Matilde Rentería Marín y Otros.

Expediente 679/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
679/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Matilde Rentería Marín y Otros.
  • Humberto Francisco Gloria Muruaga y Otros.
  • Matilde Rentería Marín
  • Humberto Francisco Gloria Muruaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, han dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La omisión de dar respuesta a las peticiones realizadas por escritos (diez), presentados el uno de junio de dos mil veintiuno. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Única. Se concede la protección constitucional a Humberto Francisco Gloria Muruaga, Matilde Rentería Marín, Luciano Carrillo Maldonado, José Aron Martínez Contreras, Juan Ramón Faustino Reyes, Javier Soto Méndez y Laura Lumbreras Torres, para el efecto de que el Presidente y Secretario del Ayuntamiento, ambos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza: i) Den respuesta de inmediato por escrito y de manera congruente a las peticiones de la parte agraviada, formuladas mediante escritos presentados el uno de junio de dos mil veintiuno. ii) Notifiquen a la parte quejosa dicha respuesta. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su interés legal conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto. 3.1. Primero efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, las autoridades responsables remitieron los oficios DTUM/045/2021 al DTUM/054/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, de los que se advierte que se dio contestación por escrito de manera congruente a las solicitudes de los quejosos Humberto Francisco Gloria Muruaga, Matilde Rentería Marín, Luciano Carrillo Maldonado, José Aron Martínez Contreras, Juan Ramón Faustino Reyes, Javier Soto Méndez y Laura Lumbreras Torres, formuladas mediante escritos (diez), presentados el uno de junio de dos mil veintiuno, pues con fundamento en el artículo 8o constitucional, les informaron la situación que guardaban las concesiones de transporte público respecto de las que solicitaron información. 3.2. Segundo efecto. De las propias documentales se advierte que se notificaron a los quejosos los oficios DTUM/045/2021 al DTUM/054/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a través de los cuales contestaron sus peticiones. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias remitidas por las autoridades responsables, se concluye que atendieron total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 5.2. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5.3. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.iiaPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, han dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La omisión de dar respuesta a las peticiones realizadas por escritos (diez), presentados el uno de junio de dos mil veintiuno. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Única. Se concede la protección constitucional a Humberto Francisco Gloria Muruaga, Matilde Rentería Marín, Luciano Carrillo Maldonado, José Aron Martínez Contreras, Juan Ramón Faustino Reyes, Javier Soto Méndez y Laura Lumbreras Torres, para el efecto de que el Presidente y Secretario del Ayuntamiento, ambos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza: i) Den respuesta de inmediato por escrito y de manera congruente a las peticiones de la parte agraviada, formuladas mediante escritos presentados el uno de junio de dos mil veintiuno. ii) Notifiquen a la parte quejosa dicha respuesta. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su interés legal conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto. 3.1. Primero efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, las autoridades responsables remitieron los oficios DTUM/045/2021 al DTUM/054/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, de los que se advierte que se dio contestación por escrito de manera congruente a las solicitudes de los quejosos Humberto Francisco Gloria Muruaga, Matilde Rentería Marín, Luciano Carrillo Maldonado, José Aron Martínez Contreras, Juan Ramón Faustino Reyes, Javier Soto Méndez y Laura Lumbreras Torres, formuladas mediante escritos (diez), presentados el uno de junio de dos mil veintiuno, pues con fundamento en el artículo 8o constitucional, les informaron la situación que guardaban las concesiones de transporte público respecto de las que solicitaron información. 3.2. Segundo efecto. De las propias documentales se advierte que se notificaron a los quejosos los oficios DTUM/045/2021 al DTUM/054/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a través de los cuales contestaron sus peticiones. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias remitidas por las autoridades responsables, se concluye que atendieron total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 5.2. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5.3. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe. Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, han dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La omisión de dar respuesta a las peticiones realizadas por escritos (diez), presentados el uno de junio de dos mil veintiuno. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Única. Se concede la protección constitucional a Humberto Francisco Gloria Muruaga, Matilde Rentería Marín, Luciano Carrillo Maldonado, José Aron Martínez Contreras, Juan Ramón Faustino Reyes, Javier Soto Méndez y Laura Lumbreras Torres, para el efecto de que el Presidente y Secretario del Ayuntamiento, ambos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza: i) Den respuesta de inmediato por escrito y de manera congruente a las peticiones de la parte agraviada, formuladas mediante escritos presentados el uno de junio de dos mil veintiuno. ii) Notifiquen a la parte quejosa dicha respuesta. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresara lo que a su interés legal conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto. 3.1. Primero efecto. En cumplimiento a la sentencia constitucional, las autoridades responsables remitieron los oficios DTUM/045/2021 al DTUM/054/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, de los que se advierte que se dio contestación por escrito de manera congruente a las solicitudes de los quejosos Humberto Francisco Gloria Muruaga, Matilde Rentería Marín, Luciano Carrillo Maldonado, José Aron Martínez Contreras, Juan Ramón Faustino Reyes, Javier Soto Méndez y Laura Lumbreras Torres, formuladas mediante escritos (diez), presentados el uno de junio de dos mil veintiuno, pues con fundamento en el artículo 8o constitucional, les informaron la situación que guardaban las concesiones de transporte público respecto de las que solicitaron información. 3.2. Segundo efecto. De las propias documentales se advierte que se notificaron a los quejosos los oficios DTUM/045/2021 al DTUM/054/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a través de los cuales contestaron sus peticiones. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias remitidas por las autoridades responsables, se concluye que atendieron total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 5.2. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5.3. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el nueve de septiembre del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informaron el cumplimiento al fallo protector. 2.1. Acuerdo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la anterior circunstancia dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Encargado de la Administración de Correos de México, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 1.1. Acuerdo. Al respecto, se tiene a la citada dependencia remitiendo acuse de recibo de las piezas postales relativas a los oficios 22559/2021-IR y 22560/2021-IR, dirigidos al Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; de lo que este Juzgado toma nota para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obran las tarjetas postales acuses de recibo de los oficios 22559/2021-IR y 22560/2021-IR, girados para notificar a las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario del Republicano Ayuntamiento, ambos con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, la sentencia constitucional de treinta de agosto de dos mil veintiuno. 1.1 Requerimiento a correos. En consecuencia, se requiere al Administrador de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita a este Juzgado de Distrito las piezas postales acuse de recibo referente a los oficios 22559/2021-IR y 22560/2021-IR; o en su defecto, un duplicado de las mismas, o bien informe si tiene algún impedimento para su remisión, en la inteligencia de que dichos oficios fueron depositados en la oficina a su cargo en factura de dos de septiembre de este año. 1.2 Apercibimiento. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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