Matías Cortés Rivas

Expediente 398/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
398/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Matías Cortés Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, mediante el cual acusa recibo del diverso 12718 de veinticinco de mayo pasado, por el cual se le remitió el Juicio de Amparo 398/2017-II-A promovido por Matías Cortes Rivas por motivo de la incompetencia dictada por este Juzgado Federal. Asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del amparo, el cual quedó registrado bajo el número 746/2017-VI-B. En virtud de lo anterior, al no existir diligencias pendientes por desahogar téngase este asunto como concluido y con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se hace constar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Con fundamento en la fracción V, del citado acuerdo, se establece que este expediente carece de relevancia documental.

  2. Principal

    MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN O AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA II. Visto el estado de autos, y de la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido por acuerdo de doce de mayo del año en curso (fojas 27 a 29), para que el quejoso Matías Cortes Rivas manifestara si era su deseo señalar autoridades responsables ejecutoras con residencia en esta Ciudad de México, sin que dicho quejoso haya realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que se remitirá la demanda al juzgado competente. Sentado lo anterior, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público, por tanto, preferentes. En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Luego, primeramente debe atenderse a lo que la Carta Magna -máxima fuente del derecho interno en el país- establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia -por razón de territorio- recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con ese numeral, al crear el artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador ordinario estableció tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de 'ejecución material', entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado. De modo que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. Con base en esas premisas, la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, la tercera establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más Distritos. De ahí que, conforme a la primera regla, será competente el Juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, de las constancias que integran el presenta sumario se advierte que el quejoso reclama los actos consistentes en: 1. La orden de aprehensión y/o reaprehensión 2. La orden de presentación 3. La orden de comparecencia y/o citatorio Atribuidas a los Jueces de Control del Estado de México. 5. Su ejecución. A cargo del Procurador General de Justicia y del Comisario General de la Policía Ministerial, ambos del Estado de México, con residencia en Toluca. En ese sentido, toda vez que uno de los actos reclamados es la orden de aprehensión, es procedente analizar la competencia en base a dicho acto. En consecuencia, es indiscutible que la orden de aprehensión reclamada, es un acto que requiere ejecución material. Además, al momento en que el quejoso promovió demanda de amparo, el mandato de captura reclamado no se había ejecutado ni se estaba ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, porque la aprehensión se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el citado acto reclamado requiere ejecución material, pero no se ha ejecutado. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Ahora, conforme a la propia naturaleza de la orden de aprehensión y su ejecución material -en cuanto acto reclamado- respaldada en el artículo 16, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inicia en el momento en que el gobernado es detenido -donde se encuentre-. Pero no se agota ahí, pues en realidad, la privación de la libertad deambulatoria se prolonga por el tiempo procesalmente necesario y, se materializará trasladándolo, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar, en esas condiciones de privación, a disposición del juez que ordenó su aprehensión. Y ese centro de prisión preventiva, salvo indicación explícita al respecto, ordinariamente deberá ser aquél que se encuentre dónde radica el juez que la ordenó, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del juez que lo procesa, según lo ha establecido el Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que, por regla general, salvo excepción expresa en el propio mandato de captura, la orden de aprehensión tendrá ejecución material en el lugar donde radica el juez que la ordenó -pues ante él será presentado el indiciado una vez que haya sido privado de la libertad. Y si bien puede tener ejecución material en cualquier ámbito espacial, por ejemplo, en el que los agentes aprehensores simplemente localicen físicamente a su destinatario, es preciso que se tengan elementos suficientes que demuestren que se está en esa hipótesis; lo que no ocurre en este asunto. Pues bien, de los autos disponibles en el sumario deriva que el quejoso ciertamente señaló domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones. No obstante, ese dato es insuficiente para determinar la competencia de este juzgador, ya que admitir esa afirmación como criterio para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional implicaría dejar al arbitrio del justiciable la elección del Juez de Distrito que habrá de conocer de su demanda, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo cual es jurídicamente inadmisible porque la ley fija los parámetros a considerar para determinar si se surte o no la competencia en favor de un juzgador. De lo anterior, se colige que la inminencia de la ejecución de la orden de aprehensión aquí reclamada no concluye la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de este juicio de amparo, pues de las constancias que glosan el sumario no se advierte fehaciente elemento de prueba que determine que dicha orden de aprehensión deba tener ejecución o tratará de ejecutarse en la circunscripción territorial en que ejerce competencia este Juzgador Federal. Conviene precisar que la inminencia de la ejecución del acto reclamado no implica que dicha ejecución deba tener lugar necesariamente en la Ciudad de México, no obstante la circunstancia de que el accionante del amparo tenga su domicilio en la Ciudad de México, aunado a que de autos no se aprecia constancia de la que se infiera que la intervención de autoridades con residencia en esta Ciudad en la ejecución de dicho acto, como lo sería un oficio de colaboración. Contextualizado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la orden de aprehensión reclamada habrá de tener ejecución dentro del ámbito territorial del Estado de México, concretamente en la jurisdicción del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, dado que es el municipio más cercano a la Ciudad de México, y se señalaron autoridades ordenadoras con residencia en Ecatepec, Estado de México, aunado a que, se insiste, no hay indicios de que la orden de aprehensión combatida se ejecutará o haya tratado de ejecutarse en el territorio en el que este juzgado de amparo ejerce jurisdicción. Para concluir lo anterior, no se desconoce que sí es factible la colaboración entre autoridades ministeriales de distintas Entidades Federativas para la ejecución de una orden de aprehensión. Sin embargo, no por ello opera la segunda regla competencial -a prevención- prevista por el mencionado artículo 37 del catálogo normativo en consulta, pues la naturaleza del acto reclamado justifica que su ejecución no puede realizarse en dos o más Distritos. Según ha quedado establecido, originariamente es instantánea, aunque con ciertas particularidades, sus efectos se prolongan en el tiempo (por cuanto hace a la prisión preventiva). Así, en el supuesto que se analiza, no fueron señaladas autoridades ejecutoras con sede en la Ciudad de México y no hay datos que permitan inferir que el destinatario de esa orden privativa de la libertad ya se encontraba localizado, por ejemplo y, sobre bases sólidas, establecer con certeza que trató de ejecutarse en este territorio. Aunado a que, como ya se dijo, se previno al quejoso en auto de doce de mayo pasado para tal efecto, sin que hiciera manifestación al respecto. Luego, la circunstancia que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio señalado por el quejoso en su demanda, sino de la autoridad a quien se encomiende su ejecución, pues adoptar ese criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar el lugar en donde según él se pretendió ejecutar el acto reclamado, aún a pesar de señalar autoridades foráneas a esa localidad; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Frente a ese escenario, hasta el momento en que se actúa, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el juez que la ordenó, puesto que no existen elementos suficientes para considerar que ese acto tratara de ejecutarse en un lugar diverso -en esta ciudad, por ejemplo-, o incluso, que como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden de aprehensión, que se hubiera designado para su reclusión preventiva, un centro carcelario localizado en esta demarcación territorial; al menos, de la lectura integral tanto de esa determinación, no se advierte disposición en sentido diverso. En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo; y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. La decisión asumida encuentra su fundamento en lo previsto en el punto cuarto, apartado segundo, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuadernillo de antecedentes y remítase este juicio de amparo 398/2017-II-A, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno; solicitando al órgano de control constitucional que conozca, el acuse de recibo correspondiente y la comunicación de la resolución que se pronuncie al respecto.

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