Matin Carrera Martinez

Expediente 1034/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1034/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Matin Carrera Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual se interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase el escrito de queja (electrónico) y el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, que por razón de turno corresponda, para la calificación y, en su caso, substanciación del recurso de queja de que se trata. Mientras tanto, fórmese cuaderno de antecedentes para que supla al expediente original, durante la sustanciación del citado medio de impugnación, en el entendido que dicho cuaderno se integrará únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se rinde el informe materia de la queja, expresando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, pues se dictó el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio constitucional en que se actúa

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martin Carrera Martínez y Ana Jazmín Carrera de Jesús, en representación de la menor Evelyn Joselyn Carrera de Jesús, contra actos del Delegado Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en Córdoba, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1034/2023-3-L Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Identificación del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, así como realizar la notificación en breve término. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dicen: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. [A]rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y de los documentos que se anexen a tal promoción; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En ese sentido, y del estudio íntegro del escrito inicial de demanda, se advierte que, respecto del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese orden de ideas, en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Como se precisó, el acto que por esta vía se reclama consiste en: la omisión de darle contestación al escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, presentado en esa misma data, mediante el cual solicitan al Delegado Regional de la Secretaría de Educación Veracruz, con sede en Córdoba, que ordene la baja de la menor de identidad reservada E.J.C de J., como alumna de la Telesecundaria Agustín Millan, por estar cursando grado en diversa institución, argumentando no haber recibido contestación y notificación; sin embargo, se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito que refieren (veintiséis de octubre de dos mil veintitrés) y la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés), pues han transcurrido sólo trece días hábiles. Al respecto, la parte impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición y resulta necesario precisar el contenido del artículo 8 constitucional, que establece: [A]rtículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. El derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, a formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito, como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8 constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la jurisprudencia siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis, que establece: PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Asimismo, cabe destacar que la Constitución Política del Estado de Veracruz, en el artículo 7 establece: [A]rtículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo. De lo anterior se aprecia que en el Estado de Veracruz, las autoridades están obligadas en dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. Disposición estatal aplicable al caso de forma complementaria al numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que genera un beneficio en favor del gobernado respecto del derecho de petición. Acota al margen temporal de actuación de los entes públicos de la entidad veracruzana obligados a observarla. Plazo máximo que constituye un parámetro de límite formal y materialmente legislativo a la dilación mayor que pueden tener las citadas autoridades a fin de contestar una petición. Tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia siguiente: PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Sentado lo anterior, si en la especie la parte quejosa reclamó la omisión de darle contestación a su escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés; argumentando que dicho escrito fue recibido ante la autoridad responsable en esa misma data, la acción de amparo deviene improcedente, ya que la supuesta omisión atribuida a la autoridad responsable ni siquiera se ha materializado. Lo anterior es así, ya que a la fecha de la presentación de la demanda -veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés-, no ha fenecido el término de cuarenta y cinco días hábiles a que se ha hecho referencia, pues precisamente ese es el último día para que la autoridad responsable pudiera dar contestación a su petición. Por lo que, es inconcuso que se encontraba transcurriendo el término de cuarenta y cinco días hábiles con que cuenta la autoridad para dar respuesta a la petición formulada. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con la que se formó este asunto. Intervención de autorizados. Se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Mario Reyes Cruz (1263358) y Mario Alberto Reyes Abundes (9994104), en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Acceso al expediente electrónico. De conformidad en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica, así como que las notificaciones personales, se realicen vía electrónica. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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