Matías Castellanos Guillén
Expediente 874/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/09/2022
Partes del expediente
- Matías Castellanos Guillén
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por la Secretaria de Estudio y cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sala Regional en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 19266/2022, del índice de este juzgado, con el que se devolvieron los tomos que remitió en apoyo a su informe justificado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y téngase a dicha autoridad acusando de recibo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Brissa Marbel Martínez Díaz, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que ha trascurrido el plazo establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia constitucional dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada (no ampara) se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a su depuración, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en ese mismo artículo. Realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. Ahora bien, tomando en cuenta que la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, remitió el original del toca civil 589-A-1C01/2018 (un tomo) copia certificada del expediente 530/2018, al que obran glosados tres incidentes (un tomo), resulta innecesaria su retención; por lo cual, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales procedentes; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Erika Beatriz Díaz Penagos, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 874/2022-II, promovido por Matías Castellanos Guillén, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Erika Beatriz Díaz Penagos, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente los represente. El secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia y la secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 ESCRITO DE DEMANDA 6-15 2 AUTO ADMISORIO Y SE REQUIEREN INFORMES JUSTIFICADOS 20-26 3 EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO 39 4 EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO 16 5 INFORME JUSTIFICADO 5 6 AUTO QUE SE DA VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME JUSTIFICADO EMITIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 20-26 A continuación, la secretaria hace constar y certificaque la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe justificado: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO AUTO 1. PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO CIERTO 04/07/2022 El secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO. PARTE PRUEBAS AUTO 1 AUTORIDAD RESPONSABLE DOCUMENTALES (DOS TOMOS) 04/07/2022 2 PARTE QUEJOSA: PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES OFRECIDA EN LA DEMANDA El secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza jurídica. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; razón por la que se cierra esta fase. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que no existen diligencias, promociones o pruebas pendientes de proveer o desahogar por lo que se procede a dictar la siguiente resolución VISTOS; los autos, para resolver el presente juicio de amparo número 874/2022-II y; R E S U L T A N D O: I. De la demanda. Por oficio 3820/2022, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió la demanda de amparo promovida por Matías Castellanos Guillén, informe justificado rendido por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dos tomos de pruebas y el emplazamiento del tercero interesado; ello, al haberse declarado legalmente incompetente para conocer del asunto, al tratarse de un juicio de amparo indirecto. II. Admisión y trámite. En auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se radicó el asunto con el número 874/2022, se aceptó la competencia legal declinada, se admitió la demanda y se tuvo por rendido el informe justificado de la responsable así como por realizado el emplazamiento del tercero interesado; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. II. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I1 , de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/20002 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad: La resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 589-A-1C01/2018, que revocó la resolución interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil veintidós, derivada del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, emitida por el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ejecutivo mercantil 530/2018. TERCERO: Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV,3 74, fracciones I y IV,4 del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". 5 En ese sentido, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe justificado a través de su oficio 389-A/2022. Lo que se corrobora con las copias certificadas del toca y juicio ejecutivo mercantil de origen, a las que se les concede pleno valor en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida.Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."6 En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, así como tampoco que las partes hayan invocado, por lo que se procede con el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En principio, es menester precisar los antecedentes que se advierten del caso, derivados de las constancias remitidas por la autoridad responsable. 1. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil doce, Carlos Jiménez Remigio, apoderado general para pleitos y cobranzas de la Financiera Rural Organismo Público Descentralizado, como Fiduciaria del Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial -parte tercera interesada-, demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso Matías Castellanos Guillén, el pago de la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, $102,668.26 (ciento dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 26/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios y $23,228.02 (veintitrés mil doscientos veintiocho pesos 02/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios (fojas 2 a 9 del tomo I de pruebas). 