo, ello no es obstáculo para acreditar la existencia de un crédito preferente, pues cabe citar por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 14/2011 en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de la tercería excluyente de preferencia la ley no condiciona la procedencia de la misma a que la documental exhibida deba ser necesariamente una sentencia judicial previa en la que se haya condenado al pago del crédito que se reclama preferente, ya que la preferencia del crédito es una cualidad que le atribuyen al derecho las propias disposiciones sustantivas. La referida jurisprudencia 1a./J. 14/2011, se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Civil, Página 421, y señala lo siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA. SU PROCEDENCIA NO REQUIERE DE SENTENCIA JUDICIAL PREVIA EN LA QUE SE HAYA CONDENADO AL PAGO DEL CRÉDITO PREFERENTE. La determinación del mejor derecho no deriva de que éste sea indubitable -como lo es el que proviene de una sentencia-, sino de la propia naturaleza del crédito, ya que la preferencia del crédito es una cualidad que le atribuyen al derecho las propias disposiciones sustantivas. Por tanto, la ley no condiciona la procedencia de la tercería excluyente de preferencia a que la documental exhibida deba ser una sentencia judicial en la que se haya condenado al pago del crédito preferente, pues una cosa es determinar -con base en la documental y pruebas exhibidas- si el crédito existe y es exigible, para lo cual no se requiere contar con dicha sentencia, y otra distinta es que se haya condenado a su pago y que, por tanto, esta obligación a favor del acreedor sea indubitable por virtud de la sentencia." De la anterior jurisprudencia y su ejecutoria se aprecia, que el máximo tribunal del País consideró que no tendría porqué condicionarse la determinación de la preferencia de un crédito a que haya existido previamente un juicio en el que se haya condenado al pago de dicho crédito, puesto que una cosa es determinar si el crédito existe y es exigible, para lo cual no se requiere contar con una sentencia, y otra cosa es que se haya condenado a su pago y que, por tanto, la obligación de pago a favor de dicho acreedor sea indubitable; por tanto, estableció, que eso se puede resolver con base en otras pruebas documentales, sin que necesariamente deba tratarse de una sentencia judicial. En ese orden de ideas, resulta acorde a derecho la resolución de segunda instancia que confirma el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 599/2017, al no haber accedido a la compensación de pago solicitada por la parte acreedora del juicio de origen, ante la existencia de un acreedor preferente, con motivo de una hipoteca a favor de la institución bancaria Banco Santander (México), Spciedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera Santander México, con fecha de registro de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, data anterior a la del embargo registrado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. En efecto, del certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, relativo al predio número doscientos noventa y ocho, de la calle veinticinco letra B, del fraccionamiento La Florida de esta Ciudad de Mérida, se aprecia que consta un gravamen hipotecario a favor de la aquí tercero interesado y a cargo de la demandada, inscrito el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres, anterior al embargo trabado en el juicio de origen, que fue inscrito el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; por tanto, de lo anteriormente considerado en relación con los artículos 2,976 y 2,981 del Código Civil Federal aplicables supletoriamente al Código de Comercio, se observa el orden en que deben pagarse los créditos, y de dichas disposiciones, se advierte que entre los créditos privilegiados se encuentran los créditos con garantía real, los cuales tienen preferencia sobre todos los demás créditos en relación con el bien que garantizó su crédito. En consecuencia, es dable señalar, sin lugar a dudas, que debido a la naturaleza del crédito hipotecario y por su fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, que el crédito que tiene el aquí tercero interesado es preferente al que tiene la parte actora, ahora quejosa, derivado de su embargo en el juicio de origen. En esas condiciones, si el juez natural reconoció a Banco Santander (México), Spciedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera Santander México, aquí tercero interesado, el carácter de acreedor del demandado en el juicio de origen, y tuvo a la vista el certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, relativo al