Matilde Chávez González
Expediente 532/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Matilde Chávez González
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con el escrito de demanda de amparo promovida por Matilde Chávez González, contra actos del 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 532/2023-II en el libro de electrónico correspondiente. Y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se advierte que el reclamo constitucional es: -La audiencia incidental señalada para el uno de septiembre de dos mil veintitrés. En el expediente 429/2019 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Relativa al incidente de remoción de albacea promovido por la aquí quejosa. Promovido por propio derecho y en representación de sus menores hijos. Sumario que se ventila por la denuncia de sucesión intestamentaria del finado José Alberto Ortiz Montalvo. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narra: -José Alberto Ortiz Montalvo (el cual aduce era su esposo) falleció en Veracruz, Veracruz. Se promovió sucesión intestamentaria. Se radicó expediente 429/2019 del orden cronológico del Juez responsable. -Se encontró como herederos a Matilde Chávez González, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de nombre con iniciales J.J.O.C.CH., y G.O.CH.; María Fernanda Ortiz Chávez y la menor de nombre con iniciales A.Y.O.P., representada por Erica Pérez Gutiérrez. Se designó como albacea a Fernando de Jesús Ortiz Montalvo. -El albacea ha incumplido con sus obligaciones. En específico, sobre proporcionar alimentos a sus menores hijos. Al existir masa hereditaria suficiente para cubrir sus necesidades. -Por lo anterior, promovió incidente de remoción de albacea. El cual tramitó y fijó fecha de audiencia incidental para el uno de septiembre de dos mil veintitrés (actuación que constituye su reclamo). Precisa desde el nueve de febrero del presente año, solicitó señalara la fecha en comento. El acto que en esta vía se combate, no es de imposible reparación. Constituye una violación procedimental en términos de las fracciones VI, XI y XII del numeral 172 de la Ley de Amparo, al haberse señalado fecha (uno de septiembre de dos mil veintitrés) para la celebración de la audiencia incidental respecto al incidente de remoción de albacea promovido por la aquí parte quejosa. Excediendo los plazos establecidos en la legislación procesal civil relativa. Pero aun considerando el argumento relativo a que la petición de audiencia se hizo desde febrero de este año, acordándose ahora -no se advierte la fecha del auto que hace la citación- la fecha para celebración. No es superable dados los tiempos procesales la causa de improcedencia a exponer a continuación. Se trata de la que se desprende del numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece: ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En relación con esto, se atiende al diverso 77 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. Como se indicó, el acto reclamado se constriñe a la dilación procesal relativa a que el Juez responsable fijó como fecha para la celebración de la audiencia incidental en relación con el incidente de remoción de albacea, el uno de septiembre de dos mil veintitrés. Lo cual considera la hace manifiesta. Sin embargo, se actualiza la causal de improcedencia antes señalada de forma indudable por las razones siguientes: El Juicio de Amparo, tratándose de actos positivos, como en el caso -ya que la autoridad responsable emitió un acuerdo que el promovente tilda de inconstitucional- tiene como finalidad restituir al quejoso en pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. De modo que con la demanda de amparo el impetrante de amparo pide obtener la concesión del amparo, que tendría por efecto que el Juez responsable deje insubsistente el acuerdo en el que señaló como fecha para la celebración de la audiencia en comento el uno de septiembre de dos mil veintitrés. Y, por vía de consecuencia, dicte otro en el que señale una fecha más cercana a la antes establecida. Bajo ese tenor, se considera actualizada la improcedencia del presente juicio. Dado el lapso que implica su tramitación. Debido a que si bien la parte quejosa podría obtener sentencia favorable a sus intereses, no sería posible restituirla en el pleno goce del derecho humano violentado. Esto es así, atendiendo a que para la tramitación de un juicio de amparo como el que se propone, se deben tomar en consideración los plazos establecidos en la Ley de Amparo para su sustanciación y resolución. Esto es: quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, más ocho días de la vista a las partes con dicho informe (en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo). Se debe también emplazar a la parte tercera interesada (contraparte en la contienda natural). Integrada la relación jurídica procesal se deberá celebrar la audiencia constitucional. En cuyo caso, pudiera dictarse en esa misma fecha la sentencia, como esperar un lapso para ello -dadas las cargas de trabajo normales de los juzgados de Distrito-. Aunado a diez días hábiles más contados a partir de la notificación de la sentencia para declararla ejecutoria. Resolución de primera instancia en amparo que no se deja de mencionar es susceptible de ser recurrida por las partes legitimadas mediante recurso de revisión cuya tramitación por ley conlleva un plazo aproximado de noventa días. Una vez ejecutoriado el fallo procede requerir su cumplimiento. Para ello, se concederían tres días, contados a partir de su notificación. Para, posteriormente, dar vista a las partes con el cumplimiento otorgando para ello otros tres días. Como resultado de la suma de los plazos señalados, se obtiene que en promedio el trámite de un juicio de amparo puede llevar de tres a seis meses (si solo se abre una o las dos instancias, respectivamente, y no se presentan eventualidades que pudieran trascender a su curso normal, como dificultad para emplazar a las partes, preparación y desahogo de pruebas, etcétera). De ahí que solo después de que este órgano jurisdiccional requiriera el cumplimiento de una hipotética sentencia amparadora, el Juez responsable estaría en condiciones de citar a las partes a la audiencia incidental en cita, en fecha diversa. De modo que la citada causa se actualiza de manera notoria e indudable, al no poderse materializar los fines del juicio de amparo, dado el tiempo que dura la tramitación del mismo y la fecha señalada para la audiencia, fijada en el expediente civil de origen. Resulta jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estima violado (dilación en la fijación de la fecha señalada para la audiencia de que se trata). No siendo ocioso señalar las excesivas cargas de trabajo existentes en los Juzgados Civiles de Primera Instancia que han sido reconocidos en criterios del más Alto Tribunal de la Nación. Se estima aplicable, por las razones que expone, la tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2012 (10a.), con registro 2001334, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia: común, publicada en esta Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1, página: 363, de contenido siguiente: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos". Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en las causales de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que en opinión de quien esto resuelve no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Atendiendo a la certificación de cuenta, ténganse como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por tener su cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y con las restricciones que impone la última parte del citado numeral a ********************y********************, por no estar inscritos en dicho sistema. Como se aprecia de la certificación de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente.
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