Maula Mireya Curiel Carballo

Expediente 1490/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1490/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Maula Mireya Curiel Carballo
  • Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.CAG.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el citado auto, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. SE HABILITA ACTUARIOS EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 334/2020-V, promovido por MARIO OCAMPO OCAMPO, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, CRISTÓBAL ACEVEDO AGUIRRE, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, RUBÉN MORALES OZAETA, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS y GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, por su propio derecho. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado el nueve de marzo siguiente a este Juzgado de Distrito, MARIO OCAMPO OCAMPO, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, CRISTÓBAL ACEVEDO AGUIRRE, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, RUBÉN MORALES OZAETA, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS y GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, por derecho propio y en su carácter de Presidente Municipal, Síndico, Regidor de Asuntos Migratorios Gobernación y Reglamentos, Turismo y Derechos Humanos, Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación, Desarrollo y Protección al Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Educación Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género y Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia Tecnológica e Innovación, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO.- Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo en virtud de que se consideró acreditada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. TERCERO.- Inconformes con tal determinación los quejosos interpusieron recurso de queja del cual correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el que por resolución emitida en sesión de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la queja 91/2020, por conocimiento previo, ordenó remitir los autos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. Dicho Tribunal se avocó al conocimiento y por resolución pronunciada en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 142/2020, declaró fundado el recurso ordenando se dejara insubsistente el acuerdo recurrido y en su lugar se emitiera otro acuerdo en el que: "a) Deseche parcialmente la demanda de amparo por lo que respecta al Presidente Municipal; Síndico; Regidor de Asuntos Migratorios Gobernación y Reglamentos, Turismo y Derechos Humanos; Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación, Desarrollo y Protección al Patrimonio Cultural; Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico; Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género y Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia Tecnológica e Innovación, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. b) De no existir irregularidad alguna en el escrito de demanda o alguna otra causa de improcedencia, admita la demanda de amparo por lo que respecta a MARIO OCAMPO OCAMPO; VERÓNICA TORRES REBOLLAR; CRISTÓBAL ACEVEDO AGUIRRE; RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ; RUBÉN MORALES OZAETA; ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS y GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, por derecho propio como personas físicas." CUARTO.- Por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de referencia y en cumplimiento a la misma, se desechó la demanda de amparo en los términos ordenados y se admitió por cuanto a los quejosos en su calidad de personas físicas por derecho propio, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. El tercero interesado Teodoro Rodríguez Herrera, fue emplazado por conducto de la Actuaria de la adscripción el once de marzo de dos mil veintiuno. Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables que emitieron el acto reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se tratan de: 1.- El proceso legislativo de los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 2.- La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente TJA/3aS/81/2016 radicado ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en la que se ordenó la inmediata destitución e inhabilitación por tres años de los aquí quejosos, en aplicación de las normas reclamadas, y su ejecución consistente en el requerimiento realizado al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a fin de que convoque a Cabildo y llame a los suplentes de las autoridades municipales. TERCERO.- Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado. Lo anterior está corroborado con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales extensivo a las leyes estatales y normas respectivas, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, es cierto el acto reclamado al Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente TJA/3aS/81/2016 radicado ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; toda vez que así lo manifestó dicha autoridad responsable al rendir el informe justificado. Lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente de referencia (anexo I), en las que obra la resolución reclamada, las cuales, por tratarse de un documento público se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución reclamados a la Actuaria adscrita a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y a la Secretaria del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en virtud de que así lo aceptaron en sus informes justificados. CUARTO.- Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación a los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. Las disposiciones legales citadas son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Para determinar si se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario verificar que: Se haya promovido un juicio de amparo anterior por la misma parte; Se haya señalado como responsables a las mismas autoridades; Identidad en lo reclamado (norma general); y, El juicio haya causado ejecutoria. En el caso específico del amparo indirecto contra leyes, al existir un juicio de amparo resuelto en el que se impugnó una ley con motivo del primer acto de aplicación, debe considerarse que procede decretar el sobreseimiento en el juicio, por existir cosa juzgada respecto de la ley impugnada, pues a pesar de los diversos momentos en que de acuerdo al artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé para impugnar una ley autoaplicativa y heteroaplicativa, ya sea, entre otros, desde que entra en vigor en que ocasiona perjuicios jurídicos al quejoso, o con motivo de su primer acto de aplicación, no significa que se pueda impugnar la misma ley en varios juicios de amparo, ya que la constitucionalidad de una ley respecto de un quejoso sólo puede juzgarse una vez. Así lo sustentó la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se cita a continuación: Registro No. 207397, Localización: Octava época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Página: 344, Tesis: XCI/89, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Común, referente a la existencia de un juicio de amparo anterior, en trámite (litispendencia); pero aplicable al caso de un juicio de amparo anterior, ya resuelto (cosa juzgada), por imperar las misma razón jurídica: "LITISPENDENCIA EN AMPARO, SOBRESEIMIENTO POR, CONTRA UNA LEY AUTOAPLICATIVA. PROCEDE DECRETARLO SI SE RECLAMA LA MISMA EN UN SEGUNDO JUICIO AUNQUE EN ESTE SE HAYA IMPUGNADO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACION Y EN EL PRIMERO POR SU SOLA VIGENCIA. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolverse en el que se impugnó una ley autoaplicativa, por su sola vigencia, los mismos quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando la misma ley con motivo del primer acto de aplicación, debe considerarse que procede decretar el sobreseimiento en este segundo juicio por litispendencia respecto de la ley reclamada, con fundamento en los artículos 73, fracción III, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues los diversos términos que en la misma se establecen para impugnar una ley autoaplicativa, ya sea, entre otros, desde que entra en vigor en que ocasiona perjuicios jurídicos al quejoso, o con motivo de su primer acto de aplicación, no significa que se pueda impugnar la misma ley en varios juicios de amparo, ya que la constitucionalidad de una ley respecto de un quejoso sólo puede juzgarse una sola vez.". (lo subrayado es propio). En efecto, la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de tal manera que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, como actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de amparo que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, según sea el caso, es decir, si el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria. En lo conducente, y por identidad de razón jurídica, son aplicables las jurisprudencias que a continuación se citan: Registro No. 193389, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Septiembre de 1999, Página: 157, Tesis: 2a./J. 100/99, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME EL SEGUNDO ACTO DE APLICACIÓN. Para decidir sobre la causal de improcedencia por litispendencia prevista por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando hay dos juicios de garantías en contra de la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación que son diversos pero sucesivos, debe sobreseerse respecto de la ley, necesariamente, no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se viene reclamando el segundo acto de aplicación, pues de no proceder en esa forma se correría el riesgo de sobreseer en el juicio en el que se reclame el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad, y después sobreseer en el otro juicio cuya demanda se presentó en primer lugar, por no tratarse del primer acto de aplicación de la ley, lo que se traduciría en indefensión para el quejoso.". Registro No. 389653, Localización: Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Página: 194, Tesis: 200, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria.". Ahora bien, constituye un hecho notorio que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que los quejosos MARIO OCAMPO OCAMPO, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, CRISTÓBAL ACEVEDO AGUIRRE, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, RUBÉN MORALES OZAETA, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS y GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, promovieron el juicio de amparo 1660/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos en el que señalaron como autoridades responsables y actos reclamados: AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Actuaria adscrita a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Secretaria del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. ACTOS RECLAMADOS: "a) La promulgación, publicación, discusión, aprobación y expedición de los artículos 11 fracción V y 91 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. b) El acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dictada en el incidente de justificación del incumplimiento de sentencia, que impone destitución e inhabilitación para ejercer puesto público por tres años, en el expediente administrativo TJA/3ªS/296/2016, su cumplimiento por parte de las autoridades ejecutoras". De lo anterior se advierte que el primer acto de aplicación de los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, se materializó en el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dictado en el incidente de justificación del incumplimiento de sentencia, en el expediente administrativo TJA/3ªS/296/2016, que les impuso a los quejosos destitución e inhabilitación para ejercer puesto público por tres años. Asimismo, es un hecho notorio que de acuerdo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el trece de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el referido juicio de amparo, de la que se desprende que respecto de los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, del referido sistema (SISE) se desprende que la mencionada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno. Hechos notorios, que se invocan en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017123, Décima Época, Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, del rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De lo antes expuesto, se arriba a la conclusión que resulta improcedente que en este juicio de amparo se analice nuevamente la constitucionalidad