predio rematado, en donde se aprecia que el crédito hipotecario a favor de la citada persona moral y la fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad es anterior, al crédito de la parte actora, es decir, que el crédito de la referida persona moral es preferente frente al de la parte actora en el juicio de origen. Entonces, tal como lo determinó la responsable resulta improcedente otorgar a favor de Rafael Domingo Briceño Pinzón, la compensación de pago que solicitó, en razón de que el Juez de natural, se encontraba obligado a asegurarse de que el precio que se obtuviera en el procedimiento del remate por la venta del inmueble se destinara, en primer lugar, al pago del crédito hipotecario preferente. Sirve de sustento la tesis 1a. CXXXIX/2016 (10a.), sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016 Tomo II, Materia(s): Civil, Página 1137, registro 2011529, señala lo siguiente: "REMATE. CUANDO EL BIEN OBJETO DE LA VENTA JUDICIAL ESTÉ HIPOTECADO, EL ADJUDICATARIO SÓLO DEBE RESPONDER HASTA POR EL MONTO EN QUE SE FINCÓ EL REMATE. De los artículos 497, 498 y 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles, deriva que el precio que se obtenga en el procedimiento de remate por la venta del inmueble debe destinarse, en primer lugar, al pago de los créditos hipotecarios que sean preferentes, atendiendo a la fecha de su registro; en el entendido de que el comprador o adjudicatario sólo está obligado a pagar el monto en que se fincó el remate, aun cuando dicha cantidad no sea suficiente para pagar el saldo insoluto del crédito garantizado con la hipoteca. En efecto, cuando un tercero adquiere el bien hipotecado, si no tiene una obligación personal con el acreedor hipotecario, sólo responde hasta el valor del bien adquirido, por lo que el remanente de la obligación principal garantizada con la hipoteca, en su caso, tendrá que cobrarse a su deudor. Por el contrario, si el monto pagado por el comprador es suficiente para pagar el saldo insoluto de la obligación principal garantizada, el remanente deberá entregarse al acreedor que inició el procedimiento de ejecución, y si después de pagado dicho crédito, subsiste algún otro remanente, se le deberá entregar al deudor, en caso de que no exista alguna otra obligación garantizada con ese mismo inmueble". En efecto, debe tomarse en cuenta que si bien es cierto los preceptos 477 y 485 del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de remates, aplicables supletoriamente al Código de Comercio, otorgan al ejecutante, ahora quejoso, el derecho de acudir al remate en calidad de postor, cuando no hubiere postura legal y pedir la adjudicación del bien por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate y garantizar su postura o exhibir el pago de contado con el propio crédito o condena que resultó a su favor en el juicio de origen, y en su caso exhibir únicamente el exceso de la postura por el importe de la condena; no menos cierto es, que validar el pago del remate con el importe de la condena aprobada a favor de la parte actora, implicaría en realidad realizar una adjudicación directa del predio en cuestión a la parte actora, lo que haría nugatorios los derechos de la acreedora preferente, pues es claro, que la ejecutante no exhibió una cantidad de dinero en efectivo, por tanto, no hay un monto a disposición del juez con motivo de la subasta pública para distribuirlo según la preferencia; además, si bien, al tratarse de una venta judicial el juez ordenó que el inmueble pasaría libre de gravamen, como lo prevé el artículo 2325 del Código Civil Federal, ello, no implica que no deba salvaguardar el derecho preferente del acreedor hipotecario, pues como se señaló, de hacerlo, se haría nugatorio el derecho de persecución que tiene el acreedor hipotecario respecto de la cosa, derivada de la propia naturaleza del derecho real. A mayor abundamiento, conviene transcribir los artículos 477 y 485 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen lo siguiente: "ARTICULO 477.- En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho de pedir la adjudicación, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate. La resolución relativa es apelable en ambos efectos. ARTICULO 485.