Matilde Sosa Arreguín

Expediente 1050/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1050/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Matilde Sosa Arreguín

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa ********************, e informa que el magistrado presidente del órgano colegiado de su adscripción admitió dicho medio de impugnación, el cual fue registrado con el número ********************.

  2. Principal

    Visto el ocurso presentado por ************, mediante el que promueve recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó su demanda de amparo; de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese una copia al sumario para que obre como legalmente corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, así como copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo *** .

  3. Principal

    Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo presentada por ********** , en contra de actos de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Celaya y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1050/2019-IV-B. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Bajo ese contexto, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que el acto que reclama la quejosa es: la orden emitida por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, Guanajuato, para que no le sean recibidas las aportaciones pactadas en el convenio celebrado mediante en la modalidad 40, formalizado mediante la emisión del aviso de inscripción con la forma AFIL-02 -mediante el cual continuó en su calidad de asegurada por parte del mencionado instituto- y con ello desconoce su alta ante dicho ente. Lo anterior, evidencia que el acto reclamado está afectado por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, 5°, fracción II, y 11, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social actúan en su faceta de ente asegurador y, por ello, la conducta que se le endilga no reúne las características propias de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se explica: De acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios, pueden recurrir cualquier acto emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, dada la posición jurídica que hay entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante tribunales ordinarios, ya que la relación que hay entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus asegurados y beneficiarios no es de supra a subordinación y, por ende, frente a ellos no actúa como autoridad. En efecto, de acuerdo con los artículos 2°, 4°, 5°A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social se encuentra dirigida, en primer término, a la protección de los trabajadores y, después, a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores de las prestaciones de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario realiza actos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, relacionados con la seguridad social, previstos en la ley que lo rige, la determinación que emita será actuando como ente asegurador, porque lo hará con investido de la obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, o bien, como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. En la especie, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se evidencia lo siguiente: La quejosa solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, su ingreso en la Modalidad 40, con la finalidad de lograr una pensión a futuro. Dicho instituto elaboró el aviso de inscripción (AFIL-02), por lo que quedó celebrado el convenio citado. Que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa acudió al banco a realizar el pago mensual convenido, el cual no fue recibido por la institución financiera, y le señalaron que por instrucciones del subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, Guanajuato, no podían realizar la operación de mérito. En ese sentido, la conducta que la quejosa reclama no es un acto de autoridad para efectos del amparo, porque el otorgamiento de prestaciones de seguridad social se ubica en una relación jurídica donde el instituto carece de imperio, ya que en el caso actúa en el marco del vínculo de asegurador-asegurado; esto debido a que al negarse a recibir las aportaciones pactadas en el convenio, afecta directamente la prestación que espera obtener en un futuro la asegurada, esto es, el beneficio de una pensión, que es el objetivo del multialudido convenio, tal como lo expresó la amparista. Se insiste, los actos que emite el instituto en ese plano carecen de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad; ya que lo hace en un plano de igualdad con el asegurado, en virtud de que no actúa como órgano fiscal autónomo, sino como un ente asegurador, en virtud del pacto de voluntades celebrado con una particular. Por ello, de acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, las partes en conflicto deben acudir a los tribunales ordinarios para que resuelvan la controversia e impongan, aun coactivamente, las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. En ese sentido, si el acto reclamado está relacionado con la recepción de pago por parte de la asegurada, para que eventualmente obtenga una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este momento no procede el juicio de amparo. Esto se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 consultable en la página 1511 del tomo XXXIV, septiembre de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". De ahí que, en el particular, al reclamarse actos de un ente que actúa en plano de igualdad con la agraviada, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Arturo Espinoza Martínez, por no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que en caso de acreditar tal extremo, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho precepto legal; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Fray Bartolomé de las Casas, número ciento diez, colonia Independencia (FOVISSSTE), 1a. sección, código postal 38010, en esta ciudad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo presentada por ********** , en contra de actos de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Celaya y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1050/2019-IV-B. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Bajo ese contexto, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que el acto que reclama la quejosa es: la orden emitida por el subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, Guanajuato, para que no le sean recibidas las aportaciones pactadas en el convenio celebrado mediante en la modalidad 40, formalizado mediante la emisión del aviso de inscripción con la forma AFIL-02 -mediante el cual continuó en su calidad de asegurada por parte del mencionado instituto- y con ello desconoce su alta ante dicho ente. Lo anterior, evidencia que el acto reclamado está afectado por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, 5°, fracción II, y 11, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso las autoridades responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social actúan en su faceta de ente asegurador y, por ello, la conducta que se le endilga no reúne las características propias de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se explica: De acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados y sus beneficiarios, pueden recurrir cualquier acto emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, dada la posición jurídica que hay entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante tribunales ordinarios, ya que la relación que hay entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus asegurados y beneficiarios no es de supra a subordinación y, por ende, frente a ellos no actúa como autoridad. En efecto, de acuerdo con los artículos 2°, 4°, 5°A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. La seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social se encuentra dirigida, en primer término, a la protección de los trabajadores y, después, a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores de las prestaciones de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario realiza actos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, relacionados con la seguridad social, previstos en la ley que lo rige, la determinación que emita será actuando como ente asegurador, porque lo hará con investido de la obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, o bien, como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. En la especie, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se evidencia lo siguiente: La quejosa solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, su ingreso en la Modalidad 40, con la finalidad de lograr una pensión a futuro. Dicho instituto elaboró el aviso de inscripción (AFIL-02), por lo que quedó celebrado el convenio citado. Que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa acudió al banco a realizar el pago mensual convenido, el cual no fue recibido por la institución financiera, y le señalaron que por instrucciones del subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Celaya, Guanajuato, no podían realizar la operación de mérito. En ese sentido, la conducta que la quejosa reclama no es un acto de autoridad para efectos del amparo, porque el otorgamiento de prestaciones de seguridad social se ubica en una relación jurídica donde el instituto carece de imperio, ya que en el caso actúa en el marco del vínculo de asegurador-asegurado; esto debido a que al negarse a recibir las aportaciones pactadas en el convenio, afecta directamente la prestación que espera obtener en un futuro la asegurada, esto es, el beneficio de una pensión, que es el objetivo del multialudido convenio, tal como lo expresó la amparista. Se insiste, los actos que emite el instituto en ese plano carecen de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad; ya que lo hace en un plano de igualdad con el asegurado, en virtud de que no actúa como órgano fiscal autónomo, sino como un ente asegurador, en virtud del pacto de voluntades celebrado con una particular. Por ello, de acuerdo con los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, las partes en conflicto deben acudir a los tribunales ordinarios para que resuelvan la controversia e impongan, aun coactivamente, las consecuencias jurídicas establecidas por la ley. En ese sentido, si el acto reclamado está relacionado con la recepción de pago por parte de la asegurada, para que eventualmente obtenga una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este momento no procede el juicio de amparo. Esto se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 consultable en la página 1511 del tomo XXXIV, septiembre de 2011, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". De ahí que, en el particular, al reclamarse actos de un ente que actúa en plano de igualdad con la agraviada, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Arturo Espinoza Martínez, por no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que en caso de acreditar tal extremo, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho precepto legal; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Fray Bartolomé de las Casas, número ciento diez, colonia Independencia (FOVISSSTE), 1a. sección, código postal 38010, en esta ciudad. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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