2. Por auto de dos de agosto de dos mil doce, el Juzgado Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, radicó la demanda promovida con el número 746/2012, la admitió, y ordenó girar despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial deComitán de Domínguez, Chiapas, a efecto de realizar el emplazamiento de la parte demandada y requerir el pago de las prestaciones reclamadas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad que fueran suficientes para garantizar las mismas (fojas 27 a 29 ídem). 3. En diligencia de veintidós de febrero de dos mil trece, se emplazó al demandado aquí quejoso Matías Castellanos Guillén, a quien se le requirió el pago de las prestaciones precisadas, por lo que al no hacerlo, se embargó el bien inmueble ubicado en avenida primera poniente sur, número trece, con una superficie de 377.65 metros cuadrados, en Comitán de Domínguez, Chiapas. (fojas 95 a 96 del tomo I de pruebas). 4. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil trece, el demandado Matías Castellanos Guillén, contestó la demanda promovida en su contra (fojas 98 a 103 ídem). 5. Seguida la secuela procesal, el seis de agosto de dos mil trece, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de origen 746/2012, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, $102,668.26 (ciento dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 26/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios y $23,228.02 (veintitrés mil doscientos veintiocho pesos 02/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios (fojas 140 a 147 del tomo I de pruebas). 6. En auto de veintitrés de septiembre de dos mil trece, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada (foja 149 ídem). 7. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil catorce, Carlos Jiménez Remigio, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, solicitó copia certificada por duplicado de la diligencia de emplazamiento y embargo de veintidós de febrero de dos mil trece; precisando que la misma serviría para realizar la inscripción correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (foja 153 del tomo de pruebas). 8. Por lo que en auto de siete de marzo de dos mil catorce, el Juez de origen autorizó la expedición de copias solicitadas (foja 154 ídem). 9. Mediante oficio ICJYAL/RPPYC/1030/2014, de seis de octubre de dos mil catorce, la Delegada del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, informó al Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, que no era posible inscribir la diligencia de embargo de veintidós de febrero de dos mil trece, pues el inmueble ahí descrito reportaba una venta total en favor de Francisco Omar Aguilar Castañeda (fojas 159 a 160 del tomo I de pruebas). 10. Así, en auto de veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Juez de origen ordenó dar vista a la parte actora con la información remitida por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas (foja 177 ídem). 11. Posteriormente, mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, Carlos Jiménez Remigio, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, solicitó se requiriera a la parte demandada aquí quejosa, el pago de lo ordenado en la sentencia de seis de agosto de dos mil trece (foja 187 del tomo I de pruebas). 12. En auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, el Juez de origen determinó que, para estar en condiciones de acordar lo conducente, la parte actora primeramente debía aclarar su escrito (foja 188 ídem) 13. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, refirió que, toda vez que el Registro Público de la Propiedad y Comercio, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, había informado la imposibilidad para inscribir el embargo de la propiedad descrita en diligencia de veintidós de febrero de dos mil trece; solicitó se requiriera al quejoso Matías Castellanos Guillén, el cumplimiento de los puntos resolutivos tercero, cuatro, quinto y sexto de la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil trece y, que en caso de no hacer el pago, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar el adeudo (foja 191 del tomo I de pruebas). 14. En consecuencia, en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez de origen refirió a la parte actora, que primero debía aclarar si se desistía del embargo trabado en diligencia de veintidós de febrero de dos mil trece (foja 192 ídem). 15. Por lo que mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, Carlos Jiménez Remigio, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, solicitó se requiriera a la parte demandada, manifestó desistirse del embargo realizado en diligencia de veintidós de febrero de dos mil trece, respecto del bien inmueble registrado bajo el número 193, libro I, tomo I, sección primera, de seis de febrero de dos mil uno, ubicado en avenida primera poniente sur, número trece, con una superficie de 377.65 metros cuadrados. Asimismo, solicitó se girara exhorto al Juzgado Civil de Comitán, Chiapas, para que en auxilio de las labores del Juzgado Quinto de origen, requiriera al demandado el cumplimiento de la sentencia condenatoria (foja 193 ídem). 16. Mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, radicó el juicio ejecutivo mercantil 746/2012, de origen y lo registró con el nuevo número 530/2018; ello, en cumplimiento a la circular SECJ/7657/2018, de catorce de ese mismo mes y año, signado por la secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas (fojas 199 a 200 ídem). 