Maura Escobar Melendez
Expediente 258/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Maura Escobar Melendez
Actuaciones
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de tres de marzo de dos mil dieciséis; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. se estima que el presente expediente carece de relevancia documental. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término, procédase a la destrucción del presente expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, en el particular, la quejosa señala como acto reclamado, el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de referencia, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial indicado, emitido en el acta levantada con motivo de la junta familiar señalada, para tratar cuestiones relativas a la custodia del menor cuyos datos se protegen y particularmente el hecho de que el juez responsable asentó las manifestaciones del tercero interesado, en el sentido de que dicha persona se quejó ante tal juez. Contra dicho acuerdo es improcedente el juicio de amparo indirecto, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías por cuanto hace a las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, pues si una resolución de esa naturaleza constituye el acto reclamado y en su contra procede algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, debe agotarse previamente esa instancia, antes de acudir a la vía constitucional, para que de esa manera sea respetado aquel principio que implica que el juicio de amparo sólo sea admisible contra actos definitivos, excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte ninguno en este caso. En tal virtud, si no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio pues por una parte ninguno de los actos reclamados encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, de la demanda de amparo se advierte que la aquí quejosa, es parte dentro del expediente aludido, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial referido, dado que se le llamó a deducir sus derechos; por tanto, no es tercera extraña al procedimiento. Atento a ello, se precisa que el auto reclamado es susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación previsto por el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por imperativo del precepto transcrito, el recurso de revocación procede contra los autos, calidad tal que, según lo aclara el artículo 86 de la propia codificación en cita, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, luego, si el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el acta levantada con motivo de la junta familiar señalada para tratar cuestiones relativas a la custodia del menor y particularmente el hecho de que el juez responsable asentó las manifestaciones del tercero interesado, en el sentido de que dicha persona se quejó ante tal juez de la aquí quejosa, constituye un auto de trámite, el cual conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 86 y 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en su contra procede el recurso de revocación. En consecuencia, la quejosa antes de acudir al juicio de amparo, primero debió promover el recurso de revocación contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el juez responsable Aunado a lo anterior, también se actualiza el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se pueden extinguir en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse. En tales condiciones, el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, reclamado; no es un acto de imposible reparación, pues hasta este momento no afecta materialmente derechos sustantivos de la promovente que haga procedente el juicio de amparo, toda vez que al haber asentado el juez responsable las manifestaciones del tercero interesado, en el sentido de que dicha persona se quejó de la aquí quejosa, sólo trajo como consecuencia la subsistencia del acuerdo en sus términos, actuaciones que en los términos apuntados no afectan directamente ni materialmente, al menos hasta este instante, algún derecho sustantivo de la promovente, cuya consecuencia es que obren en autos las manifestaciones del tercero interesado, lo que por sí, no produce una afectación a derechos sustantivos, al no ser un acto de procedimiento que deje sin defensa a la promovente, ni que le cause un perjuicio irreparable ya que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, de modo que al haberse dictado dentro de un procedimiento jurisdiccional (donde tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar), el amparo en que se impugne dicho acto sólo puede promoverse contra la sentencia definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubieren quedado sin defensa o privados de los derechos que la ley de la materia le concede y sólo en caso de que obtenga un fallo adverso a sus pretensiones. Máxime que la propia promovente reconoce que acudirá a la instancia penal a hacer valer sus derechos, lo cual puede también efectuar su contrario (a su dicho), por lo que el acto reclamado en realidad no modifica o infiere en la esfera de derechos de los litigantes, sino que únicamente permitió que su contrario realizara diversas manifestaciones, pero sin realizar pronunciamiento en algún sentido. Entonces, el auto que se reclama en esta instancia Constitucional, al no producir una afectación que sea considerada de imposible reparación, por no afectar directamente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución ni por los Tratados Internaciones, hace que el juicio de amparo indirecto que contra ese acto se intentó sea improcedente. En tales condiciones, resulta evidente que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 107, fracción IV, de la misma ley, y 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que procede, con apoyo en el precepto 113 de la misma ley, es DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que con las razones apuntadas, están plenamente acreditadas las causales de improcedencia invocadas. Como lo solicita la quejosa, practíquensele ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante listas de acuerdos que se fijan en los estrados de este juzgado, se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones de la quejosa, a la persona que indica.
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