Maura Lizeth Meza Acosta

Expediente 411/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
411/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Maura Lizeth Meza Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, por conducto de su autorizado, realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 534 a 544) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, para el efecto de que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, realizara lo siguiente: "I. Dejar insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017. II. En su lugar, emita un nuevo auto siguiendo los lineamientos trazados en la presente resolución, subsane las omisiones ahí destacadas y, con libertad de jurisdicción resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente". Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estableció lo siguiente: " (.)asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que, en el caso, el proveído combatido no está debidamente fundado y motivado, requisitos que todo acto de autoridad jurisdiccional debe revestir, los cuales derivan de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducidos en expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, es decir, que la decisión alcanzada encuentre sustento, lo que no aconteció en el particular, pues al respecto, la juez responsable sustituta se limitó a sostener que la quejosa no había acreditado la necesidad de recibir alimentos por parte del ahora tercero interesado Benjamín Meza López, pues al respecto precisó: (.) Transcripción parcial de auto reclamado de la que se desprende, como bien lo aduce la promovente del amparo en sus conceptos de violación, que la juez responsable omitió examinar adecuadamente cada una de las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, pues se limitó a afirmar que con esos testimonios no se acreditaba que la promovente del amparo estuviera imposibilitada de manera física y psicológica, para proveerse de los medios necesarios para su subsistencia, además de indicar que tales respuestas se enfocaron a las necesidades propiamente de los hijos. Se afirma lo anterior, dado que los aludidos testigos, al contestar las preguntas séptima (que diga el testigo a qué se dedicaba la señora Maura Lizeth Meza Acosta, durante el tiempo que cohabitaron con el señor Benjamín Meza López), octava (que diga el testigo porqué razón la señora Maura Lizeth Meza Acosta, desempeñaba la actividad que refiere en su respuesta a la pregunta anterior), novena (que diga el testigo a qué se dedica actualmente la señora Maura Lizeth Meza Acosta), décima primera (que diga el testigo si el inmueble que habita la señora Maura Lizeth Meza Acosta, es de su propiedad) y décima tercera (que diga el testigo si la señora Maura Lizeth Meza Acosta, necesita alimentos por parte del señor Benjamín Meza López), precisaron lo siguiente: Patricia Meza Acosta: ".Séptima pregunta:. siempre ha sido ama de casa, ella siempre tuvo la escolaridad de secundaria y no tiene una profesión, se dedica a sus hijos además Benjamín nunca la dejó trabajar. Octava pregunta: . porque Benjamín nunca la dejó trabajar ya que Maura siempre estaba al cuidado de sus hijos. Novena pregunta: . Al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque ella no tiene casa propia. Décima tercera: . Sí, porque no trabaja ella, ella se dedica a sus hijos y al hogar y no tiene otra forma. ." Cristina Meza Acosta: ".Séptima pregunta: . al hogar y a cuidar a sus hijos y lo sé porque Benjamín no la dejaba estudiar, ni superarse como persona. Octava pregunta: . porque como lo dije él no la dejaba estudiar, ni superarse. Novena pregunta: . A cuidad a sus hijos y al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque paga renta. Décima tercera: . Sí, porque ella se dedica a sus hijos y no trabaja. .". Nicolás León Reyes: ".Séptima pregunta: . al hogar y lo sé porque repito a diario la veo. Octava pregunta: . Porque Benjamín nunca la dejo trabajar. Novena pregunta: . Igualmente al cuidado de sus hijos y al hogar, ya que su hijo Julián es muy pequeño ya que tiene aproximadamente unos ocho o nueve años. Décima primera: . No hay está rentando y es mío, y me paga de renta dos mil quinientos pesos, mensuales. Décima tercera: . Claro que sí, no solo ella, si no los niños, también ya que le da (sic) no son ni cien pesos diarios para mantener tres personas. .". De lo anterior se desprende que la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, fue omisa en valorar los testimonios de los citados testigos, en cuanto a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, pues se limitó a señalar que con ese medio de convicción no se advertía que estuviera incapacitada psicológicamente o de manera física para sostenerse a sí misma, además de precisar que los deposados se enfocaron a las necesidades propias de los hijos, esto es, debió analizar de manera específica cada una de las respuestas que los atestes emitieron, ajustándose a su contenido, identificando el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, para después resolver de manera fundada y motivada su decisión, pues del auto combatido no se advierte razonamiento alguno que así lo haya puesto de manifiesto, para resolver en la forma en que lo hizo. De igual manera, soslayó realizar el correspondiente razonamiento lógico jurídico, del porqué bastaba que la quejosa tuviera la edad de treinta y seis años, para gozar de la plena capacidad para proveerse a sí misma de lo necesario, asimismo, porqué tenía que acreditarse de manera fehaciente la necesidad de recibir alimentos, a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la quejosa carece de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, y porqué le corresponde a esta última la carga de la prueba, lo anterior a efecto de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades entre los ex cónyuges. . De ahí que si la Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial (autoridad sustituta), omitió satisfacer las formalidades antes precisadas, al no exponer las razones jurídicas que justificaban su determinación, es evidente que transgredió en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso derivados de los artículos 14 y 16 Constitucionales (.)" (fojas 538 a 543). 2) Por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 556 y 557) se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) En cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio 97/2018, presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, recibido por este órgano jurisdiccional al día siguiente (foja 655), remitió copia certificada del acuerdo de diez de enero de este año, dictado dentro de los autos del procedimiento especial oral familiar antes 330/2017, ahora 759/2018, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso auto del dieciséis de abril de dos mil dieciocho y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo, mismo que, en lo conducente, a continuación se transcribe: "(.) Por tanto, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que determinó en lo que importa conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitada, ello respecto al acto reclamado a esta autoridad, se determinó lo subsecuente: * Se deja insubsistente el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/2018, antes 330/2017. * Con plenitud de jurisdicción, se emite otro proveído siguiente los lineamientos trazados en aquella resolución, subsanando las omisiones destacadas por la autoridad de amparo remitente, en la que se resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente. Lo anterior, a efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; consecuentemente: Morelia Michoacán, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho (sic). Dada cuenta con el escrito presentado por la accionante Maura Lizeth Meza Acosta con data cinco de abril del año que corre, se procede a proveer el mismo, en el que en o medular (sic) solicita que virtud a que se ha desahogado la prueba testimonial que ofertó en autos, se decrete como medida cautelar el pago de alimentos provisionales en su favor y a cargo del demandado Benjamín Meza López; e, igualmente pide se adecue la pensión alimenticia provisional que se decretó en el auto admisorio en favor de sus menores hijos Alison Geraldine y Víctor Julián de apellidos Meza Meza, debiendo girarse el oficio respectivo a la fuente patronal de la parte demandada para los descuentos respectivos, peticiones respecto de las que se resuelve lo siguiente: Por lo que ve a los alimentos provisionales que solicita, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 443 del Código Familiar del Estado, los alimentos son