de los preceptos legales que se reclaman, a saber, artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, porque existe ya un pronunciamiento de constitucionalidad por parte del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el diverso amparo explicado. Pues, no debe perderse de vista que la sentencia de fondo que se dicte en la que se analiza la constitucionalidad de las disposiciones que se impugnan, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de tales normas reclamadas, de tal suerte que un posterior acto de aplicación no le concede acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de las mismas disposiciones, ya que de ser así provocaría poner en entredicho la seguridad jurídica y propiciar un doble juzgamiento de una misma cuestión. Consecuentemente, respecto a las disposiciones legales que se combaten y que ya han sido identificadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que en términos de la fracción V del numeral 63 del precitado ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio constitucional. Por otra parte, en relación a la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente TJA/3aS/81/2016, por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se advierte de oficio que, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La hipótesis normativa transcrita informa que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, a efecto de establecer la actualización de la referida causal de improcedencia se estima necesario relatar brevemente los antecedentes del acto reclamado: 1. El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dictó sentencia definitiva en el juicio administrativo TJA/3aS/81/2016, promovido por TEODORO RODRÍGUEZ HERRERA, contra el Ayuntamiento, Presidente y Tesorero, todos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por virtud de la cual determinó la configuración de la negativa ficta respecto del escrito fechado el nueve de febrero de dos mil dieciséis, la ilegalidad de dicha negativa ficta y se condenó al cumplimiento de las prestaciones reclamadas consistentes: a) El pago de pensión por cesantía en edad avanzada desde el momento en que no fue pagada. b) La publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y en la Gaceta Municipal del decreto mediante el cual el Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla otorgó a Teodoro Rodríguez Herrera la pensión por cesantía en edad avanzada. c) El otorgamiento de la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria al pensionado y sus beneficiarios incorporándolo o inscribiéndolo en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a través de la institución en la que tenga inscritos a sus trabajadores. d) El pago de la prima de antigüedad en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Teniendo como base para la cuantificación de las prestaciones a que tiene derecho el salario de $10,407.70 (diez mil cuatrocientos siete 70/100 M.N.) (fojas 1 a 9 anexo I). 2. Resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley, y así se declaró en acuerdo del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, atento a lo cual, en la misma determinación, requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia en el improrrogable término de diez días, apercibidas con multa y proceder en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (fojas 17 anexo I). 3. Ante el incumplimiento de la sentencia definitiva por parte de las autoridades demandadas, la Sala responsable emitió diversos acuerdos haciendo efectivos múltiples apercibimientos, y por acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve, abrió incidente no especificado dando vista para que las autoridades demandadas, Presidente, Tesorero y Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, justificaran el incumplimiento a la sentencia, apercibiéndolos, que en caso de no hacerlo se entendería que el incumplimiento a la ejecutoria es injustificado y procedería a su destitución e inhabilitación hasta por seis años (fojas 1 a 3 anexo IV) 4.- Por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, el Magistrado responsable tuvo por desahogada la vista por las autoridades demandadas y ordenó turnar los autos para resolver el incidente (fojas 45 a 210 anexo IV) 5.- El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se resolvió el citado incidente en el que el Magistrado responsable determinó que las autoridades demandadas en el juicio natural no justificaron el incumplimiento de la sentencia, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ordenó la inmediata destitución del Presidente Municipal, Síndico, Tesorera y Regidores y requirió al Secretario Municipal del Ayuntamiento para que convocara a Sesión de Cabildo para que se proceda a llamar a cada uno de los suplentes de las autoridades que han sido destituidas (fojas 212 a 220 anexo IV) Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional Ahora bien, de las constancias remitidas por el Magistrado responsable, se desprende que la Síndica del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en representación del Ayuntamiento de dicho municipio, promovió controversia constitucional en la que reclamó esencialmente: a) El proceso legislativo de los artículos 11, fracción V, y 91, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. b) La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente TJA/3aS/81/2016 radicado ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en la que se ordenó la inmediata destitución e inhabilitación por tres años de los aquí quejosos, en aplicación de las normas reclamadas y su ejecución consistente en el requerimiento realizado al Secretario Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a fin de que convoque a Cabildo y llame a los suplentes de las autoridades municipales. (fojas 17 a 51 anexo II). Asimismo, se advierte que por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Ministro Instructor registró la citada controversia constitucional con el número 44/2020, desechó la demanda de controversia respecto de las normas impugnadas y por cuanto a la Tesorera Municipal; asimismo, la admitió respecto a la resolución impugnada (fojas 10 a 16 anexo II) Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y de la consulta obtenida de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de versiones taquigráficas, se deriva