Maura Caridad Hernández Báez

Expediente 212/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
212/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Maura Caridad Hernández Báez
  • Norma Argelia Chávez Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Maura Caridad Hernández Báez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 212/2022-8, promovido por , contra los actos que reclama de la Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco., con residencia en Villahermosa, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintidós, a través del portal en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, correspondiéndole del conocimiento a este órgano jurisdiccional por encontrarse de guardia, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el veintiuno del citado mes y año, para su registro y control estadístico; Maura Caridad Hernández Báez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: Titular de la Estación Migratoria con sede en Villahermosa, Tabasco. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria con sede en Villahermosa, Tabasco. Actos reclamados: "a. El aseguramiento, alojamiento y privación ilegal de la libertad, de la quejosa MAURA CARIDAD HERNÁNDEZ BÁEZ por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración domicilio conocido, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades. b. La violación que consagran en los derechos humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón a los artículos 1, 11, 14, 16, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. La aplicación incorrecta del Artículo 15 de la ley de migración. d. La violación al derecho de pedir refugio como lo establece el Artículo 8 de Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria ya que se le debe permitir a la persona extranjera al acceso y la integración al país para que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así como el Derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de Refugiado. e. La omisión de las Autoridades responsables en: La aplicación en lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción V de la Ley de Migración". SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano a favor de la quejosa Maura Caridad Hernández Báez, a fin de que cesaran inmediatamente los actos consistente en privación de la libertad fuera del procedimiento y cualquier otro que pusiera en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la quejosa del goce de la garantía individual peticionada y se establecieron las bases para que la autoridad responsable diera el debido cumplimiento. De igual forma, se ordenó al actuario de la adscripción diera fe de la integridad física y requiriera a la directa quejosa Maura Caridad Hernández Báez, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo de que se trata en el entendido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarían sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Ratificada que fue la demanda, por proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 212/2022-8; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: Detención y/o privación de su libertad, y como consecuencia de ello, la deportación y el libre tránsito. b) Aplicación incorrecta del artículo 15 de la Ley de Migración; c) Violación al derecho a pedir refugio como lo establece el artículo 8 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; y d) Omisión de las autoridades responsable en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 52, fracción V de la Ley de Migración. TERCERO. INEXISTENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS CON LOS INCISOS b), c) y d). Son inexistentes los actos reclamados consistentes en el inciso b) Aplicación incorrecta del artículo 15 de la Ley de Migración; c) Violación al derecho a pedir refugio como lo establece el artículo 8 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; y, d) Omisión de las autoridades responsable en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 52, fracción V de la Ley de Migración. Los numerales antes referidos disponen: -Ley de Migración. "Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural". "Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente. V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente; b) Ser niña, niño o adolescente migrante, en términos del artículo 74 de esta Ley. La autorización de la condición de estancia por razones humanitarias deberá ser inmediata y no podrá negarse o condicionarse a la presentación de documental alguna ni al pago de derechos. Esta condición de estancia se otorgará como medida de carácter temporal en tanto la Procuraduría de Protección determina el plan de restitución de derechos en los términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La expedición del documento migratorio con dicha autorización deberá contener la CURP que la autoridad competente hubiera asignado y señalar expresamente la razón humanitaria de que se trata. En el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados y separados, la autorización de esta condición de estancia beneficiará de manera solidaria a la persona adulta a cargo de su cuidado. El Instituto podrá negar el otorgamiento de la autorización a aquellas personas adultas de quien la Procuraduría de Protección hubiera determinado ser contrarios al interés superior de la niña, niño o adolescente de quien se trate. c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de esta Ley. También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración". - Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria. "Artículo 8.- El derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado a que se refiere el artículo 11 de la Ley, es aplicable a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, sin distinción de su situación migratoria, nacionalidad, edad, sexo, género o cualquier otra característica". De los numerales transcritos se advierte medularmente que el Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural; asimismo, los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así en el caso, de las constancias que remite la autoridad responsable queda claramente evidenciado que la aquí quejosa el dieciséis de febrero del año en curso, fue presentada ante la autoridad migratoria, pues de las revisiones que se hacen en el punto denominado "La Venta", al solicitarle el documento migratorio que acreditará su estancia en el país, ésta manifestó que no tenía, por lo que al estar de manera irregular fue trasladada a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. En ese orden de ideas, es inconcuso que por parte de las autoridades responsables no existe transgresión a los numerales previamente transcritos, pues del contenido de éstos se advierte claramente que dichas prerrogativas son únicamente para las personas que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes. Y por ende, al encontrarse la quejosa en proceso de resolver su situación migratoria, es evidente que el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda -veinte de febrero de dos mil veintidós-, no existía. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, con registro digital 206346, del tenor: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante a los actos reclamados marcados con los incisos b), c) y d), procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO a). La autoridad responsable denominada Subrepresentante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, no manifestó sobre la existencia o no del acto reclamado, sin embargo realizó manifestaciones que evidencian su existencia; de ahí que, deban tenerse por ciertos. Lo que además se corrobora, con las documentales allegadas relativas al expediente administrativo de la quejosa y, copia certificada del acta de evasión que obra en el referido expediente, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto del acto reclamado ha desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1). El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, fue presentada la quejosa ante la autoridad migratoria ya que fue detectada en el punto de revisión migratoria "La Venta", y al solicitarle el documento migratorio que acreditara su regular estancia en el país, manifestó que no tenía, por lo que al estar de manera irregular fue trasladada a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. 2). Mediante escrito de demanda presentado el veinte de febrero de dos mil veintidós, Maura Caridad Hernández Báez, promoviendo por conducto de Norma Argelia Chávez Romero, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3). Posteriormente, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se otorgó salida provisional de la estación migratoria a Maura Caridad Hernández Báez, sujetándola al control de firmas semanalmente ante el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en la privación de su libertad y como consecuencia de ello, la deportación y el libre tránsito y siendo que, como ya se precisó se le otorgó salida de la estación migratoria a la aquí quejosa Maura Caridad Hernández Báez. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso a la quejosa en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando SEGUNDO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Norma Argelia Chávez Romero, en uso de la facultad otorgada en el escrito inicial del juicio de amparo como autorizada de la quejosa Maura Caridad Hernández Báez , mediante el cual manifiesta que se desiste de la defensa de la citada quejosa, así como de cualquier situación civil, penal, mercantil, administrativa y migratoria, con la cual se pudiera relacionar a ésta; asimismo indica que se deslindan su fiador moral Cristal Vitalia Avilés Pumarino, y a los defensores que se señalaron en el escrito inicial de demanda. Al respecto de la revisión de los presentes autos se advierte que por acuerdo de uno de marzo del presente año, se tuvo a ocursante realizando las manifestaciones señaladas en el párrafo que antecede, por lo que dígasele que se esté a lo acordado en el citado auto. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Representante Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, en representación del Instituto Nacional de Migración y de la Encarga de la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados y Solos en Tenosique, Tabasco, Subrepresentante Local, encarada de la Subdirección de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, autoridades señaladas como responsables, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acta de inasistencia de control de firma, mismo que obra dentro del expediente administrativo a nombre de la parte quejosa del índice de la autoridad responsable; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente en relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona la autoridad oficiante, como medio de comunicación oficial, dígase que en veintidós de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional acordó lo conducente al respecto, por tanto estese a lo acordado en dicho auto. Notifíquese.

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