Matthew Quinton Green
Expediente 172/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 37 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Matthew Quinton Green
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
se declara que la sentencia dictada ha causado ejecutoria; al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo; se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción; se hace constar que el original y duplicado del incidente de suspensión son destruibles.
- Principal
Abierta la audiencia: el Secretario da cuenta con las constancias que integran el presente juicio de amparo. Asimismo, la Secretaría hace constar que se ha verificado que no existen pruebas pendientes de desahogar y que el expediente se encuentra debidamente integrado. Ahora bien, se da cuenta que en auto dictado el ... de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado ..., por medio de edictos; sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído en relación a su publicación, a pesar de encontrarse debidamente notificada, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos del expediente electrónico. A lo anterior el Juez de Distrito dispone: a) Téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. b) Respecto a que en auto dictado el ... de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado ..., por medio de edictos; sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído en relación a su publicación, a pesar de encontrarse debidamente notificada, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos del expediente electrónico; deberá tomarse en cuenta, al momento de resolver el presente sumario constitucional. En la etapa de pruebas: El secretario da cuenta con las documentales que obran en autos y las ofrecidas por la parte quejosa, así como la instrumental y presuncional que ofreció la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; y que ninguna de las demás partes ofreció medio de convicción alguna. A lo que el Juez de Distrito dispone: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, los medios de convicción aludidos; y se declara precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas por no hacerlo oportunamente. En periodo de alegatos: El secretario hace constar que el agente del Ministerio Público presentó pedimento por el cual realizó manifestaciones en vía de alegatos; y que el resto de las partes no formuló. A lo que el Juez de Distrito acuerda en relación a la etapa de alegatos: Tener por reproducidos los alegatos que realizó la representación social; y por precluido el derecho de formular alegatos a las partes que no lo hicieron, con lo que se concluye esta última etapa. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se cierra la etapa de alegatos; y respecto de las dos primeras fases de la presente audiencia, se levanta la presente acta; por lo que el Juez procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 172/2020 de acuerdo con los siguientes: ANTECEDENTES: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ... de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, ... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la resolución de ... de febrero de dos mil vente, dictada en la audiencia de Impugnación a Determinación del Ministerio Público, número .../2020, en la que se resolvió desechar por extemporáneo el recurso de impugnación interpuesto por el quejoso, en relación al acuerdo de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación .../2016. La parte quejosa invocó como preceptos constitucionales vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna radicó dicha demanda y la admitió a trámite, solicitó informe justificado a las autoridades responsables y dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, entre ellos .... Empero, ante la imposibilidad de localizar al nombrado tercero interesado, se ordenó la investigación a que hace referencia el artículo 27, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que se haya logrado un resultado favorable, no obstante las diversas gestiones realizadas por este juzgado. Así, por auto dictado el once de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento del nombrado tercero interesado, por medio de edictos, acorde a lo dispuesto por dicho numeral y el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que, mediante proveído de veintinueve de noviembre del año pasado, ante la manifestación expresa del quejoso en el sentido de encontrarse de acuerdo con pagar la publicación de los edictos de referencia, se dejó a su disposición el edicto respectivo en la secretaría de este juzgado. TERCERO. En esta propia fecha, se celebró la audiencia constitucional, la cual consta, en sus fases de pruebas y alegatos, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37, de la Ley de Amparo; así como el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción VIII, punto segundo, fracción VIII, inciso 3, y punto cuarto, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del año dos mil trece; debido a que se reclaman actos de una autoridad con residencia en esta ciudad, que se ubica dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en las sentencias de amparo, el juzgador debe fijar en forma clara y precisa el acto reclamado. En el caso particular, el acto reclamado sustancialmente consiste en la resolución de cinco de febrero de dos mil vente, dictada en la audiencia de Impugnación a Determinación del Ministerio Público, número 4/2020, en la que se resolvió desechar por extemporáneo el recurso de impugnación interpuesto por el quejoso, en relación al acuerdo de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FED/COAH/SALT/.../2016, dictada por la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos que la parte quejosa reclama de la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe con justificación. CUARTO. Es innecesario transcribir las consideraciones del acto reclamado, así como los conceptos de violación, porque no serán materia de estudio en esta sentencia, por las razones siguientes. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese tenor, el suscrito juzgador considera que en el presente juicio se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó: (...).". En efecto, del numeral transcrito se desprende que el sobreseimiento procederá en el juicio de amparo cuando el quejoso no acredite haber entregado, sin causa razonable a juicio del juzgador de amparo, los edictos para su publicación, en términos de lo previsto por el dispositivo 27 de la propia ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Esto es, dicho numeral condiciona el sobreseimiento por falta de publicación de los edictos, a la realización de "un requerimiento" por parte del quejoso, que se entiende como la solicitud que éste haga al órgano que decretó los edictos, de la entrega de los mismos; órgano que no puede ser otro que el propio tribunal ante quien se promovió la demanda de amparo y que ordenó el llamamiento a juicio del tercero interesado por dicho medio. Por su parte, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. (.).". La porción normativa inserta establece que el emplazamiento al tercero interesado al juicio de amparo deberá efectuarse en forma personal; pero si no consta en autos el domicilio correspondiente o el que obre resulta inexacto, el órgano de amparo dictará las medidas pertinentes con el propósito de investigarlo. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse el llamamiento a juicio, éste se hará por edictos a costa del quejoso, según lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, que en caso de que la parte quejosa no acredite haber entregado los edictos para su publicación en un plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el juicio de amparo. Es decir, la ley de la materia establece un procedimiento específico para que se logre el emplazamiento a juicio del tercero interesado; asimismo, prevé una sanción procesal para el quejoso en caso de que no cumpla con la obligación de acreditar la publicación de los edictos en los términos y condiciones regulados para tal efecto, a saber, el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa no proporcionó el domicilio actual y correcto a fin de emplazar al tercero interesado José Rodrigo Rivera Gaytán, en tanto que el actuario judicial adscrito, así como el adscrito al órgano jurisdiccional al que se envió exhorto para tal fin, no pudo localizar a dicho tercero interesado en los domicilios señalados en autos. Asimismo, no obstante se llevó a cabo la investigación del domicilio del mismo en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, al girar oficios a diversas dependencias a fin de obtener información que coadyuvara a efectuar el llamamiento a juicio de trato, lo que incluyó librar comunicaciones oficiales para tal efecto. Sin embargo, dado que no se lograron resultados positivos, el once de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento en cuestión por medio de edictos, requiriéndose a la parte quejosa para que acudiera ante este órgano de control constitucional y recogiera los edictos de mérito, a fin de que pudiera entregarlos para su publicación y hacer el pago correspondiente, dentro del plazo de veinte días siguientes a la notificación de dicha determinación; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo anterior, se sobreseería en el amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia. Bajo ese contexto fáctico y legal, al haberse agotado el procedimiento previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para la investigación del domicilio del tercero interesado José Rodrigo Rivera Gaytán, a fin de emplazarlo a juicio, sin que la parte quejosa acreditara haberlos entregado para su publicación dentro del plazo concedido para tal efecto; entonces, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, interpretado en relación con el aludido numeral 27, fracción III, inciso b), ambos de la citada ley reglamentaria. Ello, pues de una exégesis conforme (que implica que los preceptos de un ordenamiento se interpreten en forma compatible) de los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, cuando el quejoso no acredite haber entregado los edictos para su publicación, dentro del plazo de veinte días siguientes a que se pusieron a su disposición en el órgano de amparo, procede sobreseer en el juicio, independientemente de que se hubiera o no requerido su entrega a dicho órgano jurisdiccional. Esta interpretación es acorde con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho humano al debido proceso legal; así como con lo dispuesto por el artículo 17 de tal ordenamiento supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes. En efecto, se llega al convencimiento de que la conducta omisiva de la parte quejosa de no exhibir la publicación de los edictos impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad del procedimiento que hace imposible al tribunal de amparo resuelva la litis constitucional sometida a su consideración, al margen de que comparezca o no al tribunal de amparo para requerir su entrega. Es decir, el emplazamiento al tercero interesado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídico procesal, queda condicionado a que el quejoso publique los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado obtuvo un beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por tanto, ante la posición que guardan los terceros interesados frente al acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un