Matilde Rosales Rosales

Expediente 827/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
827/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Matilde Rosales Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Audiencia Constitucional En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado **, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la licenciada ***, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a desahogar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 837/2019-IV. Abierta la audiencia, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo (fojas 2 a 4), el emplazamiento a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 8) y el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (fojas 12 a 15). En ese orden, se certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción alguna dirigida a este expediente, que se encuentre pendiente por acordar. En atención a lo anterior el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: De conformidad con los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de cuenta. Acto continuo, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Secretario en funciones de Juez de Distrito abrió el periodo probatorio, donde las documentales enviadas por la autoridad responsable (fojas 14 y 15), se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Con lo cual, se cierra esta etapa. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez de Distrito ordenó pasar al periodo de alegatos. En dicha fase, la Secretaria hizo constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que, se cierra esta fase. Acto continuo, el Secretario en funciones de Juez de Distrito dio por concluida el acta y procedió al dictado de la resolución correspondiente. Sentencia Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 827/2019-IV, promovido por ****, y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. El once de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por ***, la cual fue turnada al día siguiente a este juzgado. En ella, la quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la responsable se reclama la omisión de dictar la resolución (laudo) por medio de la cual se resuelva el fondo del juicio laboral radicado bajo el expediente ***en los términos prescritos por la Ley Federal del Trabajo, violando lo dispuesto en los artículos 893, 895 y 896 de la legislación laboral mencionada. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de trece de noviembre del año que transcurre (foja 5), la demanda de amparo se registró con el número 827/2019-IV y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la omisión que se reclama tiene efectos materiales dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral ****, no obstante que ya se declaró cerrada la instrucción desde el quince de noviembre de dos mil dieciocho. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 12 a 15), manifestó que es cierta la omisión reclamada, pues el quince de noviembre de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral ****, sin que a la fecha se haya dictado el laudo correspondiente, debido al cúmulo de trabajo con que cuenta dicha Junta. Asimismo, remitió copia certificada del auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (foja 15), en el cual se determinó el cierre de la instrucción y se turnaron los autos al Auxiliar de la Junta responsable, para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente; constancia que, aunada a la afirmativa de la autoridad responsable, cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por demostrada la existencia de la omisión reclamada. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. Al respecto, la Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, correspondiente al mes de Mayo de 2016, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Mientras que, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a la letra dice: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De acuerdo a dichos numerales y a la jurisprudencia en cita, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a excepción, de que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total. Sin embargo, dicha causal de improcedencia se desestima pues implica el estudio de fondo de este asunto. En efecto, la quejosa refiere que existe una evidente dilación en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, de manera que el análisis de dicho retardo implica el estudio de fondo de este asunto, pues de ser efectivamente así, ello constituiría una excepción respecto de la actualización de la causa de improcedencia que invoca la citada autoridad e implicaría la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal debido a la vulneración directa en su perjuicio del artículo 17 Constitucional, o en caso contrario, el sobreseimiento de este asunto debido a la actualización de esa o alguna otra causa de improcedencia, pero esto último sólo podrá determinarse previo estudio del fondo del asunto. Por lo tanto, como se anunció, la causal de improcedencia citada, se desestima. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 187973, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa argumenta que con la omisión reclamada, la Junta responsable vulnera en su perjuicio el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. El subrayado es propio. Bajo ese contexto, la Junta responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889, todos de la Ley Federal del Trabajo (vigente antes de la reforma publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve, de acuerdo al artículo séptimo transitorio, del decreto relativo), mismos que, en su orden y en la parte que interesa, disponen: 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.). 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.). 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Del análisis de los dispositivos antes transcritos, queda de manifiesto que los Tribunales del Trabajo están regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece y su desacato indudablemente conlleva a una violación constitucional al derecho fundamental de pronta impartición de justicia prevista por el referido artículo 17 de nuestra Ley Suprema; así pues, se colige lo siguiente: Que una vez declarada cerrada la instrucción, el Auxiliar de la Junta Laboral, cuenta únicamente con diez días para la emisión del proyecto de laudo correspondiente. Emitido tal proyecto, se entregará copia a todos los miembros de la Junta, quienes cuentan con un periodo de cinco días para ordenar el desahogo de las pruebas que hubieren quedado pendientes, lo que se verificará en un término máximo de ocho días después de concluido el primer periodo aludido en este párrafo. Hecho lo anterior, el Presidente de la Junta citará a los miembros para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo que se deberá realizar en un término de diez días. Por ende, el periodo total con que cuenta la Junta para la emisión del laudo es de treinta y tres días, todos ellos hábiles. En el caso, desde el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural, turnándose los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, el cual no se ha realizado, y obvio es, tampoco se han verificado el resto de las etapas indicadas líneas arriba, para lo cual, como se precisó, se cuenta con un término total de treinta y tres días hábiles, siendo notorio que en la fecha en que se dicta esta sentencia, ha transcurrido en exceso dicho plazo, pues el mismo terminó desde el siete de enero de dos mil diecinueve (sin contar los días inhábiles diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre; uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, así como uno de enero de dos mil diecinueve) y a la fecha, han pasado casi un año desde ese momento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que les atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales 685, 686, 771, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión de dictar el laudo que reclama el promovente de amparo, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. Apoya lo anterior, por contener el principio jurídico apuntado, la Jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de dos mil cuatro, visible a foja 226, cuyo rubro y texto establecen: LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Al respecto, no se pierde de vista la citada tesis de jurisprudencia 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De dicha tesis, si bien se desprende que, por regla general, cuando el quejoso reclama exclusivamente una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, alegando violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse de imposible reparación, es decir, que vulneren derechos sustantivos, pues no se trata de violaciones autónomas al procedimiento, sino que se presentan justamente dentro de éste, como es el caso del retardo en la emisión del laudo respectivo. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio citado, estableció como excepción a tal regla general, el hecho de que exista una abierta dilación al procedimiento o su paralización total, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dichos actos. Además, en la tesis de jurisprudencia por contradicción 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Laboral, Décima Época, con número de registro 2019400, del rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS, se especifica que, la abierta dilación en el juicio laboral, se actualizará cuando transcurran más de cuarenta y cinco días, desde la fecha en que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos. En el caso, ya transcurrieron también los cuarenta y cinco días a que se refiere la última tesis en comento, pues empezaron a computarse el ocho de enero de dos mil diecinueve y fenecieron el trece de marzo del año en curso. Por tanto, tal excepción se actualiza en este asunto, toda vez que como ya se expuso, desde el cierre de instrucción que aconteció el quince de noviembre de dos mil dieciocho, a la fecha en que se dicta esta sentencia, ha transcurrido casi un año, sin que se haya dictado el laudo correspondiente, lo que se estima, constituye una manifiesta dilación al procedimiento, además, tomando en cuenta que el plazo de cuarenta y cinco días referido, feneció desde el trece de marzo del año en curso. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, de acuerdo a sus facultades: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo (vigente antes de la reforma publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve), emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ***, de su índice. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Matilde ***, en relación con la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que a partir del once de diciembre de dos mil diecinueve, se designó al licenciado *****************, como Secretario en Funciones de Juez de Distrito de este Órgano Jurisdiccional, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 43, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien quedará responsable de este Juzgado. Lo anterior, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegada a la persona que indica en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada**************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, también conocida como *******, contra actos de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 827/2019. Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas del trece de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Se reserva el emplazamiento de los terceros interesados que señala en su escrito de demanda, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable, para corroborar que les asiste ese carácter. Luego, respecto a la prueba instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana que ofrece, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Enseguida, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Se le tiene autorizando en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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