el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor, lo señalado en dicho numeral, es decir, la comida, el vestido, la habitación, atención médica, la hospitalaria, en su caso y los gastos de embarazo y parto; para el caso de menores los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales, y; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo. Por su parte, los artículos 445 y 446 del Código en comento mencionan que los cónyuges están obligados a darse alimentos, así como que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; a su vez, el artículo 462 de dicha codificación señala que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, deben cumplir con los siguientes requisitos: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan. II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que debe darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, sólo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del citado ordenamiento legal. Lo anterior, sólo en el caso que no se actualice la hipótesis contemplada en el numeral 452, que opera tratándose de menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, o que cuenten con algún grado de interdicción. En cuanto al primero de los anteriores requisitos, consistente en que el título en cuya virtud se piden los alimentos provisionales, se estima que se encuentra acreditado, ya que al respecto la accionante adjuntó copia certificada de la partida de matrimonio, contraído entre Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, localizable a fojas nueve del sumario. Documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expeditas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y sólo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. El segundo elemento signado, consistente en el caudal económico del que deba aportar los alimentos, también está debidamente acreditado, con información rendida por el Secretario Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que el deudor alimentista Benjamín Meza López, se desempeña como Auxiliar Administrativo B, percibiendo la cantidad quincenal de cuatro mil seiscientos veinticinco pesos con cincuenta y dos centavos en moneda nacional. Documento privado que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 10444 del Código Familiar del Estado; en razón de que la misma no fue objetada o desvirtuada con alguna documental sobre las percepciones laborales del deudor alimentario, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin embargo, por lo que ve al tercer elemento que estipula el numeral 462, de la codificación familiar en consulta, a decir, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, no se encuentra demostrado, ya que si bien es verdad que para tal fin ofertó prueba testimonial, que tuvo lugar el día seis de abril de la anualidad cursante, dicha prueba carece de eficacia demostrativa para los efectos pretendidos, puesto que debe decirse que en principio, el origen y fundamento de la obligación de los alimentos es del estado de necesidad de quien los solicita, mas no el estado de comodidad; por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar. Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. (.)" (fojas 656 a 660). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017 y, en su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción, emitió un nuevo auto, en el cual valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en particular de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, las cuales estimó no resultaban suficientes para demostrar lo pretendido por la ahora peticionaria del amparo, por las razones apuntadas en dicho proveído, para lo cual, también identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, formulando razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, argumentando, además, la razón por la que tenía que acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos, asimismo, señaló el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, hecho lo anterior, resolvió lo que en derecho estimó conveniente, fundando y motivando su resolución en la manera en que consideró pertinente. No es óbice para arribar a lo anterior, lo que aduce la peticionaria del amparo en sus escritos a través de los cuales manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, por la autoridad responsable, en el sentido de que existe defecto en dicho cumplimiento, dado que la responsable no siguió los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, ni subsanó las omisiones ahí destacadas, en razón de que, opuesto a lo que aquélla afirma, en el nuevo acuerdo emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como ya se dijo, la responsable sí valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en específico de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, respecto de las cuales si bien es verdad no lo hizo respecto de cada una de ellas, no menos lo es que dicho estudio lo llevó a cabo en su conjunto, al señalar: "Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Asimismo, identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, pues sobre el particular señaló: ".por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar". De igual forma, formuló razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, así como la razón por la que debía acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos y el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, dado que sobre el tema refirió: "Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. .". Asimismo, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya analizado las tesis citadas en la sentencia ejecutoria de amparo que cumplimentó, emitida por este órgano jurisdiccional, no es suficiente para tener por no cumplida la misma, en razón a que dichos criterios sólo se plasmaron como vía de orientación, empero, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, para resolver lo que estimara conveniente, una vez subsanadas las omisiones destacadas en dicha resolución, lo que como ya se dijo, sí acató la autoridad responsable. De ahí que las nuevas consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el acuerdo que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no forman parte de dicha ejecutoria, sino del estudio de fondo de ese nuevo acto dictado con libertad de jurisdicción por la responsable de que se trata. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria con quien actúa y da fe."MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, por conducto de su autorizado, realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 534 a 544) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, para el efecto de que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, realizara lo siguiente: "I. Dejar insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017. II. En su lugar, emita un nuevo auto siguiendo los lineamientos trazados en la presente resolución, subsane las omisiones ahí destacadas y, con libertad de jurisdicción resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente". Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estableció lo siguiente: " (.)asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que, en el caso, el proveído combatido no está debidamente fundado y motivado, requisitos que todo acto de autoridad jurisdiccional debe revestir, los cuales derivan de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducidos en expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, es decir, que la decisión alcanzada encuentre sustento, lo que no aconteció en el particular, pues al respecto, la juez responsable sustituta se limitó a sostener que la quejosa no había acreditado la necesidad de recibir alimentos por parte del ahora tercero interesado Benjamín Meza López, pues al respecto precisó: (.) Transcripción parcial de auto reclamado de la que se desprende, como bien lo aduce la promovente del amparo en sus conceptos de violación, que la juez responsable omitió examinar adecuadamente cada una de las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, pues se limitó a afirmar que con esos testimonios no se acreditaba que la promovente del amparo estuviera imposibilitada de manera física y psicológica, para proveerse de los medios necesarios para su subsistencia, además de indicar que tales respuestas se enfocaron a las necesidades propiamente de los hijos. Se afirma lo anterior, dado que los aludidos testigos, al contestar las preguntas séptima (que diga el testigo a qué se dedicaba la señora Maura Lizeth Meza Acosta, durante el tiempo que cohabitaron con el señor Benjamín Meza López), octava (que diga el testigo porqué razón la