presupuesto procesal o de validez del proceso. No obstante, no es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado ante la contumacia de la parte quejosa de publicar los edictos, al margen de que comparezca o no ante el tribunal constitucional a requerir la entrega de los mismos, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, sino al propio quejoso, cuyo interés no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a la sociedad atañe que los juicios se resuelvan en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva pues, se insiste, con ello se contraviene el interés común de la sociedad; razones que conllevan a este órgano federal a estimar que procede sobreseer en el juicio cuando el quejoso no acredite la publicación de los edictos, a pesar de que hubiere o no comparecido ante el tribunal de amparo a solicitarlos, como ocurrió en el caso que nos ocupa, esto es, no acreditar su debida publicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Libro 39, Febrero de dos mil diecisiete, página 1859, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad.". Así como el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Tesis VI.2o.C.101 K, visible en la página 1991 del tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, diciembre de 201, Décima Época, el cual a la letra dice: "EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, ES PARA RECOGERLOS, ENTREGARLOS PARA SU PUBLICACIÓN Y HACER EL PAGO CORRESPONDIENTE, SIN QUE LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DENTRO DEL MISMO PLAZO, CONDUZCA AL SOBRESEIMIENTO. De los artículos 27, fracción III y 63, fracción II, de la Ley de Amparo se desprende que el propósito de ordenar el emplazamiento por edictos del tercero interesado, cuando ello no ha sido posible personalmente, es integrar la relación jurídica procesal. La carga procesal del quejoso de coadyuvar a la publicación de los edictos implica diversos actos y estadios, como son recogerlos, entregarlos para su publicación -lo que implica pagar esta última-, y acreditar ante el órgano judicial que los edictos fueron entregados para su publicación. Ahora bien, la causal de sobreseimiento por incumplimiento a la carga procesal de emplazar al tercero interesado mediante la prensa, debe interpretarse en el sentido de que el quejoso debe presentar los edictos para su publicación dentro del lapso de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, es decir, este término se refiere al ejercicio de la carga procesal de presentar los edictos para que sean publicados, mas no al deber de justificarlo ante el órgano jurisdiccional, lo que válidamente puede hacerse después de ese plazo, ya sea que para ello se fije el término genérico de tres días posteriores a los veinte para presentar los edictos; que el órgano jurisdiccional requiera su presentación dando un término para ello; o bien, si se omite requerir al quejoso para que compruebe que entregó los edictos, entonces podrá hacerlo hasta la fecha señalada para la audiencia constitucional pues, en este último supuesto, no estará constreñido a un término preciso. Lo anterior, desde luego, en el entendido de que la publicación se lleve a cabo en los términos ordenados por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta interpretación es la que mejor se adecua a la carga procesal en análisis, pues establece la posibilidad de que el quejoso goce del término de veinte días en forma completa, sin la restricción que resultaría de considerar que ese plazo es tanto para entregar y pagar los edictos, como para comprobar ello ante el órgano judicial, pues en esta hipótesis el término podría verse disminuido debido a que la entrega y pago generalmente ocurrirían antes de que finalice el referido plazo de veinte días. Asimismo, la interpretación propuesta atiende a la materialidad del hecho constitutivo de la causa de sobreseimiento, esto es, a si los edictos fueron o no publicados, con lo que se hace compatible lo ordenado en la ley con lo que haya ocurrido en la realidad, puesto que el sobreseimiento no se hace depender solamente de un requisito formal de comprobación ante el órgano jurisdiccional, sino que tiende a corroborar si en la realidad los edictos fueron o no entregados para su publicación dentro del plazo legal, privilegiándose la procedencia de la acción constitucional sobre requisitos que resulten excesivos y obstaculizadores, acorde con los postulados contenidos en el artículo 1o. constitucional.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ..., contra el acto reclamado y la autoridad responsable, precisado aquel y ésta, en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado.
- Principal
No resulta legal la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy por lo que se difiere y, en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa que los edictos ordenados dentro del presente juicio de amparo, se encuentran a su disposición en la Secretaría adscrita a este Juzgado a partir de ese día y se le requirió a fin de que dentro del término de veinte días, acredite ante éste órgano jurisdiccional el trámite realizado para las publicaciones de los citados edictos, conforme a lo ordenado en auto de once de noviembre del presente año; sin que a la fecha obre constancia de notificación a la parte quejosa del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, túrnese los autos del presente juicio de amparo a la Actuaría de este Juzgado de Distrito, para que en el ámbito de sus funciones realice la notificación del aludido auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa y así, éste Juzgado de Distrito esté en condiciones de proveer al respecto. Para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
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