17. Previo requerimiento por parte del juez natural, en diligencia de doce de junio de dos mil dieciocho, Carlos Jiménez Remigio, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, ratificó el contenido del escrito de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 213 a 214 del tomo I de pruebas). 18. Por escritos presentados el trece y diecinueve de junio de dos mi dieciocho, el apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, solicitó se dejara sin efectos el embargo realizado en diligencia de veintidós de febrero de dos mil trece; asimismo, se requiriera al demandado el cumplimiento de los puntos resolutivos tercero, cuatro, quinto y sexto de la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil trece y, que en caso de no hacer el pago, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar el adeudo (fojas 215 y 217 ídem). 19. En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, ordenó girar despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, a efecto de requerir al quejoso el pago de las prestaciones a que fue condenado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad que fueran suficientes para garantizar las mismas (fojas 218 a 219 del tomo I de pruebas). 20. En diligencia de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, llevada a cabo por el actuario adscrito al Juzgado Judicial de esta ciudad, radicó el juicio ejecutivo mercantil 746/2012, de origen y lo registró con el nuevo número 530/2018; ello, en cumplimiento a la circular SECJ/7657/2018, de catorce de ese mismo mes y año, signado por la secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas (fojas 199 a 200 ídem). 17. Previo requerimiento por parte del juez natural, en diligencia de doce de junio de dos mil dieciocho, Carlos Jiménez Remigio, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, ratificó el contenido del escrito de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 213 a 214 del tomo I de pruebas). 18. Por escritos presentados el trece y diecinueve de junio de dos mi dieciocho, el apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora, solicitó se dejara sin efectos el embargo realizado en diligencia de veintidós de febrero de dos mil trece; asimismo, se requiriera al demandado el cumplimiento de los puntos resolutivos tercero, cuatro, quinto y sexto de la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil trece y, que en caso de no hacer el pago, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar el adeudo (fojas 215 y 217 ídem). 19. En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, ordenó girar despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, a efecto de requerir al quejoso el pago de las prestaciones a que fue condenado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad que fueran suficientes para garantizar las mismas (fojas 218 a 219 del tomo I de pruebas). 20. En diligencia de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, llevada a cabo por el actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, en compañía del apoderado de la parte actora, requirió al demandado aquí quejoso, el pago de lo condenado en la sentencia de seis de agosto de dos mil trece; sin que tuviera éxito. Por lo que se trabó formal embargo en el bien inmueble con características descritas en la diligencia (fojas 261 a 264 ídem). 21. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso Matías Castellanos Guillén, promovió incidente de prescripción de sentencia, respecto de la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil trece en el juicio ejecutivo mercantil 530/2018, antes 746/2012 (fojas 2 a 6 del cuadernillo relativo a dicho incidente). 22. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de origen admitió el incidente promovido (ídem). 23. Previos trámites, en resolución de dieciocho de enero de dos mil veintidós, el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, decretó la prescripción de la ejecución de sentencia en favor de la parte actora (foja 23 a 27 ídem). 24. Contra dicha resolución, por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós Rubén Ramsés Montesinos Coutiño, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de la parte actora Fideicomiso Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial, interpuso recurso de apelación (fojas 28 a 32 del cuadernillo glosado al tomo I de pruebas). 25. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós, el quejoso contestó los agravios hechos valer por la parte tercera interesada (fojas 34 a 39 ídem)26. Finalmente, en resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, revocó la resolución pronunciada el dieciocho de enero de dos mil veintidós, por el Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y, en su lugar, declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia planteado por el quejoso Matías Castellanos Guillén (fojas 36 a 52 del tomo II de pruebas). Resolución reclamada. SEXTO. Conceptos de violación y estudio de fondo. