Matilde Díaz Sánchez

Expediente 1088/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1088/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Matilde Díaz Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos la comparecencia de Juan Manuel Rojas Martínez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, de la que se advierte que recogió los documentos exhibidos por dicha parte, en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento y se deja constancia para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días aludido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Matilde Díaz Sánchez, hubiere recurrido el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, se declara que el mismo ha causado estado y se declara firme. En el entendido de que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 2, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que el mismo ingresó y se acuerdos CPA/3/2020, SECNO/1/2021 y SECNO terminaciones 4/2021, 6/2021, 8/2021, 9/2021, y 10/2021, expedido por el mismo cuerpo colegiado, correspondiente al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, los que regularon la continuación de los asuntos, hasta su conclusión. Orden de archivo. archívese el expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15, del acuerdo citado en párrafos que anteceden. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Requiérase a la parte quejosa de mérito para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, comparezcan a este Juzgado a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se destruirán junto con el expediente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, toda vez que concluyó el esquema de suspensión del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se continúa con el trámite de este expediente, bajo el esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, del estado de autos se advierte que se encontraban señaladas las trece horas con veinte minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional, y dada la suspensión de labores no tuvo verificativo, se deja sin efectos la fecha y hora antes señalada y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Notificación a las partes. Se instruye al actuario judicial para que la notificación del presente acuerdo, se practique a las partes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que en el caso cobra aplicación la hipótesis del artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción III, pues las fracciones I y II, prevén expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicar personalmente o por oficio, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin que en el caso se actualice alguna de ellas. Lo anterior, porque el contenido de este acuerdo únicamente entraña la continuación del trámite de este expediente, bajo el esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia es del conocimiento público a través de los acuerdos publicados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dirigidos al público en general, al personal jurisdiccional del consejo de la judicatura federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por ende, la notificación de este proveído no puede considerarse como uno de los casos de excepción a que se refieren las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles este acuerdo. Sin que sea obstáculo a la determinación que se emite que en este acuerdo se haya señalado una nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, pues la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, Materia Común, visible a foja 1253, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Razonamiento que en el caso, no aplica a la parte quejosa en virtud de que el mismo se encuentra interno, por lo que se ordena que se notifiquen en el lugar donde se encuentra recluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Juan Manuel Rojas Martínez, autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió junto a la demanda de amparo; en atención a su contenido, dígasele que una vez que quede firme el proveído de diecinueve de noviembre pasado, se acordara lo relativo a la devolución que solicita.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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