señora Maura Lizeth Meza Acosta, desempeñaba la actividad que refiere en su respuesta a la pregunta anterior), novena (que diga el testigo a qué se dedica actualmente la señora Maura Lizeth Meza Acosta), décima primera (que diga el testigo si el inmueble que habita la señora Maura Lizeth Meza Acosta, es de su propiedad) y décima tercera (que diga el testigo si la señora Maura Lizeth Meza Acosta, necesita alimentos por parte del señor Benjamín Meza López), precisaron lo siguiente: Patricia Meza Acosta: ".Séptima pregunta:. siempre ha sido ama de casa, ella siempre tuvo la escolaridad de secundaria y no tiene una profesión, se dedica a sus hijos además Benjamín nunca la dejó trabajar. Octava pregunta: . porque Benjamín nunca la dejó trabajar ya que Maura siempre estaba al cuidado de sus hijos. Novena pregunta: . Al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque ella no tiene casa propia. Décima tercera: . Sí, porque no trabaja ella, ella se dedica a sus hijos y al hogar y no tiene otra forma. ." Cristina Meza Acosta: ".Séptima pregunta: . al hogar y a cuidar a sus hijos y lo sé porque Benjamín no la dejaba estudiar, ni superarse como persona. Octava pregunta: . porque como lo dije él no la dejaba estudiar, ni superarse. Novena pregunta: . A cuidad a sus hijos y al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque paga renta. Décima tercera: . Sí, porque ella se dedica a sus hijos y no trabaja. .". Nicolás León Reyes: ".Séptima pregunta: . al hogar y lo sé porque repito a diario la veo. Octava pregunta: . Porque Benjamín nunca la dejo trabajar. Novena pregunta: . Igualmente al cuidado de sus hijos y al hogar, ya que su hijo Julián es muy pequeño ya que tiene aproximadamente unos ocho o nueve años. Décima primera: . No hay está rentando y es mío, y me paga de renta dos mil quinientos pesos, mensuales. Décima tercera: . Claro que sí, no solo ella, si no los niños, también ya que le da (sic) no son ni cien pesos diarios para mantener tres personas. .". De lo anterior se desprende que la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, fue omisa en valorar los testimonios de los citados testigos, en cuanto a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, pues se limitó a señalar que con ese medio de convicción no se advertía que estuviera incapacitada psicológicamente o de manera física para sostenerse a sí misma, además de precisar que los deposados se enfocaron a las necesidades propias de los hijos, esto es, debió analizar de manera específica cada una de las respuestas que los atestes emitieron, ajustándose a su contenido, identificando el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, para después resolver de manera fundada y motivada su decisión, pues del auto combatido no se advierte razonamiento alguno que así lo haya puesto de manifiesto, para resolver en la forma en que lo hizo. De igual manera, soslayó realizar el correspondiente razonamiento lógico jurídico, del porqué bastaba que la quejosa tuviera la edad de treinta y seis años, para gozar de la plena capacidad para proveerse a sí misma de lo necesario, asimismo, porqué tenía que acreditarse de manera fehaciente la necesidad de recibir alimentos, a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la quejosa carece de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, y porqué le corresponde a esta última la carga de la prueba, lo anterior a efecto de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades entre los ex cónyuges. . De ahí que si la Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial (autoridad sustituta), omitió satisfacer las formalidades antes precisadas, al no exponer las razones jurídicas que justificaban su determinación, es evidente que transgredió en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso derivados de los artículos 14 y 16 Constitucionales (.)" (fojas 538 a 543). 2) Por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 556 y 557) se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) En cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio 97/2018, presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, recibido por este órgano jurisdiccional al día siguiente (foja 655), remitió copia certificada del acuerdo de diez de enero de este año, dictado dentro de los autos del procedimiento especial oral familiar antes 330/2017, ahora 759/2018, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso auto del dieciséis de abril de dos mil dieciocho y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo, mismo que, en lo conducente, a continuación se transcribe: "(.) Por tanto, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que determinó en lo que importa conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitada, ello respecto al acto reclamado a esta autoridad, se determinó lo subsecuente: * Se deja insubsistente el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/2018, antes 330/2017. * Con plenitud de jurisdicción, se emite otro proveído siguiente los lineamientos trazados en aquella resolución, subsanando las omisiones destacadas por la autoridad de amparo remitente, en la que se resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente. Lo anterior, a efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; consecuentemente: Morelia Michoacán, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho (sic). Dada cuenta con el escrito presentado por la accionante Maura Lizeth Meza Acosta con data cinco de abril del año que corre, se procede a proveer el mismo, en el que en o medular (sic) solicita que virtud a que se ha desahogado la prueba testimonial que ofertó en autos, se decrete como medida cautelar el pago de alimentos provisionales en su favor y a cargo del demandado Benjamín Meza López; e, igualmente pide se adecue la pensión alimenticia provisional que se decretó en el auto admisorio en favor de sus menores hijos Alison Geraldine y Víctor Julián de apellidos Meza Meza, debiendo girarse el oficio respectivo a la fuente patronal de la parte demandada para los descuentos respectivos, peticiones respecto de las que se resuelve lo siguiente: Por lo que ve a los alimentos provisionales que solicita, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 443 del Código Familiar del Estado, los alimentos son el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor, lo señalado en dicho numeral, es decir, la comida, el vestido, la habitación, atención médica, la hospitalaria, en su caso y los gastos de embarazo y parto; para el caso de menores los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales, y; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo. Por su parte, los artículos 445 y 446 del Código en comento mencionan que los cónyuges están obligados a darse alimentos, así como que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; a su vez, el artículo 462 de dicha codificación señala que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, deben cumplir con los siguientes requisitos: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan. II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que debe darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, sólo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del citado ordenamiento legal. Lo anterior, sólo en el caso que no se actualice la hipótesis contemplada en el numeral 452, que opera tratándose de menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, o que cuenten con algún grado de interdicción. En cuanto al primero de los anteriores requisitos, consistente en que el título en cuya virtud se piden los alimentos provisionales, se estima que se encuentra acreditado, ya que al respecto la accionante adjuntó copia certificada de la partida de matrimonio, contraído entre Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, localizable a fojas nueve del sumario. Documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expeditas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y sólo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. El segundo elemento signado, consistente en el caudal económico del que deba aportar los alimentos, también está debidamente acreditado, con información rendida por el Secretario Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que el deudor alimentista Benjamín Meza López, se desempeña como Auxiliar Administrativo B, percibiendo la cantidad quincenal de cuatro mil seiscientos veinticinco pesos con cincuenta y dos centavos en moneda nacional. Documento privado que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 10444 del Código Familiar del Estado; en razón de que la misma no fue objetada o desvirtuada con alguna documental sobre las percepciones laborales del deudor alimentario, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin embargo, por lo que ve al tercer elemento que estipula el numeral 462, de la codificación familiar en consulta, a decir, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, no se encuentra demostrado, ya que si bien es verdad que para tal fin ofertó prueba testimonial, que tuvo lugar el día seis de abril de la anualidad cursante, dicha prueba carece de eficacia demostrativa para los efectos pretendidos, puesto que debe decirse que en principio, el origen y fundamento de la obligación de los alimentos es del estado de necesidad de quien los solicita, mas no el estado de comodidad; por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar. Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. (.)" (fojas 656 a 660). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017 y, en su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción, emitió un nuevo auto, en el cual valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en particular de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, las cuales estimó no resultaban suficientes para demostrar lo pretendido por la ahora peticionaria del amparo, por las razones apuntadas en dicho proveído, para lo cual, también identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, formulando razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, argumentando, además, la razón por la que tenía que acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos, asimismo, señaló el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, hecho lo anterior, resolvió lo que en derecho estimó conveniente, fundando y motivando su resolución en la manera en que consideró pertinente. No es óbice para arribar a lo anterior, lo que aduce la peticionaria del amparo en sus escritos a través de los cuales manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, por la autoridad responsable, en el sentido de que existe defecto en dicho cumplimiento, dado que la responsable no siguió los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, ni subsanó las omisiones ahí destacadas, en razón de que, opuesto a lo que aquélla afirma, en el nuevo acuerdo emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como ya se dijo, la responsable sí valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en específico de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, respecto de las cuales si bien es verdad no lo hizo respecto de cada una de ellas, no menos lo es que dicho estudio lo llevó a cabo en su conjunto, al señalar: "Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Asimismo, identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, pues sobre el particular señaló: ".por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar". De igual forma, formuló razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, así como la razón por la que debía acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos y el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, dado que sobre el tema refirió: "Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. .". Asimismo, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya analizado las tesis citadas en la sentencia ejecutoria de amparo que cumplimentó, emitida por este órgano jurisdiccional, no es suficiente para tener por no cumplida la misma, en razón a que dichos criterios sólo se plasmaron como vía de orientación, empero, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, para resolver lo que estimara conveniente, una vez subsanadas las omisiones destacadas en dicha resolución, lo que como ya se dijo, sí acató la autoridad responsable. De ahí que las nuevas consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el acuerdo que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no forman parte de dicha ejecutoria, sino del estudio de fondo de ese nuevo acto dictado con libertad de jurisdicción por la responsable de que se trata. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria con quien actúa y da fe".

  2. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) y c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y tercero interesado, el acuerdo de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, por conducto de su autorizado, realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 534 a 544) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, para el efecto de que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, realizara lo siguiente: "I. Dejar insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017. II. En su lugar, emita un nuevo auto siguiendo los lineamientos trazados en la presente resolución, subsane las omisiones ahí destacadas y, con libertad de jurisdicción resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente". Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estableció lo siguiente: " (.)asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que, en el caso, el proveído combatido no está debidamente fundado y motivado, requisitos que todo acto de autoridad jurisdiccional debe revestir, los cuales derivan de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducidos en expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, es decir, que la decisión alcanzada encuentre sustento, lo que no aconteció en el particular, pues al respecto, la juez responsable sustituta se limitó a sostener que la quejosa no había acreditado la necesidad de recibir alimentos por parte del ahora tercero interesado Benjamín Meza López, pues al respecto precisó: (.) Transcripción parcial de auto reclamado de la que se desprende, como bien lo aduce la promovente del amparo en sus conceptos de violación, que la juez responsable omitió examinar adecuadamente cada una de las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, pues se limitó a afirmar que con esos testimonios no se acreditaba que la promovente del amparo estuviera imposibilitada de manera física y psicológica, para proveerse de los medios necesarios para su subsistencia, además de indicar que tales respuestas se enfocaron a las necesidades propiamente de los hijos. Se afirma lo anterior, dado que los aludidos testigos, al contestar las preguntas séptima (que diga el testigo a qué se dedicaba la señora Maura Lizeth Meza Acosta, durante el tiempo que cohabitaron con el señor Benjamín Meza López), octava (que diga el testigo porqué razón la señora Maura Lizeth Meza Acosta, desempeñaba la actividad que refiere en su respuesta a la pregunta anterior), novena (que diga el testigo a qué se dedica actualmente la señora Maura Lizeth Meza Acosta), décima primera (que diga el testigo si el inmueble que habita la señora Maura Lizeth Meza Acosta, es de su propiedad) y décima tercera (que diga el testigo si la señora Maura Lizeth Meza Acosta, necesita alimentos por parte del señor Benjamín Meza López), precisaron lo siguiente: Patricia Meza Acosta: ".Séptima pregunta:. siempre ha sido ama de casa, ella siempre tuvo la escolaridad de secundaria y no tiene una profesión, se dedica a sus hijos además Benjamín nunca la dejó trabajar. Octava pregunta: . porque Benjamín nunca la dejó trabajar ya que Maura siempre estaba al cuidado de sus hijos. Novena pregunta: . Al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque ella no tiene casa propia. Décima tercera: . Sí, porque no trabaja ella, ella se dedica a sus hijos y al hogar y no tiene otra forma. ." Cristina Meza Acosta: ".Séptima pregunta: . al hogar y a cuidar a sus hijos y lo sé porque Benjamín no la dejaba estudiar, ni superarse como persona. Octava pregunta: . porque como lo dije él no la dejaba estudiar, ni superarse. Novena pregunta: . A cuidad a sus hijos y al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque paga renta. Décima tercera: . Sí, porque ella se dedica a sus hijos y no trabaja. .". Nicolás León Reyes: ".Séptima pregunta: . al hogar y lo sé porque repito a diario la veo. Octava pregunta: . Porque Benjamín nunca la dejo trabajar. Novena pregunta: . Igualmente al cuidado de sus hijos y al hogar, ya que su hijo Julián es muy pequeño ya que tiene aproximadamente unos ocho o nueve años. Décima primera: . No hay está rentando y es mío, y me paga de renta dos mil quinientos pesos, mensuales. Décima tercera: . Claro que sí, no solo ella, si no los niños, también ya que le da (sic) no son ni cien pesos diarios para mantener tres personas. .". De lo anterior se desprende que la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, fue omisa en valorar los testimonios de los citados testigos, en cuanto a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, pues se limitó a señalar