Matilde Martínez Martínez
Expediente 983/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Matilde Martínez Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, vista la razón del Actuario de la que se advierte, no le fue posible notificar personalmente el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, al tercero ********************; por el motivo expuesto; por tanto, conforme con lo establecido en la fracción III, inciso a), del numeral 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el proveído de que se trata, por lista, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zona conurbada para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE. - - - - - - - - - - - - - EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO DE ANTECEDE, NOTIFICÓ EL AUTO DE 06/10/2021 A LA PARTE TERCERA INTERESADA. - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Adjúntese el oficio y anexo que remite la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que no se había dictado auto de calificación de pruebas, dentro del expediente laboral J.32/0752/2019 de su índice; sin embargo, refiere que en determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes. Lo que informa, fue notificado a la actora Matilde Martínez Martínez, en dicho juicio laboral, aquí quejosa, mediante diligencia de veintinueve de septiembre del año en curso, por conducto de su apoderado legal. Anexando copia certificada de tal determinación y de la notificación aludida. Ahora, en el presente juicio constitucional, Matilde Martínez Martínez, por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La OMISIÓN que se traduce en el NO DICTADO DEL ACUERDO SOBRE LAS PRUEBAS QUE SE ADMITAN O DESECHEN A LAS PARTES, dentro del Juicio Laboral con número de Expediente J.32/0752/2019, del índice de la Autoridad Responsable, a que se refiere el artículo 880 fracción IV de la Ley Federal de Trabajo, no obstante que desde el día 08 de junio del año 2021 (hace 3 meses), la autoridad responsable se reservó el derecho para calificar pruebas, habiendo transcurrido pero por mucho los 5 días posteriores para el dictado del acuerdo respectivo y es la fecha que no se pronuncia al respecto. Esto es, el Juicio se encuentra totalmente paralizado." Tomando en consideración el informe justificado de la presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y de las copias certificadas que exhibe deducidas de su expediente laboral J.32/0752/2019, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dictó determinación en el expediente laboral aludido, hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, al ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en que la parte quejosa presentó la demanda de amparo; dicha omisión si existía. Sin embargo, en los términos reseñados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que a esta fecha, el acto reclamado cesó en sus efectos. Es así, pues la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el expediente laboral J.32/0752/2019de su índice; en determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes. Lo que notificó a la actora Matilde Martínez Martínez, en dicho juicio laboral, aquí quejosa, mediante diligencia de veintinueve de septiembre del año en curso, por conducto de su apoderado legal. Luego, la omisión reclamada por la parte quejosa, dejó de existir, constituyendo una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero 1998, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (catorce horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Adjúntese el oficio y anexo que remite la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que no se había dictado auto de calificación de pruebas, dentro del expediente laboral J.32/0752/2019 de su índice; sin embargo, refiere que en determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes. Lo que informa, fue notificado a la actora Matilde Martínez Martínez, en dicho juicio laboral, aquí quejosa, mediante diligencia de veintinueve de septiembre del año en curso, por conducto de su apoderado legal. Anexando copia certificada de tal determinación y de la notificación aludida. Ahora, en el presente juicio constitucional, Matilde Martínez Martínez, por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La OMISIÓN que se traduce en el NO DICTADO DEL ACUERDO SOBRE LAS PRUEBAS QUE SE ADMITAN O DESECHEN A LAS PARTES, dentro del Juicio Laboral con número de Expediente J.32/0752/2019, del índice de la Autoridad Responsable, a que se refiere el artículo 880 fracción IV de la Ley Federal de Trabajo, no obstante que desde el día 08 de junio del año 2021 (hace 3 meses), la autoridad responsable se reservó el derecho para calificar pruebas, habiendo transcurrido pero por mucho los 5 días posteriores para el dictado del acuerdo respectivo y es la fecha que no se pronuncia al respecto. Esto es, el Juicio se encuentra totalmente paralizado." Tomando en consideración el informe justificado de la presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y de las copias certificadas que exhibe deducidas de su expediente laboral J.32/0752/2019, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dictó determinación en el expediente laboral aludido, hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, al ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en que la parte quejosa presentó la demanda de amparo; dicha omisión si existía. Sin embargo, en los términos reseñados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que a esta fecha, el acto reclamado cesó en sus efectos. Es así, pues la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el expediente laboral J.32/0752/2019de su índice; en determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes. Lo que notificó a la actora Matilde Martínez Martínez, en dicho juicio laboral, aquí quejosa, mediante diligencia de veintinueve de septiembre del año en curso, por conducto de su apoderado legal. Luego, la omisión reclamada por la parte quejosa, dejó de existir, constituyendo una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero 1998, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, quedan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (catorce horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno), pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por MATILDE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, por conducto de su apoderado Claudio Juárez Meneses, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez.; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 983/2021. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida MATILDE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, por conducto de su apoderado Claudio Juárez Meneses, personalidad que acredita con copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de junio de dos mil veintiuno, desahogada en el expediente J.32/0752/2019, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez. Tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía correo electrónico, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado, para ello, si desean rendir su informe justificado vía correo electrónico, podrán hacerlo a la siguiente dirección 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100, moneda nacional ($2,688.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Se señalan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, les será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo, asimismo, respecto de las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana se le tienen por ofrecidas, y en razón de que no ameritan un desahogo posterior dada su naturaleza, se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, en términos de los artículos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b) 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado a DICONSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OAXACA, en consecuencia, por conducto del Actuario adscrito a este juzgado y con una copia de la demanda de garantías emplácese a este juicio a DICONSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OAXACA, por conducto de su representante legal, en el domicilio que se proporciona para ese efecto, ubicado en carretera internacional Cristóbal Colón, número ochocientos dieciséis, agencia Santa Rosa Panzacola, Oaxaca; debiendo requerirlo para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes a éste, señale domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun aquéllas de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos que publica la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se encuentra en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, así como en el Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Diez Norte, número ciento dieciocho, interior tres, colonia Cuauhtémoc, Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico 951 117 0401, y el correo electrónico lic_juarezmeneses@yahoo.mx, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Sin que haya lugar a autorizar realizar las notificaciones que deriven de este expediente mediante los correos que proporcionan, ya que esta forma de notificación no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Finalmente, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.
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