Matilde Hidalgo Bernal
Expediente 374/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2016
Partes del expediente
- Matilde Hidalgo Bernal
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que dentro del plazo de cinco días previsto en la Ley de Amparo, las partes no recurrieron el auto de doce de abril de dos mil dieciséis (folios 22 a 26), mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos artículo 81, fracción I, inciso d) y 98 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la dicha legislación, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atento a la certificación de cuenta, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de acumulación derivado juico laboral 174/2015, lo anterior, parta los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, no se considera necesario dar vista a las partes con el informe de cuenta, ya que de su literalidad se advierte actualizada una causa de improcedencia en el asunto en que se actúa y tomando en consideración que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y deben abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, tal como se expondrá a continuación: Debe decirse que la demanda que dio origen al presente juicio fue presentada el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (foja 1), en la oficina de correspondencia común respectiva, señalando violaciones al artículo 14 y 17 de la Constitución Federal y, si bien es cierto fue admitida a trámite el dieciocho de marzo siguiente (foja 6 a 9), también lo es, que a su presentación la autoridad responsable (Junta) no había emitido la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en el incidente de acumulación derivado del juicio laboral 174/2015. Luego entonces, tomando en consideración que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta fecha remite copia certificada de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de acumulación derivado juico laboral 174/2015; en consecuencia, al realizar un estudio de las constancias antes mencionadas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de su derecho humano vulnerado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se traten y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en la dilación en que incurrió la Junta responsable para dictar resolución en el incidente de acumulación derivado juico laboral 174/2015. En el caso concreto, ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en incidente de acumulación derivado del el juicio laboral 174/2015; es decir, tal actuación fue emitida con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa, circunstancia que es causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, pues con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Lo anterior es así, tomando como punto de partido el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general (la emisión de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de acumulación derivado juico laboral 174/2015). Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, ya que por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere (resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de acumulación derivado juico laboral 174/2015), en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, como en éste caso fue la violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, con la emisión del laudo de mérito las partes del juicio de origen se encuentran con posibilidades jurídicas de continuar con la secuela procesal respectiva (finalidad perseguida por la quejosa en esta vía constitucional), ya que dicha resolución constituye prosecución a la relación jurídica de suprasubordinación derivada de la actuación del Estado y sus órganos, en esta caso, de la autoridad responsable como órgano de autoridad, por una parte y del gobernado por otra; así la Junta laboral señalada desempeña frente al particular actos de autoridad propiamente dichos, los cuales se traducen en la ejecución de una decisión proveniente de un órgano del Estado en ejercicio de su poder de imperio, que trae como consecuencia crear, modificar o extinguir alguna situación de hecho o de derecho, etapa procesal que se encuentra inmersa en la garantía a la tutela judicial efectiva. Lo anterior es así, dadas las características de la tutela judicial efectiva, ya que es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución. Al fallar la contradicción de tesis 35/2005-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva, se trata, entre otras cosas, de un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que la audiencia constitucional, prevista para las once horas con treinta y cinco minutos del quince de abril de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para la determinación tomada, se tuvieron presentes las disposiciones del artículo 64 de la Ley de Amparo, que impone la obligación de dar vista al quejoso por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando de oficio, el órgano de control constitucional advierta que pudiese actualizarse en el asunto una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes; esa vista tiene como único objetivo otorgar a dicha parte la oportunidad de que manifieste lo que a su interés legal convenga, a fin de que aporte los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que pudiese derivar en el sobreseimiento del juicio. En el asunto que nos ocupa, la aplicación de dicho supuesto normativo no generaría beneficio a la impetrante, pues se considera que la causa de improcedencia actualizada en el presente juicio, de modo general ha sido determinada por jurisprudencia, tal como se invocó, la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la ley de la materia, porque la causa de improcedencia referida no sería superada por el obstáculo declarado en la jurisprudencia que tuvo aplicación en este asunto, para entrar al estudio del fondo del asunto y, en consecuencia, el trámite previsto en el referido artículo 64 de la ley que norma al juicio constitucional y sólo provocará, en este caso específico, la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho aspecto (vista) retrasaría la resolución del juicio en que se actúa, que indefectiblemente, habría de sobreseerse. Aunado a lo anterior, el sobreseimiento decretado no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, como en el caso, la tramitación del juicio de amparo, pues la actual determinación no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Corolario a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 61 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Para culminar esta determinación, es conveniente dejar definido que para su emisión se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el pasado veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente.
- Principal
SE NOTIFICA A LOS QUEJOSOS LA SENTENCIA DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE RESOLVIÓ: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Sergio Murguía Calderón y Marlene Castro Elizalde, en contra de los actos reclamados al Procurador General y al Subprocurador, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en los términos precisados en el considerando tercero, apartado A, de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa Sergio Murguía Calderón y Marlene Castro Elizalde, en contra de la abstención de investigar y, por ende, de ejercer acción penal en la carpeta de investigación 16028036010213, que reclamó al agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Trámite de Metepec, Estado de México, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." POR MEDIO DE LISTA
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