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, visible a página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, la parte quejosa aduce los siguientes conceptos de violación: a) Que la autoridad responsable aplicó de manera errónea el contenido del artículo 1079, fracción IV del Código de Comercio, en la medida que, como lo determinó el juez de origen, las actuaciones a que se hace referencia en la resolución reclamada, contrario a lo sostenido por la sala responsable, son de mero trámite, sin que impulsen el procedimiento de ejecución. b) Que la Sala no tomó en cuenta sus argumentos planteados en el escrito por el cual desahogó la vista otorgada con motivo del recurso de apelación hecho valer por la parte actora. c) Que la Sala responsable no analizó en forma exhaustiva las constancias originales que integran la totalidad de las actuaciones del expediente de origen, ya que no precisó en qué fojas o números de folio se encuentran localizadas las supuestas actuaciones judiciales a que se refiere, con las que, bajo su apreciación, se dieron impulso al procedimiento; por lo que a su consideración, la responsable no se basa en actuaciones reales y existentes en el expediente de origen. En primer lugar, debe precisarse que los conceptos de violación se analizan de forma estricta, pues el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil y conforme al principio de estricto derecho opera en mayor rigor que la materia civil. Es aplicable, la jurisprudencia I.6º.C. J/50, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, junio de 2006, página 1045, registro digital 174859, que versa: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En losjuicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria". En ese sentido, es inoperante por insuficiente el concepto de violación sintetizado en el inciso a), en el que la parte quejosa se limita a decir que la Sala no interpretó de manera correcta el contenido del artículo 1079, fracción IV del Código de Comercio7 y justifica dicha afirmación bajo el argumento que las actuaciones citadas por la responsable en la resolución reclamada, son de mero trámite. A saber, en la resolución reclamada, la Sala responsable estableció que el término de tres años a que alude el citado artículo, se vio interrumpido con las siguientes actuaciones: ? Auto de siete de marzo de dos mil catorce. ? Auto de veintitrés de octubre de dos mil catorce. ? Auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete. ? Auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. ? Auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete. (Autos cuyos detalles fueron precisados en el considerando de antecedentes de esta sentencia). Asimismo, refirió la Sala, que dichos actos procesales no son consideradas de mero trámite, sino que son de las que impulsan el procedimiento, encaminadas a lograr la ejecución de la sentencia, tal como la expedición de copias certificadas de la diligencia de embargo de veintidós de febrero de dos mil doce, para su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que sin ella no se podría sacar a remate el bien inmueble embargado. Por lo que dichas actuaciones revelan la intención de la parte actora, de ejecutar la sentencia de seis de agosto de dos mil trece. Sin embargo, el quejoso, no ataca dichos argumentos, ni explica, demuestra o evidencia bajo un razonamiento jurídico el por qué dicho artículo fue mal interpretado ni porqué considera que las actuaciones citadas por la responsable son de mero trámite. Sino que se concreta a expresar meras afirmaciones dogmáticas, sin atacar las consideraciones de fondo que tuvo el tribunal de alzada responsable, ni justifica por qué las actuaciones procesales que tomó en cuenta la Sala para considerar interrumpido el plazo de tres años, son de mero trámite y no dan impulso procesal. Tampoco refiere cuál, a su consideración, es la correcta interpretación del numeral 1079, fracción IV del Código de Comercio. En efecto, la parte quejosa se encontraba obligada, a exponer razonamientos jurídicos en los que establezca del porqué a su criterio, la resolución reclamada es violatoria de sus derechos humanos y exponer argumentos que ataquen las consideraciones de la autoridad responsable. Contrario a ello, se insiste, el promovente del juicio de amparo no ataca las líneas argumentativas de la resolución reclamada, por lo que las mismas son suficientes para sostener el acto reclamado. Entonces, si los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se limitan a exponer meras afirmaciones dogmáticas, el motivo de disenso sintetizado con el inciso a), deviene inoperante por deficiente, pues el aspecto toral que sostiene al acto reclamado, es precisamente, lasconsideraciones que la responsable estableció para determinar que el término de tres años para la prescripción de la ejecución de la sentencia, tanto en el aspecto doctrinal y jurisprudencial, como en el aspecto procesal, al citar que actuaciones interrumpían esa prescripción. En ese sentido, los conceptos de violación en estudio deben declararse inoperantes por no atacar las razones de la resolución aquí reclamada; cuenta habida, que el objeto del juicio de amparo es el estudio de las determinaciones emitidas en el acto reclamado, para determinar si los razonamientos expuestos en ella vulneraron o no los derechos humanos del justiciable. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/48, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXV, enero de 2007, página 2121, registro digital 173593, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez". Asimismo, la jurisprudencia I.6°.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, julio de 2000, página 621, registro digital 191572, que prevé: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Sin que pase desapercibido el contenido de la jurisprudencia de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR"8 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. En tal orden de ideas, si la parte quejosa no señala la parte de las consideraciones de la resolución que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar simples afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa que es menester que expresen la causa de pedir. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, registro digital 185425, de contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos Por otra parte, es infundado el concepto de violación b), relativo a que la Sala responsable no tomó en cuenta sus argumentos planteados en el escrito por el cual desahogó la vista otorgada con motivo del recurso de apelación hecho valer por la parte actora. Es de precisarse que en el escrito en el que el quejoso desahogó la referida vista, argumentó que la resolución interlocutoria emitida en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia pronunciada por el Juez de primera instancia, era acertada, bajo los siguientes argumentos: - Que la parte actora dejó de promover, actuar o realizar impulso procesal alguno tendente a ejecutar la sentencia definitiva. - Que el término para la prescripción aludida, comenzó a transcurrir el veintiséis de septiembre de dos mil trece, fecha en que surtió efectos el proveído por el cual causó ejecutoria la sentencia de seis de agosto de dos mil trece, al doce de junio de dos mil dieciocho, en el que el apoderado legal de la parte actora, ratificó el desistimiento del embargo trabado en autos. Al respecto, la Sala responsable consideró que la parte actora sí demostró tener intención de ejecutar la sentencia, con la solicitud de copias del embargo trabado el veintidós de febrero de dos mil doce, a efecto de inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como la solicitud de requerir el pago de las prestaciones a que fue condenado el demandado, aquí quejoso, en la sentencia definitiva. Asimismo, estableció que si bien el término de tres años para que la sentencia de origen fuera legalmente ejercitada, comenzó a computarse el veintiséis de septiembre de dos mil trece, fecha en que surtió efectos el proveído por el cual causó ejecutoria la sentencia de seis de agosto de dos mil trece; era incorrecto tomar en cuenta la diligencia de desistimiento de doce de junio de dos mil dieciocho, como actuación que interrumpió el citado plazo de tres años. Ya que dicha actuación no fue la última que impulsó el procedimiento de ejecución, sino que en el juicio de origen 530/2018, existen diversos actos procesales que impulsaron la ejecución de lo condenado, como son, los autos de siete de marzo, veintitrés de octubre, ambos de dos mil catorce, treinta de marzo, veinticuatro de noviembre y seis de diciembre de dos mil diecisiete. En ese sentido, como se dijo, es infundado el citado motivo de inconformidad, ya que la autoridad responsable sí atendió los argumentos planteados por el quejoso. Finalmente, también es infundado el concepto de violación c), en el cual, el quejoso manifiesta que la Sala responsable no analizó en forma exhaustiva las constancias originales que integran la totalidad de las actuaciones del expediente de origen, ya que no precisó en qué fojas o números de folio se encuentran localizadas las supuestas actuaciones judiciales a que se refiere, con las que, bajo su apreciación, se dieron impulso al procedimiento y, que por ello, a su consideración, la responsable no se basó en actuaciones reales y existentes en el expediente de origen para emitir la resolución reclamada. Es así, porque, para una correcta fundamentación y motivación, es innecesario que la autoridad citara las fojas o números de folio en que se encuentran los autos con los que se dio impulso al procedimiento de ejecución de sentencia. Máxime que como se puede advertir del considerando anterior de esta sentencia, la Sala responsable citó actuaciones procesales que sí existen en el juicio ejecutivo mercantil 530/2018, antes 746/2012, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. Por todo lo antes expuesto, ante lo inoperante, por una parte e infundado por otra los conceptos de violación antes analizados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Matías Castellanos Guillén, contra la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca civil 589-A1C01/2018, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Zona 01 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los 73 a 76 de la Ley de Amparo y demás relativos, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Matías Castellanos Guillén, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso sexto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando del presente instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintidós. Visto; el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, remite el escrito de +++apoderado legal del tercero interesado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual: I. Señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera Juan Crispín-Chicoasen, kilómetro 2.5, colonia Plan de Ayala, Centro Demostrativo La Chacona, de esta ciudad. II. Designa autorizados. III. Solicita el uso de medios electrónicos. IV. Hace diversas manifestaciones. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el ocurso de referencia para que obre como corresponda. Respecto al punto I, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado el que se precisa en párrafos precedentes, mismo que se tuvo en acuerdo de cuatro de julio de este año, de lo cual deberán tomar nota los actuarios de esta adscripción. En relación al punto II, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, se tiene como autorizados en términos restringidos a Diana Marilys Méndez López, Leonel López Cruz, Merlin Juárez Ruiz y Eduardo Mauricio Martinez Méndez, por así haberlo solicitado el tercero interesado. En lo que hace al punto III, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, en lo atinente al punto IV, de conformidad con lo establecido en el ordinal 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos y por hechas sus manifestaciones, las cuales serán relacionadas al momento de emitirse la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Mateo Mayo López328/2019
- Mateo Méndez Jiménez640/2017
- Mateo Pérez Díaz935/2018
- Mateo Pérez Pérez1172/2016
- Mateo Soberanes Ovando256/2018
- Matias Cañaveral Ramirez444/2016
- Matias Grajales Ocaña2245/2016
- Matías Morales López y Otros.536/2020
- Matilde Burelo López1103/2017
- Matilde Díaz Coutiño197/2019
- Matilde López Ruiz433/2017
- Matilde López Ruiz317/2017