- Cuando el ejecutante quiera hacer postura, la garantía o la exhibición de contado, en su caso, se limitará al exceso de la postura, sobre el importe de lo sentenciado." Los preceptos que anteceden establecen la hipótesis relativa a que si en la audiencia pública de remate no comparecen otros postores, en este caso, el actor ejecutante puede solicitar la adjudicación del bien, y quedará exento de exhibir una cantidad en efectivo para pagar el precio del bien sujeto a remate si el precio del bien es menor al adeudo, ya que el precio de dicho bien, será pagado con el adeudo que tiene el ejecutado con el actor derivado de la condena en el juicio de origen. En ese supuesto, si el actor ofrece su postura y la paga con el monto del adeudo resulta claro que no existirá propiamente a disposición del Juzgador, una cantidad por el precio de la cosa vendida, pero, como cuando en el caso, existe un acreedor preferente no podría hacerse el pago por compensación, puesto que no existirá dinero de la venta judicial, ya que el ejecutante habría pagado con su crédito el precio del bien subastado. Es por ello, que en éstos casos el juez como rector del proceso, a fin de proteger los intereses del acreedor preferente y atento a la obligación que le impone el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, no puede aceptar como forma de pago por el precio del bien rematado el monto de la condena del crédito ejecutado, pues se insiste si el Juez Mercantil hubiere procedido a otorgar la compensación de pago, en realidad hubiera realizado una adjudicación directa, en perjuicio del acreedor preferente, cuando ésta tiene derecho a que se le pague en primer lugar, con el producto de la venta; asimismo, de ordenar la adjudicación del inmueble a favor de la actora del juicio libre de todo gravamen, teniendo por pagado el precio por compensación, dejaría al acreedor preferente, sin producto de la venta y sin garantía real, cuando el derecho real que tiene el acreedor hipotecario, aquí tercero interesada sólo cede, si en la venta judicial, el pago recibido por el remate se afecta al pago de la obligación garantizada por la hipoteca; de ahí que no se transgrede los derechos que afirma tener el peticionario de amparo. No se soslaya, ni constituye un obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que el acreedor preferente, haya compareciendo en el juicio de origen manifestando que dicho crédito fue cedido a Macuilli Calpulli Resolución de Carteras, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ya que si bien es cierto de las constancias del juicio de origen no obra dicha cesión, ni ratificación, así como manifestación alguna de la persona moral en cuestión, por lo que se tiene en cuenta que la institución bancaria sigue siendo el acreedor preferente, por lo que la Ley obliga al Juez salvaguardar su derecho esto es, debe asegurarse de que el precio que se obtenga en ese procedimiento mercantil, por la venta del inmueble rematado, se destine, en primer lugar, al pago del crédito hipotecario preferente. Por tanto, se considera acorde a derecho que la sala responsable haya confirmado el auto en que se negó a la parte quejosa la compensación de pago en razón de que existen dos deudas que contrajo la parte demandada, con el quejoso y el tercero interesado Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiera Santander México, aunado a que dicha compensación no puede tener lugar en contra de un tercero respecto de los derechos legítimamente adquiridos. En consecuencia, para que se otorgue la compensación de la deuda no basta que la parte quejosa lo haya solicitado como acreedor directo en el juicio mercantil de origen, que exista una deuda líquida y exigible, sino que también es necesario que dicha compensación no sea en perjuicio de un tercero tal y como lo disponen los artículos 2,195 y 2,205 del Código Civil Federal. De igual manera, respecto al cuarto y quinto argumentos hechos valer por la parte quejosa, resultan inoperantes. Se afirma lo anterior, porque esos argumentos la parte quejosa, los debió exponer como agravios ante la sala responsable y no en esta instancia bi-instancial. Por tanto, este resolutor no está en posibilidad de pronunciarse respecto de esos motivos de disenso, si la sala responsable no tuvo oportunidad de conocerlos y por ende, no tienden a combatir los argumentos que se expuso en la resolución reclamada. En ese orden de ideas, lo que procede es negar a Rafael Domingo Briceño Pinzón, el amparo y protección de la justicia federal que solicita, por lo que respecta al acto reclamado. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Domingo Briceño Pinzón, en contra del acto que reclama de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, hoy veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente expediente y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo, se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Finalmente, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las trece horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cincuenta minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano