Maura Patricia Olguín Espinosa y Otros.
Expediente 1590/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Maura Patricia Olguín Espinosa
- Maura Patricia Olguín Espinosa y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por ********************, en su calidad de autorizado en términos amplios de la moral quejosa ********************, mediante el cual desahoga vista decretada en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, y realiza diversas manifestaciones; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, las que se tomarán en cuenta una vez que se realice la valoración correspondiente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA V AVISO QUEJOSA SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVÉIDO DE TRECE DE OCTUBRE DE ESTE AÑO RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Maura Patricia Olguin Espinosa y Luis Alberto López Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1590/2022-V. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La diligencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, ordenada en el expediente 365/2022, del índice del Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. En primer término, es pertinente destacar que los promoventes no tiene el carácter de tercero extraño, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que son parte demandada en el juicio ordinario civil del que deriva el acto reclamado e incluso compareció al mismo en el año en curso, tal y como lo refiere la parte quejosa. Precisado lo anterior, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Lo enfatizado propio. De la lectura del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, señala que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo o, en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Por ello, con toda atingencia el legislador estableció qué actos dictados en ejecución de la acción debe prosperar si y sólo sí, se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. En el presente caso, se reclama la diligencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, ordenada en el expediente 365/2022, del índice del Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, en el que los promoventes son parte, por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir la sentencia emitida en el juicio natural. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada para la ejecución de una sentencia o laudo y la diversa, en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma-; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, como en el caso particular acontece. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución" en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que el acto reclamado en el presente sumario constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que el mismo no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución; es decir, es un acto propio del procedimiento de ejecución, por tanto, es claro, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá la agraviada impugnar la determinación de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere la dejaron sin defensa. En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, en cuanto al acto combatido, por ser notoriamente improcedente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tienen por autorizadas a las personas que refiere la parte quejosa y para los efectos que precisa, siempre y cuando cuenten con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral. DOMICILIO PROCESAL. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el quejoso en el proemio de la demanda. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, el mismo no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar los aspectos de naturaleza urgente. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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