Matias Laurencio Carmona Iglesias
Expediente 2179/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 49 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2179/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 30/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Matias Laurencio Carmona Iglesias
- Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de Jiutepec, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio número 2056, signado por la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, registrado con folio 20195; mediante el cual acusa recibo del oficio número 5008-9, por medio del cual se le enviaron las constancias que anexó a su informe justificado, consistentes en testimonio del expediente número 166/1997, relativo al procedimiento de Quiebra, Acción y Suspensión de Pagos, promovido por Hacienda Chiconcuac, S. de R.L. de C.V.; atento a lo anterior, se ordena glosar a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso pudieran perjudicarle las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal con fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que QUEDA FIRME dicho auto, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado, con residencia en Jiutepec, Morelos, las copias certificadas de las constancias que anexó a su informe justificado, con las cuales se formaron los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que ha trascurrido el término de tres días concedido al quejoso ****************, en proveídos de dieciocho de abril y veinte de mayo de dos mil dieciséis, a fin de que se presentara ante este Juzgado Federal, a recoger los edictos ordenados, para emplazar a juicio a los terceros interesados ************** y ************, sin que dentro del plazo concedido lo hubiera hecho, ni tampoco acreditó su insolvencia económica requerida. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha dieciocho de dos mil dieciséis, y con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE GARANTÍAS, para todos los efectos legales consiguientes. Lo anterior es así, en razón de que el agraviado incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Órgano Judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por su contenido jurídico, apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 211, del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, de la Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, es aplicable por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006, correspondiente a la Novena Época que a la letra dice: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria.". Por consiguiente, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con nueve minutos del veinte de mayo del año en curso. Máxime que la parte quejosa, no dio cumplimiento respecto a la imposibilidad de poder sufragar los gastos que originan las publicaciones de los edictos ordenados en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de DIECISIETE DE JUNIO de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio del cual: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que ha trascurrido el término de tres días concedido al quejoso ****************, en proveídos de dieciocho de abril y veinte de mayo de dos mil dieciséis, a fin de que se presentara ante este Juzgado Federal, a recoger los edictos ordenados, para emplazar a juicio a los terceros interesados ************** y ************, sin que dentro del plazo concedido lo hubiera hecho, ni tampoco acreditó su insolvencia económica requerida. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha dieciocho de dos mil dieciséis, y con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE GARANTÍAS, para todos los efectos legales consiguientes. Lo anterior es así, en razón de que el agraviado incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Órgano Judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por su contenido jurídico, apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 211, del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, de la Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, es aplicable por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006, correspondiente a la Novena Época que a la letra dice: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria.". Por consiguiente, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con nueve minutos del veinte de mayo del año en curso. Máxime que la parte quejosa, no dio cumplimiento respecto a la imposibilidad de poder sufragar los gastos que originan las publicaciones de los edictos ordenados en el presente asunto. Notifíquese personalmente
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