Matilde Reyes Alcantar
Expediente 862/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
Partes del expediente
- Matilde Reyes Alcantar
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que de conformidad con la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas, la suspensión de plazos y términos a partir del diecinueve de diciembre de dicha anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Por otra parte, de conformidad con la circular SECNO/10/2021 firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas que, a partir de esta data se reanudarán los plazos por lo que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21, inciso b) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa mediante auto de dieciocho de noviembre del año en curso, para que desahogara la prevención realizada en dicho proveído, sin que se recibiera promoción al respecto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto Familiar de Toluca, con residencia en Metepec y otra; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 862/2020-VI. Cabe señalar que si bien la promovente del amparo solicita se le otorgue la suspensión de oficio y de plano, en el caso particular la inconstitucionalidad del arresto administrativo que reclama, no se ubica en alguno de los supuestos que al efecto contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado; pues su aplicación opera cuando se trate de actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y en la especie se está ante un arresto reclamado a un juez del orden familiar, es decir, dada la naturaleza de éste como órgano jurisdiccional o autoridad judicial, dentro de un procedimiento jurisdiccional, y no fuera como se pretende, y así se enuncia, en la demanda de amparo; y por ello, no puede ser aplicable al caso concreto. Ahora, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, y tomando en cuenta que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso en juicio constitucional, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, y con apoyo en los artículos 108, fracción V, 112, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad: El nombre del tercero interesado. Los antecedentes del procedimiento de origen, así como de la etapa en que se dictó el auto en el que se ordenó el arresto administrativo a que refiere. Los preceptos que considere se le vulneren, así como los conceptos de violación. Es decir, señale de manera cronológica y sucinta las etapas procesales del procedimiento de origen, pues dichos antecedentes son la base de la petición de protección constitucional incoada, mismos que son necesarios para establecer tanto las pretensiones de la accionante del amparo, como la procedencia del juicio en trato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. Motivo por el cual, en concreto, se requiere saber el estado procesal que guarda el expediente de origen, debiendo hacer una narración cronológica, breve y concreta de los actos procesales que anteceden al acto que hoy reclama. Por su aplicación en lo conducente, es de citar la Tesis Jurisprudencial VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, página: 301, que dice: DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Así como, la Jurisprudencia P./J. 127/99, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, página 32, que dice: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Apercibido que de no dar cumplimiento en los términos indicados, en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Además, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Francisco Cruz Cuevas y Nicolás Solís Solís, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a la persona restante que indica. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal de criterio, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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