como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la Segunda Sala del Máximo Tribunal resolvió la citada controversia constitucional 44/2020, planteada por el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en la que declaró la invalidez de la resolución emitida el veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el Magistrado de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente TJA/3AS/81/2016 en cuanto a la imposición de la sanción consistente en la destitución e inhabilitación del Presidente Municipal, la Síndica y diversos Regidores del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Al respecto se inserta la parte conducente de la versión taquigráfica de la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SEGUNDA SALA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. ASISTENCIA: PRESIDENTA SEÑORA MINISTRA: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA SEÑORES MINISTROS: ALBERTO PÉREZ DAYÁN LUIS MARÍA AGUILAR MORALES JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS JAVIER LAYNEZ POTISEK (SE ABRIÓ LA SESIÓN A LAS 13:45 HORAS) SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno. Señora secretaria, le solicito dé cuenta del acta de la sesión anterior. Continuamos con la lista ordinaria de cada una de las ponencias. . Continuamos con la lista ordinaria de la ponencia del señor Ministro don Luis María Aguilar Morales y solicito se dé cuenta en primer término con el Recurso de Reclamación 1096/2021, para efecto de calificar el impedimento que plantea el Ministro ponente. SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA: Sí, Ministra Presidenta. Doy cuenta con el . (.) ASUNTO NÚMERO 38 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2020. El proyecto propone: PRIMERO. ES PARCIALMENTE PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE POR EL MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL EXPEDIENTE TJA/3AS/81/2016 EN CUANTO A LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SÍNDICA Y DIVERSOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA EJECUTORIA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. NOTIFÍQUESE; "." (.) Es cuanto, Ministra. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Señores Ministros, una vez identificados los asuntos referidos y el sentido de las resoluciones que en ellos se propone, de no haber observaciones, en votación económica les consulto ¿se aprueban? (VOTACIÓN FAVORABLE). SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA: Ministra Presidenta, le informo que hay unanimidad de cinco votos con el sentido con el que di cuenta. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: QUEDAN APROBADOS POR UNANIMIDAD. Secretaria de Acuerdos ¿queda algún asunto pendiente por desahogar en el orden del día? SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA: Ninguno, Ministra Presidenta. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: No habiendo otros asuntos pendientes por desahogar, los convoco a la sesión pública ordinaria que tendrá lugar en este recinto el miércoles veinticuatro de noviembre del año en curso, a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión." Tiene aplicación la jurisprudencia XXI.3o. J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro digital 183053, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 804 del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." En estas circunstancias, el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 44/2020, planteada por el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, declaró la invalidez de la resolución emitida el veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el Magistrado de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente TJA/3AS/81/2016 en cuanto a la imposición de la sanción consistente en la destitución e inhabilitación del Presidente Municipal, la Síndica y Regidores del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; por tal motivo, es factible arribar a la conclusión de que se destruyeron todos los efectos del acto combatido en forma total e incondicional, es decir, han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así porque los quejosos reclaman la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente TJA/3aS/81/2016 radicado ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en la que se ordenó la inmediata destitución e inhabilitación por tres años de los aquí quejosos; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inválida dicha resolución en la controversia constitucional 44/2020, por lo que sus efectos y consecuencias han cesado, de tal manera que sería infructuoso emprender su análisis constitucional. Acorde a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la propia Ley, se sobresee en el juicio constitucional que nos ocupa respecto a la referida resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada en el expediente TJA/3aS/81/2016 Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, atendiendo a la misma redacción de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y la fracción XVI del artículo 73 de la ley abrogada, la Tesis de Jurisprudencia 198, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se estima oportuno precisar que similar criterio sostuvieron el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito al resolver el amparo en revisión 476/2018 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito al resolver los amparos en revisión R.T. 95/2018 y R.T. 71/2018. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la Actuaria adscrita a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y a la Secretaria del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios. QUINTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARIO OCAMPO OCAMPO, VERÓNICA TORRES REBOLLAR, CRISTÓBAL ACEVEDO AGUIRRE, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, RUBÉN MORALES OZAETA, ISRAEL ALEMÁN CÁRDENAS y GILBERTO ROJAS CÁRDENAS, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por las consideraciones expuesta en el penúltimo considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

  4. Principal

    Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ????? ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a EDUARDO REYES AYALA, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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