Matilde Elena Fernández Galán Zaragoza

Expediente 529/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
529/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Matilde Elena Fernández Galán Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del treinta de mayo al cinco de junio del año en curso, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintidós de mayo del dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto Cuarto, Noveno, fracción I, Décimo Primero, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales y no se trata de un asunto con valor jurídico, histórico o relevancia documental que amerite su conservación. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo en materia civil, promovida por Matilde Elena Fernández Galán Zaragoza, por su propio derecho, y con el carácter de Albacea dentro del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de Jorge Fernández Galán Palau, contra actos de la Directora de Permisos artículo 27 constitucional y otra autoridad; en consecuencia; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 529/2018-5. Precisión del acto reclamado La lectura integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado consiste en: La negativa a diligenciar cinco cartas rogatorias que fueron remitidas por el Juzgado Segundo de lo Familiar en esta ciudad a la Directora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de las actuaciones que conforman el juicio sucesorio testamentario número 830/2016. Desechamiento de demanda Previo a cualquier determinación respecto a la admisión de la demanda, procede analizarla en su integridad, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". La integridad de la demanda y anexos que la conforman, revelan motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharla de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. n el caso, la demanda de amparo es improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la propia ley, los que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los artículos 107, constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ... Consecuentemente, resulta improcedente la acción constitucional intentada, dado que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis prevista por el citado artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues en el caso concreto, la última resolución será, como ya se dijo, aquélla en la que el juez responsable se pronuncie respecto al trámite que debe darse respecto a la devolución de las cartas rogatorias, previa petición de la parte interesada, pero no la que constituye el acto aquí reclamado. En ese tenor, al no existir una afectación de ejecución de imposible reparación en la esfera de derechos de la solicitante de la tutela constitucional, para en su caso, decretar la procedencia de manera excepcional e inmediata del juicio de amparo, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto procede desechar de plano la demanda de amparo. Notificaciones Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, el ubicado en Avenida Santos Degollado número 335 (casi esquina Avenida Mariano Jiménez), Colonia Alamitos en esta ciudad, y como autorizados para recibirlas en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Agustín Castillo Flores, Ma. De los Ángeles Hernández Jiménez, Rosaura Anyerith Terán Hernández y Zayra Guadalupe Segura Pérez, toda vez que no tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Apercibimiento Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, fracción III, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a las autoridades responsables debido a su inexistencia, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la audiencia constitucional; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese....

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista la determinación dictada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, que dice: Vista la demanda de amparo en materia civil, promovida por Matilde Elena Fernández Galán Zaragoza, por su propio derecho, y con el carácter de Albacea dentro del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de Jorge Fernández Galán Palau, contra actos de la Directora de Permisos artículo 27 constitucional y otra autoridad; en consecuencia; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 529/2018-5. Precisión del acto reclamado La lectura integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado consiste en: La negativa a diligenciar cinco cartas rogatorias que fueron remitidas por el Juzgado Segundo de lo Familiar en esta ciudad a la Directora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de las actuaciones que conforman el juicio sucesorio testamentario número 830/2016. Desechamiento de demanda Previo a cualquier determinación respecto a la admisión de la demanda, procede analizarla en su integridad, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". La integridad de la demanda y anexos que la conforman, revelan motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharla de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. n el caso, la demanda de amparo es improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario de la propia ley, los que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los artículos 107, constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ... Consecuentemente, resulta improcedente la acción constitucional intentada, dado que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis prevista por el citado artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues en el caso concreto, la última resolución será, como ya se dijo, aquélla en la que el juez responsable se pronuncie respecto al trámite que debe darse respecto a la devolución de las cartas rogatorias, previa petición de la parte interesada, pero no la que constituye el acto aquí reclamado. En ese tenor, al no existir una afectación de ejecución de imposible reparación en la esfera de derechos de la solicitante de la tutela constitucional, para en su caso, decretar la procedencia de manera excepcional e inmediata del juicio de amparo, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto procede desechar de plano la demanda de amparo. Notificaciones Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, el ubicado en Avenida Santos Degollado número 335 (casi esquina Avenida Mariano Jiménez), Colonia Alamitos en esta ciudad, y como autorizados para recibirlas en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Agustín Castillo Flores, Ma. De los Ángeles Hernández Jiménez, Rosaura Anyerith Terán Hernández y Zayra Guadalupe Segura Pérez, toda vez que no tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Apercibimiento Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, fracción III, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a las autoridades responsables debido a su inexistencia, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la audiencia constitucional; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese....

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