que con ese medio de convicción no se advertía que estuviera incapacitada psicológicamente o de manera física para sostenerse a sí misma, además de precisar que los deposados se enfocaron a las necesidades propias de los hijos, esto es, debió analizar de manera específica cada una de las respuestas que los atestes emitieron, ajustándose a su contenido, identificando el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, para después resolver de manera fundada y motivada su decisión, pues del auto combatido no se advierte razonamiento alguno que así lo haya puesto de manifiesto, para resolver en la forma en que lo hizo. De igual manera, soslayó realizar el correspondiente razonamiento lógico jurídico, del porqué bastaba que la quejosa tuviera la edad de treinta y seis años, para gozar de la plena capacidad para proveerse a sí misma de lo necesario, asimismo, porqué tenía que acreditarse de manera fehaciente la necesidad de recibir alimentos, a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la quejosa carece de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, y porqué le corresponde a esta última la carga de la prueba, lo anterior a efecto de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades entre los ex cónyuges. . De ahí que si la Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial (autoridad sustituta), omitió satisfacer las formalidades antes precisadas, al no exponer las razones jurídicas que justificaban su determinación, es evidente que transgredió en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso derivados de los artículos 14 y 16 Constitucionales (.)" (fojas 538 a 543). 2) Por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 556 y 557) se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) En cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio 97/2018, presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, recibido por este órgano jurisdiccional al día siguiente (foja 655), remitió copia certificada del acuerdo de diez de enero de este año, dictado dentro de los autos del procedimiento especial oral familiar antes 330/2017, ahora 759/2018, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso auto del dieciséis de abril de dos mil dieciocho y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo, mismo que, en lo conducente, a continuación se transcribe: "(.) Por tanto, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que determinó en lo que importa conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitada, ello respecto al acto reclamado a esta autoridad, se determinó lo subsecuente: * Se deja insubsistente el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/2018, antes 330/2017. * Con plenitud de jurisdicción, se emite otro proveído siguiente los lineamientos trazados en aquella resolución, subsanando las omisiones destacadas por la autoridad de amparo remitente, en la que se resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente. Lo anterior, a efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; consecuentemente: Morelia Michoacán, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho (sic). Dada cuenta con el escrito presentado por la accionante Maura Lizeth Meza Acosta con data cinco de abril del año que corre, se procede a proveer el mismo, en el que en o medular (sic) solicita que virtud a que se ha desahogado la prueba testimonial que ofertó en autos, se decrete como medida cautelar el pago de alimentos provisionales en su favor y a cargo del demandado Benjamín Meza López; e, igualmente pide se adecue la pensión alimenticia provisional que se decretó en el auto admisorio en favor de sus menores hijos Alison Geraldine y Víctor Julián de apellidos Meza Meza, debiendo girarse el oficio respectivo a la fuente patronal de la parte demandada para los descuentos respectivos, peticiones respecto de las que se resuelve lo siguiente: Por lo que ve a los alimentos provisionales que solicita, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 443 del Código Familiar del Estado, los alimentos son el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor, lo señalado en dicho numeral, es decir, la comida, el vestido, la habitación, atención médica, la hospitalaria, en su caso y los gastos de embarazo y parto; para el caso de menores los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales, y; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo. Por su parte, los artículos 445 y 446 del Código en comento mencionan que los cónyuges están obligados a darse alimentos, así como que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; a su vez, el artículo 462 de dicha codificación señala que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, deben cumplir con los siguientes requisitos: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan. II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que debe darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, sólo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del citado ordenamiento legal. Lo anterior, sólo en el caso que no se actualice la hipótesis contemplada en el numeral 452, que opera tratándose de menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, o que cuenten con algún grado de interdicción. En cuanto al primero de los anteriores requisitos, consistente en que el título en cuya virtud se piden los alimentos provisionales, se estima que se encuentra acreditado, ya que al respecto la accionante adjuntó copia certificada de la partida de matrimonio, contraído entre Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, localizable a fojas nueve del sumario. Documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expeditas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y sólo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. El segundo elemento signado, consistente en el caudal económico del que deba aportar los alimentos, también está debidamente acreditado, con información rendida por el Secretario Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que el deudor alimentista Benjamín Meza López, se desempeña como Auxiliar Administrativo B, percibiendo la cantidad quincenal de cuatro mil seiscientos veinticinco pesos con cincuenta y dos centavos en moneda nacional. Documento privado que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 10444 del Código Familiar del Estado; en razón de que la misma no fue objetada o desvirtuada con alguna documental sobre las percepciones laborales del deudor alimentario, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin embargo, por lo que ve al tercer elemento que estipula el numeral 462, de la codificación familiar en consulta, a decir, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, no se encuentra demostrado, ya que si bien es verdad que para tal fin ofertó prueba testimonial, que tuvo lugar el día seis de abril de la anualidad cursante, dicha prueba carece de eficacia demostrativa para los efectos pretendidos, puesto que debe decirse que en principio, el origen y fundamento de la obligación de los alimentos es del estado de necesidad de quien los solicita, mas no el estado de comodidad; por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar. Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. (.)" (fojas 656 a 660). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017 y, en su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción, emitió un nuevo auto, en el cual valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en particular de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, las cuales estimó no resultaban suficientes para demostrar lo pretendido por la ahora peticionaria del amparo, por las razones apuntadas en dicho proveído, para lo cual, también identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, formulando razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, argumentando, además, la razón por la que tenía que acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos, asimismo, señaló el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, hecho lo anterior, resolvió lo que en derecho estimó conveniente, fundando y motivando su resolución en la manera en que consideró pertinente. No es óbice para arribar a lo anterior, lo que aduce la peticionaria del amparo en sus escritos a través de los cuales manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, por la autoridad responsable, en el sentido de que existe defecto en dicho cumplimiento, dado que la responsable no siguió los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, ni subsanó las omisiones ahí destacadas, en razón de que, opuesto a lo que aquélla afirma, en el nuevo acuerdo emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como ya se dijo, la responsable sí valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en específico de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, respecto de las cuales si bien es verdad no lo hizo respecto de cada una de ellas, no menos lo es que dicho estudio lo llevó a cabo en su conjunto, al señalar: "Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Asimismo, identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, pues sobre el particular señaló: ".por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar". De igual forma, formuló razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, así como la razón por la que debía acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos y el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, dado que sobre el tema refirió: "Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. .". Asimismo, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya analizado las tesis citadas en la sentencia ejecutoria de amparo que cumplimentó, emitida por este órgano jurisdiccional, no es suficiente para tener por no cumplida la misma, en razón a que dichos criterios sólo se plasmaron como vía de orientación, empero, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, para resolver lo que estimara conveniente, una vez subsanadas las omisiones destacadas en dicha resolución, lo que como ya se dijo, sí acató la autoridad responsable. De ahí que las nuevas consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el acuerdo que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no forman parte de dicha ejecutoria, sino del estudio de fondo de ese nuevo acto dictado con libertad de jurisdicción por la responsable de que se trata. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria con quien actúa y da fe."MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, por conducto de su autorizado, realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 534 a 544) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MAURA LIZETH MEZA ACOSTA, para el efecto de que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, realizara lo siguiente: "I. Dejar insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017. II. En su lugar, emita un nuevo auto siguiendo los lineamientos trazados en la presente resolución, subsane las omisiones ahí destacadas y, con libertad de jurisdicción resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente". Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estableció lo siguiente: " (.)asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que, en el caso, el proveído combatido no está debidamente fundado y motivado, requisitos que todo acto de autoridad jurisdiccional debe revestir, los cuales derivan de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducidos en expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, es decir, que la decisión alcanzada encuentre sustento, lo que no aconteció en el particular, pues al respecto, la juez responsable sustituta se limitó a sostener que la quejosa no había acreditado la necesidad de recibir alimentos por parte del ahora tercero interesado Benjamín Meza López, pues al respecto precisó: (.) Transcripción parcial de auto reclamado de la que se desprende, como bien lo aduce la promovente del amparo en sus conceptos de violación, que la juez responsable omitió examinar adecuadamente cada una de las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, pues se limitó a afirmar que con esos testimonios no se acreditaba que la promovente del amparo estuviera imposibilitada de manera física y psicológica, para proveerse de los medios necesarios para su subsistencia, además de indicar que tales respuestas se enfocaron a las necesidades propiamente de los hijos. Se afirma lo anterior, dado que los aludidos testigos, al contestar las preguntas séptima (que diga el testigo a qué se dedicaba la señora Maura Lizeth Meza Acosta, durante el tiempo que cohabitaron con el señor Benjamín Meza López), octava (que diga el testigo porqué razón la señora Maura Lizeth Meza Acosta, desempeñaba la actividad que refiere en su respuesta a la pregunta anterior), novena (que diga el testigo a qué se dedica actualmente la señora Maura Lizeth Meza Acosta), décima primera (que diga el testigo si el inmueble que habita la señora Maura Lizeth Meza Acosta, es de su propiedad) y décima tercera (que diga el testigo si la señora Maura Lizeth Meza Acosta, necesita alimentos por parte del señor Benjamín Meza López), precisaron lo siguiente: Patricia Meza Acosta: ".Séptima pregunta:. siempre ha sido ama de casa, ella siempre tuvo la escolaridad de secundaria y no tiene una profesión, se dedica a sus hijos además Benjamín nunca la dejó trabajar. Octava pregunta: . porque Benjamín nunca la dejó trabajar ya que Maura siempre estaba al cuidado de sus hijos. Novena pregunta: . Al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque ella no tiene casa propia. Décima tercera: . Sí, porque no trabaja ella, ella se dedica a sus hijos y al hogar y no tiene otra forma. ." Cristina Meza Acosta: ".Séptima pregunta: . al hogar y a cuidar a sus hijos y lo sé porque Benjamín no la dejaba estudiar, ni superarse como persona. Octava pregunta: . porque como lo dije él no la dejaba estudiar, ni superarse. Novena pregunta: . A cuidad a sus hijos y al hogar. Décima primera: . No ella renta y lo sé porque paga renta. Décima tercera: . Sí, porque ella se dedica a sus hijos y no trabaja. .". Nicolás León Reyes: ".Séptima pregunta: . al hogar y lo sé porque repito a diario la veo. Octava pregunta: . Porque Benjamín nunca la dejo trabajar. Novena pregunta: . Igualmente al cuidado de sus hijos y al hogar, ya que su hijo Julián es muy pequeño ya que tiene aproximadamente unos ocho o nueve años. Décima primera: . No hay está rentando y es mío, y me paga de renta dos mil quinientos pesos, mensuales. Décima tercera: . Claro que sí, no solo ella, si no los niños, también ya que le da (sic) no son ni cien pesos diarios para mantener tres personas. .". De lo anterior se desprende que la autoridad responsable, al emitir el acto reclamado, fue omisa en valorar los testimonios de los citados testigos, en cuanto a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, pues se limitó a señalar que con ese medio de convicción no se advertía que estuviera incapacitada psicológicamente o de manera física para sostenerse a sí misma, además de precisar que los deposados se enfocaron a las necesidades propias de los hijos, esto es, debió analizar de manera específica cada una de las respuestas que los atestes emitieron, ajustándose a su contenido, identificando el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, para después resolver de manera fundada y motivada su decisión, pues del auto combatido no se advierte razonamiento alguno que así lo haya puesto de manifiesto, para resolver en la forma en que lo hizo. De igual manera, soslayó realizar el correspondiente razonamiento lógico jurídico, del porqué bastaba que la quejosa tuviera la edad de treinta y seis años, para gozar de la plena capacidad para proveerse a sí misma de lo necesario, asimismo, porqué tenía que acreditarse de manera fehaciente la necesidad de recibir alimentos, a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la quejosa carece de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, y porqué le corresponde a esta última la carga de la prueba, lo anterior a efecto de garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades entre los ex cónyuges. . De ahí que si la Juez de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este distrito judicial (autoridad sustituta), omitió satisfacer las formalidades antes precisadas, al no exponer las razones jurídicas que justificaban su determinación, es evidente que transgredió en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso derivados de los artículos 14 y 16 Constitucionales (.)" (fojas 538 a 543). 2) Por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 556 y 557) se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) En cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio 97/2018, presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Michoacán, recibido por este órgano jurisdiccional al día siguiente (foja 655), remitió copia certificada del acuerdo de diez de enero de este año, dictado dentro de los autos del procedimiento especial oral familiar antes 330/2017, ahora 759/2018, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso auto del dieciséis de abril de dos mil dieciocho y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo, mismo que, en lo conducente, a continuación se transcribe: "(.) Por tanto, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que determinó en lo que importa conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitada, ello respecto al acto reclamado a esta autoridad, se determinó lo subsecuente: * Se deja insubsistente el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/2018, antes 330/2017. * Con plenitud de jurisdicción, se emite otro proveído siguiente los lineamientos trazados en aquella resolución, subsanando las omisiones destacadas por la autoridad de amparo remitente, en la que se resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente. Lo anterior, a efecto de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; consecuentemente: Morelia Michoacán, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho (sic). Dada cuenta con el escrito presentado por la accionante Maura Lizeth Meza Acosta con data cinco de abril del año que corre, se procede a proveer el mismo, en el que en o medular (sic) solicita que virtud a que se ha desahogado la prueba testimonial que ofertó en autos, se decrete como medida cautelar el pago de alimentos provisionales en su favor y a cargo del demandado Benjamín Meza López; e, igualmente pide se adecue la pensión alimenticia provisional que se decretó en el auto admisorio en favor de sus menores hijos Alison Geraldine y Víctor Julián de apellidos Meza Meza, debiendo girarse el oficio respectivo a la fuente patronal de la parte demandada para los descuentos respectivos, peticiones respecto de las que se resuelve lo siguiente: Por lo que ve a los alimentos provisionales que solicita, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 443 del Código Familiar del Estado, los alimentos son el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor, lo señalado en dicho numeral, es decir, la comida, el vestido, la habitación, atención médica, la hospitalaria, en su caso y los gastos de embarazo y parto; para el caso de menores los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales, y; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo. Por su parte, los artículos 445 y 446 del Código en comento mencionan que los cónyuges están obligados a darse alimentos, así como que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos; a su vez, el artículo 462 de dicha codificación señala que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, deben cumplir con los siguientes requisitos: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan. II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que debe darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, sólo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del citado ordenamiento legal. Lo anterior, sólo en el caso que no se actualice la hipótesis contemplada en el numeral 452, que opera tratándose de menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, o que cuenten con algún grado de interdicción. En cuanto al primero de los anteriores requisitos, consistente en que el título en cuya virtud se piden los alimentos provisionales, se estima que se encuentra acreditado, ya que al respecto la accionante adjuntó copia certificada de la partida de matrimonio, contraído entre Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, localizable a fojas nueve del sumario. Documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expeditas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y sólo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. El segundo elemento signado, consistente en el caudal económico del que deba aportar los alimentos, también está debidamente acreditado, con información rendida por el Secretario Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que el deudor alimentista Benjamín Meza López, se desempeña como Auxiliar Administrativo B, percibiendo la cantidad quincenal de cuatro mil seiscientos veinticinco pesos con cincuenta y dos centavos en moneda nacional. Documento privado que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 10444 del Código Familiar del Estado; en razón de que la misma no fue objetada o desvirtuada con alguna documental sobre las percepciones laborales del deudor alimentario, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin embargo, por lo que ve al tercer elemento que estipula el numeral 462, de la codificación familiar en consulta, a decir, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, no se encuentra demostrado, ya que si bien es verdad que para tal fin ofertó prueba testimonial, que tuvo lugar el día seis de abril de la anualidad cursante, dicha prueba carece de eficacia demostrativa para los efectos pretendidos, puesto que debe decirse que en principio, el origen y fundamento de la obligación de los alimentos es del estado de necesidad de quien los solicita, mas no el estado de comodidad; por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar. Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. (.)" (fojas 656 a 660). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 759/20189, antes 330/2017 y, en su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción, emitió un nuevo auto, en el cual valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en particular de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, las cuales estimó no resultaban suficientes para demostrar lo pretendido por la ahora peticionaria del amparo, por las razones apuntadas en dicho proveído, para lo cual, también identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, formulando razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, argumentando, además, la razón por la que tenía que acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos, asimismo, señaló el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, hecho lo anterior, resolvió lo que en derecho estimó conveniente, fundando y motivando su resolución en la manera en que consideró pertinente. No es óbice para arribar a lo anterior, lo que aduce la peticionaria del amparo en sus escritos a través de los cuales manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, por la autoridad responsable, en el sentido de que existe defecto en dicho cumplimiento, dado que la responsable no siguió los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, ni subsanó las omisiones ahí destacadas, en razón de que, opuesto a lo que aquélla afirma, en el nuevo acuerdo emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como ya se dijo, la responsable sí valoró las respuestas que los testigos emitieron con motivo del interrogatorio que se les formuló el seis de abril de dos mil dieciocho, en específico de las preguntas séptima, octava, novena, décima primera y décima tercera, relativas a la necesidad que la quejosa tenía de percibir alimentos, respecto de las cuales si bien es verdad no lo hizo respecto de cada una de ellas, no menos lo es que dicho estudio lo llevó a cabo en su conjunto, al señalar: "Lo cual pretendió demostrar se insiste con el elemento de prueba testimonial a cargo de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes manifestaron que en efecto conocen a los señores Maura Lizeth Meza Acosta y Benjamín Meza López, porque estuvieron casados por catorce años, pero que actualmente ya no viven juntos, ello desde el mes de agosto del año dos mil dieciséis; sin embargo que el tiempo que cohabitaron ella se dedicó al hogar, y cuidado de sus menores hijos, teniendo únicamente la escolaridad secundaria concluida, sin que tenga una profesión, situación que sigue persistiendo hasta la actualidad: que continúa dedicándose al hogar, que actualmente renta una casa para vivir pues no tiene una propia; que durante el matrimonio el deudor alimentista se hizo cargo de los gastos alimentarios, y que la pensión que indican recibe aproximadamente por dos mil quinientos pesos es insuficiente para tres personas; es decir ella y sus dos menores hijos; indicando las dos primeras testigos (sic) que saben lo que depusieron por ser hermanas de la accionante y familiar, mientras que el restante indicó que lo vive y ve a Maura y a sus hijos (fojas 315-319). Sin embargo, esta juzgadora determina que la solicitante no acreditó la necesidad de recibir alimentos por parte del demandado, puesto que si bien es cierto con el desahogo de tal medio de prueba que cuenta con valor demostrativo al tenor de los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar para el Estado, se evidenció que en efecto el demandado no dejaba trabajar a la actora durante el tiempo que estuvieron juntos, empero de su demanda y contestación de vista se advierte que la separación tuvo lugar en el 2016 dos mil dieciséis, lo que se corrobora con los testimonios de Patricia Meza Acosta, Cristina Meza Acosta y Nicolás León Reyes, quienes indicaron que las partes se separaron desde el mes de agosto de dos mil dieciséis; por lo que, dicho impedimento para laborar no es actual, pues han transcurriendo aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que subsista aquella situación hoy en día. Además, si bien es verdad los testigos dicen que la solicitante tiene necesidad de recibir los alimentos, puesto que se dedica al cuidado de sus hijos Alison Geraldine y Víctor Julián Meza Meza, atendiendo que aquéllos cuentan con catorce y ocho años de edad, respectivamente, no puede considerarse que la dedicación a sus menores de edad sea de tiempo completo, lo cual incluso tampoco quedó probado con el medio de prueba que ofertó y desahogó, ya que los testigos se limitan a señalar que se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos, empero no refieren que se dedique de tiempo completo al cuidado de éstos, o que por alguna circunstancia particular requieran los menores de atenciones o cuidados especiales que obstaculicen a la actora acceder a un empleo. Además, de que sus descendientes atendiendo a sus edades, se encuentran en una edad escolar, lo que conlleva a que aquéllos asisten a escuelas a recibir la instrucción educativa, tiempo en el cual la actora puede desarrollar alguna actividad, que le permita obtener sus ingresos propios. Asimismo, identificó el motivo por el cual se solicitó el pago de alimentos provisionales, pues sobre el particular señaló: ".por ende, si bien es verdad que la promovente refiere que solicita alimentos a su favor atendiendo a que no cuenta con un trabajo que le permita solventar sus gastos alimenticios, ya que no tiene una profesión y/o arte alguno que le permita desenvolverse dentro del medio, puesto que siempre se dedicó al hogar por órdenes del demandado, lo que a la fecha del desahogo de la prueba testimonial prevalece, esto es, sigue dedicándose al hogar". De igual forma, formuló razonamientos lógico jurídicos del porqué la edad de la solicitante del amparo bastaba para gozar de plena capacidad para proveerse a sí misma alimentos, así como la razón por la que debía acreditarse, de manera fehaciente y a la luz de las manifestaciones de los testigos, en cuanto a que la impetrante carecía de estudios y durante su matrimonio se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, la necesidad de aquélla de recibir los alimentos y el motivo por el cual estimó que a la accionante, aquí quejosa, correspondía la carga de la prueba, dado que sobre el tema refirió: "Sin que resulte un obstáculo el hecho de que si bien es cierto que los atestes refirieron que la actora Maura Lizeth Meza Acosta, tiene solo instrucción de secundaria, no se pierde de vista que se trata de una mujer productiva de treinta y siete años en edad, lo que así se corrobora de su acta de nacimiento, localizable a fojas diez; documento público que de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; en razón de que están expedidas por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que le sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente, y solo para el efecto de resolver la medida solicitada, se le concede valor probatorio. Sin que con el medio de prueba ahora valorado que lo es la testimonial, se haya advertido que cuenta con alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar o conseguir algún empleo que le permita obtener sus propios alimentos o hasta coadyuvar para los de sus menores hijos. En virtud de lo anterior, con independencia del valor probatorio que se le confiere a la testimonial señalada, resulta insuficiente para demostrar la necesidad que aduce la actora de recibir alimentos por parte del demandad, en virtud de los argumentos que aquí se indican; teniendo la carga de la prueba de demostrar la afirmación que sustenta su petición al ser mayor de edad y no gozar de la presunción que establece el artículo 452 del Código Familiar para el Estado. Y es que, en el presente caso, corresponde a la señora Maura Lizeth Meza Acosta la carga de demostrar su necesidad de recibir alimentos, ya que no goza de esa presunción por que no se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 452 del Código Familiar del Estado, el cual dispone que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, son quienes gozan de la presunción de necesitar alimentos. Y en el asunto que nos ocupa, la referida Meza Acosta no se trata de una persona menor de edad, ya que tiene treinta y siete años de edad, según se probó en autos, sin que se evidencia que cuente con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción y, menos aún, que goce de la calidad de adulto mayor; de ahí que en términos de lo dispuesto por el numeral antes citado, en relación con el 462 fracción III de la legislación en comento, de donde se desprende que para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, es necesario que se acredite, entre otros supuestos, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos (supuesto jurídico que sólo se aplica a las personas no contempladas en el artículo 452 antes aludido) de ahí que no es a la demandante a quien incumbía la carga de demostrar la urgencia y necesidad de recibir tal subvención. Pero además, tomando en consideración que la presunción humana se actualiza cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquél, tenemos que en el asunto que aquí nos atañe, al estar demostrado que la señora Maura Lizeth Meza Acosta cuenta con treinta y siete años de edad, incuestionable resulta que se encuentra en una etapa productiva de su vida, ello aunado a que, como se dijo en párrafos anteriores, no se advierte que se encuentre física o mentalmente incapacitada para trabajar o bien, que por alguna otra razón seria y actual, no pueda desarrollarse en el ámbito laboral, de ahí que, válidamente se puede presumir que puede emplearse en alguna actividad laboral que le permita obtener recursos económicos para hacer frente a sus necesidades alimentarias, sin que exista prueba alguna que desvirtúe lo anterior. Ello aunado a que la capacidad económica de una persona no tiene connotación estrictamente pecuniaria, sino que está referida a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, cualidades todas ellas que convergen positivamente en la señora Meza Acosta, pues se trata de una persona que cuenta con treinta y siete años de edad, con estudios de nivel secundaria; que por las edades de sus hijos y actividades escolares de estos no se puede considerar que se dedique de tiempo completo a su cuidado y atenciones; que aún y cuando el demandado no la dejaba trabajar durante el tiempo que estuvieron juntos, cierto resulta que ese impedimento no es actual, pues han transcurrido aproximadamente dos años desde su separación, por lo que no se evidencia que al día de hoy subsista esa situación; por ende, la citada Meza Acosta bien puede emplearse en alguna actividad acorde a sus circunstancias particulares, sin que en el caso particular se actualice ninguna presunción legal o humana que favorezca a los intereses de la demandante y que sea opuesta a lo expuesto con antelación. .". Asimismo, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya analizado las tesis citadas en la sentencia ejecutoria de amparo que cumplimentó, emitida por este órgano jurisdiccional, no es suficiente para tener por no cumplida la misma, en razón a que dichos criterios sólo se plasmaron como vía de orientación, empero, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, para resolver lo que estimara conveniente, una vez subsanadas las omisiones destacadas en dicha resolución, lo que como ya se dijo, sí acató la autoridad responsable. De ahí que las nuevas consideraciones vertidas por la autoridad responsable en el acuerdo que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no forman parte de dicha ejecutoria, sino del estudio de fondo de ese nuevo acto dictado con libertad de jurisdicción por la responsable de que se trata. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria con quien actúa y da fe".

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito signado por Emanuel Maya Valdez, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en su ocurso de cuenta, en relación al cumplimiento realizado por la autoridad responsable mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 97/2018, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formulo en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que remite copia certificada del acuerdo correspondientes a efecto de dar cumplimiento con el mismo; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano