Matias Luna Mares

Expediente 1021/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1021/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Matias Luna Mares

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Matías Luna Mares, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ....se tiene a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado... agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que se resolvió este juicio el veintiséis de enero del año en curso...

  3. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con quince minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1021/2020-2, promovido por Matías Luna Mares.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 5), así como a las demás constancias de autos; posteriormente, dicho funcionario hace constar que la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 10). A lo que el Juez acuerda: téngase por relacionadas las constancias de autos, y el Secretario asentando tal certificación para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, se advierte que no existen pruebas por relacionar. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 1021/2020-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Matías Luna Mares, promovió juicio de amparo contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 1021/2020-2, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado es la omisión de dictar laudo, en el juicio laboral 16/2017. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio 13675/2020 de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 10), por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se presume cierto el acto que se le atribuye. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 7/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, (registro 206350), que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.- En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes alegan la configuración de alguna, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 164618), cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Cabe precisar que en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe con justificación, y tomando en cuenta que el acto reclamado por el peticionario de garantías lo constituye la omisión de dictar laudo, en el juicio laboral 16/2017, cabe decir que no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende del estado procesal en que se encuentre el asunto; lo cual no se puede determinar con la presunción de certeza de que aún no se han dictado la resolución correspondiente, así como las notificaciones y tramitado el juicio natural en términos de ley, sino que es necesario tener a la vista las constancias del expediente del que deriva el acto reclamado, para así estar en condiciones de analizar si la omisión que se atribuye a la responsable es inconstitucional, lo cual de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde demostrar a la parte quejosa. Resulta preciso transcribir lo que dispone dicho numeral y párrafo: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ..". Del citado dispositivo legal se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y las garantías que dice la quejosa se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo, y al no haber aportado prueba alguna para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, y que además se violen en su perjuicio las garantías constitucionales que refiere en su demanda de garantías. Se afirma lo anterior, pues no basta el simple hecho de que la impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; sin embargo, al haber sido omisa la autoridad responsable en rendir su informe justificado, y atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde a la quejosa la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho, y la violación de los derechos fundamentales de que dice es objeto con el actuar de la responsable, es decir, demostrar que realmente existe un juicio en el que es parte la quejosa, y que se ha omitido dictar laudo en el expediente 16/2017. De ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado dependa en principio de la existencia del juicio y de la omisión que refiere, y de acreditarse éstos supuestos -que en la especie no aconteció-, del estado procesal del juicio natural, así como de las pruebas o datos que la responsable tenga en consideración para mantener su conducta omisiva, como lo refiere la impetrante de amparo. Por lo que al no haber acreditado la parte quejosa tales circunstancias, es decir, lo que argumenta en cuanto a la omisión, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado, menos determinar que se viole en su perjuicio las garantías constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 279 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 232, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Novena Época, (registro 917813), que es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." (Énfasis añadido). También apoya lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, identificada con el número III. 1o. A. 59 K en la página 402, tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, (registro 209904), cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO EL." Luego al no haber demostrado la parte quejosa con prueba alguna la inconstitucionalidad del acto que reclama, debe NEGARSE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a MATÍAS LUNA MARES, respecto del acto consistente en la omisión que aduce, sin demostrarla, en el expediente 16/2017, atribuido a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso MATÍAS LUNA MARES, en el juicio de amparo 1021/2020-2, respecto del acto consistente en la omisión que reclamó sin demostrarla en el expediente 16/2017, atribuido a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, por los motivos anotados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Matías Luna Mares; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1021/2020-2, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo signada por Matías Luna Mares, que promueve contra actos del Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con quince cinco minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. En esta medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celebridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes el derecho a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarlas en estado de indefensión. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizado en los términos que señala al citado en la demanda de amparo. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan transcendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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